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DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE UN INFORME

Versión: 17-06-1986

Decreto 1917 de 1986 de 17-06-1986

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Diario Oficial Año Cxxiii. N. 37509. 17, Junio, 1986. Pag.1


  • Versión 17/06/1986

Artículo 1

º El informe a que se refiere el artículo 9 del Decreto legislativo 3300 de 1985 tiene carácter público. Para asegurar su difusión, el DIARIO OFICIAL en edición especial, incluir su texto completo.

Artículo 2

º Este Decreto rige desde su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

Firma

TRIBUNAL ESPECIAL DE INSTRUCCION - - INFORME SOBRE EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA (Noviembre 6 y 7 de 1985)

Jaime Serrano RuedaCarlos Upegui Zapata

Bogotá mayo 31 de 1986.

Señor DoctorFERNANDO URIBE RESTREPOPresidente de la honorable Corte Suprema de Justicia

Señor DoctorENRIQUE PAREJO GONZALEZMinistro de Justicia

Señor DoctorCARLOS JIMENEZ GOMEZProcurador General de la Nación

Ciudad.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 9º del Decreto 3300 de 1985, rendimos informe sobre los resultados de la investigación encomendada al Tribunal Especial de Instrucción Criminal, correspondiente a los hechos relacionados con la ocupación del Palacio de Justicia, durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Para "investigar los delitos cometidos con ocasión de la toma violenta del Palacio de Justicia de Bogotá" y con las "facultades que las normas vigentes, asignan en materia de instrucción criminal", se creó el Tribunal Especial de Instrucción, integrados Magistrados dos elegidos por la Corte Suprema de Justicia (artículo 1º del Decreto 3300 de 1985).

Dada la magnitud de los delitos materia de la investigación, se dispuso en la misma norma que el Tribunal podía encargar a Jueces de Instrucción con jurisdicción en todo el territorio nacional, las investigaciones que considerare necesarias.

Elegidos los Magistrados del Tribunal y posesionados por la honorable Corte Suprema de Justicia el 18 de noviembre de 1985, la Corporación inició actividades originalmente alojados en el Despacho de la Directora Seccional de Instrucción Criminal, funcionaria que, a pesar de la precariedad de los medios a su disposición, prestó en todo momento una extraordinaria colaboración a la investigación.

El Juez Segundo Especializado había abocado, por competencia, la investigación de los hechos y había dispuesto el trabajo en equipo de diez Jueces de Instrucción Criminal-Ambulantes-a quienes encomendó diversas tareas investigativas, dividiendo dicho trabajo por materias, relacionadas todas con el hecho central materia del proceso.

El Tribunal acogió esta fórmula de trabajo, considerando que era materialmente imposible adelantar la investigación por un solo funcionario reservándose las facultades ordenadora y coordinadora mediante procedimientos que probaron ser eficaces en gran parte.

Así fue como se contó con la colaboración de los Juzgados 9º, 23, 27,30,35,41,77,82 y 89, este último a cargo del doctor Luis Carlos Valero P., quien fue comisionado para desempeñar la ardua labor secretarial, en el curso de la cual prestó al Tribunal una ayuda inestimable.

A tiempo con las investigaciones que los Juzgados mencionados adelantaban, otras eran cumplidas por fuera de la dirección y coordinación del Tribunal; la Jurisdicción Penal Militar instruía sendos sumarios por porte ilegal de armas y por la toma del Palacio, mientras que jueces ordinarios investigaban el hurto del camión en el cual se transportaron los guerrilleros, el delito de extorsión mediante interferencia de llamadas telefónicas, etc. Todos estos sumarios fueron reclamados por el Tribunal y se agregaron al proceso general.

El artículo 7º del Decreto 3300 ordenó incorporar al expediente los "documentos, grabaciones, reportajes, videos, crónicas, películas y demás elementos que permitan dar mayor ilustración sobre los hechos". Por tal motivo, y en la medida de lo posible, se anexaron, debidamente clasificadas, las publicaciones periodísticas, las cintas magnetofónicas que contienen las grabaciones de toda la información radial, los videos de televisión filmados por todas las programadoras y aun por el mismo Instituto de Radio y Televisión y, finalmente, se oyó en declaración a los periodistas que produjeron dicha información.

El término señalado para el cumplimiento del encargo investigativo fue de tres meses prorrogables hasta por dos semanas más (artículo 9º), término que mediante Decreto 700 del 3 de marzo de 1986 se amplió hasta el 15 de abril último, para la práctica de pruebas. Por reciente disposición, contenida en el Decreto 1522 del día 14 del presente mes, se prorrogó el período para rendir el informe de resultados de la investigación, hasta la fecha (31 de mayo de 1986).

LA INVESTIGACION.

Para la práctica de las diligencias se acordó una división del trabajo entre los jueces comisionados, pretendiéndose unificar los temas sin que ello constituyese un marco estricto que eliminara toda iniciativa.

Así, un solo funcionario (el Juez 9º) fue encargado de oír los testimonios de los familiares de las víctimas y de aquéllos que en una u otra forma se relacionaron con ellos. Agotada esta comisión, el mismo Juez fue encargado de esclarecer la suerte corrida por los empleados y administradores del restaurante (cafetería del primer piso). Esta amplísima comisión, se concretó más tarde en la investigación de la conducta cumplida por conductores o acompañantes de las ambulancias y demás vehículos que durante los dos días de la tragedia, transportaron heridos, personal liberado, retenidos y en general toda clase de personas a los distintos centros de asistencia médica, lugares de detención, residencias, oficinas u otros sitios.

El Juez 23 recibió testimonio de los celadores sobrevivientes y personal del F-2 que participó en la recuperación del edificio. Posteriormente se le comisiono para que elaborara los expedientes respectivos sobre levantamientos, reconocimiento de cadáveres, autopsias, reconocimiento médico de los lesionados. Esta parte de la investigación exigió especial cuidado. y mucho se avanzó en la identificación de las víctimas y en la presentación sistematizada de todo este material probatorio que se encuentra totalmente clasificado y de muy fácil estudio.

Los honorables Consejeros de Estado y los Fiscales de la Corporación fueron oídos en testimonio por el señor Juez 27. Cumplida esta labor se le amplió la comisión para que, al retiro del Juez 90, continuara la investigación por los llamados "desaparecidos", completara el trabajo del juzgado 23 sobre la comprobación del cuerpo del delito, y practicara las pruebas concretas que se le asignaron en auto de 13 enero del presente año.

El Juzgado 77 de Instrucción inicialmente fue encargado de recaudar el testimonio de los honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; luego debió dedicarse a recibir declaraciones de los miembros del Ejército Nacional que participaron en la operación rescate.

Por autos de 25 de noviembre y 13 de enero su comisión fue ampliada para continuar las investigaciones iniciadas por la jurisdicción militar y especialmente a la comprobación de los antecedentes y preparación de la toma del Palacio por los guerrilleros. Parte importantísima de esta comisión se relacionaba con la tenencia de armas de fuego, munición y material explosivo y su análisis técnico.

Este mismo Despacho fue encargado de practicar inspecciones judiciales en el Palacio de Justicia y de reconstruir, parcialmente, algunos de los hechos más importantes de las acciones ocurridas en los días 6 y 7 de noviembre.

El Juez 30, como el anterior, cumplió una extensa y cuidadosa tarea. En un principio fue dedicado a oír los testimonios de los empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que fueron liberados durante el rescate del Palacio. Luego recibió el encargo de oír a los miembros del Ejército que realizaron tal rescate.

Finalmente debió esclarecer las circunstancias en que perecieron o fueron lesionados los miembros de las Fuerzas Militares.

Al Juez 35 le fue asignada la comisión de recaudar la prueba de que habla el artículo 7º del Decreto 3300, citado atrás. El recopiló, pues, las publicaciones de todo tipo y oyó a los periodistas en declaración.

El Juez 41 recibió testimonio a quienes se encontraban dentro del Palacio en el momento del asalto y durante su ocupación, fuera de los Magistrados y Fiscales.

El Juzgado 82 recibió las declaraciones del personal del Departamento Administrativo de Seguridad que participó en el rescate, oyó a los miembros de la Cruz Roja y de la Defensa Civil y practicó otras pruebas relacionadas con estos hechos.

Finalmente, el Juzgado 89 de Instrucción dedicó su actividad fundamentalmente a la investigación de los hechos referentes a la interferencia de los teléfonos de los Magistrados y a la extorsión de que se pretendió hacerles víctimas.

La tarea realizada por estos inmejorables colaboradores está a la vista en el voluminoso expediente que se acompaña a este informe.

Los suscritos Magistrados no tenemos sino palabras de elogio para tan distinguidos funcionarios quienes con celo encomiable hicieron posible que en tan breve término como el señalado en los Decretos que organizaron la investigación, ésta haya sido realizada aun con los vacíos que se expondrán más adelante y que, fundamentalmente son debidos a la naturaleza de los hechos y a la característica misma de los delitos.

El Tribunal Especial y los Jueces de Instrucción Criminal Ambulantes, actuaron en todo momento observando en su plenitud las normas constitucionales y legales, conscientes de las limitaciones propias de la naturaleza de sus funciones y de la temporalidad de su ejercicio. Su esfuerzo común se encaminó a recoger evidencias sobre lo acontecido, desentrañar la razón de ser de las actuaciones de los diferentes protagonistas, descubrirlas y relatarlas en su exacta dimensión. Desde luego, garantizando los derechos previstos, para quienes, en una u otra forma, deben participar en el proceso. Para conseguir los objetivos de la investigación se recaudó prueba documental y testimonial y en la medida en que fue posible se obtuvo prueba técnica, y se logró la cooperación de organismos especializados del Estado y de expertos para definir aspectos complejos que requieren conocimientos técnicos y científicos.

El Tribunal fue cuidadoso al reunir el material probatorio, en no invadir el campo de la acción de los jueces del conocimiento. Se abstuvo en verdad, de actuaciones conducentes a la calificación de conductas irregulares evidenciadas. También fue respetuoso de los fueros consagrados por las leyes, concretándose a labores exclusivas de la instrucción.

La misión que le correspondió cumplir al Tribunal, llena por otra parte, un vacío en la estructura actual de los organismos de investigación criminal, constituyendo un precedente que, no dudamos, será objeto de análisis y reflexión por parte de los encargados de preparar las bases para las reformas que deban adoptarse en el futuro inmediato.

Consideran procedentes los Magistrados transcribir, en lo pertinente las consideraciones de la Corte, consignadas en reciente providencia por medio de la cual declaró plenamente ajustado a la Constitución el Decreto 3300 de 1985 que creó, como ya se ha dicho, el Tribunal que integran.

"Pero además, las labores de investigación que le fueron asignadas al Tribunal no habrían podido ser desempeñadas eficientemente por Jueces de Instrucción ordinarios, como lo apunta el Procurador en su vista o concepto, ya que los numerosos delitos perpetrados con motivo del asalto al Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre pasado, su gravedad, naturaleza, pluralidad de autores, o complejidad e íntima conexidad desbordan la organización y funcionamiento de los Juzgados de Instrucción Criminal e imponían por estas circunstancias, la creación de un investigador especial dentro del marco provisional del Estado de Sitio, para que dirigiera, orientara y coordinara la averiguación de esos graves acontecimientos y facultara a los Magistrados que lo integran para acometer todas las labores propias de la investigación.

De no haberse expedido el decreto objeto de confrontación constitucional, la investigación se habría tornado prácticamente imposible que en virtud de los principios de la unidad del proceso y de la unidad del juzgamiento que se regulan por los artículos 167 y 168 del Código de Procedimiento Penal, la etapa instructiva habría correspondido a otros investigadores del mismo rango, habría tenido que adelantar por sí solo la investigación. La sola conexidad de los hechos ilícitos habría sido suficiente para el adelantamiento de un solo proceso y por un solo funcionario.

El Jefe del Ministerio Público sostiene que la labor de coordinación, dirección y vigilancia de los Jueces de Instrucción, una de las funciones del Tribunal de Investigación, pudo ser cumplida por la Dirección Nacional o por las Direcciones Seccionales de Instrucción Criminal.

Esta opinión no se acomoda, sin embargo, a las normas que rigen la organización de estas oficinas. En efecto: El Decreto 2267 del 31 de diciembre de 1969, por el cual se dictan normas sobre instrucción criminal (Diario Oficial 32985 del 4 de febrero de 1970), solo da a tales direcciones facultades "administrativas" respecto de los Jueces de Instrucción. Basta leer los artículos 7º Y 10 del decreto, concepto que corrobora el último inciso del artículo 54 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971) con la expresión "coordinación administrativa".

Un Director Seccional no tiene facultades investigativas y no puede dirigir u orientar una investigación penal a cargo de un Juez de Instrucción Criminal. Sus atribuciones se limitan a ubicarlos de acuerdo a las necesidades de territorio del distrito judicial, autorizar los viáticos, velar por la dotación de oficinas, vigilar la asistencia a las oficinas, etc.

Los dos Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción colman ese vacío dentro del marco de las facultades del artículo 121 de la Constitución, es decir, solo para la investigación y limitada en el tiempo. Ellos, con calidad de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tendrán funciones de instrucción pero más que todo de dirección y coordinación de los Jueces de Instrucción, quienes realmente son los que llevarán a cabo las tareas investigativas dentro del marco legal ordinario, es decir, del Código de Procedimiento Penal".

ANTECEDENTES DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.

Este punto debe dividirse en dos partes: La primera, es la relacionada con las amenazas que supuestos narcotraficantes hicieron a los Magistrados de la honorable Corte para obligarlos a proferir decisiones a favor de la inexequibilidad de la ley que aprobó el Tratado de Extradición, celebrado con los Estados Unidos. La segunda, se refiere a la amenaza propiamente dicha de tomar el Palacio; a los planes, preparación y organización del grupo guerrillero M-19 para ejecutarla.

a) AMENAZAS DE LOS NARCOTRAFICANTES - INTERFERENCIA Y GRABACION DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. Los Magistrados de la Sala Constitucional de la honorable Corte Suprema de Justicia, desde mediados del año 1985, venían recibiendo mortales amenazas, que se hacían extensivas a sus familiares más cercanos, con ocasión de las providencias dictadas en los procesos instaurados, en ejercicio de la acción pública, prevista en el artículo 214 de la Constitución Nacional, con el fin de obtener la declaratoria de inexequibilidad de la ley 27 de 1980, "por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de septiembre de 1979".

Las amenazas se efectuaron como un medio para coaccionar intimidar a los Magistrados, en la creencia de lograr el cambio de sus tesis y de sus votos. Versiones testimoniales presentadas por los doctores Alfonso Patiño Rosselli, Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz ante el señor Juez 71 de Instrucción Criminal Especializado dan cuenta de la acción criminal de que fueron víctimas.

El doctor Alfonso Patiño Rosselli, el 30 de octubre de 1985, en comunicación certificada declaró:

«(...)2. Efectivamente, en los últimos meses (a partir de los primeros (sic) de septiembre) me han llegado escrito que según los mismos provienen de "los extraditables", en los cuales se me plantea la alternativa de apoyar las demandas (tres) que cursan en la Corte Suprema contra la Ley 27 de 1980, "por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de septiembre de 1979" o ser asesinado (o secuestrado, según ellos).

En tales escritos se formulan también amenazas contra mi señora, María Cristina Zuleta de Patiño, y contra mis sobrinos Hernando e Inés Elvira Cuéllar Patiño, huérfanos de padre y madre desde su infancia, que han tenido conmigo relación algo cercana a la de hijos.

Exactamente he recibido tres "documentos" y dos cintas magnetofónicas. Unos por triplicado y remitidos por correo de Bogotá y Medellín. El último de los escritos con otro para mi señora.

El escrito que recibí en primer término es el que comienza "Hola, miserable, insensible etc.". En segundo término, me llegó el que dice al iniciarse "septiembre 14 de 1985". El tercero llegó por triplicado a mi apartamento en sobres dirigidos a mi señora; la carta para ella está acompañada de otra para mí ("Hola, perro...), de la cual me remitieron tres copias a mi oficina del Palacio de Justicia.La primera de las cintas contiene fragmentos de una conversación telefónica mía y otra de mi señora. La segunda una de mi señora.

3. Le envío copias, tal como las recibí de los escritos, que con el dirigido a mi señora son cuatro. También uno de los sobres dirigidos a ella.

De los originales y demás copias de los dos primeros así como de la primera cinta magnetofónica y de los sobres hice entrega al DIJIN. Del tercero, original y copias, junto con la segunda cinta magnetofónica, por triplicado y dos de los sobres, al Departamento Administrativo de Seguridad.

Debo agregar que puesto que otros colegas de la Corte Suprema han recibido similares amenazas, se ha creado en la Corporación atmósfera de intensa alarma. De ello la Corporación dio cuenta al país en comunicado que apareció en los diarios capitalinos el 4 de octubre del año en curso, del cual le acompaño el publicado en "El Tiempo"».

El primer mensaje recibido por el doctor Patiño Rosselli, incluye entre insultos, irrespetos y agravios, terminantemente la siguiente amenaza:

<<Te escribimos, no para pedirte, sino para exigirte posición favorable para nuestra causa. Por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y apresuradas. Cualquier posición asumida en contra nuestra, la tomaremos como un reto y como una aceptación a nuestra declaración de guerra... desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y fumigaremos con sangre y con plomo tus más preciados miembros de familia». (Folios 240, proceso por el delito de extorsión adelantado en el Juzgado 71 de Instrucción Criminal Especializado).

El doctor Carlos Medellín, en carta dirigida al mismo funcionario, fechada el 31 de octubre de 1985, certificó bajo la gravedad del juramento que:

«(...) 2. Hace más o menos quince días llegaron a mi despacho en la Corte tres sobres de correo, procedentes de la ciudad de Medellín, los cuales contenían en original y sendas copias una carta anónima dirigida a mí, en la cual se me hacen amenazas de muerte, extensivas a mi familia, si como Magistrado no apoyo las demandas que actualmente cursan en la Corte contra la ley aprobatoria del Tratado de Extradición.

En los días anteriores se me hicieron llamadas telefónicas anónimas a mi oficina, sin que hubieran podido localizarme.

Al día siguiente de recibidos esos escritos, entregué dos de sus copias, con sus respectivos sobres, al señor Capitán Oscar Adolfo Naranjo Trujillo oficial de la Policía al servicio de la DIJIN, oficial quien organiza y coordina con especial diligencia la protección personal que por dicho organismo se me está dispensando».

Los llamados extraditables en anónimo que enviaron al doctor Medellín le dicen:

»No te habíamos escrito antes porque pensábamos equivocadamente que actuarías con sensibilidad, con nacionalismo y en forma imparcial y jurídica con el asunto de las demandas del Tratado de Extradición... pensamos que con las llamadas telefónicas sería suficiente. Pero no. Te convertiste en socio de quien encabeza la lista de futuros aspirantes a propietarios de fosas en los Jardines de la Paz. Si el Tratado de Extradición no cae derrumbaremos la estructura jurídica de la Nación, ejecutaremos Magistrados y miembros de sus familias. Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos ... Si actúas con inteligencia, con silencio, ... no pasará nada. Serás el responsable de tu propio futuro y del futuro de tu propia familia. . . no estamos jugando. No todos nuestros enemigos pueden gozar del privilegio de la notificación y del aviso. Actuamos de sorpresa...» (Folio 274 del proceso citado.

El doctor Ricardo Medina Moyano declaró el 31 de octubre:

«(...) 2. Hace aproximadamente tres meses recibí una carta en la cual se hacen amenazas contra mi vida y la de mis familiares, cuyo original me permito acompañar a la presente.

3. A los pocos días, mi auxiliar, la señora doña Magdalena Rodríguez de Mojica, recibió igualmente una carta concebida en términos similares, cuyo original también me permito adjuntar a la presente».

Los llamados extraditables en su esquela, manifiestan al doctor Medina:

«(...)Le escribimos porque somos conocedores de que a usted le ha correspondido en reparto una demanda contra el Tratado de Extradición firmada por el señor Hernández ...le vamos a exigir ponencia favorable a nuestra causa y es bueno que sepa de una vez por todas, que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna naturaleza: No aceptamos que se enferme, no aceptamos que se declare impedido, no aceptamos que se vaya de vacaciones, y no aceptamos que renuncie... Queremos ponencia favorable y punto... de manera que si usted ha pensado algún día en hacerse héroe o mártir, aquí tiene una bella oportunidad para que lo sea... sin que ello excluya de manera alguna a ninguno de los miembros de su familia. Los cuales tenemos detectados, ubicados y reconocidos...». (Folio 277 del Proceso citado).

El doctor Manuel Gaona Cruz, por su parte, en comunicación del 2 de noviembre de 1985, declaró:«(...) 2. He recibido en este año dos cartas anónimas escritas a máquina, de amenazas contra la integridad de mi familia y contra mi vida, por razón de las funciones que desempeño en la Corte, concretamente debido a que actualmente cursa a mi cargo un proceso de inexequibilidad relativa a la Ley 27 de 1980, acusada de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación, y que me fue repartida el 28 de junio del presente año».

A su turno, los extraditables en su mensaje le expresan al doctor Gaona:«(...) Sabemos que a usted "le tocó" ser el ponente de una demanda sobre la nulidad de la extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y fechada el 3 de julio de 1985. Sabemos obviamente que usted se la repartió para sí, porque desea que se siga extraditando nacionales hacia los Estados Unidos... En la extradición usted es el responsable más importante al lado de los no menos importantes compañeros suyos (de la Sala Penal)... le escribimos pues no para suplicarle, sino para exigirle que su veredicto sea favorable a nuestra causa... es bueno que sepa de una vez que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna naturaleza, no aceptamos que se enferme, no aceptamos que se vaya de vacaciones, no aceptamos que se deje derrotar...».

(Folio 319 del proceso citado).

Sobre este mismo particular, el doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el mismo procedimiento previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, declaro:

<<(...) 2. Hace varias semanas, tal vez meses (no recuerdo fechas) los Magistrados de la Sala Constitucional de esta Corporación recibieron en días distintos cartas y en algunos casos casetes en los que se exponían amenazas contra sus vidas y las de sus familiares e implícitamente contra los demás Magistrados de la Corte, amenazas ligadas al trámite de unas demandas en las que se pide declarar inconstitucional el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América. Informes de las autoridades de Policía permiten concluir que entre los mecanismos utilizados por los extorsionadores figura la interceptación de los teléfonos privados de las residencias particulares de algunos Magistrados entre ellos la mía.

3. Tengo entendido que algunos de los Magistrados afectados en su oportunidad entregaron a los organismos de Policía los documentos que contienen las amenazas ya indicadas. Por lo demás y para los efectos a que haya lugar me permito adjuntar fotocopia de una comunicación que llegó ayer a este Despacho y que tiene que ver con amenazas a los Consejeros de Estado».

Aprovechó la oportunidad el Presidente de la Corte, como se desprende de su testimonio para hacer alusión a unas amenazas a los Consejeros de Estado, que textualmente dicen:

<<REQUIEM PARA EL CONSEJO DE ESTADO.

Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de Estado es una Corte llena de títeres extranjeros, títeres éstos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los Magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado -fallo-no es en buena parte debido a la intervención y a manipulación comunista que se le ha dado al caso».

Todos los mensajes de los extraditables contienen amenazas concebidas en los mismos o parecidos términos. Los destinatarios los recibieron en original y dos copias al carbón, enviados desde Medellín por correo aéreo, a la dirección de sus oficinas y de sus respectivas residencias. Con ellos se enviaron casetes con grabaciones correspondientes a conversaciones telefónicas de los mismos Magistrados y/o de sus familiares para dar seriedad a las mortales amenazas.

El Gobierno fue enterado pormenorizadamente de las pretensiones y amenazas de los narcotraficantes a los Magistrados de la Corte, consignadas en escritos concebidos en los términos que se acaban de transcribir. Como era de suponer, los organismos de seguridad tomaron cartas en el asunto, según lo refiere el acta número 26 correspondiente a la reunión celebrada por el Consejo Nacional de Seguridad, el día 30 de septiembre de 1985 bajo la presidencia del señor Ministro de Gobierno y con la asistencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Justicia, y de Defensa Nacional, del Director General de la Policía, del Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del Jefe de la Defensa Civil Colombiana, del Viceministro de Gobierno, del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, del Director de la Policía Judicial e Investigación, DIJIN, y de un representante del Jefe del Departamento 2 del Estado Mayor Conjunto. "Comprobado el quórum-dice el acta-el señor Ministro de Gobierno propone se inicie la sesión con el tema de las amenazas a algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

«El Coronel Miguel Alfredo Maza Márquez lee el informe preparado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, relacionado con las amenazas que se vienen realizando contra funcionarios del Poder Judicial. Analiza los antecedentes, los hechos más significativos, la credibilidad de las amenazas y presenta conclusiones y recomendaciones. Se anexa el documento a la presente acta.

El General Víctor Delgado Mallarino dice que los Magistrados en general aceptan las medidas de seguridad que se adopten, salvo el doctor Ricardo Medina Moyano, quien no ha querido que se le dé protección.

El Ministro de Gobierno dice que se había convenido en que el Consejo Nacional de Seguridad enviara una carta a la Corte Suprema de Justicia en la cual se le informara sobre el conocimiento que tenía de las amenazas a algunos Magistrados de la Corte y sobre la necesidad de tomar las medidas del caso para brindarles seguridad.

El Ministro de Justicia comenta que está de acuerdo con el envío de la carta a la Corte, y agrega que desde cuando tuvo conocimiento de que se habían proferido amenazas contra algunos Magistrados conversó con el Presidente de la Corporación y le expresó que estaba de acuerdo en que se le diera protección a los Magistrados, aun en contra de su voluntad, aunque el doctor Medina no la aceptara porque consideraba que no se debía mostrar temor ante las amenazas. Continúa diciendo el Ministro que tales amenazas no debían mantenerse en reserva sino darse a conocer para que no se convirtieran en una grave presión para los Magistrados y por esa razón resolvió hacerlas conocer a través de los medios de comunicación».

El informe leído en la sesión por el Coronel Maza Márquez trata sobre generalidades del problema sin hacer referencia a los mensajes recibidos por algunos Magistrados, que tampoco aparecen nombrados en el estudio. En cambio, hace alusión al asesinato del señor Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984 "luego de que en repetidas oportunidades había recibido amenazas de muerte" y a los atentados criminales de que fueron víctimas otros abnegados servidores de la justicia, en diferentes lugares del país para indicar el grado de credibilidad de las amenazas.

Del texto del estudio, que aunque fue leído el 30 de septiembre aparece fechado el 1º de octubre siguiente, el Tribunal considera de interés transcribir los siguientes apartes:

«A. El ánimo resuelto en las actividades desarrolladas por los narcotraficantes para vencer obstáculos que dificultan o imposibilitan su acción; la capacidad económica y de intimidación para lograr testimonios favorables o para silenciar testigos valiosos, y la desigualdad que existe entre los medios con que cuenta la justicia y los que poseen los delincuentes, son factores que facilitan el cumplimiento de sus nefastas amenazas.

B. Los hechos registrados en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades principales son evidencias del efecto y determinación que llevan los anónimos, cuando la acción sicológica y el efecto moral de éstos no es suficiente para lograr sus objetivos.

C. Las amenazas de los narcotraficantes persisten y para ejecutarlas cuentan con organizaciones de "sicarios" propios e independientes; infortunadamente los hechos ocurridos demuestran que cuando toman una determinación persisten en ella a cualquier costo; lo importante es demostrar que tienen poder armado y que la actual implementación de los servicios de seguridad no es suficiente para obstaculizar su acción delictiva».

La documentada intervención del señor Director del DAS permitió al Consejo de Seguridad recomendar la adopción de las medidas de seguridad para proteger a los Magistrados de la Corte amenazados.

El propio Ministro de Justicia, doctor Enrique Parejo González, así lo comunicó al doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante el oficio número 1992, fechado el mismo día de la reunión del Consejo de Seguridad, que en lo pertinente se transcribe:

«Con todo respeto, me permito comunicarle que en su reunión del día de hoy el Consejo de Seguridad se ocupó de las informaciones que poseen tanto el Ministro de Justicia, como los cuerpos de seguridad del Estado sobre las amenazas de que han sido objeto algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y concluyó que tales amenazas merecen atención especial de parte de las autoridades pues, por su gravedad, no solo constituyen desafío a la ley sino que comprometen seriamente el funcionamiento regular de nuestras instituciones, en este caso las vinculadas a la Administración de Justicia.

El Consejo de Seguridad me ha solicitado transmitirle a la Corte Suprema de Justicia su disposición de brindarle tanto a la honorable Corporación que usted preside como a toda la Rama Jurisdiccional, el apoyo y la protección necesarios para el delicado cumplimiento de sus funciones y solicita de esa alta Corporación y de sus honorables Magistrados la colaboración indispensable para hacer efectivos ese apoyo y protección. El Consejo comisionó a los señores Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad y Director de la Policía Nacional para coordinar con la Corte, sus Magistrados y las demás autoridades militares y de Policía, la adopción de todas las medidas necesarias para lograr la protección efectiva que demandan las circunstancias atrás anotadas.

Le ruego, señor Presidente, aceptar y transmitir a los honorables Magistrados la seguridad de que en cumplimiento del deber constitucional y legal que les corresponde, tanto el Ministro de Justicia, como las autoridades civiles y militares son solidarias con la Corte y con la Rama Jurisdiccional en el cumplimiento de sus augustas funciones y han tomado y tomarán las medidas necesarias para que ellas se ejerzan dentro del marco de respeto y autonomía que prevén la Constitución y la ley.

En cuanto respecta al Ministro de Justicia en particular, deseo reiterarle la solidaridad más estrecha y el propósito de brindarle toda la colaboración que esté a nuestro alcance, tal como se lo manifesté a usted desde el primer momento en que tuve conocimiento de las amenazas de que han sido víctimas varios Magistrados».

La comunicación del señor Ministro de Justicia dio lugar a una declaración que fue ampliamente difundida por los distintos medios de comunicación social, que igualmente se copia en su parte principal:

«Luego de un pronunciamiento del señor Ministro de Justicia sobre amenazas a Magistrados de esta Corporación, los servicios de inteligencia del Estado investigaron aquella denuncia pública y rindieron su informe al Consejo Nacional de Seguridad, entidad ésta que previa ponderada evaluación de los hechos, ha concluido que en verdad existen graves, concretas y reiteradas amenazas de muerte a miembros de este organismo en relación con nuevas demandas de inconstitucionalidad del Tratado de Extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos de América.

Conocidos estos hechos y examinada cuidadosamente la información disponible sobre ellos, la Corte Suprema de Justicia manifiesta a todas las ramas del poder público y a la opinión nacional que confirma la existencia de tan ominosos mecanismos de coacción, que los repudia como peligrosos intentos desestabilizadores del estado de derecho y que continuará obviamente cumpliendo con la mesura y equilibrio que le son propios, la plenitud de sus deberes constitucionales y legales que provienen de determinaciones normativas soberanamente tomadas por el Congreso de la República y por el Gobierno Nacional. La Corte agradece, igualmente, la manifestación de apoyo y protección que ha recibido del Consejo Nacional de Seguridad».

El Consejo Nacional de Seguridad no volvió a ocuparse del problema surgido con motivo de las amenazas de los narcotraficantes. Sobre el particular en comunicación dirigida a la Juez de Instrucción Criminal Ambulante, distinguida con el número 0588 del 21 de abril de 1986, el Secretario General del Ministerio de Gobierno, quien tiene las funciones de Secretario de dicho Consejo, le hizo saber lo siguiente:

«(...) 3. Respecto de su solicitud de información acerca de las medidas de seguridad que se adoptaran para proteger la vida de los honorables magistrados, revisadas las actas subsiguientes a la ya mencionada del 30 de septiembre de 1985, no se encontró mención alguna adicional, aparte de lo que en nombre del Consejo transmitió expresamente a la Corte sobre lo materia el señor Ministro de Justicia en la carta ya referida, donde usted notará que el Jefe del DAS y el Director de la policía Nacional fueron comisionados para coordinar con la Corte, sus magistrados y las demás autoridades militares y de Policía, la adopción de todas las medidas necesarias para lograr la protección efectiva que demandan las circunstancias atrás anotadas"....».

El Coronel Fabio Campo Silva, director de la DIJIN, el 27 de enero de 1986, suministró al Tribunal un resumen de la tarea realizada por la Policía, en relación al asunto que se tiene examinando, sobre el cual expresó:

«En atención al requerimiento formulado a esta Dirección, por el Tribunal Especializado de Instrucción Criminal, mediante el oficio número 0126 calendado el 20 de los corrientes, respetuosamente me permito informar a los honorables Magistrados, que en virtud de la esencia misma de la función que cumple la DIJIN y habida cuenta de las misiones y responsabilidades que le han sido asignadas por disposiciones institucionales, este organismo desarrolló en relación con las amenazas de que fueron objeto algunos Magistrados de la Corte ya fallecidos, tareas que fueron cumplidas con anterioridad a la toma que del palacio de Justicia ejecutara el movimiento M-19.

Las misiones consistieron básicamente, según obra en los documentos que por intermedio de la Dirección General de la policía solicitó el señor Juez 77 de Instrucción Criminal y que de manera atenta me permito remitir al honorable Tribunal nuevamente, en:

1. Programar y desarrollar una conferencia sobre seguridad para funcionarios de alta jerarquía del Poder Judicial, que fue dictada por personal de la DIJIN y que contó además con la presencia del señor Ministro de Justicia.

2. En cumplimiento de órdenes de la Dirección General, elaborar y presentar un estudio de seguridad física de las instalaciones del Palacio de Justicia que reunió un programa integral de seguridad y las recomendaciones y medidas que como asesores en esta materia sugeríamos implementar. El trabajo se presentó el día 17 de octubre ante la Sala de Gobierno de la Administración de Justicia y fue por demás elogiado por el doctor Alfonso Reyes Echandía en nota que dirigió al señor Director General de la Policía.

3. Según lo dispuso el Gobierno se asumió la custodia personal de los doctores Alfonso Reyes Echandía, Carlos Medellín y Ricardo Medina Moyano tal como quedó plasmado en el plan 0017 del 011085. Cabe destacar que durante el asalto al Palacio fallecieron dos de los hombres asignados a la escolta el señor Presidente de la Corte.

4. Frente a las amenazas suscritas por el grupo que se autodenominó como los Extraditables, personal del organismo inició la investigación correspondiente, logrando con éxito la captura de la organización que dirigía Luis Alfredo Beltrán Moreno y la incautación de un material y documentos que pusieron en evidencia la participación de Beltrán moreno en la interceptación clandestina de las líneas telefónicas de Magistrados y otras personas. A disposición del Juzgado 71 de Instrucción Criminal se puso todo cuanto constaba del caso referido, aclarando desde luego que la investigación no ha sido totalmente concluida y aún se cumplen actividades en procura de su perfeccionamiento».

El departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por su parte, prestó el servicio de escolta a los Presidentes de la Corte y del Consejo de Estado, doctores Alfonso Reyes Echandía y Carlos Betancur Jaramillo, al Presidente de la Sala Constitucional, Alfonso Patiño Rosselli y al Consejero doctor Jaime Betancur Cuartas. El servicio al doctor Betancur se le venía otorgando desde la fecha en que recuperó su libertad, después de un prolongado secuestro.

En forma coordinada el DAS y la Policía Nacional prestaron protección a las familias de los Magistrados, en los casos en que fue necesario hacerlo.

Como no a todos satisface esta clase de protecciones que lesionan la intimidad, dos de los magistrados pretendieron sustraerse a ella y tal actitud dio lugar a insistencia por parte de las autoridades policivas por la cual la escolta no tenía las condiciones de proximidad que caracterizaba a la de los demás funcionarios.

La duración de este servicio y su suspensión serán materia de posterior estudio dentro de este informe.

Es de anotar que los llamados Extraditables, después de los dolorosos hechos del Palacio de Justicia, han continuado con las mismas amenazas, ya que ellos las habían hecho y las siguen haciendo, con el propósito de obtener la inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos.

Las investigaciones adelantadas por la DIJIN y confirmadas por los Jueces de Instrucción dan cuenta de que Luis Alfredo Beltrán Moreno es el mismo que hizo interferencias al teléfono del Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla, delito por el cual fue condenado.

Beltrán Moreno ha recibido siempre el encargo de grabar conversaciones telefónicas, lo cual fácilmente consigue por la conexión que ha hecho con sujetos inescrupulosos que, gracias a experiencias oficiales o a conexiones con empleados de empresas dedicadas al servicio telefónico, interfieren los aparatos y las líneas correspondientes.

El autor de las referidas manipulaciones de los teléfonos perteneciente a los Magistrados, quedó a disposición del Juez 1 de Instrucción Criminal con todo el material de grabación, los equipos y demás elementos utilizados para alcanzar sus objetivos criminales, tal como lo certifica el Director de la DIJIN. En un principio, el funcionario consideró que él era cómplice del delito de extorsión en contra de los Magistrados amenazados por escritos a los cuales se acompañaba precisamente casetes con grabaciones de conversaciones telefónicas que ellos y sus familiares habían celebrado. Por tal consideración le dictó auto de detención preventiva con beneficio de excarcelación, decisión que revocó al estimar que los elementos mínimos para configurar esta infracción "en este momento procesal han desaparecido", motivación que le sirvió, a la vez, para separarse del conocimiento del negocio, y para enviar el sumario al Juez del Circuito Penal (Repartimiento).

La providencia del señor Juez 71, que el Tribunal no entra a examinar, expresa entre otros argumentos, lo siguiente:

«Veamos por qué, los hechos materia de investigación no constituyen el hecho posible de extorsión y sí configuran como ya se expuso una violación ilícita de comunicaciones... El delito de extorsión se encuentra consagrado en el artículo 355 del Libro 2, Título IV, Capítulo II del Código Penal, dentro del grupo de los delitos contra el patrimonio económico. El citado artículo señala que ". . . El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de dos a diez años.

Por amenaza se entiende la acción que consiste en dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro. La amenaza debe ser idónea para intimidar a la víctima.

La amenaza obra como causa, pero lo esencial es que ella produzca intimidación, que vendría a ser el efecto. La intimidación consiste en infundir miedo, amedrentar o atemorizar a la víctima mediante la amenaza; sin esta intimidación la extorsión no se configuraría.

No basta solamente para que pueda hablarse de extorsión, el acto de constreñir a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, es requisito esencial el elemento subjetivo o dolo específico que consiste en el propósito de obtener provecho ilícito por ausencia de uno de sus elementos.

El maestro Francisco Carrara señala que el constreñimiento y el hacer, tolerar u omitir aquello que daña o vulnera el patrimonio económico de la víctima o sujeto pasivo de la infracción, señala el momento consumativo de la extorsión, con lo cual queremos resaltar que este constreñimiento que requiere el tipo punible de la extorsión necesariamente debe ejercerse sobre el patrimonio económico de la víctima y no sobre otro objeto, ya que si fuera así, estaríamos al frente de cualquiera otra infracción penal, menos el punible de extorsión.

Si bien es cierto, este despacho en providencias anteriores había dejado entrever que Luis Alfredo Beltrán Moreno podría estar incurso como cómplice del delito de extorsión en contra de los intereses de varios de los extintos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del señor Noel García, no menos cierto es que este juzgado después de una exhaustiva y pormenorizada investigación, como lo demuestran los autos, no pudo recopilar una sola prueba que realmente incriminara a Luis Alfredo Beltrán Moreno, como cómplice del delito de extorsión a que hicimos alusión en nuestra providencia calendada el nueve (9) de noviembre del año próximo pasado. Igualmente las pruebas que militan en su contra como sujeto activo del reato de violación ilícita de comunicaciones son indiciarias como cómplice de esa infracción, pero nunca como sujeto activo de la misma.

En ninguno de los folios que integran este voluminoso expediente se afirma o se ve con meridiana claridad que los extintos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran constreñidos y amenazados a declarar la inexequibilidad del Tratado de Extradición suscrito entre los países de Colombia y Estados Unidos mediante la Ley 27 de 1980, con menoscabo de su patrimonio económico particular. Tampoco se observa que los "extraditables" quienes enviaban las amenazas a los Magistrados pretendían con el constreñimiento ejercido obtener un provecho ilícito económico o lucrativo. Lo único que realmente pretendían los sujetos que enviaban los escritos amenazantes era que con la declaratoria de inconstitucionalidad del Tratado no se les enviaría a los tribunales de los Estados Unidos para su juzgamiento por la serie de ilícitos o cargos que se les endilgaban».

El Tribunal Especial reclamó el proceso al Juez 71 de Instrucción para examinar si los hechos por él investigados tenían o no conexión con los del Palacio de Justicia, llegando a la conclusión de que tal conexión no existía, circunstancia por la cual carecería de competencia para proseguir con la investigación. En tal virtud, dispuso el envío del proceso al Juez del Circuito Penal (Repartimiento) para lo de su cargo.

Resulta necesario expresar que el Tribunal, para formar su criterio y tener suficientes elementos de juicio, previamente, confirió comisión al Juzgado 89 de Instrucción Criminal Ambulante para avanzar en la investigación.

El señor Beltrán Moreno fue detenido en cumplimiento de providencia dictada por el Juzgado 89, al encontrar que:

«... no sólo se configura la violación ilícita de comunicaciones Libro 2, Título 10, Capítulo 5 - sino que, tal conducta delictiva concurre con el punible descrito en el Libro 2, Título 3, Capítulo 10, denominado específicamente como violencia contra empleado oficial. »

(Folio 394 del cuaderno número 1 del Juzgado 89 de Instrucción Criminal).

De acuerdo con lo expresado, el proceso fue enviado al Juez competente, a cuyas órdenes quedó el detenido.

b) AMENAZAS DE TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL M-19. Informaciones aparecidas en algunos medios periodísticos de Bogotá dieron cuenta de la supuesta captura de personas comprometidas en un plan de asaltar el Palacio de Justicia. La captura, según la información, fue seguida de la ocupación de planos, armas y, en general, de todos los elementos propios del criminal designio.

Según las fuentes militares la noticia carecía de fundamento. No hubo las capturas, por lo tanto, los demás hechos de la información eran falsos. Por tal motivo el Ministro de Defensa, por intermedio de la Oficina de Relaciones públicas produjo una rectificación perentoria negando el descubrimiento del plan terrorista.

Lo cierto es que, aunque los hechos básicos de la información eran falsos, un plan sí existía o estaba formándose, para la toma del Palacio de Justicia. Los hechos del 6 y del 7 de noviembre constituyen la confirmación.

Esta lógica deducción llevó al Ministro de Gobierno a sostener en el curso de las deliberaciones adelantadas en el Palacio Presidencial el mismo 6 de noviembre, que los servicios de inteligencia del Estado habían sido sorprendidos.

El texto de esa manifestación debe reproducirse:

«Hablo (el Ministro), en primer lugar, de la falta de eficacia de los servicios de inteligencia del Estado, que no habían logrado detectar la realización de un acto terrorista de características tan espectaculares que seguramente había demandado varios meses de preparación y había comprometido el esfuerzo no solo de los asaltantes sino de muchas otras personas. Hace tanta falta un servicio de "inteligencia inteligente" -dijo el Ministro- que en esta oportunidad los subversivos consiguieron sorprender a las autoridades con hechos que para algunos medios de comunicación eran un "secreto a voces" que permitía hablar de una "toma anunciada"». (Folio 23 de la constancia firmada por los miembros del gabinete que estuvieron presentes en el Palacio Presidencial el 6 de noviembre de 1985).

En iguales o parecidos términos ("toma anunciada") se refieren a este hecho algunos Magistrados de la Corte o del Consejo de Estado. Especialmente es notable por su dureza de declaración periodística en tal sentido del Magistrado Humberto Murcia Ballén.

Valga como acotación final, en procura de justicia en el concepto, que el mismo Ministro aclaró que sus observaciones "son de orden general y están referidas a limitaciones institucionales, que ha podido apreciar en el ejercicio de sus funciones, razón esta por la cual las ha debatido en el Consejo Nacional de Seguridad, y que sus apreciaciones nada tienen que ver con la conducta de los mandos militares o de la Policía Nacional o con los funcionarios del DAS, ni con el comportamiento de esas instituciones, pues a ellas y a sus hombres les reconoce haber actuado con prontitud, coraje y decisión" (misma constancia, página 24).

El día 16 de octubre según afirmación del Ministro de Defensa Nacional ante la honorable Cámara de Representantes, el Comando General de las Fuerzas Militares recibió por carta un anónimo que decía: "El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de justicia el jueves 17 de octubre, cuando los Magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo; harán fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el Tratado de Extradición". (Véase declaración del Ministro de Defensa y folleto titulado "Las Fuerzas Armadas de Colombia y la Defensa de las Instituciones Democráticas",55.).

El anónimo anterior, que contiene amenazas de los guerrilleros del M-19 fue recibido la víspera de haber sido presentado el estudio de seguridad del Palacio y de los Magistrados. Al parecer las noticias y rumores que circularon insistentemente tienen su fundamento en que ejemplares con el mismo texto fueron profusamente distribuidos, llegando a conocimiento de la prensa. Naturalmente, la coincidencia en el tiempo de las amenazas en él consignadas, con las cartas de los Extraditables dio origen a la creencia de que se trataba de un plan compartido, entre unos y otros de los autores de las terribles amenazas contra la honorable Corte Suprema de Justicia.

Coincidencialmente con estos hechos, el día 18 de octubre estaba señalado para iniciar la visita a Bogotá del señor Presidente de Francia, Francois Mitterrand, lo cual ha dado lugar a la creencia generalizada y arraigada de que las medidas de seguridad adoptadas en el Palacio de Justicia tuvieron como única justificación dicha visita oficial.

El Ministro de Defensa rechaza enfáticamente esta versión y sólo da como causa de las medidas especiales el anónimo recibido el 16 de octubre que sirvió de base para la orden perentoria que él personalmente dio al señor Director de la Policía. (Folleto citado, folio 57).

Lo cierto es que desde ese momento comenzó a prestarse un servicio de protección al Palacio compuesto de un oficial, un suboficial y veinte agentes de la Policía, quienes, extremando su celo y desconociendo cuestiones elementales de nuestra organización judicial, dieron lugar a molestias sufridas por algunos Magistrados o Consejeros y hasta a airados reclamos de algunos de ellos.

PREPARACION Y ORGANIZACION DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.

El día 23 de octubre de 1985 se produjo un atentado contra el señor General Samudio Molina, Comandante del Ejército, del que dio abundante información la prensa nacional. Ese día el mismo grupo guerrillero autor del atentado y posterior asaltante del Palacio de Justicia, hizo llegar a una cadena radial una cinta magnetofónica contentiva de un mensaje que anunciaba la realización de "algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido". (Véase folleto Mindefensa, folio 58).Presumiblemente ese "algo de tanta trascendencia" a que se refería el comunicado era la toma del Palacio, porque nada se puede o se podrá igualar a éste que muchos han calificado como "acto demencial". Evidentemente el mundo quedó sorprendido.

El 23 de octubre, como lo sostiene el Ministro de Gobierno, ya estaban en marcha los planes y ellos fueron obtenidos por el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIJIN), Departamento de Policía de Bogotá, el 7 de noviembre, es decir, cuando estaba en curso la recuperación del Palacio, al allanar la casa situada en la calle 6º sur número 8-42.

La sorprendente documentación que las autoridades encontraron en el inmueble mencionado y que, original, figura en el Cuaderno I, Juzgado 23, folios 121 a 153, contiene la descripción de la maniobra, los medios de que dispondrán los asaltantes, los diferentes cuerpos o escuadras (cuatro), los integrantes de ellas por sus nombres de guerra, los objetivos asignados a cada uno y, muy especialmente, el armamento que portarán los asaltantes.

Es indispensable, para los fines de este informe, conocer en sus términos exactos, lo que el autor del plan denominó "idea general de maniobra" para entender luego las conclusiones que los suscritos Magistrados deducirán de los hechos acreditados en la investigación.

Dice así el inverosímil documento:

«Idea general de la maniobra: Elementos: 1º Desplegar y dislocar unidades consolidadas con alta capacidad ofensiva, con la más elevada decisión de aniquilamiento en el asalto por las cinco escaleras del sótano hacia el objetivo y copamiento del primer piso, simultáneamente, ascender al copamiento del tercero y cuarto piso; 2º Garantizado el control absoluto del objetivo, vencida y/o aniquilada la resistencia del enemigo, asumir la defensa de la posición en la consolidación de tres escalones de defensa a través de líneas diferentes. Combinada de manera activa la defensa de montaña, como tipo de acción combativa y la defensa de edificio para el combate en la defensa de ciudad.

Las órdenes combativas de toda la operación tendrán la flexibilidad de cada uno de los aspectos fundamentales de la idea general de maniobra en la operación.

El primer orden combativo es de marcha de unidades de infantería en movimiento desde el sitio de concentración y aproximación hasta el objetivo. Se desplazarán tres (3) vehículos, en las cuales el primero será la vanguardia, donde irá el primer grupo de asalto motorizado. Es un vehículo ligero, donde viajarán cuatro compañeros con dos metras y dos fusiles. En el 2º viajarán 14 compañeros, el mando general y los medios explosivos, ingenieros y de intendencia. Es un vehículo semipesado. Es el grueso.

El tercer vehículo será la retaguardia, en el viajarán 10 compañeros.

En el asalto la compañía estará desplegada en dos unidades de pelotón.

El primer pelotón tendrá la misión de asalto y control del sótano y primer piso, ANIQUILANDO las fuerzas del enemigo allí destacadas y garantizando la defensa impenetrable de los únicos lugares de acceso inmediato del enemigo, la puerta principal y la puerta del sótano, como de igual manera garantizar el mayor alejamiento del enemigo de dichos lugares. En síntesis, su misión fundamental es el asalto al sótano y la puerta principal, el ANIQUILAMIENTO del enemigo en el sótano y el primer piso y el control de los mismos, concentrando en un solo lugar a todas las personas allí presentes, bien en el auditorio, la oficina 115 y la oficina de auxiliares.

El segundo pelotón irá al asalto y control del tercero y cuarto pisos. Su misión fundamental es tomar los rehenes fundamentales que están allí. Para ello ANIQUILARA las fuerzas enemigas y concentrará a los primeros y segundos en las respectivas salas de sesiones.

ASALTO AL SOTANO Y A LA ENTRADA PRINCIPAL Y CONTROL DE REHENES.

Para el cumplimiento de dicha misión el primer pelotón estará conformado por tres escuadras y una escuadra de apoyo con las siguientes misiones:

Escuadra número 1: de asalto a la puerta principal.

Escuadra número 2: de asalto al sótano.

Escuadra número 3: de aniquilamiento al enemigo en el primer piso, aseguramiento y control del mismo.

Escuadra número 1: Para el cumplimiento de su misión estará compuesta por 6 compás, al mando del compañero Lázaro y teniendo como sustituto al compañero Abraham.

Levy Diana, Mario Mateo.

Tendrá su propio plan de combate, orden combativo, Plan de emergencia. Contará con 6 metras, 4 granadas y 2 Kiimor 20.

Escuadra número 2. En el orden de marcha del sitio de aproximación al objetivo será la vanguardia.

Estará compuesta por 6 hombres de los cuales 4 compás vendrán en el vehículo de vanguardia, en el cual irá al mando (Chucho, Andrés) y los dos compañeros restantes vendrán en el vehículo de retaguardia. Su misión particular inicialmente será cerrar la puerta del sótano y actuar inicialmente como contención.

Contará para su misión con el siguiente armamento:5 31 metra 4 fusiles (sic), una escopeta, dos Kiimor 20 (sic) y una 3 (sic), granada de humo.

Componentes: Chucho, Andrés, William, Nohora, Pedro, Marcela.

Los compañeros Nohora y Pedro serán la contención y vendrán en el vehículo de retaguardia.

El vehículo de vanguardia en el que viene el grueso de la escuadra, entrará con ANIQUILAMIENTO de las fuerzas enemigas y colocará el vehículo hacia la parte derecha de la cabina de control, abriendo fuego hacia el sur contra el local disponible para que cubra con fuego la entrada del grueso que se ubicará sobre la entrada a las escaleras donde vendrán el grueso del segundo pelotón.

Tendrá sus planes y órdenes combativos.

Escuadra número 3: Al mando de Pacho, Bernardo. Su misión es garantizar el asalto de la escalera interior a la Biblioteca y copar el flanco Norte del primer piso.

Estará conformada por: Pacho, Bernardo, Ismael, Esteban.

Medios: 1 Carabina UZI, 2 Fusiles, 1 M3. 2 Granadas.

Escuadra número 4, (de apoyo): Aldo, Leonor, Roque, Natalia, Marina, Pilar.

Medios: cortos, 3 granadas.

Asalto al 3º y 4º pisos.

El 2º pelotón estará al mando de Jaime y compuesto por unidades.

Escuadra número 1:

Lucho, Adán, Iris (Eduardo, Iris (Antonio), Fabio Camacho Patricia, Michel, Paula, Betty.

Escuadra número 2:

Andres, César, N.N. Esteban, Orlando, Juan, Jorge, Claudia, Profe, Mono.Medios: 14 Fusiles, 1 Matzen, 1 Carabina UZI, 10 Granadas.

CORTOS

La escuadra número 1 entrará por la escalera principal del flanco sur y la escuadra número 2 por la escalera principal del flanco norte. La primera al cuarto piso y la segunda al tercer piso. Cada una dejará un hombre en el 2º piso.

Nota:

1. LA VANGUARDIA: Chucho y tres más. Dos (Nohora y Pedro) que tendrán vehículo de retaguardia donde va, además, Rafael.

2. EL GRUESO: En el camión, los medios ingenieros. explosivos, intendencia y la escuadra número 1 del pelotón 2 (Mando: Lucho).

3. RETAGUARDIA: Pacho más 3. Más Nohora, Pedro Rafael y la escuadra número 2 del pelotón (Mando: de César).

1º LINEA DE DEFENSA:

Sótano: Chucho, Andrés, William, Marcela, Pedro.

Flanco Norte: Pacho, Roque, Bernardo, Estéban, Mono.

Flanco Oriental: Lázaro, Fabio, Natalia, Diana, Juan».

Dentro de los mismos papeles hallados en la casa allanada, se encuentran otros manuscritos que también constituyen parte del plan de asalto al Palacio. Ellos hacen referencia al armamento, munición, material de intendencia, etc. No se considera de interés la transcripción a pesar de que los datos sobre munición, especialmente, podrían ser reveladores del sentido y alcance que por los planificadores se daba a la operación que se preparaba. Baste saber, como dato anticipado, que las autoridades militares y de policía que recuperaron el edificio, encontraron cantidades inmensas de proyectiles, bombas y, en general, materiales indicativos del propósito muy firme de hacer de la toma una actividad prolongable hasta límites insospechables.

OPERACION ANTONIO NARIÑO POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE. Fue la denominación que los subversivos dieron al asalto y toma del Palacio de Justicia.

Alvaro Fayad, máximo dirigente del M-19, ideó el plan con seis meses, de anticipación, el cual fue preparado en dos meses por el Estado Mayor de la Compañía Iván Marino Ospina. El Comandante de la operación fue Luis Otero Cifuentes, quien había participado en muchas otras del M-19: Hurto de la Espada del Libertador, asalto al arsenal del Cantón Norte, toma de la Embajada de la República Dominicana, para nombrar sólo estas tres de señalada importancia. Por estos delitos fue juzgado y condenado en consejo de guerra, siendo favorecido luego con la amnistía que en su momento decretó el Congreso Nacional.

En niveles inferiores, pero con rango de Comandantes de diversas unidades, participaron Andrés Almarales, Guillermo Elvencio Ruiz y Alfonso Jackin. En total 40 guerrilleros deberían haber actuado tomando en cuenta los ocupantes de los tres vehículos (20) y los 7 que ya se encontraban dentro del Palacio. Una posible desconexión por parte de la escuadra comandada por "Lázaro" impidió el acceso al Palacio de 5 guerrilleros. (Véase "La Justicia en Llamas", página 60 y la entrevista concedida por guerrilleros del M-19 a periodistas extranjeros de que da cuenta "El Tiempo", página 1 y 2A, edición de 11 de noviembre de 1985), lo cual explicaría esta diferencia numérica.

OTROS PREPARATIVOS

Avanzada la organización del asalto desde el punto de vista militar, otros preparativos ocuparon la atención de los dirigentes: Alojamiento de los conjurados y transporte hacia el objetivo.

La primera necesidad se satisfizo tomando en arrendamiento la casa número 8-42 de la calle 6º Sur, de propiedad de la señora María Teresa Rodríguez Sierra, mediante documento de contrato que figura en el primer cuaderno del expediente levantado por el Juez 23 de Instrucción Criminal (folio 118) y en el que aparecen Jesús Benjamín Hortúa Rayo como arrendatario y la señora Abigaíl Serrano de Lozano y Esther melina Robles de Lemus, como fiadoras o coarrendatarias. Estas últimas utilizaron sus documentos de identidad legíti