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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Fecha de publicación: 28/3/1990

Fecha de reforma: 28/12/2012


  • Título Primero
  • Título Segundo. Reglas Generales para el Procedimiento Penal
    • Capítulo Primero. Jurisdicción y Competencia
    • Capítulo Segundo. Formalidades
    • Capítulo Tercero. Interpretes
    • Capítulo Cuarto. Despacho de Negocios
    • Capítulo Quinto. Medios de Comunicación en la Averiguación Previa y en el Proceso
    • Capítulo Sexto. Cateos
    • Capítulo Séptimo. Plazos Judiciales
    • Capítulo Octavo. Audiencias
    • Capítulo Noveno. Resoluciones Judiciales
    • Capítulo Décimo. Notificaciones
    • Capitulo Décimo Primero. de las Ordenes de Protección
  • Título Tercero. Preparación de la Acción Penal. Reglas Generales
    • Capítulo Primero. Reglas Especiales para la Practica de Diligencias y Levantamiento de Actas de Policía Ministerial
    • Capítulo Segundo. Comprobación del Cuerpo del Delito, Vestigios, Objetos Relacionados con el Delito y de la Probable Responsabilidad del Inculpado
    • Capítulo Tercero. Curación de Heridos y Enfermos
    • Capítulo CUARTO. CONSIGNACION ANTE LOS TRIBUNALES
  • Título Cuarto. Preparación del Proceso
    • Capítulo Primero. Reglas Generales
    • Capítulo Segundo. Aprehensión del Inculpado
    • Capítulo Tercero. Declaración Preparatoria
    • Capítulo Cuarto. Auto de Formal Prisión, de Sujeción a Proceso y Libertad
    • Capítulo Primero. Pruebas
    • Capítulo Segundo. Confesión
    • Capítulo Tercero. Documentos Públicos y Privados
    • Capítulo Cuarto. Peritos
    • Capítulo Quinto. Inspección y Reconstrucción de Hechos
    • Capítulo Sexto. Testigos
    • Capítulo Séptimo. Confrontación
    • Capítulo Octavo. Careos
    • Capítulo Noveno. Valor Jurídico de la Prueba
  • Título Quinto. Instrucción
    • Capítulo Primero. Procedimiento Sumario
    • Capítulo Segundo. del Procedimiento Ordinario
    • Capítulo Tercero. Procedimientos Ante los Alcaldes Judiciales
  • Título Sexto. Juicio
    • Capítulo Primero. Conclusiones
    • Capítulo Segundo. Audiencia de Vista
    • Capítulo Tercero. Sentencia
    • Capítulo Cuarto. Aclaración de Sentencia
    • Capítulo Quinto. Sobreseimiento
  • Título Séptimo. Recursos
    • Capítulo Primero. Reglas Generales
    • Capítulo Segundo. Revocación
    • Capítulo Tercero. Apelación
    • Capítulo Cuarto. Denegada Apelación
    • Capítulo Quinto. Queja
    • Capítulo Sexto. Sentencia Ejecutoria
  • Título Octavo
    • Capítulo Primero. Competencia Objetiva
    • Capítulo Segundo. Competencia Subjetiva
    • Capítulo Tercero. Suspensión del Procedimiento
  • Título Noveno. Incidentes
    • Capítulo Primero. Acumulación de Procesos
    • Capítulo Segundo. Separación de Procesos
    • Capítulo Tercero. Reparación de Daño y Perjuicio Exigible a Terceras Personas
    • Capítulo Cuarto. Incidentes No Especificados
    • Capítulo Quinto. Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos
  • Título Décimo. Procedimiento Relativo a los Enfermos Mentales y Sordomudos
    • Capítulo Único
  • Título Décimo Primero. de las Libertades
    • Capítulo Primero. Libertad Provisional Bajo Caución
  • Título Décimo Segundo. Ejecución de Sentencias
    • Capítulo Primero. Reglas Comunes
    • Capítulo Segundo. Libertad Preparatoria
    • Capítulo Tercero. Conversión, Conmutación y Substitución de Sanciones
    • Capítulo Cuarto. Rehabilitación
    • Capítulo Quinto. Indulto y Reconocimiento de la Inocencia del Sentenciado
  • Título Décimo Tercero
    • Capítulo Único. Juicios de Responsabilidad
  • Título Décimo Cuarto
    • Capítulo Primero. del Procedimiento Oral Penal
    • Capítulo Segundo. del Procedimiento Abreviado
    • Capítulo Tercero. de la Suspensión del Procedimiento a Prueba del Procesado
  • Transitorios
  • Versión 28-12-2012
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  • Versión 28-03-1990

Preámbulo

Código de procedimientos penales del Estado de Nuevo León

Publicado en el no. 38 del periódico oficial del Estado de Nuevo León, el 28 de marzo de 1990.

(en vigor a partir del 30 de marzo de 1990)

N. De e. Iij: articulo segundo transitorio de la publicación del código procesal penal para el Estado de Nuevo León, publicado 5 julio del 2011:

Título Primero

Artículo 1

El presente código regula los procedimientos:

A) ordinario y sumario, los cuales comprenden los siguientes periodos:

I. Preparación de la acción penal, con el fin de que el ministerio publico, ajustándose a las disposiciones respectivas, este en condiciones de obtener el cumplimiento de la pretensión punitiva del estado, auxiliandose en su caso de la autoridad judicial.

II. Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación al de formal prisión, al de sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar.

III. Instrucción, que comprende desde el auto de formal prisión o sujeción a proceso, hasta el auto que decrete el cierre de la misma.

En este periodo deben proponerse y rendirse las pruebas que el juez o las partes estimen necesarias, dentro de los plazos marcados por la ley o en los que el juez decrete conforme al presente código.

IV. Juicio, que comprende las conclusiones acusatorias del misterio publico, acorde con los hechos motivo del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la defensa del inculpado, la audiencia de vista y la sentencia que proceda.

V. La actuación del tribunal superior de justicia del estado, cuando efectué diligencias y autos tendientes a resolver los recursos y el pronunciamiento de las sentencias que procedan; y

VI. Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia dictada, hasta la extinción de las sanciones y/o medidas de seguridad impuestas.

B) especial relativo a los enfermos mentales y sordomudos:

I. Preparación de la acción penal, con el fin de que el ministerio publico, ajustándose a las disposiciones respectivas, este en condiciones de obtener el cumplimiento de la pretensión investigadora del estado, auxiliandose en su caso de la autoridad judicial.

II. Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación al de apertura del procedimiento especial. En esta etapa se resolverá la situación jurídica del inculpado.

III. Primer etapa del procedimiento especial, comprende lo relativo al ofrecimiento y desahogo de pruebas para la resolución acerca de la inimputabilidad o no de la persona.

IV. Segunda etapa del procedimiento especial, comprende lo relativo al ofrecimiento y desahogo de pruebas para la resolución sobre la participación o no del inimputable en los hechos que se le atribuyen.

V. La actuación del tribunal superior de justicia del estado, cuando efectué diligencias y autos tendientes a resolver los recursos y el pronunciamiento de las sentencias que procedan; y

VI. Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia dictada, hasta la extinción de las medidas de seguridad impuestas.

C) oral penal, que tiene los siguientes periodos:

I. Preparación de la acción penal, con el fin de que el ministerio publico, ajustándose a las disposiciones respectivas, este en condiciones de obtener el cumplimiento de la pretensión punitiva del estado, auxiliandose en su caso de la autoridad judicial.

II. Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación al de formal prisión, al de sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar.

III. Preparación del juicio oral, que comprende desde el auto de formal prisión o sujeción a proceso, hasta que se decrete el cierre de la audiencia de preparación del juicio oral, y se dicte el auto de apertura del mismo.

IV. Juicio oral. Que comprende desde el auto de radicación del juicio oral hasta el dictado de la sentencia de primera instancia.

V. La actuación del tribunal superior de justicia del estado, cuando efectuén diligencias y autos tendientes a resolver los recursos y el pronunciamiento de las sentencias que procedan; y

VI. Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia dictada, hasta la extinción de las sanciones y/o medidas de seguridad impuestas.

D) abreviado, que comprende los siguientes periodos:

I. Preparación de la acción penal, con el fin de que el ministerio publico ajustándose a las disposiciones respectivas, este en condiciones de obtener el cumplimiento de la pretensión punitiva del estado, auxiliandose en su caso de la autoridad judicial.

II. Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación al de formal prisión, al de sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar.

III. Solicitud de procedimiento abreviado, que comprende desde el auto de formal prisión o sujeción a proceso, hasta el auto que decrete la apertura del procedimiento abreviado.

IV. Instrucción, que comprende desde la apertura del procedimiento abreviado, hasta el auto que fije fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas.

En este periodo las partes deberán ofrecer las pruebas conducentes a la individualizacion de la pena.

V. Juicio, que comprende desde el auto que fije fecha para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas hasta el dictado de la sentencia.

VI. La actuación del tribunal superior de justicia del estado, cuando efectué diligencias y autos tendientes a resolver los recursos y el pronunciamiento de las sentencias que procedan; y

VII. Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia dictada, hasta la extinción de las sanciones y/o medidas de seguridad impuestas.



Artículo 2

Es facultad exclusiva del ministerio publico del estado, la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.



Artículo 3

El ministerio publico del estado, en el ejercicio de sus actividades de investigación y persecución de los delitos y las de preparación para el ejercicio de la acción penal, deberá:

I. Recibir denuncias y querellas, ordenando el inicio de la averiguación previa, cuando de la exposición de los hechos se advierta que la conducta puede ser constitutiva de delito;

II. Recabar las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como las que peticiónen las partes, siempre y cuando estas sean conducentes y pertinentes y tengan relación con los hechos que se investigan, pues en caso contrario podrán desecharse mediante acuerdo fundado y motivado;

III. Solicitar cuando proceda, de la autoridad judicial, la aprehensión o comparecencia del o de los imputados;

IV. Ordenar, bajo su responsabilidad y sin orden de aprehensión, la detención del indiciado cuando sea un caso urgente, se trate de los casos de delito grave así considerados en el código penal y se persiga de oficio, haya riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia y no se pueda ocurrir a la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia de la comisión del delito. El ministerio publico deberá fundar los indicios que motiven su proceder.

También ordenar, bajo su responsabilidad y sin orden de aprehensión, la detención del inculpado tratándose de delito flagrante.

En estos casos el ministerio publico podrá retener al indiciado solamente hasta cuarenta y ocho horas o hasta noventa y seis horas en los casos que la ley prevea como delincuencia organizada. La contravención a ello se sanciónara conforme lo previene el código penal;

V. Hacer que tanto el ofendido como el probable responsable, en su caso, sean examinados inmediatamente por los médicos legistas para que dictaminen, con carácter de provisional, acerca del estado psicológico y físico en que se encuentran. Tratándose del probable responsable se verificara su identidad, para determinar que sea precisamente la persona a la que se refiere la averiguación y en caso de ser necesario se deberá obtener la prueba que compruebe su estado de intoxicación; se aplicara una presunción positiva en tal sentido en caso de que el probable responsable se niegue a la practica de dicha prueba y presente alteraciónes en la coordinación, la respuesta a reflejos, la alteración del equilibrio o del lenguaje, o se encuentre en la escena del delito algún objeto que haga presumir el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas o estupefacientes, lo anterior salvo prueba en contrario; así mismo, verificara su edad.

En caso de existir duda de que sea menor de edad, se presumirá que lo es; vi. Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo de personas, aseguramiento, provisionales o embargo que resulten indispensables para la preparación de la acción penal y las ordenes de cateo que procedan, así como en aquellos casos en que la diligencia requerida solo pueda lograrse mediante orden judicial;

VII. Procurar la conciliación o mediación entre las partes en los delitos culposos, en los de instancia de parte y en los que persiguiéndose de oficio, no sean de los considerados como graves y su sanción no exceda de seis años como pena máxima. En estos casos se dictara auto de reserva de la acción penal hasta en tanto no se cumpla con el acuerdo derivado de la conciliación o mediación;

VIII. Informar a las partes en que consiste la mediación y la conciliación, procedentes en los delitos perseguibles a instancia de parte y de oficio no considerados como graves y su sanción no exceda de seis años como pena máxima, y las bondades de esta figura, quedando a discreción de las mismas si la aceptan o no;

IX. Suspender el tramite de la preparación de la acción penal hasta que se concluya la mediación o se logre la conciliación, salvo que se requiera realizar diligencias de carácter urgente o inaplazable, o solicite la reanudación cualquiera de las partes;

X. Decidir la suspensión del procedimiento de la preparación de la acción penal a prueba, cuando se trate de delitos que estén sanciónados con pena alternativa o con sanción corporal y pecuniaria cuando la de prisión no sea mayor de dos años. En dichos casos, el inculpado tendrá que realizar convenio con el ofendido o la víctima si la hubiere y se le conminara a que no reitere la conducta delictiva. Logrado lo anterior, se dictara la suspensión del ejercicio de la acción penal, ordenando la libertad del inculpado, en el caso de que estuviere detenido.

No procederá lo anterior, cuando fueren varios delitos y uno de ellos no se encuentre en los supuestos del párrafo que antecede.

Transcurrido un año de dictada la suspensión del ejercicio de la acción penal, se decretara el inejercicio de la misma y su archivo definitivo. Continuara la averiguación por su secuela legal, en caso de incumplimiento del convenio o de comisión de un nuevo delito que merezca pena corporal, respecto del cual se dicte auto de formal prisión; excepto si se trata de delito culposo.

No se suspenderá la preparación de la acción penal, si el inculpado solicita su seguimiento;

XI. Levantar actas circunstanciadas de la sustracción o perdida de documentos o identificaciones u objetos sin señalarse o encontrarse identificados como probable responsable de delito a persona algúna, ya que son conductas o hechos que por su propia naturaleza y por carecer de elementos constitutivos no pueden ser estimados como delictuosos.

En aquellos delitos no graves en los cuales se requiera cumplir con algún requisito de procedibilidad que corresponda subsanarlo a la víctima u ofendido, el ministerio publico levantara la denuncia en un acta circunstanciada y orientara y asesorara al denunciante a fin de poder cumplimentar a la brevedad dichos requisitos.

Dichas actas circunstanciadas se registraran en un libro denominado de actas circunstanciadas y cuando aparecieren los datos que permitieran el esclarecimiento de los hechos o la individualizacion de los responsables, el ministerio publico procederá a anotar esa circunstancia en el libro e iniciara la averiguación previa correspondiente;

XII. Dictar acuerdos de no inicio de la preparación de la acción penal cuando de los hechos denunciados o materia de la querella se advierta que las conductas no constituyen hechos delictuosos debidamente señalados en el código penal vigente en el estado, o que existe extemporaneidad o prescripción, o bien en los delitos patrimoniales de querella necesaria, cuando exista falta de personalidad o de legitimación.

En estos casos el agente del ministerio publico dictara acuerdo fundado y motivado de no inicio de la preparación de la acción penal, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el articulo 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos referente al derecho de petición. Dicho acuerdo se deberá notificar a las partes;

No podrá dictarse acuerdo de no inicio en aquellos casos en que de los hechos denunciados o materia de la querella se advierta que pudiera tratarse de delitos considerados como graves por el código penal.

XIII. Acordar el archivo definitivo cuando se dicte el inejercicio de la acción penal;

XIV. Certificar documentos y dar fe de hechos y circunstancias en ejercicio de sus funciones;

XV. Acordar el archivo provisional del ejercicio de la acción penal, cuando no existan o no se encuentren datos que permitan continuar la investigación durante el termino de tres años, excepto cuando se trate de delitos graves.

Dictar reserva de la preparación de la acción penal en los delitos de querella necesaria, cuando se advierta que la personalidad o la legitimación del querellante se encuentra subjudice. Una vez resuelta la controversia en definitiva por la autoridad competente, el ministerio publico resolverá a lo que a derecho corresponda.



Artículo 4

El ministerio publico dictara el inejercicio de la acción penal, en los siguientes casos:

I. Cuando una vez iniciada la averiguación prevía, la conducta o los hechos de que se conozca no sean constitutivos de delito conforme a la descripción típica contenida en la ley penal;

II. Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles, y solo por lo que respecta a aquel;

III. Cuando la responsabilidad penal se haya extinguido legalmente, en los términos del código penal;

IV. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el inculpado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal;

En este periodo, tratándose del juicio oral penal, se llevara a cabo el desahogo de las pruebas, el debate donde el ministerio publico y la defensa expondrán además sus conclusiones acordes a los hechos motivo del auto de formal prisión o de sujeción a proceso y la sentencia que proceda.

En el procedimiento abrevíado, se llevara a cabo el desahogo de las pruebas conducentes para efectos de la individualizacion de la pena, el debate en los términos previstos en este párrafo y la sentencia;

V. Cuando los hechos de que conozca hayan sido materia de diverso procedimiento penal, concluido con sentencia ejecutoria;

VI. Cuando en virtud de la mediación o la conciliación se obtenga la solución de la controversia;

VII. Cuando la querella sea presentada fuera de termino. En estos casos el ministerio publico no esta obligado a desahogar ninguna prueba;

VIII. Cuando habiendo determinado el delito o delitos que se desprenden de los hechos puestos a su consideración, resuelva que la acción penal persecutoria se encuentra extinguida por la prescripción;

IX. Cuando el inculpado cumpla con las condiciones impuestas en los casos que establece la fracción x del articulo 3 de este código.

La resolución de inejercicio dictada por el agente del ministerio publico admitirá el recurso de inconformidad.

El recurso de inconformidad se tramitara ante el procurador general de justicia del estado, oyendo la opinión de los agentes del ministerio publico auxiliares a su cargo. La resolución que dicte el procurador no admitirá recurso alguno.

El recurso de inconformidad se deberá de interponer ante el mismo agente del ministerio publico que conozca de la averiguación prevía, dentro de los tres días siguientes a que quede legalmente notificado; en el escrito en que se interponga el recurso deberán de expresarse los agravios materia de la inconformidad, en caso de no expresarse, se tendrá por no interpuesto el recurso.

Una vez agregado a los autos de la averiguación prevía el escrito que contiene el recurso, el agente del ministerio publico dictara en un plazo no mayor a tres días, un acuerdo de admisión o en su caso de desechamiento si se hubiere presentado fuera del termino.

El agente del ministerio publico que conozca de la averiguación prevía, deberá remitir el original de la misma y el escrito del recurso para su substanciación al procurador general de justicia del estado, a mas tardar a los tres días siguientes contados a partir de que reciba el recurso.

El procurador general de justicia del estado resolverá en definitiva sobre la procedencia o no del recurso de inconformidad, en un plazo de hasta veinte días contados a partir de que reciba el expediente. Si la averiguación prevía excediera de quinientas fojas, se duplicara dicho termino.

En aquellos delitos considerados como graves según el articulo 16 bis del código penal vigente del estado, bastara con que el quejoso manifieste su inconformidad dentro de los tres días siguientes a que quede legalmente notificado, para que se tenga por interpuesto el recurso señalado en párrafos anteriores, y le corresponderá al procurador general de justicia del estado estudiar de oficio, la resolución de inejercicio independientemente si se expresan o no agravios.

El procurador general de justicia del estado, en los términos de la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del Estado de Nuevo León, tendrá la facultad de revocar cualquier inejercicio dictado por los agentes del ministerio publico investigadores a su mando, con independencia de si se interpone o no el recurso de inconformidad.

La resolución de inejercicio de la acción penal dictada por el agente del ministerio publico también podrá ser impugnada por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley de la materia.



Artículo 5

A los tribunales penales corresponde la imposición de las sanciones o medidas de seguridad, cuando en sus sentencias declaren la existencia del delito la responsabilidad del acusado, y, cuando proceda, condenar a la reparación del daño y perjuicio.



Artículo 6

El procedimiento ante el juez comprenderá los periodos señalados en las fracciones i en su caso, ii, iii, y iv del articulo 1 de este código.



Artículo 7

En el procedimiento penal ante el juez, corresponde al ministerio publico comprobar la existencia del delito y la responsabilidad del inculpado, o promover su libertad, en los términos de ley; exigir la aplicación de las sanciones o medidas de seguridad que señalan las normas penales; exigir la reparación del daño y perjuicio, en los términos previstos por la ley; solicitar cuando estime procedente la cancelación de la orden de aprehensión y detención no ejecutada por operar la prescripción de la acción penal; interponer los recursos que procedan, e intervenir en los incidentes que se tramiten.

En la segunda instancia, el ministerio publico sostendrá o no el recurso interpuesto. En el primer caso, expresara sus agravios e intervendrá en todas las diligencias, pudiendo promover pruebas en los casos previstos por la ley.



Artículo 8

En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrán derecho a:

I. Recibir asesoría jurídica y ser informados, cuando lo soliciten, del desarrollo de la averiguación previa o del proceso;

II. Coadyuvar con el ministerio publico;

III. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en los que el inculpado tenga este derecho;

IV. Recibir la asístencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requieran, pudiendo optar por el profesional de su elección cuando la disponibilidad de estos así lo permita;

V. La garantía de reserva de su identidad y paradero por lo que en consecuencia, no podrá ser divulgado para ser transmitido o publicado en medio masívo de comunicación algúno, cualquier dato, hecho o documento que esta disposición tutela; lo anterior solo será aplicable en los tipos penales contemplados en cualquiera de los artículos 165 bis, 176, 318, 325, 357 o 357 bis del código penal para el Estado de Nuevo León. La referida garantía podrá ser renunciable únicamente mediante manifestación y ratificación del interesado ante el ministerio publico o la autoridad judicial en su caso; y

VI. Los demás que señalen las leyes.

En virtud de lo anterior, podrán proporcionar al ministerio publico o al juzgador directamente o por medio de aquel, todos los datos o elementos de prueba con que cuenten, que conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad del inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del daño.

En todo caso, el juez, de oficio, mandara citar a la víctima o al ofendido por el delito para que comparezca por si o por su representante designado en el proceso, a manifestar en este lo que a su derecho convenga respecto a lo previsto en este articulo.

La víctima o el ofendido tendrán derecho a solicitar al juez que dicte las medidas y providencias necesarias que prevea la ley para su seguridad y auxilio, y para que se les restituya en el goce de sus derechos, en los términos previstos en este código.

Cuando la víctima o el ofendido sea menor de edad, no estará obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de delitos de violación o secuestro. En caso de tratarse de otros delitos o bien cuando la víctima sea mayor de edad y se trate de delitos de violación, equiparable a la violación, privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro o equiparable a la privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro; podrán, cuando la víctima lo solicite o bien el juez podrá decretarlo de oficio, disponer de la presencia del inculpado en forma virtual durante el desahogo de la audiencia mediante el sistema de videoconferencia, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa.

A consideración del juez, se podrá designar personal capacitado en psiquiatría, psicología, trabajo social o cualquier otro con conocimientos del ramo, preferentemente con certificación profesional, para la atención y asístencia en las diligencias en que participe la víctima u ofendido menor de edad, actuando, de estimarse pertinente, como intermediario para que no se establezca debate directo entre el menor y el inculpado. El juez deberá tomar las medidas pertinentes cuando la víctima o el ofendido sea mayor de edad con discapacidad mental y se encuentre en el supuesto anterior. Si el probable responsable ejerce la patria potestad, tutela o custodia legal y la víctima u ofendido es menor de edad, o mayor de edad con discapacidad mental, y no tiene familiar idóneo para hacerse cargo de el, se le procurara un hogar sustituto o su ingreso a algúna institución asístencial adecuada, hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte.



Artículo 9

La ejecución de las sanciones privativas de libertad y pecuniarias, corresponde al ejecutivo del estado; igualmente hará que se cumplan las medidas de seguridad decretadas por la autoridad judicial.

También corresponde al ejecutivo declarar, cuando proceda, la prescripción del derecho a la ejecución de las sanciones.



Título Segundo
Reglas Generales para el Procedimiento Penal

Capítulo Primero
Jurisdicción y Competencia

Artículo 10

El ejercicio del poder jurisdicciónal corresponde:

I. Al tribunal superior de justicia;

II. A los juzgados de lo penal;

III. A los juzgados de preparación de lo penal;

IV. A los juzgados del juicio oral penal;

V. A los juzgados de jurisdicción mixta.



Artículo 11

El objeto de la jurisdicción penal consiste:

I. En declarar, en forma y términos que este código establece, cuando un hecho ejecutado es o no delito;

II. En declarar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas acusadas ante los tribunales penales; y

III. En imponer las sanciones o medidas de seguridad que señalan las normas penales, y condenar a reparación del daño y perjuicio.