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LEY 5/2002, DE 3 DE JUNIO, SOBRE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

BOE 170 de 17/07/2002

Redacción publicada el 14/06/2002


  • TÍTULO I. Disposiciones generales
  • TÍTULO II. Régimen de los vertidos de aguas residuales industriales
    • CAPÍTULO I. Vertidos y su autorización
    • CAPÍTULO II. Tratamiento previo de los vertidos
    • CAPÍTULO III. Actuaciones en caso de emergencia o peligro
  • TÍTULO III. Autocontrol, muestreo y análisis de vertidos
    • CAPÍTULO I. Autocontrol e información a la administración
    • CAPÍTULO II. Inspección de vertidos
    • CAPÍTULO III. Muestreo, conservación de las muestras y su análisis
  • TÍTULO IV. Régimen sancionador
    • CAPÍTULO I. Infracciones y sanciones
    • CAPÍTULO II. Procedimiento sancionador
  • Disposiciones Transitorias
  • Disposiciones Finales
  • Versión 14/06/2002
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley sobre vertidos de aguas residuales industriales.

PREÁMBULO

El artículo 45 de la Constitución contiene un mandato dirigido a los poderes públicos imponiéndoles el deber genérico de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, configurando como derecho de todos el disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal y, a la par, como carga u obligación, el deber de conservarlo.

A su vez, el Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de Asturias, en su artículo 11.5, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente, objetivo último de este texto legal.

La Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas, regula los aspectos esenciales de las funciones que en materia de abastecimiento y saneamiento corresponden al Principado de Asturias y a los concejos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma para una actuación planificada y coordinada. Asimismo, dicha Ley crea y regula un canon de saneamiento, como tributo de la Hacienda del Principado de Asturias, afectado fundamentalmente a la financiación de gastos de gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de las aguas residuales.

En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, incorporando al ordenamiento interno la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, modificada por la Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, se ha hecho y se continúa haciendo un importante esfuerzo inversor por las diferentes administraciones públicas implicadas, con el fin de dotar al territorio de la Comunidad Autónoma de las instalaciones de depuración precisas para el cumplimiento de las determinaciones establecidas en las citadas normas. Y, en este sentido, a fin de evitar que tal esfuerzo resulte baldío o con resultados insuficientes, se hace preciso, como complemento de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, antes citada, regular los vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones que los integran y, en particular, el de las estaciones depuradoras de aguas residuales, puesto que los vertidos hechos fuera de parámetros aceptables afectan no sólo a las redes de alcantarillado y de colectores, sino también y principalmente a las propias depuradoras, sean éstas o no biológicas.

Con ello se pretende, además, el logro de otros objetivos no menos importantes, como los de protección del personal de explotación ante compuestos tóxicos o peligrosos y los de favorecer la posible utilización de los lodos de depuración, eliminando de los mismos metales pesados y compuestos afines.

Por otra parte, correspondiendo a los concejos, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el ejercicio de competencias en las materias, entre otras, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la regulación que se establece en la presente Ley con relación a los sistemas de depuración tendrá la consideración de condicionado mínimo a tener en cuenta por los respectivos Ayuntamientos a la hora de autorizar, en el ámbito de su competencia, los enganches y vertidos a sus propias redes de alcantarillado y de colectores, sin perjuicio de que tal condicionado sea ampliado cuando regulen la prestación de los respectivos servicios mediante el correspondiente reglamento u ordenanza municipal.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Es objeto de la presente Ley regular los vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento en el ámbito territorial del Principado de Asturias, con el fin de proteger las instalaciones que integran dichos sistemas, optimizar el funcionamiento de las mismas y conseguir la preservación del medio ambiente, y en particular para:

a) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento.

b) Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos instalados en ellas no se deterioren.

c) Asegurar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

d) Conseguir que los efluentes de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y contribuyan a que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad determinados en la normativa vigente.

e) Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad de forma aceptable desde la perspectiva medioambiental.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ley, se entiende por:

Administración competente: Entidad u organismo público, autonómico o local, que por disposición legal tenga atribuida la competencia para la prestación de servicios de saneamiento o para la autorización de vertidos, sin perjuicio de lo que para la Administración del Estado establezca la legislación aplicable.

Aguas residuales industriales: Las procedentes de los procesos propios de la actividad en instalaciones comerciales o industriales con presencia de sustancias disueltas o en suspensión.

Pretratamiento de vertidos: operaciones de depuración para reducir o neutralizar de forma parcial, en cantidad o calidad, la carga contaminante de las aguas residuales industriales antes de su vertido a los sistemas públicos de saneamiento.

Servicio de alcantarillado: servicio de competencia municipal que, dentro del servicio genérico de saneamiento, comprende las funciones de recogida de aguas residuales a través de la red de alcantarillado y su evacuación a los colectores generales o a un punto autorizado de vertido.

Colector: Conducto que recoge y transporta las aguas residuales desde las redes de alcantarillado hasta las estaciones depuradoras de aguas residuales.

Estación depuradora de aguas residuales: Unidad compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos que, utilizando métodos físicos, físico-químicos, biológicos u otros similares, realicen el tratamiento de las aguas residuales con el objetivo de reducir o eliminar las materias o productos contaminantes, disueltos o en suspensión en las mismas.

Servicio de depuración: Servicio de competencia autonómica o municipal que, dentro del servicio genérico de saneamiento, comprende las funciones de transporte de aguas residuales a través de colectores generales, la depuración de éstas mediante las instalaciones idóneas y su vertido final al medio natural.

Sistema público de saneamiento: Conjunto de infraestructuras de titularidad pública que comprende alguna de las instalaciones siguientes: red de alcantarillado, colectores, estaciones depuradoras de aguas residuales y emisarios, cuya función sea recoger, transportar y depurar aguas residuales para devolverlas al medio natural en condiciones que permitan preservar el adecuado mantenimiento del mismo.

TÍTULO II
Régimen de los vertidos de aguas residuales industriales

CAPÍTULO I
Vertidos y su autorización

Artículo 3. Solicitud de autorización de vertido.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta Ley, los titulares de actividades industriales o comerciales cuyas instalaciones estén comprendidas en alguno de los supuestos que reglamentariamente se establezcan y que pretendan utilizar los sistemas públicos de saneamiento para el vertido de aguas residuales están obligados a solicitar la correspondiente autorización.

Artículo 4. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de autorización deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, o razón social, del titular del vertido y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Proyecto técnico que incluya la identificación y descripción de las instalaciones que vayan a realizar el vertido y de los procesos de fabricación realizados en las mismas, la localización del punto de vertido y del medio receptor y la descripción de las características cualitativas y cuantitativas de los vertidos.

c) Las actuaciones y medidas previstas para su puesta en práctica en los casos de emergencia o peligro.

2. A la solicitud se habrá de acompañar la documentación acreditativa de los datos consignados en la misma. La Administración competente podrá, motivadamente, requerir del solicitante la información complementaria que considere necesaria para el otorgamiento de la autorización.

Artículo 5. Autorización de vertido.

1. La autorización de vertido, salvo lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, se tramitará y se resolverá junto con la licencia municipal regulada en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y en ella se hará constar expresamente el contenido señalado en el artículo 8 de esta Ley.

2. Cuando el vertido se realice a redes de alcantarillado y sea transportado a colectores o instalaciones de depuración de competencia de la Comunidad Autónoma, será necesario, para el otorgamiento de la licencia municipal, informe preceptivo y vinculante de la Administración del Principado de Asturias, a la que obligatoriamente se habrá de comunicar el otorgamiento, en su caso, de la licencia. Dicho informe será emitido en el trámite de calificación de la actividad a que se refiere el Reglamento antes citado.

3. Si el vertido se realiza directamente a colectores o instalaciones de depuración competencia de la Comunidad Autónoma, una vez recibido el expediente municipal, la Administración del Principado de Asturias entenderá la tramitación de la autorización de vertido directamente con el interesado. A estos efectos, el Ayuntamiento deberá remitir el expediente en el plazo de cuatro meses, disponiendo la Administración del Principado de Asturias de otros seis para resolver, a contar desde la entrada del expediente en dicha Administración.

4. La autorización se otorgará atendiendo a los siguientes criterios: las características del efluente líquido que se solicita verter, la capacidad y el grado de utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, y la calidad requerida para el vertido final a las aguas receptoras.

Artículo 6. Vertidos autorizables.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de esta Ley, serán autorizables los vertidos en que los valores instantáneos de los parámetros de contaminación no excedan de los que reglamentariamente se dispongan, siempre y cuando las instalaciones de saneamiento y depuración tengan capacidad para admitir el caudal y la carga contaminante de los mismos.

Artículo 7. Prohibición de otros vertidos.

1. En ningún caso podrán ser utilizadas las instalaciones que integran los sistemas públicos de saneamiento para verter directa o indirectamente a las mismas:

a) Residuos, entendiendo como tales los definidos en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

b) Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear.

c) Los gases o vapores que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, para provocar ignición o explosiones.

d) Sustancias que sean o produzcan gases nocivos en la atmósfera del sistema público de saneamiento.

2. Se prohíbe igualmente:

a) El uso de agua de dilución en los vertidos para conseguir niveles de concentración que permitan su evacuación a los sistemas de saneamiento, salvo en las situaciones de emergencia o peligro, cuando su utilización resulte necesaria para mitigar los efectos nocivos del accidente producido.

b) El vertido de aguas limpias o de aguas industriales no contaminadas de refrigeración, de escorrentía, pluviales o análogas, cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce público.

Artículo 8. Contenido y vigencia de la autorización.

1. La autorización de vertido deberá contener los siguientes extremos:

a) Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes físico-químicos de las aguas residuales vertidas.

b) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.

c) Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que sea necesario, de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el desarrollo reglamentario de esta Ley.

d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido, a cuyo efecto cada instalación industrial deberá llevar un libro de registro en el que se anoten las características e incidencias de aquellos.

e) Plazos de ejecución de las instalaciones de depuración.

f) Actuaciones y medidas que, en casos de emergencia o peligro, deban ser puestas en práctica por el titular de la autorización.

g) Las demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente Ley.

h) El canon que resulte de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas.

2. El plazo de vigencia de la autorización de vertido será de cinco años, como máximo, transcurridos los cuales se procederá a la revisión de la misma, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Artículo 9. Modificación o suspensión de la autorización.

1. Cuando el titular de la instalación industrial pretenda efectuar algún cambio en la composición del vertido que rebase los límites contenidos en la autorización que tenga otorgada, deberá formular la correspondiente solicitud ante la Administración competente haciendo constar los datos descriptivos del nuevo vertido a realizar. En caso de afectar a instalaciones de depuración de titularidad de la Administración del Principado de Asturias, la solicitud habrá de ser sometida a informe preceptivo y vinculante de la misma.

2. A su vez, cuando se alteren las circunstancias que hayan motivado el otorgamiento de una autorización o sobrevengan otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento de la misma en condiciones distintas, la Administración competente podrá modificar las condiciones de la autorización de vertido o, en su caso, suspenderla temporalmente hasta que se normalicen dichas circunstancias. El titular de la instalación industrial habrá de ser informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones a efectuar con el fin de que disponga de tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.

Artículo 10. Censo de autorizaciones.

Las administraciones competentes tendrán la obligación de formar y mantener un censo actualizado de las autorizaciones de vertido otorgadas, debiendo remitir a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias copia del mismo, así como de las modificaciones que anualmente se produzcan.

CAPÍTULO II
Tratamiento previo de los vertidos