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LEY 13/1989, DE 14 DE DICIEMBRE, DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

Comunidad Autónoma de Cataluña

BOE 11 de 12/01/1990

Redacción publicada el 10/12/2002


  • TÍTULO PRELIMINAR
  • TÍTULO I. Organización administrativa
    • CAPÍTULO I. Principios generales
    • CAPÍTULO II. Los órganos centrales
    • CAPÍTULO III. Los Órganos Territoriales
    • CAPÍTULO IV. Los Órganos consultivos
    • CAPÍTULO V. Los Órganos activos
    • CAPÍTULO VI. El funcionamiento de los Órganos colegiados
  • TÍTULO II. La competencia administrativa
    • CAPÍTULO I. Normas generales
    • CAPÍTULO II. La delegación
    • CAPÍTULO III. La autorización de firma
    • CAPÍTULO IV. Avocación y suplencia
    • CAPÍTULO V. La coordinación administrativa
    • CAPÍTULO VI. Los conflictos de atribuciones
  • TÍTULO III. La actuación administrativa
    • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
    • CAPÍTULO II. La programación administrativa
    • CAPÍTULO III. Las auditorías administrativas
    • CAPÍTULO IV. Elaboración de disposiciones de carácter general
      • Sección 1.ª Procedimiento de tramitación
      • Sección 2.ª Verificación de la eficacia de las normas
    • CAPÍTULO V. El procedimiento general
      • Sección 1.ª Registros comunes y oficinas de gestión unificada
      • Sección 2.ª Tramitación
      • Sección 3.ª La finalización
    • CAPÍTULO VI. Normas complementarias sobre el régimen de recursos
    • CAPÍTULO VII. La responsabilidad patrimonial
    • CAPÍTULO VIII. Las reclamaciones previas y el ejercicio de acciones
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY 13/1989, DE 14 DE DICIEMBRE, DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

La presente Ley, reguladora de la organización, el procedimiento y el régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña tiene como objetivo mejorar al máximo la prestación de los servicios al ciudadano mediante una Administración ágil y eficaz, cuya gestión sea un reflejo de los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación que deberá inspiran y presidir la actuación de sus órganos y agentes.

Las normas generales sobre el procedimiento administrativo abarcan la especial organización de la Administración catalana y la regulación de su régimen jurídico y sistema de responsabilidad. Los redactores estatutarios fueron conscientes de la necesidad de dichas adaptaciones y las incluyeron ya sea entre las materias con competencia exclusiva (procedimiento administrativo, artículo 9.3), ya sea entre las materias sobre las que se puede proceder al desarrollo legislativo y a la ejecución en el marco de la legislación básica estatal (régimen jurídico y sistema de responsabilidad, artículo 10.1.1).

La Ley tiene, considerada en sí misma, un carácter innovador, tanto por la inexistencia en Cataluña de ningún precedente legislativo que regule el mismo objeto material como por el conjunto de normas técnicas administrativas que en ella se recogen, extraídas en algunos casos del derecho comparado y adaptadas a nuestro entorno administrativo.

Es preciso destacar aquí, por su novedad, la posibilidad de verificar la eficacia de las normas que regula el artículo 67, así como el tratamiento del silencio administrativo positivo que hacen los artículos 81 y siguientes.

Dichas innovaciones no significan una ruptura, ya que recogen lo mejor de las normas administrativas actuales, e incorporan, en este sentido, a los institutos jurídicos que han demostrado validez suficiente durante su ya larga aplicación.

La Ley tiene, también, una tendencia unificadora porque incopora disposiciones que existían dispersas en varias normas de la Generalidad; con ello facilita la labor de los operadores jurídicos y garantiza a los administrados el principio de seguridad jurídica, mediante su positivización concreta y unificada.

Asimismo, la Ley no cae en la casuística de querer regularlo todo desde el inicio hasta el fin, y si la importancia de un órgano determinado lo exige, como en el caso de la Comisión Jurídica Asesora, la Ley remite a la normativa específica de dicho órgano.

Una vez aprobada, la presente Ley será una pieza clave en la estructuración de la Administración de la Generalidad, fundamentada en la competencia exclusiva de autoorganización reconocida en nuestro Estatuto, manifestación indispensable de una auténtica autonomía política.

TÍTULO PRELIMINAR

Art. 1.

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la Administración pública de la Generalidad y se aplica a la organización de la misma y de sus Organismos autónomos.

Art. 2.

La Administración de la Generalidad, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, tiene personalidad jurídica única, sirve con objetividad a los intereses generales de Cataluña y actúa con sumisión plena a la ley y al derecho.

Art. 3.

La organización y actuación de la Administración de la Generalidad se articulará de forma que se garanticen la eficacia y diligencia máximas en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios, principios básicos aplicables a las prescripciones de la presente Ley.

TÍTULO I
Organización administrativa

CAPÍTULO I
Principios generales

Art. 4.

La Administración de la Generalidad ejerce la potestad de autoorganización mediante los órganos y dentro de los límites establecidos por la Constitución, por el Estatuto de Cataluña y por el resto del ordenamiento jurídico.

Art. 5.

1. Los órganos superiores de la Administración de la Generalidad son el Presidente, el Gobierno y los Consejeros.

2. Los órganos superiores de la Administración de la Generalidad se rigen por la presente Ley, por las disposiciones contenidas en la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad, y por las demás disposiciones que específicamente los regulen.

3. Son altos cargos de la Administración de la Generalidad los los Secretarios generales y los Directores generales.

Art. 6.

1. El Gobierno podrá crear en su seno Comisiones de gobierno, con carácter permanente o temporal y de ámbito central territorial, a las que corresponderán las funciones que específicamente les atribuya o delegue.

2. El régimen general de funcionamiento de dichas Comisiones deberá ajustarse a los criterios establecidos por el Gobierno, y por otras disposiciones que específicamente las regulen.

Art. 7.

A los efectos de la presente Ley, los órganos administrativos se clasifican en centrales y territoriales o periféricos y en consultivos y activos.

CAPÍTULO II
Los órganos centrales

Art. 8.

Serán órganos centrales de la Generalidad aquellos cuya competencia se extiende a todo el territorio de Cataluña.

Art. 9.

1. La creación y determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivos de los departamentos en que se estructura la Administración de la Generalidad, se establecen por Decreto de la Presidencia de la Generalidad.

2. El Gobierno, mediante comparecencia, ha de dar cuenta al Parlamento de las modificaciones relativas a los Decretos a que se hace referencia en el apartado 1.


Se modifica por el art. 1 de la Ley 1/2000, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2000-7353.

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 3 de la Ley 4/1991, de 22 de marzo. Ref. BOE-A-1991-9289.

Art. 10.

1. Excepcionalmente, el Gobierno podrá nombrar Comisionados, a quienes asignará un ámbito de actuación específico. Este ámbito de actuación se configurará para la atribución específica y parcial del ejercicio de las competencias administrativas previstas en los artículos 12, 13 y 14.

En cualquier caso, los Comisionados actuarán bajo la superior dirección del titular del Departamento a que estén adscritos y dependerán del Secretario general en las funciones de éste que no se les hayan atribuido.

El mandato de los Comisionados será el de la legislatura, sin perjuicio de su eventual renovación por el Gobierno si persisten las causas que motivaron su nombramiento.

2. Los Comisionados asistirán a las reuniones del Gobierno cuando se les convoque especialmente para informar del desarrollo de las funciones que tengan encomendadas.


Se modifica por el art. 1 de la Ley 2/1992, de 7 de julio. Ref. BOE-A-1992-18088.