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LEY 20/1982, DE 9 DE JUNIO, DE INCOMPATIBILIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO.

Jefatura del Estado

BOE 146 de 19/06/1982

Redacción publicada el 19/06/1982


  • DISPOSICIONES ADICIONALES
  • DISPOSICIONES FINALES
  • Versión 19/06/1982

Incluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1982. Ref. BOE-A-1982-20602

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero

Uno. La función pública debe ejercerse sirviendo con objetividad los intereses generales conforme al artículo ciento tres, apartado uno, de la Constitución.

Dos. El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad. públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, que Impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario, comprometan su imparcialidad o independencia o perjudiquen los intereses generales .

Tres. La presente Ley será de aplicación:

a) Al personal civil al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos.

b) Al personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes.

c) Al personal al servicio de la Administración Local y de los Organismos de ella dependientes.

d) Al personal que ostente la condición de funcionario al servicio de La Seguridad Social.

e) Al personal que presta servicios en Empresas en que la participación de capital de una Administración Pública sea, al menos, mayoritaria, así como al restante personal al que resulte de aplicación la Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos.

Cuatro. El personal al servicio de la Seguridad Social no comprendido en el apartado d) del número anterior, se regirá por sus disposiciones específicas adaptadas a los principios contenidos en la presente Ley, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, en lo que sea de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de su función asistencial.

Cinco. Las normas de la presente Ley tendrán carácter supletorio respecto de cualesquiera otras disposiciones en materia de incompatibilidades del personal dependientes de las Admmistraciones Publicas no incorporado a su ámbito de aplicación

Artículo segundo

Uno. No se podrá percibir más de un sueldo con cargo a los presupuestos de las Administraciones Publicas y de los Organismos y Empresas de ellos dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, salvo autorización expresa por Ley o que los servicios se presten en régimen de jornada reducida.

Se entenderá por sueldo a estos efectos toda retribución periódica, cualquiera que sea la cuantía y denominación.

Dos, En el caso de compatibilidad declarada por Ley se estará a lo dispuesto en la misma en cuanto a las retribuciones que puedan ser percibidas

Tres, En el caso de servicios prestados en régimen de jornada reducida, en uno de los puestos de trabajo sólo se percibirán como máximo las retribuciones básicas y en el otro no se podrán percibir complementos por dedicación especial, plena, exclusiva o prolongación de jornada.

Cuatro. En ningún caso los funcionarios y demás personal a que se refieren los anteriores apartados podrán hacer uso simultáneamente de más de uno de los supuestos excepcionales que recogen dichos apartados.

Artículo tercero

El ejercicio de la función pública será absolutamente incompatible con las siguientes actividades privadas:

a) El asesoramiento o la pertenencia a Consejos de Administración de Empresas privadas siempre que la actividad de las mismas éste directamente relacionada con las que desarrolle el organismo en el que preste sus servicios el funcionario.

b) La titularidad individual o compartida de conciertos de prestación continuada o esporádica de servicios, cualquiera que sea la naturaleza de estos, con la Entidad pública en la que el funcionario desempeñe su puesto o cargo.

c) La participación superior al diez por ciento en el capital de Sociedades que tengan concierto d prestación de servicios, cualquiera que sea su naturaleza, con la Entidad pública en la que se presta la función pública, así como el trabajo, regular o discontinuo, retribuido o no, sujeto o no a horario, al servicio de la Entidad concertada.

Artículo cuarto

Uno. El personal en situación de servicio activo tiene la obligación de declarar las actividades lucrativas profesionales, laborales, mercantiles o industriales que ejerzan fuera de las Administraciones Publicas.

Dos. A la vista de la declaración preceptuada en el apartado anterior, el Subsecretario del Ministerio correspondiente, el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma o Ente Preautonómico o el Pleno de las Corporaciones Locales deberán dictar previo expediente resolución en el plazo máximo de un mes declarando la incompatibilidad por resolución motivada cuando las actividades puedan comprometer la imparcialidad o independencia profesional del funcionario o impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes.

Contra dicha resolución podrán interponerse los correspondientes recursos administrativos y jurisdiccionales.

Tres. Las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar no estarán sujetas a lo previsto en el presente artículo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero.

Artículo quinto

El personal a que se refiere está Ley no podrá Invocar o hacer uso de su condición de funcionario para el ejercicio de actividad mercantil industrial o profesional.

Artículo sexto

Uno. El personal incorporado al ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del Estado pertenezca a Consejos de administración u órganos de gobierno de Empresas públicas o cualesquiera otras con participación pública, sólo podrá percibir las dietas e indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto seran ingresadas directamente por la Empresa en el Tesoro Público.

Dos. En ningún caso se podrá pertenecer a más de dos Consejos de administración de Empresas a que se refiere el apartado anterior.


Redactado conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 192, de 12 de agosto de 1982. Ref. BOE-A-1982-20602

Artículo séptimo

Uno. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será considerado como falta muy grave, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

Dos. El ejercicio de cualquier otra actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia; a la asistencia al lugar de trabajo que requiere su puesto o cargo ni al retraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos debiendo ser calificada y sancionadas las correspondientes faltas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable quedando automáticamente suspendida la autorización de compatibilidad que se hubiese concedido.

Tres. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidaran bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal promoviendo cuando sea procedente, expediente de compatibilidad y, si fuese necesario expediente disciplinario.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Uno. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley que acceda a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o a la de miembro de Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas quedara en situación de excedencia especial o similar con reserva de la plaza y localidad de destino.

Dos. Quienes no obstante deseen continuar prestando servicios podrán hacerlo pero deberán optar entre la retribución correspondiente a dicho cargo público o la que venían percibiendo con anterioridad a su elección, y únicamente podrán percibir de la que no hubieran optado aquéllas cantidades que vengan a resarcir estrictamente los gastos realizados en la función de que se trate según como tales gastos se entienden para los funcionarios de las Administraciones Públicas.

Tres. Los miembros electivos de las Corporaciones Locales continuaran rigiéndose por la Ley nueve/mil novecientos ochenta de catorce de marzo.

Segunda.

Lo dispuesto en el artículo sexto de la presente Ley será de aplicación a Diputados y Senadores y a quienes desempeñen altos cargos en la Administración del Estado y en los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y en sus Asambleas legislativas y Entes Preautonómicos así como a los miembros de los órganos de las Corporaciones Locales a que se refiere el artículo segundo de la Ley nueve/mil novecientos ochenta de catorce de marzo.

Tercera.

A los Presidentes de Empresas publicas y a los cargos enumerados en la disposición anterior que ostenten simultáneamente la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, se les aplicará lo dispuesto en el apartado dos de la disposición adicional primera de la presente Ley.

Cuarta.

El personal a que se refiere el apartado cuatro del artículo primero de la presente Ley podrá ser autorizado, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, a desempeñar simultáneamente dos puestos de trabajo de carácter asistencial:

a) Siempre que uno de ellos forme parte de la plantilla de un establecimiento hospitalario y el otro se desempeñe en un ámbito asistencial no hospitalario, o

b) Cuando ambos tengan éste último carácter si corresponden a centros dependientes de distintas Administraciones Publicas, Seguridad Social, Empresas estatales u otras del sector público o Centros concertados y no lo impida el régimen de dedicación, horario o demás circunstancias objetivas de ambos puestos de trabajo.

Quinta.

Los funcionarios de los Cuerpos Especiales al servicio de la Sanidad Local que presten asistencia sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social, en las condiciones legalmente establecidas, percibirán las remuneraciones que figuran en los Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social.

Sexta.

Los órganos superiores competentes en materia de función pública informarán cada seis meses a las Cortes Generales de las autorizaciones de compatibilidad concedidas.