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RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA POLICÍA NACIONAL 2006

Versión: 07-02-2006

Ley 1015 de 2006 de 07-02-2006

Congreso de la República

Diario Oficial. Año Cxli. N. 46175. 7, Febrero, 2006. Pag. 42.


  • Libro Primero
    • Parte GENERAL
      • Título I. Normas Rectoras
      • Título II. Ámbito de Aplicación
      • Título III. De la Disciplina
      • Título IV. De las Ordenes
      • Título V. Extinción de la Acción Disciplinaria
        • Capítulo I. Causales de extinción de la acción disciplinaria
      • Título VI. De las Faltas y de las Sanciones Disciplinarias
        • Capítulo I. Clasificación y descripción de las faltas
        • Capítulo II. Clasificación y límite de las sanciones
      • Título VII
        • Capítulo Único. Normas para los auxiliares de policía
      • Título VIII. La Competencia
        • Capítulo I. Generalidades de la competencia
        • Capítulo II. Autoridades con atribuciones disciplinarias
  • Libro Segundo
    • Título I
      • Capítulo Único. Del Procedimiento Disciplinario
    • Título II
      • Capítulo Único. Disposiciones finales
  • Versión 07/02/2006

Libro Primero

Parte GENERAL

Título I
Normas Rectoras

Artículo 1

Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional con atribución disciplinaria, conocer de las conductas disciplinables de los destinatarios de esta ley.

Artículo 2

Autonomía. La acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones judiciales o administrativas.

Artículo 3

Legalidad. El personal destinatario de esta ley, será investigado y sancionado por conductas que estén descritas como faltas disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.

Artículo 4

Ilicitud sustancial. La conducta de la persona destinataria de esta ley será contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.

Artículo 5

Debido proceso. El personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley. La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Artículo 6

Resolución de la duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.

Artículo 7

Presunción de inocencia. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

Artículo 8

Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo las copias solicitadas por los sujetos procesales.

Artículo 9

Ejecutoriedad. El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido, mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinario por la misma conducta, aún cuando a esta se le dé denominación distinta. Lo anterior sin perjuicio de la Revocatoria Directa establecida en la ley.

Artículo 10

Celeridad del proceso. El funcionario con atribuciones disciplinarias impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en la ley.

Artículo 11

Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o culpa.

Artículo 12

Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política.