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LEY 6/2009, DE 28 DE ABRIL, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.

Comunidad Autónoma de Cataluña

BOE 123 de 21/05/2009

Redacción publicada el 29/02/2012


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  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
  • CAPÍTULO II. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental
  • CAPÍTULO III. Competencias
  • CAPÍTULO IV. Procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas
  • CAPÍTULO V. Seguimiento y supervisión ambientales de los efectos de los planes y programas
  • Disposición adicional cuarta. Falta de coincidencia entre el órgano promotor y el órgano responsable de la tramitación
  • Disposiciones Finales
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.

PREÁMBULO

Cataluña goza desde el año 1988 de una normativa propia y de una consolidada experiencia en materia de evaluación ambiental de proyectos. Ello le ha permitido proveerse de reflexión, conocimientos y alternativas y garantizar, asimismo, la participación ciudadana para que las consideraciones ambientales puedan llegar a la administración con competencia decisoria antes de la aprobación de los proyectos con relevancia ambiental, o sea, en el momento adecuado procedimentalmente en que las opciones todavía están abiertas. Sin embargo, durante estos años de experiencia evaluadora en un entorno normativo europeo y estatal progresivamente cambiante, siempre se ha tenido presente que la evaluación ambiental, por coherencia, no tenía que limitarse al análisis ambiental de los proyectos singulares mencionados en los anexos de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y en sus normas de incorporación, sino que debían incluir también otros ámbitos y aspectos que le darían más sentido, entre éstos, escalones superiores como los estadios de intervención pública en que se evidencia que se adoptan opciones realmente trascendentes, con indudable incidencia ambiental. Quedaba pendiente, pues, articular la forma y alcance en que sería necesario evaluar ambientalmente los planes y programas aprobados desde Cataluña, y establecer una evaluación ambiental más ambiciosa y coherente, implicando a los poderes públicos y la ciudadanía. Una evaluación que debe hacer un paso más hacia lo que en un futuro incluirá también, inevitablemente, el último escalón de la incidencia ambiental: la elaboración y aplicación de las políticas públicas y las normas aprobadas desde Cataluña. Sobre estas bases se mueve el Estatuto de autonomía de 2006.

Este trayecto, en el que se va avanzando día tras día, acerca Cataluña a otros modelos jurídicos comparados que han incorporado la evaluación ambiental de planes y programas como una herramienta cotidiana en las actuaciones públicas, como por ejemplo los Estados Unidos de América –desde el nacimiento de esta técnica con la National Environmental Policy Act, de 1969– y, en lo que concierne al ámbito más próximo, otros estados y regiones europeos que han avanzado en la plasmación y la aplicación de este instrumento preventivo y participativo. Desde la perspectiva de la Unión Europea, este proceso de formalización jurídica de las evaluaciones ambientales de planes y programas ha cristalizado en la aprobación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, norma que se ha incorporado recientemente al ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley del Estado 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

En los últimos años, se ha evidenciado que Cataluña necesita una norma que regule la evaluación ambiental de sus planes y programas, una norma que complete y mejore las iniciativas normativas que empujan en una dirección idéntica. La presente ley, pues, quiere ofrecer el marco normativo adecuado que debe hacer posible en Cataluña la evaluación de los planes y programas con incidencia ambiental aprobados por la Administración o el Gobierno, por los entes locales y por el Parlamento. Pero el modelo de evaluación ambiental que diseña esta ley para Cataluña integra también singularidades propias, o sea, las que se consideran que han de mejorar la aplicación adecuándola al entorno organizativo, político y ambiental que nos es característico. Se trata de singularidades que la Ley ha querido establecer partiendo del respeto a la normativa comunitaria y estatal que se acaba de mencionar, pero que suponen también realizar un paso adelante, adoptando un compromiso propio hacia una evaluación en la que queden reflejadas las experiencias adquiridas en estos años, y estableciendo, asimismo, las bases para que el nuevo instrumento pueda ser realmente efectivo. El objetivo final que se persigue va, por lo tanto, más allá del cumplimiento formal de instauración de la técnica evaluadora en el procedimiento de elaboración de planes y programas.

Antes de describir la estructura que adopta internamente el texto de la Ley y los retos que muy probablemente acompañarán el día a día de su aplicación, es pertinente resumir sus puntos más destacables.

En este sentido, la Ley regula la evaluación ambiental de planes y programas y establece una intervención constante y desde los estadios más iniciales de todos los actores públicos y privados que intervienen en la elaboración y aprobación de los planes y programas. Así, en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas se parte del principio de responsabilidad compartida, que se pretende ejercer, y, coherentemente, se va mucho más allá del modelo tradicional en cuanto a los procedimientos de evaluación ambientales, que se sabe que recaía casi invariablemente en la responsabilidad exclusiva de los órganos ambientales.

No se traslada, pues, a las evaluaciones ambientales de planes y programas el modelo clásico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Muy al contrario, esta ley promueve la colaboración estrecha entre el promotor, el órgano competente por razón de la materia y el órgano ambiental. Asimismo, garantiza un papel activo del promotor no únicamente en lo que concierne a la elaboración de los planes y programas y su seguimiento ambiental –aspectos tal vez más previsibles–, sino también en las demás fases del procedimiento de evaluación ambiental. De este modo, la Ley establece que, incluso en los casos en que la competencia para ejercer una función determinada o para adoptar una decisión corresponda al órgano ambiental, el promotor siempre puede aportar propuestas y sugerencias que faciliten la decisión que debe adoptar el órgano ambiental. El que los promotores dispongan de conocimientos sectoriales indudables sobre las materias que se planifican y programan, así como el que los planes y programas que incluye la norma tengan una duración previsiblemente mayor que la de los proyectos o actividades, está claro que facilitan las sinergias entre ambos, unas sinergias que se ha considerado oportuno aprovechar.

Cabe destacar también otros puntos de interés de la norma. En primer lugar, la voluntad de facilitar la integración de las distintas fases del procedimiento de evaluación ambiental en el procedimiento sustantivo de elaboración, aprobación y seguimiento de planes y programas. En segundo lugar, y conectado con el punto anterior, es preciso resaltar también los aspectos característicos de concentración de actuaciones y de simplificación de procedimiento, unos objetivos que había que alcanzar y plasmar en la norma para que el procedimiento evaluador no dilatara inadecuadamente los procedimientos de elaboración y aprobación de planes y programas. El esfuerzo en este sentido ha sido especialmente evidente en los casos en que nos hallemos ante planes y programas que necesiten una decisión previa, para los que, desde la norma, se establece que se aprovechen y no se dupliquen trámites si posteriormente resulta obligatorio seguir una evaluación ambiental. Finalmente, la Ley otorga una gran relevancia al seguimiento posterior a la aprobación del plan o programa, así como a la preparación de un modelo organizativo adecuado y de disponibilidad permanente de datos para los ciudadanos interesados.

La Ley se estructura en cinco capítulos y tres anexos, a los que es preciso añadir nueve disposiciones adicionales y tres finales.

El capítulo I, de disposiciones generales, determina el objeto de la Ley, define los principales conceptos que se utilizan y los principios rectores, con una consideración especial a la compatibilización de las necesidades del presente con el equilibrio de las futuras generaciones, para constituir una herramienta que pueda contribuir al desarrollo sostenible.

El capítulo II se ocupa de regular, completado por los anexos 1 y 2 de la Ley, uno de los aspectos clave: la determinación del ámbito de aplicación de la evaluación ambiental. En este sentido, la Ley amplía las exigencias de la Ley del Estado 9/2006 e incluye, no sólo los planes y programas de iniciativa pública, sino también los planes y los programas de promoción privada que tengan que ser adoptados o aprobados por la Administración pública o mediante una ley.

En cuanto a los planes y programas de sometimiento obligatorio, el artículo 5, en relación con el anexo 1 de la Ley, incluye tanto los planes y programas cuya evaluación es exigible de acuerdo con el derecho comunitario y la legislación estatal básica como una serie de planes y programas en sectores adicionales cuya evaluación no se infiere tan claramente de dichas normas, pero que se incluyen en ejercicio de la competencia sobre medidas adicionales de protección. En cuanto a los planes y programas cuyo sometimiento debe decidirse mediante un análisis caso por caso a través de decisión previa, una especificación de los mismos o una combinación de los dos criterios, la Ley adopta la opción de someterlos a decisión previa, con la aplicación de los criterios que establece el anexo 2 y siguiendo el procedimiento que establecen los artículos 15 y 16.

El capítulo III delimita las competencias de los distintos órganos y actores que actúan en el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y constituye una de las contribuciones más características de la Ley dentro del panorama comparado de la regulación de la evaluación ambiental de planes y programas. En la línea de la legislación estatal básica, la Ley parte de la separación entre promotor, órgano ambiental y órgano competente por razón de la materia. De este modo, el artículo 11 de la Ley establece las funciones y competencias del promotor, entre las que destaca singularmente la de elaborar la memoria ambiental de acuerdo con el sistema establecido por los artículos 24, 25 y 26. El artículo 12 define las competencias del órgano ambiental. Finalmente, el artículo 13 se ocupa de regular el Banco de datos de evaluación ambiental, que pretende, entre otras cosas, facilitar y asegurar el acceso del público a los documentos y a la información relacionada con la evaluación ambiental de planes y programas.

El capítulo IV, completado por el anexo 3, desarrolla el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas: comienza por la regulación del procedimiento relativo a la decisión previa, cuando sea preciso, continúa por la fase de determinación del alcance y el grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental y posteriormente se refiere a aspectos esenciales del contenido y la forma del informe de sostenibilidad ambiental, al trámite de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas, al público interesado y, si procede, a entes de fuera de Cataluña, y a la elaboración de la memoria ambiental. Dicho capítulo fija, finalmente, cuáles son las exigencias relativas a la publicidad de los planes y programas aprobados.

El capítulo V contiene las disposiciones relativas al seguimiento ambiental de planes y programas. En este sentido, asigna la responsabilidad del seguimiento al promotor, un seguimiento que podrá realizar mediante el órgano específico que determine la legislación sectorial, mediante un director o directora ambiental del plan o programa, o, eventualmente, mediante una comisión mixta interadministrativa. El órgano ambiental participa en las tareas de supervisión. Se dispone también la posibilidad de aprovechar los mecanismos y órganos de seguimiento que establece la normativa sectorial.

Sin embargo, con la aprobación y la publicación de la presente ley no se habrá hecho efectiva la evaluación ambiental de los planes y programas de Cataluña. Son muchos los retos inherentes a esta norma y a su futura aplicación. El gran reto es la integración efectiva de la evaluación ambiental en la gestación y en la aplicación y el seguimiento del plan o programa evitando que constituya un trámite más que pueda duplicar esfuerzos y adicionalmente malgastar tiempo. Éste es un aspecto primordial, ya que conseguir que la técnica de evaluación ambiental de planes y programas sea implementada de modo eficaz influirá directamente en otros planes y programas e incidirá directamente en la evaluación ambiental posterior que se lleve a cabo de proyectos y actividades.

Pero, además de este reto, hallamos otros muchos adicionales. Así, para facilitar la tarea de aplicación normativa, ahora y después, la norma necesitará un desarrollo reglamentario de los aspectos que se consideren pertinentes. Habrá que profundizar también, desde la gestación de los planes y programas, en la cultura de la transversalidad en las relaciones interadministrativas y garantizar la ayuda y potenciar el uso de la tarea cotidiana de apoyo que lleva a cabo la Administración ambiental. En este sentido, el órgano ambiental también deberá adaptarse y poder disponer de una organización administrativa que haga posible que Cataluña lleve a cabo una evaluación ambiental de calidad.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto garantizar la integración de los valores y criterios ambientales en la preparación, aprobación y seguimiento de los planes y programas que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente y que aprueba la Administración de la Generalidad, la Administración local o el Parlamento, mediante la evaluación ambiental de dichos planes y programas.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Evaluación ambiental: el proceso de integración de las consideraciones ambientales en la preparación, aprobación y seguimiento de los planes y programas que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente. La evaluación ambiental incluye la preparación de un informe de sostenibilidad ambiental del plan o programa, la realización de consultas y el trámite de participación pública, la consideración de estos aspectos en la memoria ambiental que se adopte y el seguimiento posterior de los efectos de la ejecución del plan o programa sobre el medio ambiente.

b) Plan o programa: el conjunto de documentos elaborados por las administraciones públicas que, independientemente de la denominación concreta que tengan, son el marco para decisiones de autorización ulteriores, fijan finalidades y objetivos, establecen prioridades para la actuación pública y armonizan y compatibilizan decisiones con la protección del medio ambiente, sin que sean ejecutables directamente. Son también planes o programas, a efectos de la presente ley, los de promoción privada que aprueba una administración pública.

c) Promotor: la persona física o jurídica, pública o privada, que presenta a trámite los planes o programas objeto de la presente ley, o el órgano de la Administración pública que inicia de oficio el procedimiento para la tramitación y aprobación de estos planes y programas y, en consecuencia, que debe integrar los aspectos ambientales en el contenido del plan o programa mediante un proceso de evaluación ambiental.

d) Órgano competente por razón de la materia: el órgano competente para la aprobación con carácter definitivo o como paso previo al envío al Parlamento de los planes o programas a que se refiere la presente ley.

e) Órgano ambiental: el órgano de la Generalidad que, en colaboración con el promotor, vela por la integración de los aspectos ambientales en la elaboración de planes y programas.

f) Informe de sostenibilidad ambiental: el informe elaborado por el promotor, que incluye la información que exigen el artículo 21 y el anexo 3 y que integra el plan o programa sometido a evaluación ambiental.

g) Decisión previa de evaluación ambiental: la decisión del órgano ambiental que determina si un plan o programa de los que establece el artículo 8 tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en consecuencia, si es preciso realizar su evaluación ambiental.

h) Memoria ambiental: el documento elaborado de acuerdo con el procedimiento que establecen los artículos 24, 25, 26 y 27 y que valora cómo se ha realizado la integración de los aspectos ambientales durante el procedimiento de evaluación ambiental del plan o programa, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, y el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración. Contiene, asimismo, una previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y las determinaciones finales que es preciso incorporar en el plan o programa.

i) Zonas de ámbito territorial reducido: el ámbito territorial en el que, por las escasas dimensiones, el nivel de protección del medio ambiente y la integración de las consideraciones ambientales pueden conseguirse, de modo análogo, tanto mediante la aplicación de la evaluación ambiental de un plan o programa como mediante la aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se desarrollen.

j) Alternativa cero: la alternativa que consiste en no realizar el plan o programa.

k) Público: las personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones, las organizaciones o los grupos constituidos de acuerdo con la normativa que les es aplicable.

l) Público interesado: la persona física o jurídica en la que se da cualquier circunstancia de las que establece el artículo 31 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. También se entiende por público interesado la persona jurídica sin ánimo de lucro que tiene como finalidades acreditadas en los estatutos, entre otras, la protección del medio ambiente en general o la de algunos de sus elementos en particular y estas finalidades pueden quedar afectadas por el plan o programa de que se trate, que hace dos años que está constituida legalmente y ejerce de forma activa las actividades necesarias para alcanzar las finalidades que establecen sus estatutos.

m) Administraciones públicas afectadas: administraciones públicas con competencias específicas en biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, ordenación del territorio y urbanismo.

n) Documento de referencia: el documento que determina el contenido de la información que es preciso tener en cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental, con la amplitud y el nivel de detalle necesarios, que deben establecerse en función del tipo y la escala del plan o programa sujeto a evaluación, para evitar la exigencia de determinaciones propias de otros instrumentos de mayor o menor amplitud o detalle. Asimismo, el documento de referencia establece los principios de sostenibilidad, los objetivos ambientales, los criterios y los indicadores que es preciso aplicar en la elaboración, la modificación y la evaluación del plan o programa.

Artículo 3. Principios rectores de la evaluación ambiental.

La evaluación ambiental de planes y programas pretende alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente y se rige por los siguientes principios:

a) La incorporación de criterios ambientales adecuados a los distintos niveles del planeamiento.

b) La racionalidad, la eficacia y la eficiencia, teniendo en cuenta los costes ambientales.

c) La compatibilización de los requerimientos del presente con las necesidades de las futuras generaciones.

Artículo 4. Principios que deben regir la actuación pública.

1. La planificación y la programación territoriales, sectoriales y urbanísticas de Cataluña deben elaborarse y aplicarse con criterios de sostenibilidad.

2. El ejercicio de las funciones reguladas por esta ley se rige por el principio de corresponsabilidad de las distintas administraciones públicas implicadas en la aplicación de la Ley, así como por la participación efectiva de la ciudadanía y los grupos interesados.

3. Las administraciones públicas deben colaborar entre ellas de acuerdo con el principio de la lealtad institucional.

CAPÍTULO II
Planes y programas sometidos a evaluación ambiental

Artículo 5. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental.

1. Deben someterse a evaluación ambiental:

a) Los planes y programas relacionados en el anexo 1.

b) Los planes y programas que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 6.

c) Las modificaciones de planes y programas a que se refieren las letras a) y b) en los casos y con las condiciones que especifica el artículo 7.

d) Los planes y programas a que se refiere el artículo 8 si así se resuelve en la decisión previa de evaluación ambiental.

2. El Gobierno puede decidir someter también a las obligaciones de esta ley planes o programas, o modificaciones, no incluidos en el apartado 1 si motiva que concurren circunstancias extraordinarias que pueden suponer un riesgo ambiental o repercusiones significativas para el medio ambiente.

Artículo 6. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental con determinados requisitos.

1. Los planes y programas que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente quedan sometidos a evaluación ambiental si son exigidos por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Gobierno.

2. Se entiende que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente los planes y programas que establecen el marco para la autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, en los siguientes supuestos:

a) Los instrumentos de planeamiento territorial.

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico.

c) Los planes y programas relativos a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la acuicultura, la energía, la industria, el transporte y la movilidad, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público maritimoterrestre, la minería, las telecomunicaciones, el turismo, los equipamientos comerciales, los espacios naturales y la biodiversidad.

d) Los planes y programas de prevención de riesgos con una potencial incidencia ambiental significativa.

e) Los planes y programas que pueden tener efectos apreciables en alguna de las zonas protegidas mediante la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, o en otros espacios del plan de espacios de interés natural.

Artículo 7. Modificaciones de planes y programas sometidos a evaluación ambiental.

1. Deben someterse a evaluación ambiental las siguientes modificaciones de planes y programas:

a) Las modificaciones de los planes y programas a que se refieren el artículo 6 y el anexo 1 que constituyan modificaciones sustanciales de las estrategias, directrices y propuestas o de la cronología de los planes y programas, siempre y cuando produzcan diferencias apreciables en las características de los efectos previstos sobre el medio ambiente.

b) Las modificaciones que establezcan el marco para la autorización en un futuro de proyectos y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental.

c) Las modificaciones del planeamiento urbanístico general que alteren la clasificación de suelo no urbanizable o que alteren su calificación; en este último caso, si las nuevas calificaciones comportan la admisión de nuevos usos o de más intensidades de uso respecto a la ordenación que se modifica.

d) Las demás modificaciones de los planes de ordenación urbanística municipal que constituyan modificaciones sustanciales de las estrategias, directrices y propuestas o de la cronología del plan que produzcan diferencias apreciables en las características de los efectos previstos sobre el medio ambiente, salvo las que afectan únicamente al suelo urbano.

e) Las modificaciones que puedan comportar repercusiones sobre el medio ambiente que no hayan sido evaluadas anteriormente, salvo las modificaciones del planeamiento urbanístico.

2. Las modificaciones a que se refieren las letras c) y d) del apartado 1 no están sujetas a evaluación ambiental si, por las características que tienen y la poca entidad, se constata, sin necesidad de estudios u otros trabajos adicionales, que no pueden producir efectos significativos en el medio ambiente. A tales efectos, el promotor debe presentar una solicitud al órgano ambiental, en la fase preliminar de la elaboración del plan o programa, para que éste, mediante resolución motivada, declare la no-sujeción del plan o programa a evaluación ambiental. El plazo para adoptar y notificar la resolución es de un mes desde la presentación de la solicitud. Si el órgano ambiental no notifica la resolución de exención de evaluación en dicho plazo, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.

Artículo 8. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental en función de una decisión previa de evaluación ambiental.

1. Deben someterse a evaluación ambiental, si así se resuelve en la decisión previa de evaluación ambiental, los siguientes planes y programas:

a) Los planes y programas a que se refiere el artículo 6 que establezcan el uso de zonas de ámbito territorial reducido.

b) Los planes y programas no incluidos en el artículo 6 que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental.

c) Los planes directores urbanísticos.

d) Los planes parciales urbanísticos que desarrollen planeamiento urbanístico general que no ha sido objeto de evaluación ambiental.

e) Las modificaciones de los planes a que se refieren las letras a), b), c) y d) que supongan una modificación sustancial de las estrategias, directrices y propuestas o de la cronología del plan que produzcan diferencias apreciables en las características de los efectos previstos sobre el medio ambiente.

f) Los planes de instalaciones y equipamientos deportivos.

g) Cualquier otro plan o programa cuyo promotor solicite someterlos a evaluación ambiental atendiendo a las circunstancias especiales de riesgo ambiental o repercusiones para el medio.

2. Las modificaciones de los planes a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 si, por las características y la poca entidad, se constata, sin necesidad de estudios u otros trabajos adicionales, que no pueden producir efectos significativos en el medio ambiente no están sujetas a evaluación ambiental. A tales efectos, el promotor debe presentar una solicitud al órgano ambiental, en la fase preliminar de la elaboración del plan o programa, para que éste, mediante resolución motivada, declare la no-sujeción del plan o programa al proceso de decisión previa y, en consecuencia, al proceso de evaluación ambiental. El plazo para adoptar y notificar la resolución es de un mes desde la presentación de la solicitud. En el caso de que el órgano ambiental no dicte la resolución de declaración de no-sujeción en dicho plazo, la solicitud se entiende que está desestimada.

Artículo 9. Planes y programas excluidos de evaluación ambiental.

No están sujetos a evaluación ambiental los siguientes planes y programas:

a) Los planes y programas que tienen como único objeto la protección civil en supuestos de emergencia, excepto los que establece el artículo 6.2.d), que sí deben someterse a evaluación ambiental.

b) Los planes y programas financieros o presupuestarios.

CAPÍTULO III
Competencias

Artículo 10. Agentes que intervienen en la evaluación ambiental de planes y programas.

En la evaluación ambiental de planes y programas intervienen el promotor, el órgano competente por razón de la materia y el órgano ambiental. En el caso de planes o programas de promoción privada interviene también el órgano responsable de la tramitación del procedimiento de elaboración y aprobación del plan o programa. Se garantiza la participación en la evaluación ambiental de planes y programas de las administraciones públicas afectadas y la participación pública.

Artículo 11. Promotor.

1. El promotor, en el ámbito de cualquier procedimiento de evaluación ambiental de planes o programas, tiene las siguientes funciones:

a) Elaborar el informe de sostenibilidad ambiental preliminar del plan o programa.

b) Elaborar el informe de sostenibilidad ambiental del plan o programa.

c) Realizar el proceso de consultas e información pública con relación al informe de sostenibilidad ambiental del plan o programa y cumplir las funciones relativas al procedimiento de consultas transfronterizas que determina la presente ley.

d) Elaborar la memoria ambiental e incorporar sus determinaciones finales a la propuesta de plan o programa.

e) Realizar las tareas de seguimiento ambiental del plan o programa que le corresponden.

2. El promotor, en el caso de los planes y programas a que se refiere el artículo 8, debe presentar al órgano ambiental la documentación suficiente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 15, para que emita la decisión previa de evaluación ambiental.

3. Si el promotor es una persona física o jurídica privada, las funciones que establece la letra c) del apartado 1 son realizadas por el órgano responsable de la tramitación del procedimiento para la aprobación del plan o programa.