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LEY 20/2009, DE 4 DE DICIEMBRE, DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES.

Comunidad Autónoma de Cataluña

BOE 12 de 14/01/2010

Redacción publicada el 30/03/2017


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  • TÍTULO I. Disposiciones generales
  • TÍTULO II
    • CAPÍTULO I. Régimen de autorización ambiental
      • Sección primera. Objeto y finalidad
      • Sección segunda. Organización y procedimiento
    • CAPÍTULO II. Régimen de declaración de impacto ambiental con una autorización sustantiva
  • TÍTULO III. Régimen de licencia ambiental
    • CAPÍTULO I. Régimen de licencia ambiental con una decisión previa sobre la declaración de impacto ambiental
    • CAPÍTULO II. Objeto y finalidad de la licencia ambiental
    • CAPÍTULO III. Organización y procedimiento
  • TÍTULO IV. Régimen de comunicación
  • TÍTULO V. Régimen de intervención ambiental de actividades temporales, móviles y de investigación
  • TÍTULO VI. Regímenes de intervención ambiental en actividades de competencia municipal sectorial
  • TÍTULO VII. Disposiciones comunes a los regímenes de intervención ambiental
  • TÍTULO VIII. Sistema de control
    • CAPÍTULO I. Control de las actividades sometidas a autorización, licencia ambiental o autorización sustantiva
    • CAPÍTULO II. Control de las actividades sometidas a comunicación
  • TÍTULO IX. Regímenes de inspección, sanciones y ejecución forzosa
    • CAPÍTULO I. Función de inspección
    • CAPÍTULO II. Régimen sancionador
    • CAPÍTULO III. Ejecución forzosa
  • TÍTULO X. Tasas
  • Disposición adicional cuarta. Comisión de Evaluación y Seguimiento para la aplicación de la presente ley
  • Disposiciones Finales
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

PREÁMBULO

El artículo 46 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que los poderes públicos deben velar por la protección del medio ambiente a través de políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible y la solidaridad intergeneracional. Añade que las políticas ambientales tienen que dirigirse especialmente a reducir las diferentes formas de contaminación, fijar estándares y niveles mínimos de protección, articular medidas correctivas del impacto ambiental, utilizar racionalmente los recursos naturales, prevenir y controlar la erosión y las actividades que alteran el régimen atmosférico y climático, y respetar los principios de preservación del medio.

De acuerdo con estos preceptos, el artículo 144.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponden a la Generalidad la competencia compartida en materia de medio ambiente y la competencia para dictar normas adicionales de protección. Se añade que esta competencia incluye, entre otros, la prevención, la restauración y la reparación de daños al medio ambiente, la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas formas de contaminación y el establecimiento de otros instrumentos de control de la contaminación.

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, estableció en Cataluña el modelo de prevención y control integrados de la contaminación instaurado por la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC).

En los últimos años, sin embargo, el Estado ha aprobado una serie de normas con carácter de legislación básica que, junto con la reciente modificación y la sustitución de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, por la Directiva 1/2008, de 15 de enero, de prevención y control integrados de la contaminación, obligan a modificar la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y a adecuar los regímenes de intervención ambiental a la regulación establecida, en concreto, a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, a la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Al mismo tiempo, esta ley pretende superar las dificultades que se han presentado a raíz de la regulación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, e incorporar otros requerimientos derivados de modificaciones recientes de la legislación ambiental sectorial. La ejecución de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, ha evidenciado la dificultad de aplicar algunos de sus preceptos y la complejidad del procedimiento de intervención administrativa para determinadas categorías de actividades. Por ello, esta ley pretende racionalizar y simplificar trámites y corregir las determinaciones que han generado dudas y han originado prácticas de gestión claramente mejorables.

El sistema de intervención administrativa ambiental que establece esta ley se basa, tal y como se estableció en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, en el hecho de que las autoridades competentes deben asegurarse, antes de conceder una autorización y una licencia ambientales, que se han fijado las medidas adecuadas de prevención y reducción de la contaminación en el medio, incluidas la atmósfera, el agua y el suelo. A tal fin se fijan en la autorización ambiental los valores límite de emisión y se consideran, si procede, las mejores técnicas disponibles en cada momento. Estas mejores técnicas ya establecen los casos en los que la situación especial del entorno de las actividades justifica la aplicación de medidas adicionales de protección.

Esta ley integra, con una voluntad de simplificación administrativa clara, la evaluación del impacto ambiental de las actividades relacionadas en el anexo I de la misma ley en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental.

Esta integración de diferentes regímenes de intervención administrativa ambiental se enmarca en la estrategia del Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, que tiene como objetivo compaginar la necesaria reducción de cargas administrativas para las personas que ejercen actividades económicas con el respeto y las garantías en la prevención y el control del medio ambiente que pide la sociedad.

Los objetivos de facilitación de trámites en la actividad económica y de simplificación administrativa están presentes, de hecho, en el conjunto del sistema de intervención administrativa ambiental que regula esta ley, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para mejorar la competitividad de la economía catalana y eliminar las trabas administrativas innecesarias a que nos obliga la Unión Europea.

Por ello, por una parte, la presente ley establece un sistema de intervención integral, ateniéndose a la mayor o a la menor incidencia ambiental de las actividades, pero limitado únicamente a los aspectos ambientales. La intervención administrativa por razón de otras materias, como por ejemplo la seguridad y la salud de las personas, se rige por la legislación de régimen local y por la normativa sectorial correspondiente. Por su parte, aunque la ley regula regímenes de intervención de carácter estrictamente ambiental, también reconoce que es preciso establecer mecanismos que permitan tramitar simultáneamente el conjunto de intervenciones preceptivas respecto a una misma actividad.

Es también un objetivo de esta ley establecer, de una manera clara, que la responsabilidad sobre las instalaciones, y la apertura y el funcionamiento de las actividades, corresponde tanto a las personas titulares y al personal técnico de la actividad como a las personas que han de controlar su funcionamiento.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera ha derogado, de forma expresa, el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, declarado inaplicable en Cataluña por la disposición adicional sexta de la Ley 3/1998, de 27 de febrero. Los conceptos tradicionales de peligrosidad, insalubridad, nocividad y molestia que se definían en este decreto, y también el establecimiento de medidas de alejamiento de las actividades respecto a los núcleos de población, quedaron sustituidos a partir de la Ley 3/1998, por la utilización de las condiciones y mejores técnicas ambientales disponibles en cada caso para garantizar la protección del medio ambiente y la población.

Esta ley se estructura en diez títulos. El título primero, relativo a las disposiciones generales, contiene las finalidades de la misma, el ámbito de aplicación y un cuadro de definiciones amplio, y también las condiciones generales de funcionamiento de las actividades y las obligaciones generales de los titulares de estas actividades. En este título destaca la determinación de los regímenes de intervención administrativa a los que se someten las diferentes categorías de actividades, enumeradas en los anexos I, II, III y IV de la presente ley, ateniéndose a la mayor o a la menor incidencia ambiental. Finalmente, el título primero se completa con las referencias a los valores límite de emisión, la información ambiental necesaria para gestionar los regímenes de intervención administrativa y el uso de medios técnicos.

El título segundo establece el régimen de la autorización ambiental de las actividades con la evaluación del impacto ambiental y el régimen de declaración del impacto ambiental de las actividades, conjuntamente con una autorización sustantiva.

En el régimen de autorización ambiental de las actividades con evaluación de impacto ambiental se establece la integración de los dos principales sistemas de intervención administrativa para prevenir y reducir en origen la contaminación. Estos sistemas son la autorización ambiental y la declaración de impacto ambiental y recaen sobre las actividades productivas que tienen un potencial de incidencia ambiental elevado. La Administración de la Generalidad tiene la competencia para resolver el procedimiento único en el que ahora confluyen estos dos sistemas.

A pesar de que la integración de ambos sistemas en un procedimiento único puede tener la apariencia de una mayor complejidad en la tramitación, la presente ley, mediante el establecimiento de umbrales concretos y situaciones determinadas en las que no es preciso evaluar las actividades establecidas en el anexo II del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, otorga más seguridad jurídica a los titulares de las actividades afectadas y, a la vez, elimina la carga del procedimiento administrativo de consulta previa.

Es preciso remarcar el hecho de que el régimen de autorización es estrictamente ambiental, excepto en el caso de las actividades con un riesgo de accidentes más grandes, supuesto en el que la participación del órgano que tiene la competencia sustantiva sobre esta materia se integra en el procedimiento de autorización ambiental. El municipio en el que se lleva a cabo la actividad también participa en este procedimiento mediante un informe ambiental referido a las materias de su competencia.

En cuanto al régimen de declaración de impacto ambiental de las actividades con autorización sustantiva, la acción de prevención ambiental se integra en el procedimiento de autorización sustantiva que es competencia del órgano que tiene la competencia sectorial.

El título tercero establece el régimen de intervención de la licencia ambiental de competencia municipal.

En este título se regulan todas las actividades que, por su incidencia en el medio ambiente, han de someterse obligatoriamente a algún régimen de intervención preventiva ambiental, de estricta competencia municipal. La participación de la Administración de la Generalidad en el procedimiento de otorgamiento de la licencia ambiental se limita a la emisión de los informes preceptivos, de acuerdo con la presente ley o con el desarrollo reglamentario de la ley, o de acuerdo con la normativa sectorial ambiental de aplicación.

Se establece, también, la intervención de los consejos comarcales, que han de dar la suficiencia técnica y jurídica a los municipios y garantizar, en todos los casos, un elevado grado de autonomía a los ayuntamientos para definir su relación con el ente comarcal.

Asimismo, se difiere a la regulación de las ordenanzas municipales la posibilidad de someter algunas de estas intervenciones preventivas al régimen de comunicación, en función de la ubicación urbanística, de las características ambientales del medio receptor y de otros factores de incidencia ambiental, siempre y cuando no lo impida el cumplimiento de la normativa sectorial ambiental.

El título cuarto regula el régimen de comunicación, que también es de competencia municipal. La prevención ambiental, en este caso, se lleva a cabo mediante el acto de certificación técnica del cumplimiento de las normas ambientales. No hay la posibilidad de someter estas actividades a un régimen de licencia ambiental, al mismo tiempo que se refuerza el cumplimiento de los requerimientos ambientales y la apertura de la actividad bajo la responsabilidad de las personas o la empresa titulares y del personal técnico.

El título quinto establece los regímenes de intervención ambiental de las pruebas o de las actuaciones dirigidas a investigar, desarrollar y experimentar nuevos productos y procesos.

El título sexto establece los regímenes de intervención ambiental coordinados con otras intervenciones municipales. En las actividades sujetas a la legislación sectorial de espectáculos públicos y actividades recreativas y, si procede, otras actividades sometidas a la licencia o comunicación municipal sustantiva que se determine, la evaluación ambiental de la actividad se integra en el procedimiento de otorgamiento de la licencia o comunicación municipal sustantiva.

Asimismo, la evaluación ambiental de los proyectos de equipamientos y servicios de titularidad municipal se integra en el procedimiento de aprobación del proyecto correspondiente.

El título séptimo contiene las disposiciones legales comunes a todos los regímenes de intervención ambiental regulados por la ley, entre las que destacan las disposiciones referentes a la intervención administrativa de las modificaciones, la caducidad y la revisión de la autorización y la licencia ambientales, y las especificidades de las explotaciones ganaderas.

El título octavo establece el régimen de control de las actividades, que se regula para las diferentes categorías de actividades. Las características más significativas son el fomento de los sistemas de autocontrol –especialmente mediante el sistema de ecogestión y ecoauditoría (EMAS)– y la necesidad de disponer de la información de la acción de control inicial que evite las dilaciones injustificadas al realizar las actividades debido al riesgo que supone, para el medio ambiente y para la población, un período de puesta en marcha muy prolongado. Este título establece la periodicidad de los controles, que, generalmente, son de dos años para las actividades del anexo I.1, de cuatro años para las actividades de los anexos I.2 y I.3, y de seis años para las actividades de los anexos II y IV.

El título noveno regula los regímenes de inspección, sancionador y de ejecución forzosa. En tanto que la presente ley es fundamentalmente procedimental y no regula aspectos materiales que desarrollan las respectivas legislaciones ambientales sectoriales, no establece un régimen sancionador en materia de recursos naturales y agentes contaminantes. La presente ley remite, tanto en los casos en los que se ha producido un daño o un grave deterioro para el medio ambiente como en los casos en los que se ha puesto en grave riesgo la seguridad o la salud de las personas, a los regímenes sancionadores, de ejecución forzosa y de responsabilidad establecidos por la normativa sectorial específica.

El régimen sancionador que afecta a las actividades sujetas a la legislación básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación se exceptúa, sin embargo, de este criterio, ya que esta legislación establece una tipificación de infracciones procedimentales y materiales que incluye los casos anteriores.

El título décimo determina el establecimiento y la ordenación de tasas para prestar los servicios administrativos relativos a los procedimientos de autorización, licencia o comunicación ambientales, así como los de la declaración de impacto ambiental, de conformidad con los principios de coste real o coste previsible que establece la legislación reguladora de las haciendas públicas.

La disposición adicional primera recoge los principios de no concurrencia, simultaneidad y coordinación, en relación con las intervenciones administrativas de los entes locales y de los departamentos competentes en materias de seguridad y salud de las personas que se tienen en cuenta en la apertura de actividades y que no están reguladas en la presente ley. La intervención en estas materias debe ejercerse en los términos que determina, en cada caso, la legislación sectorial de aplicación.

La disposición adicional segunda muestra la necesidad de que las normativas sectoriales que inciden en el ejercicio de las actividades determinen la simultaneidad de las tramitaciones administrativas.

La disposición adicional tercera establece que, en los casos en los que se han de efectuar los controles iniciales de las actividades según las determinaciones de la presente ley y, a la vez, debe hacerse una actuación de comprobación previa de acuerdo con la Ley de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, puede hacerse una única actuación de control.

La disposición adicional cuarta crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento para la aplicación de la presente ley. La complejidad de la intervención administrativa ambiental y la heterogeneidad tanto de las actividades como del medio receptor hacen necesario un seguimiento esmerado y puntual de la aplicación que permita corregir con eficacia las eventuales disfuncionalidades que surjan. En esta comisión participan las administraciones y las agrupaciones empresariales, sindicales y profesionales que están más directamente implicadas.

La disposición adicional quinta encomienda a la Comisión de Gobierno Local la elaboración de propuestas de procedimientos administrativos y ordenanzas fiscales para contribuir a la armonización en la actuación de los entes locales.

La disposición adicional sexta establece el otorgamiento de bonificaciones fiscales específicas a las empresas que dispongan del certificado del sistema de ecogestión y ecoauditoría de la Unión Europea (EMAS), ya que garantizan la excelencia empresarial en materia ambiental.

La disposición adicional séptima precisa que, a los efectos de lo que establece la letra a, párrafo segundo, del artículo 7.1, se entiende que cuando se produce la modificación de las legislaciones de origen quedan modificados automáticamente sus anexos.

En las disposiciones transitorias se regula el desarrollo de los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, el régimen transitorio de las entidades colaboradoras de la Administración ambiental, y las actuaciones de control y las revisiones de las autorizaciones y de las licencias ambientales existentes para ajustarlas a las condiciones más beneficiosas establecidas por esta ley. También se determina un procedimiento marco regulador de la intervención administrativa de los entes locales en los ámbitos relacionados con el control preventivo de las actividades que no disponen de un procedimiento específico para ejercerlo, con el fin de dar cobertura legal a la intervención administrativa de los entes locales en las materias que no están integradas, de una manera procedimental, en la intervención administrativa ambiental.

Finalmente la presente ley, además de los anexos mencionados en los títulos correspondientes a las diversas actividades sometidas a los diferentes regímenes de intervención administrativa ambiental, recoge el anexo V, relativo a los criterios de selección del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de las actividades del anexo II, y el anexo VI, relativo a los informes preceptivos en materia de medio ambiente.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto establecer el sistema de intervención administrativa de las actividades con incidencia ambiental, en el que se toman en consideración las afecciones sobre el medio ambiente y las personas. Este sistema de intervención administrativa integra la evaluación de impacto ambiental de las actividades.

Artículo 2. Finalidades.

Las finalidades de la presente ley son:

a) Alcanzar un nivel alto de protección de las personas y del medio ambiente en conjunto, para garantizar la calidad de vida, mediante los instrumentos necesarios que permitan prevenir, minimizar, corregir y controlar la contaminación y hacer un uso eficiente de los recursos y de las materias primas.

b) Favorecer un desarrollo sostenible mediante un sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico y social con la protección del medio ambiente.

c) Contribuir a hacer efectivos los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía en la instrucción de los procedimientos administrativos, y garantizar la colaboración y la coordinación de las administraciones públicas que deben de intervenir.

d) Facilitar la acción de la actividad productiva de una manera respetuosa hacia la protección del medio ambiente.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. El sistema de intervención administrativa y, si procede, el sistema de evaluación de impacto ambiental establecidos en la presente ley se aplican a las actividades de titularidad pública y privada emplazadas en Cataluña relacionadas en los anexos de la presente ley.

2. Las actividades de carácter temporal que, a pesar de que están recogidas en los anexos I.2, I.3 y II, están vinculadas con la construcción de obras de infraestructuras o instalaciones generales y de interés público, y que han sido determinadas y evaluadas en la declaración de impacto ambiental del proyecto de la infraestructura o la instalación correspondiente, no están sujetos a los regímenes de intervención ambiental establecidos en la presente ley.

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de lo que dispone la presente ley, se entiende por:

a) Autorización ambiental o licencia ambiental: la resolución del órgano ambiental competente en materia de medio ambiente o del ente local correspondiente a través de la cual se autoriza una o varias actividades determinadas y las instalaciones o parte de las instalaciones que ocupan, ubicadas en un mismo centro o en un mismo establecimiento y que pertenecen a la misma persona o empresa titulares, con sujeción a las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las disposiciones de la presente ley.

b) Autorización sustantiva: la autorización, la licencia, el permiso o la concesión administrativa otorgado por un órgano de la Administración de la Generalidad en el ámbito de una intervención sectorial.

c) Actividad: la explotación que se lleva a cabo en un determinado centro o establecimiento ganadero, industrial, minero, comercial, de servicios u otros y que está integrada por una o más instalaciones.

d) Centro o establecimiento: el conjunto de edificaciones, instalaciones y espacios que constituyen una unidad física diferenciada y en el que una misma persona o empresa titulares ejercen una o más actividades.

e) Titular: la persona física o jurídica que ejerce o posee una o diversas actividades en un mismo centro o establecimiento, o bien que, por delegación, tiene un poder económico determinante sobre la explotación técnica de la actividad o las actividades.

f) Intervención sectorial: la intervención administrativa de autorización, licencia, comunicación, control o registro a la que está sometida una actividad de las que regula la presente ley, de conformidad con un ordenamiento jurídico distinto del ambiental. En particular, son intervenciones sectoriales, la intervención urbanística, la industrial, la turística, la sanitaria, la energética, la minera, la laboral, la comercial y la relativa a establecimientos de concurrencia pública.

g) Modificación sustancial: cualquier modificación llevada a cabo en una actividad con autorización ambiental o licencia ambiental que, en aplicación de los criterios establecidos por el artículo 59 y de los parámetros que se determinen por reglamento, suponga repercusiones perjudiciales o importantes para las personas o para el medio ambiente.

h) Modificaciones no sustanciales:

1) La modificación de las características o del funcionamiento de una actividad que, en aplicación de los criterios que establece el artículo 59, a pesar de que tenga consecuencias previsibles para las personas o para el medio ambiente, no puede ser calificada de sustancial.

2) La modificación de las características o del funcionamiento de una actividad carente de consecuencias previsibles para las personas y para el medio ambiente.

i) Contaminación: la introducción, directa o indirecta, en la atmósfera, en el agua o en el suelo, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o ruido que puedan tener efectos perjudiciales para la salud o para el medio ambiente, o que puedan causar daños en los bienes materiales, deteriorar o perjudicar el goce u otros usos legítimos del medio ambiente.

j) Sustancia: cualquier elemento o compuesto químico, exceptuando las sustancias radiactivas y los organismos modificados genéticamente.

k) Emisión: la expulsión, en la atmósfera, en el agua o en el suelo, de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor o ruido procedentes directa o indirectamente de fuentes puntuales o difusas de una actividad.

l) Valores límite de emisión: la masa o energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o nivel de una emisión cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.

m) Normas de calidad ambiental: el conjunto de requisitos dictados por la normativa ambiental de aplicación que han de cumplirse en un momento dado en un entorno concreto o en una parte determinada de este entorno.

n) Parámetros o medidas técnicas equivalentes: los parámetros o medidas de referencia que, con carácter supletorio o complementario, se aplican cuando las características de la actividad no permiten una adecuada determinación de valores límite de emisión o cuando no hay normativa de aplicación.

o) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emisiones destinados a evitar o, si eso no fuera posible, reducir en general las emisiones y su impacto en el conjunto del medio ambiente. A tales efectos, se entiende por:

1) Técnicas: la tecnología utilizada, junto con la manera en la que está diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada la actividad.

2) Técnicas disponibles: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente en condiciones viables económica y técnicamente, tomando en consideración los costes y beneficios, siempre y cuando la persona titular pueda tener acceso a ellos en unas condiciones razonables.

3) Técnicas mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar un elevado nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto.

o bis) Conclusiones de las mejores técnicas disponibles: decisión de la Comisión Europea que contiene las partes de un documento de referencia "MTD" en que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las mediciones asociadas y, en su caso, las medidas de rehabilitación del emplazamiento de que se trate.

p) Evaluación ambiental: el análisis de los efectos y los resultados ambientales de la actividad, que comprenda la descripción y, específicamente, las instalaciones, las materias primas y auxiliares, los procesos, los productos y el consumo de recursos naturales y de energía, y las emisiones de todo tipo y sus repercusiones en el medio considerado en su conjunto.

q) Accidente grave: un hecho, como por ejemplo una emisión, incendio o explosión importantes, que resulta de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que son de aplicación las disposiciones determinadas en las directivas de la Unión Europea y en la normativa en materia de accidentes graves.

r) Acuerdo voluntario: el acuerdo suscrito entre la Administración ambiental competente y la persona o personas titulares de una actividad o un grupo de actividades de un sector industrial determinado, según el cual ambas partes se vinculan voluntariamente para cumplir unos objetivos de calidad del medio ambiente determinados por la normativa específica o, en su defecto, adoptando, si procede, parámetros o medidas técnicas equivalentes de conformidad con las mejores técnicas disponibles.

s) Actividad de carácter temporal: la unidad técnica destinada a ejercer una actividad clasificada en los anexos de la presente ley que se instala en un determinado emplazamiento, de una manera autónoma e independiente, para un período de tiempo concreto no superior a dos años, al fin del cual cesa definitivamente la actividad.

t) Actividad móvil: la unidad técnica no fija destinada a ejercer una actividad continuada, pero de carácter itinerante, siempre y cuando en un mismo emplazamiento tenga una duración inferior a dos años.

u) Programa de vigilancia ambiental: el conjunto de actuaciones que permiten conocer puntualmente el cumplimiento de las condiciones y requisitos de ejecución de un proyecto que se han fijado en la declaración de impacto ambiental.

v) Afección para la salud de las personas: la incidencia negativa que las emisiones de una actividad o un conjunto de actividades pueden tener sobre la salud individual o colectiva.

w) Público: cualquier persona física o jurídica, y también asociaciones, organizaciones y grupos constituidos de conformidad con la normativa que le es de aplicación.

x) Técnico (o técnica) competente: la persona que posee las titulaciones académica y profesional habilitantes.

y) Informe base o informe de la situación de partida: el informe de la situación de partida que contiene la información sobre el estado de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por sustancias peligrosas relevantes.»

z) Sustancias peligrosas: las sustancias o mezclas definidas en el artículo 3 del Reglamento (CE) núm. 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.


Se añaden las letras o) bis, y) y z) por el art. 80.1 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3637.

Se modifican las letras f) y g) por el art. 170.1 de la Ley 2/2014, de 27 de enero. Ref. BOE-A-2014-2999.

Se modifica la letra g) por el art. 22 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.

Artículo 5. Condiciones generales de funcionamiento de las actividades.

Las personas titulares de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley ejercen estas actividades, bajo su responsabilidad, de acuerdo con los principios siguientes:

a) Prevenir la contaminación, mediante la aplicación de las medidas adecuadas y, en especial, de las mejores técnicas disponibles.

b) Prevenir la transferencia de la contaminación de un medio a otro.

c) Reducir, en la medida de lo posible, la producción de residuos mediante técnicas de minimización, gestionarlos correctamente, preferentemente valorizándolos y, en último término, efectuar la disposición del desperdicio de los residuos, de modo que se evite o se reduzca el impacto en el medio ambiente, de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial.

d) Utilizar la energía, el agua y las materias primas de una forma racional, eficaz y eficiente.

e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus efectos.

f) Tomar las medidas necesarias con el fin de evitar, al cesar la actividad, cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar en el que se desarrollaba la actividad quede en un estado satisfactorio, de modo que el impacto ambiental sea el mínimo posible respecto a su estado inicial.

Artículo 6. Obligaciones generales de las personas o empresas titulares de las actividades.

1. Las actividades objeto de la presente ley y las instalaciones a las que se vinculan han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, mantenidas y controladas de modo que se alcancen los objetivos de calidad ambiental y de seguridad que fija la legislación.

2. Las actividades y las instalaciones que están vinculadas con la presente ley cumplen las obligaciones generales fijadas en el artículo 6.1 si se desarrollan y se utilizan, respectivamente, de acuerdo con la finalidad y el uso que les son propios y si cumplen las siguientes condiciones:

a) Estar proyectadas, instaladas, controladas y mantenidas de acuerdo con el reglamentación vigente, y, en su defecto, cuando se ajustan a las normas técnicas de reconocimiento general.

b) Cumplir, si son preceptivas, las condiciones establecidas para la autorización o la licencia, o las obligaciones que derivan del régimen de comunicación.

3. La persona o empresa titulares de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley han de:

a) Disponer de la autorización, licencia o comunicación ambientales, y, en el caso de las actividades del anexo I.3 y de las actividades reguladas por la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas, de la autorización sustantiva.

b) Someter la actividad al control ambiental inicial, cuando sea preceptivo.

c) Someter la autorización o licencia ambientales a la revisión periódica establecida.

d) Cumplir las obligaciones de control periódico y de suministro de información establecidas en la autorización o la licencia ambientales.

e) (Derogada).

f) Comunicar al órgano que ha otorgado la autorización o licencia ambientales la transmisión de la titularidad.

g) Informar inmediatamente al órgano que ha otorgado la autorización o licencia ambientales de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente o a las personas.

h) Prestar la asistencia y la colaboración necesarias a las personas que llevan a cabo las actuaciones de control, vigilancia e inspección.

i) Cumplir cualquier otra obligación establecida en la presente ley y en las demás disposiciones de aplicación.


Se modifica la letra a) del apartado 2 y se deroga la letra e) del apartado 3 por el art. 23 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.

Artículo 7. Regímenes de intervención administrativa.

1. Las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley quedan sometidas a los siguientes regímenes de intervención administrativa:

a) Autorización ambiental. Se someten a esta autorización las actividades incluidas en los anexos I.1 y I.2. El capítulo I del título II recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades, las cuales se subdividen en:

1) Actividades sometidas a autorización ambiental con declaración de impacto ambiental. Son las actividades del anexo I.1 y el anexo I.2.a. El anexo I.1 incluye las sujetas a la Directiva 2008/1/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. El anexo I.2.a incluye las actividades del anexo I del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, no sujetos a la Directiva 2008/1/CE, así como todas las actividades y las instalaciones afectadas por la legislación de accidentes graves.

2) Actividades sometidas a autorización ambiental y a un proceso de decisión previa sobre la necesidad de sometimiento a una evaluación de impacto ambiental. Son las actividades del anexo I.2.b, que incluye actividades que se ha considerado necesario someter a autorización ambiental, y que se incluyen en el anexo II del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

b) Declaración de impacto ambiental con una autorización sustantiva. Son sometidas a esta declaración las actividades incluidas en el anexo I.3. El capítulo segundo del título segundo recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa sobre estas actividades. La intervención ambiental se lleva a cabo mediante la integración de la declaración de impacto ambiental o el informe ambiental, con los valores límite de emisión asociados, controles y otros requerimientos ambientales, en la autorización del órgano competente por razón de la materia sustantiva, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley.

c) Licencia ambiental. Se someten a esta licencia las actividades incluidas en el anexo II. Estas actividades se subdividen en:

1) Actividades sometidas a licencia ambiental, con declaración de impacto ambiental. Estas actividades son las que el epígrafe correspondiente del anexo II determina específicamente que necesitan dicha declaración. El procedimiento aplicable a estas actividades es el que resulta del artículo 34, con el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental que determina el artículo 18.

2) Actividades sometidas a licencia ambiental y a un proceso de decisión previa sobre la necesidad de declaración de impacto ambiental. Estas actividades son las que el epígrafe correspondiente del anexo II determina específicamente que necesitan dicho proceso. El capítulo I del título III regula el procedimiento de intervención administrativa sobre estas actividades.

3) Actividades sometidas a licencia ambiental sin necesidad de someterse a ningún proceso de evaluación de impacto ambiental. El capítulo II del título III regula el procedimiento de intervención administrativa sobre estas actividades.

d) Régimen de comunicación. Son sometidas a este régimen las actividades del anexo III. El título cuarto contiene la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades.

En ningún caso las ordenanzas municipales pueden someter al régimen de licencia ambiental las actividades reguladas por la presente ley en el régimen de comunicación.

Los ayuntamientos pueden establecer que algunas actividades del anexo II sujetas al régimen de licencia ambiental, situadas en determinadas zonas urbanas y con una calificación urbanística determinada, se sometan al régimen de comunicación establecido en el título cuarto.

Asimismo no pueden someterse al régimen de comunicación las actividades siguientes:

1) Las actividades sometidas a la decisión previa de la Administración respecto a someterse o no a la evaluación de impacto ambiental.

2) Las actividades sujetas a informe preceptivo de los órganos ambientales competentes en materia de medio ambiente, en los casos determinados por los artículos 42 y 43.

e) Régimen de intervención ambiental de actividades temporales, móviles y de investigación establecido en el título quinto.

f) Régimen de intervención ambiental en actividades de competencia municipal sectorial. Estas actividades no están sometidas a la licencia o al régimen de comunicación ambiental, y la intervención ambiental se lleva a cabo integrando, en la resolución de la licencia sectorial de la actividad o en las condiciones establecidas para el régimen de comunicación, el informe ambiental correspondiente. Asimismo se determina un régimen de intervención ambiental para los proyectos de equipamientos y servicios de titularidad municipal. El título sexto recoge la regulación del procedimiento de intervención administrativa de estas actividades.

2. Si una misma persona o empresa solicita ejercer diversas actividades en un mismo centro o establecimiento sujetos a diferentes regímenes de intervención establecidos en la presente ley, la solicitud debe tramitarse y resolverse en una sola autorización o licencia ambientales, y debe aplicarse el régimen que corresponde a las actividades con grado de incidencia ambiental más elevado. No obstante, se exceptúan de esta regla las actividades que, pese a que se desarrollan conjuntamente en un mismo centro, incluye la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas. En este caso las solicitudes se tramitan y se resuelven de una manera independiente de conformidad con el régimen establecido por el artículo 56 del título sexto.


Se modifican las letras a), c) y d).2 del apartado 1 por el art. 24 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.

Artículo 8. Distribución de competencias sectoriales en materia ambiental.

1. Las competencias sectoriales en materia ambiental que corresponden a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalidad de Cataluña son las que determina la normativa específica de aplicación en cada materia.

2. Los ayuntamientos tienen una intervención preceptiva en cuanto a contaminación por ruidos, vibraciones, calor, olores, suministro de agua, vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado municipal y gestión de residuos municipales, a no ser que estas competencias sean delegadas expresamente a otros entes u organismos.

3. En caso de que el funcionamiento de una actividad de los anexos II y III tenga afecciones ambientales significativas sobre más de un municipio, en materias de competencia municipal, los ayuntamientos deben adoptar las medidas de colaboración y coordinación que consideren pertinentes así como pueden solicitar, si procede, la colaboración del departamento competente en materia de medio ambiente.

4. En el caso de que el funcionamiento de una actividad del anexo I tenga afecciones ambientales significativas en materias de competencia municipal, los ayuntamientos y el departamento competente en materia de medio ambiente ha de establecer, cuando sea procedente, formas de coordinación y colaboración en las actuaciones que lleven a cabo.


Se modifica el apartado 3 por el art. 170.2 de la Ley 2/2014, de 27 de enero. Ref. BOE-A-2014-2999.

Artículo 9. Valores límite de emisión y prescripciones técnicas de carácter general.

1. Los valores límite de emisión y las normas técnicas de carácter general que determina la legislación ambiental, para la prevención y la protección de la contaminación, son de aplicación a todas las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.

2. Para fijar el valor límite de emisión de una actividad determinada, es preciso tener en cuenta la normativa en vigor en el momento de la intervención administrativa y también, de forma motivada, los siguientes aspectos:

a) Las condiciones de calidad del medio ambiente potencialmente afectado.

b) Las mejores técnicas disponibles, en cuanto a las actividades del anexo I.1.

c) Las características de las actividades afectadas.

d) Las transferencias de contaminación de un medio a otro.

e) Las sustancias contaminantes.

f) Las condiciones climáticas generales y los episodios microclimáticos.

g) Los planes que, si procede, se hayan aprobado para cumplir compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales suscritos por el Estado español o por la Unión Europea.

h) La incidencia de las emisiones en el medio y en las personas.

3. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas pueden establecerse también en un acuerdo voluntario suscrito entre la Administración competente y la persona o empresa titulares de una actividad o un sector industrial determinado.

4. La medida de alejamiento de las actividades respecto a núcleos de población solo se establece cuando lo determina la normativa sectorial de aplicación o, excepcionalmente, cuando no pueden aplicarse medidas o condiciones técnicas que eviten las afecciones al entorno, sin perjuicio de lo que dispone la normativa urbanística.


Se modifican el párrafo primero, la letra b) y se deroga la letra i) del apartado 2 por el art. 25 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.

Artículo 10. Información ambiental.

1. El departamento competente en materia de medio ambiente debe designar la unidad responsable de información ambiental encargada de gestionar la base de datos de actividades ambientales y de satisfacer el derecho de la ciudadanía al acceso a esta información.

2. El órgano ambiental competente debe disponer de información suficiente sobre:

a) La calidad de los recursos naturales y las condiciones del medio ambiente en el ámbito territorial de Cataluña.

b) Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente y, especialmente, sobre los niveles máximos de inmisión fijados legalmente.

c) Las fuentes de emisión de contaminantes, con la expresión del contenido de las resoluciones de la autorización y la licencia ambientales.

d) Los niveles de emisión y las demás prescripciones técnicas establecidas, a todos los efectos, y las mejores técnicas disponibles que han servido de base para establecerlos.

3. La información indicada en el artículo 10.2 constituye, junto con la información que ha de aportar la persona o empresa titular, la referencia para los estudios de impacto ambiental y para la evaluación ambiental de las actividades. Esta información es pública y se recoge en una base de datos ambientales, establecida con la participación de los entes locales, que han de tener libre acceso a la misma para ejercer sus competencias.

4. A los efectos de lo que establece el artículo 10.3, y para garantizar el acceso a la información ambiental, el órgano competente debe crear bases de datos de la información ambiental disponible, con indicaciones claras sobre el lugar donde puede encontrarse esta información, y adoptar las medidas necesarias para difundirlas y ponerlas a disposición de la ciudadanía, sirviéndose de medios telemáticos.

Artículo 11. Uso de medios técnicos.

1. Las relaciones interadministrativas, y las de la ciudadanía con las administraciones ambientales, deben llevarse a cabo con técnicas y medios telemáticos, respetando las garantías y los requisitos dictados por las normas de procedimiento administrativo.

2. El Gobierno debe establecer reglamentariamente los sistemas de gestión y comunicación necesarios para hacer efectivo el uso de los medios técnicos y remover los obstáculos formales y materiales que impiden o dificultan su implantación. Con este objetivo, y previa consulta y consenso con las entidades municipalistas, se impulsará la normalización de los formatos y los soportes informáticos.

TÍTULO II

CAPÍTULO I
Régimen de autorización ambiental