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CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Fecha de publicación: 5/7/2011

Fecha de reforma: 5/7/2011


  • Libro Primero. Disposiciones Generales
    • Título Primero. Principios, Derechos y Garantías
      • Capítulo Único
    • Título Segundo. Actividad Procesal
      • Capítulo I. Formalidades
      • Capítulo II. Actos y Resoluciones Judiciales
      • Capítulo III. Comunicación Entre Autoridades
      • Capítulo IV. Notificaciones, Comunicaciones y Citaciones
      • Capítulo V. Plazos
      • Capítulo VI. Nulidad de los Actos Procesales
    • Título Tercero. Gastos e Indemnizaciones
      • Capítulo I. Gastos del Proceso
      • Capítulo II. Indemnización al Imputado
    • Título Cuarto. Acciones
      • Capítulo I. Ejercicio de la Acción Penal
      • Capítulo II. Extinción de la Acción Penal
      • Capítulo III. Criterios de Oportunidad
      • Capítulo IV. Reparación del Daño
    • Título Quinto. Jurisdicción Penal
      • Capítulo I. Competencia y Conexidad
      • Capítulo II. Excusas y Recusaciones
    • Título Sexto. Sujetos Procesales
      • Capítulo I. Ministerio Público
      • Capítulo II. Policía
      • Capítulo III. la Víctima
      • Capítulo IV. el Imputado. Normas Generales
      • Capítulo V. Declaración del Imputado
      • Capítulo VI. Defensores y Representantes Legales
      • Capítulo VII. Auxiliares
      • Capítulo VIII. Deberes de las Partes
    • Título Séptimo. Medidas Cautelares
      • Capítulo I. Normas Generales
      • Capítulo II. Medidas Cautelares Personales. Aprehensión y Detención
      • Capítulo III. Medidas Cautelares Personales
      • Capítulo IV. Revisión de las Medidas Cautelares Personales
      • Capítulo V. Medidas Cautelares de Carácter Real
    • Título Octavo. Modos Alternativos de Terminación del Proceso
      • Capítulo I. Justicia Alternativa
      • Capítulo II. Acuerdos Reparatorios
      • Capítulo III. Suspensión del Proceso a Prueba
  • Libro Segundo. Procedimiento Ordinario
    • Título Primero. Etapa de Investigación
      • Capítulo I. Normas Generales
      • Capítulo II. Formas de Inicio de la Investigación
      • Capítulo III. Actuaciones de la Investigación
      • Capítulo IV. Medios de Investigación
      • Capítulo V. Anticipo de Prueba y Peritaje Irreproducible
      • Capítulo VI. Registro de la Investigación y Custodia de Objetos
      • Capítulo VII. Formulación de la Imputación
      • Capítulo VIII. Vinculación del Imputado a Proceso
      • Capítulo IX. Conclusión de la Etapa de Investigación
    • Título Segundo. Etapa Intermedia
      • Capítulo I. Acusación
      • Capítulo II. Desarrollo de la Etapa Intermedia
      • Capítulo III. Desarrollo de la Audiencia Intermedia
    • Título Tercero. Juicio Oral
      • Capítulo I. Disposiciones Generales
      • Capítulo II. Principios
      • Capítulo III. Disposiciones Generales Sobre la Prueba
      • Capítulo IV. Testimonios
      • Capítulo V. Peritajes
      • Capítulo VI. Prueba Documental
      • Capítulo VII. Desarrollo de la Audiencia de Juicio Oral
      • Capítulo VIII. Sentencia
  • Libro Tercero. Procedimientos Especiales
    • Título Primero. Procedimientos Especiales
      • Capítulo I. Principio General
      • Capítulo II. Procedimiento Abreviado
      • Capítulo III. Procedimiento para Inimputables
      • Capítulo IV. Procedimiento por Delito de Acción Privada
  • Libro Cuarto. Recursos y Ejecición de Sentencia
    • Título Primero. Recursos
      • Capítulo I. Normas Generales
      • Capítulo II. Recurso de Revocación
      • Capítulo III. Recurso de Apelación
      • Capítulo IV. Recurso de Casación
      • Capítulo V. Recurso de Revisión
    • Título Segundo. Ejecución de la Sentencia
      • Capítulo I. Reglas Generales de la Ejecución de las Penas
      • Capítulo II. Penas y Medidas de Seguridad
      • Capítulo III. Ejecución de la Reparación del Daño
  • Artículos Transitorios
  • Versión 05-07-2011

Preámbulo

Código procesal penal para el Estado de Nuevo León

Publicado en el no. 38 del periódico oficial del Estado de Nuevo León, el 28 de marzo de 1990.

(en vigor a partir del 1 de enero de 2012)

N. De e. Iij: ver articulo primero transitorio: aplicación del presente ordenamiento.

Rodrigo medina de la cruz, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de nuevo león, a todos sus habitantes hago saber: que el h Congreso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:

Decreto

Numero 211

Código procesal penal para el Estado de Nuevo León

Libro Primero
Disposiciones Generales

Título Primero
Principios, Derechos y Garantías

Capítulo Único

Artículo 1

Objeto del proceso.

El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, garantizar la justicia en un marco de respeto a los derechos fundamentales; determinar si se ha cometido un delito; proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.



Artículo 2

Juicio previo y debido proceso.

No podrá imponerse una consecuencia jurídica del delito de las previstas en el libro primero titulo cuarto del código penal, sino mediante una sentencia firme obtenida luego de un juicio tramitado con arreglo a este código.



Artículo 3

Principios rectores del juicio.

El juicio penal será acusatorio y oral, en el se observaran especialmente los principios de publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, en las formas que este código determina.

Los derechos fundamentales de las personas serán observados en todas las etapas del proceso, desde la primera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realice por o ante un tribunal con competencia penal, el ministerio publico o la policía, en la que se atribuya a una persona responsabilidad en un hecho punible.



Artículo 4

Justicia alternativa y justicia restaurativa

Como alternativa al proceso, el ministerio publico y el poder judicial del estado y la defensa, en sus respectivos ámbitos y en los términos de este código, promoverán la justicia alternativa, entendiendo por esta como todo mecanismo en el que la víctima u ofendido y el imputado participan conjuntamente de forma activa en la resolución del conflicto legal.

Asimismo, se promoverá la justicia restaurativa, entendiendo por esta a los mecanismos que procuren un resultado restaurativo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y de quien cometió el delito a la sociedad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.



Artículo 5

Regla de interpretación.

Las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, el derecho de defensa, o cualquier otra facultad de los sujetos del proceso y las que establezcan exclusiones probatorias, deberán interpretarse restrictivamente.

Las normas de este código se interpretaran conforme a la constitución política de los estados unidos mexicanos, a los instrumentos internacionales ratificados conforme al articulo 133 constituciónal, y a la constitución política del estado. Serán de aplicación supletoria los principios generales del derecho, y las normas relacionadas de los códigos civil y de procedimientos civiles del estado.



Artículo 6

Presunción de inocencia.

Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este código. En caso de duda debe absolverse al imputado.

Hasta que se dicte sentencia firme, ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido.

En los casos en que una persona se sustraiga a la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.

El tribunal deberá restringir o prohibir a los medios de comunicación colectiva o a terceros, la grabación, fotografía o reproducción de la audiencia, cuando así lo soliciten las partes.



Artículo 7

Inviolabilidad de la defensa.

La defensa es un derecho inviolable en toda etapa del proceso. Corresponde al ministerio publico y a los juzgadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarla sin preferencias ni desigualdades.

Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales del proceso deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente sus derechos, en términos de este código.

Con las excepciones previstas en este código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en los actos procesales que produzcan elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, siempre y cuando no se perjudique el curso normal del proceso, en cuyo caso, el juez o tribunal podrá hacer valer los medios de apremio que considere pertinentes.

Cuando el imputado este privado de su libertad, el encargado de custodiarlo comunicara al juez o al tribunal, las peticiones u observaciones que aquel formule dentro de las doce horas siguientes a que se le presenten, y le asegurara en todo momento la comunicación con su defensor, conforme al reglamento interno del centro de custodia. La falta de esta comunicación se sancionara por las leyes respectivas.



Artículo 8

Defensa técnica.

Desde el momento de su detención, presentación o comparecencia obligada ante la policía, el ministerio publico o la autoridad judicial y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una sanción penal, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido por un licenciado en derecho al cual elegirá libremente. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, se le designara un defensor publico.

El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que tengan relación directa con el acto en el que se dio la violación.

El imputado tiene derecho a entrevistarse personal, libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa en los términos de este código.

Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la ley. Para renunciar a derechos disponibles, el defensor deberá contar con el consentimiento expreso de su defendido.

Se procurara que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura.



Artículo 9

Derecho a recurrir. Las partes tendrán derecho a impugnar cualquier resolución que les cause agravio, en los supuestos previstos por este código.



Artículo 10

Medidas cautelares. La aplicación de medidas cautelares durante el proceso, se sujetaran a los principios de proporcionalidad previstos en este código.



Artículo 11

Protección de la víctima u ofendido.

El ministerio publico estará obligado a velar por la protección de la víctima u ofendido del delito en todas las etapas del proceso penal. Por su parte, el juez o tribunal garantizara conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el proceso.

El ministerio publico deberá promover durante el curso del proceso acuerdos reparatorios, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima u ofendido.

Así mismo, el ministerio publico, el juez o tribunal, la policía y los demás organismos auxiliares, deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima u ofendido, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que intervenga.