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CÓDIGO PROCESAL PENAL

Ley 19.696 - Versión 02/06/2012


  • Libro Primero. Disposiciones generales
    • Título I. Principios básicos
    • Título II. Actividad procesal
      • Párrafo 1 Plazos
      • Párrafo 2 Comunicaciones entre autoridades
      • Párrafo 3 Comunicaciones y citaciones del. ministerio público
      • Párrafo 4 Notificaciones y citaciones judiciales
      • Párrafo 5 Resoluciones y otras actuaciones. judiciales
      • Párrafo 6 Registro de las actuaciones judiciales
      • Párrafo 7 Costas
      • Párrafo 8 Normas supletorias
    • Título III. Acción penal
      • Párrafo 1 Clases de acciones
      • Párrafo 2 Acciones civiles
    • Título IV. Sujetos procesales
      • Párrafo 1 El tribunal
      • Párrafo 2 El ministerio público
      • Párrafo 3 La policía
      • Párrafo 4 El imputado I.- Derechos y garantías del imputado
      • Párrafo 5 La defensa
      • Párrafo 6 La víctima
      • Párrafo 7 El querellante
    • Título V. Medidas cautelares personales
      • Párrafo 1 Principio general
      • Párrafo 2 Citación
      • Párrafo 3 Detención
      • Párrafo 4 Prisión preventiva
      • Párrafo 5 Requisitos comunes a la prisión. preventiva y a la detención
      • Párrafo 6 Otras medidas cautelares personales
    • Título VI. Medidas cautelares reales
    • Título VII. Nulidades procesales
  • Libro Segundo. Procedimiento ordinario
    • Título I. Etapa de investigación
      • Párrafo 1 Persecución penal pública
      • Párrafo 2 Inicio del procedimiento
      • Párrafo 3 Actuaciones de la investigación
      • Párrafo 4 Registros de la investigación
      • Párrafo 5 Formalización de la investigación
      • Párrafo 6 Suspensión condicional del procedimiento. y acuerdos reparatorios
      • Párrafo 7 Conclusión de la investigación
    • Título II. Preparación del juicio oral
      • Párrafo 1 Acusación
      • Párrafo 2 Audiencia de preparación del juicio oral
      • Párrafo 3 Desarrollo de la audiencia de. preparación del juicio oral
    • Título III. Juicio oral
      • Párrafo 1 Actuaciones previas al juicio oral
      • Párrafo 2 Principios del juicio oral
      • Párrafo 3 Dirección y disciplina
      • Párrafo 4 Disposiciones generales sobre la prueba
      • Párrafo 5 Testigos
      • Párrafo 6 Informe de peritos
      • Párrafo 7 Otros medios de prueba
      • Párrafo 8 Prueba de las acciones civiles
      • Párrafo 9 Desarrollo del juicio oral
      • Párrafo 10 Sentencia definitiva
  • Libro Tercero. Recursos
    • Título I. Disposiciones generales
    • Título II. Recurso de reposición
    • Título III. Recurso de apelación
    • Título IV. Recurso de Nulidad
  • Libro Cuarto Procedimientos especiales y ejecución
    • Título I. Procedimiento simplificado
    • Título II Procedimiento por delito de acción privada
    • Título III. Procedimiento abreviado
    • Título IV Procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional
      • Párrafo 2 Intendentes y Gobernadores
    • Título V. Querella de capítulos
    • Título VI. Extradición
      • Párrafo 1 Extradición activa
      • Párrafo 2 Extradición pasiva
    • Título VII Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad
      • Párrafo 1 Disposiciones generales
      • Párrafo 2 Sujeto inimputable por enajenación. mental
      • Párrafo 3 Imputado que cae en enajenación durante. el procedimiento
    • Título VIII Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad
      • Párrafo 1. Intervinientes
      • Párrafo 2 Ejecución de las sentencias
      • Párrafo 3. Revisión de las sentencias firmes
      • Párrafo 4 Ejecución de medidas de seguridad
    • Título Final. Entrada en vigencia de este Código
  • Versión 02-06-2012

Preámbulo

Ley 19.696/2000 - Codigo Procesal Penal

ESTABLECE CODIGO PROCESAL PENAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"CODIGO PROCESAL PENAL"

Libro Primero
Disposiciones generales

Título I
Principios básicos

Artículo 1

Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal.

La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.

Artículo 2

Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Artículo 3

Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.

Artículo 4

Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

Artículo 5

Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes.

Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.

Artículo 6

Protección de la víctima. El ministerio público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle a la víctima. Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.

Artículo 7

Calidad de imputado. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia.

Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.

Artículo 8

Ámbito de la defensa. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado.

El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones expresamente previstas en este Código.

Artículo 9

Autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa. En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. Tratándose de casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso de una detención se deberá entregar por el funcionario policial que la practique una constancia de aquélla, con indicación del tribunal que la expidió, del delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se emitió.

Artículo 10

Cautela de garantías. En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.

Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo.

Artículo 11

Aplicación temporal de la ley procesal penal. Las leyes procesales penales serán aplicables a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado.

Artículo 12

Intervinientes. Para los efectos regulados en este Código, se considerará intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al defensor, a la víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas.