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LEY 9/1990, DE 20 DE JUNIO, DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS A LOS CONSEJOS INSULARES EN MATERIA DE URBANISMO Y HABITABILIDAD.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

BOE 193 de 13/08/1990

Redacción publicada el 29/12/2017


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, se completó el marco regulador de estos Entes, que a pesar de estar ya delimitados dentro de la organización institucional de la Comunidad Autónoma según dispone el propio Estatuto de Autonomía, requerían un tratamiento legal concreto en el que además de remarcar su papel como órganos de Administración Local, se definieran con precisión los diversos grados de atribución competencial, así como el régimen jurídico de las competencias asumidas, y ello en consonancia con las amplias previsiones al respecto contenidas en eI Estatuto de Autonomía. La determinación de aspectos importantes tales como el control y la coordinación de las competencias y el sistema de financia­ción de las mismas, son por otro lado objeto de dicha Ley.

La presente Ley de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de urbanismo y habitabilidad constituye el primer paso del proceso general que perfila el Estatuto de Autonomía y desarrolla la Ley de Consejos Insulares y debe significar, sin lugar a dudas, una más próxima y mejor prestación del Servicio Público.

Artículo 1.

En atención a lo que establecen los artículos 39.8 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares y el artículo 12.3 de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, por la presente Ley se atribuyen a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y de Eivissa y Formentera y con carácter de propias, todas las competencias asumidas por la Comunidad Autó­noma de las Islas Baleares en relación con la legislación de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y por disposiciones reglamentarias y concordantes, en sus respectivos territorios.

Se atribuye asimismo a los Consejos Insulares la expedición de cédulas de habitabilidad de los edificios, viviendas y locales radicados en su propio ámbito territorial.

Artículo 2.

(Derogado)


Se deroga por la disposición derogatoria 1.a) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre. Ref. BOE-A-2000-20977.

Artículo 3.

No obstante la atribución competencial genérica que a favor de los Consejos Insulares opera el contenido del artículo 1, corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Raleares el ejercicio de las siguientes competencias:

1. (Derogado)

2. (Derogado)

3. (Derogado)

4. Declaraciones de utilidad pública de obras e instalaciones en suelo no urbanizable cuando afecten al ámbito territorial de más de un Consejo Insular.

5. (Derogado)

6.(Derogado)


Se derogan los apartados 1, 3, 5 y 6 por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-806

Se modifica el apartado 5 por la disposición adicional 4 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre. Ref. BOE-A-2006-17875.

Se deroga el apartado 2 por la disposición derogatora 1.a) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre. Ref. BOE-A-2000-20977.

Artículo 4.

Sin perjuicio de la coordinación general a la que se refiere el capítulo VI de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, se establecen las siguientes fórmulas de cooperación:

1. La Comunidad Autónoma y los Consejos Insulares acordarán los adecuados mecanismos de colaboración e información mutua en las materias objeto de esta transferencia.

2. A efectos puramente informativos, los Consejos Insulares comu­nicarán a la Comunidad Autónoma las inscripciones en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y en el Registro de Catálogos previsto en la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

3. Las respectivas Comisiones insulares de Urbanismo trasladarán a la Comunidad Autónoma, en el plazo máximo de quince días, las resoluciones sobre planes generales, normas subsidiarias de planeamiento y planes especiales que no sean en desarrollo de planeamiento general, adjuntando un ejemplar del plan objeto de resolución, a los oportunos efectos jurídicos.

Artículo 5.

1. El coste efectivo anual de atribución de las competen­cias a las que la presente Ley se refiere, asciende a 67.615.153 pesetas para 1990.

2. El coste efectivo anual antes referido implica una sobrefinanciación inicial cuantificada en 20.538.603 pesetas, que deberá ser finan­ciada mediante minoración en los créditos presupuestarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el ejercicio de 1990, por lo cual quedan autorizadas las modificaciones de crédito que se estimen pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo que el presente artículo determina.

La cantidad expresada como sobrefinanciación será objeto de revi­sión en la cifra que se determine por aplicación del contenido del punto 4 del presente artículo.

3. La sobrefinanciación a la que se refiere el apartado anterior no tendrá a ninguno de los efectos la consideración de precedente, sino que por el contrario, deberá ser computada como una entrega a cuenta de futuras valoraciones de atribuciones competenciales.

4. El coste efectivo al que se refiere el apartado 1 del presente articulo podrá experimentar el incremento o minoración preciso en función de las remuneraciones concretas que afecten al personal que se traspase a los Consejos Insulares.

Artículo 6.

El coste efectivo cifrado en el artículo anterior será aplicado a los Consejos Insulares de acuerdo con los siguientes porcentajes y cuantías:

1. Consejo Insular de Mallorca. Total: 36.994.323 pesetas. Porcentaje sobre total coste efectivo: 54,71 por 100.

2. Consejo Insular de Menorca. Total: 15.280.635. pesetas. Porcen­taje sobre total coste efectivo: 22,60 por 100.

3. Consejo Insular de Eivissa y Formentera. Total: 15.340.195 pesetas. Porcentaje sobre total coste efectivo: 22,69 por 100.

Artículo 7.

1. Personal que se traspasa:

Se traspasa a los Consejos Insulares el siguiente personal con la residencia que se indica:

Mallorca:

Dos Técnicos de Grado Superior (Arquitecto y/o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos).

Un Técnico Jurídico-Administrativo (Licenciado en Derecho).

Un Técnico de Grado Medio (Arquitecto Técnico).

Un Administrativo.

Un Auxiliar Administrativo.

Un Técnico de Grado Medio (Arquitecto Técnico).

Un Administrativo, Jefe de Negociado.

Un Administrativo.

Tres Auxiliares Administrativos.

Menorca:

Un Técnico de Grado Medio (Arquitecto Técnico).

Un Administrativo.

Un Auxiliar Administrativo.

Eivissa y Formentera:

Un Técnico de Grado Medio (Arquitecto Técnico).

Un Administrativo.

Un Auxiliar Administrativo.

2. Con cargo al coste efectivo establecido, y sin que les sea aplicable el apartado 4 del artículo 5.° de esta Ley, el Consejo Insular de Mallorca contratará un Asesor Jurídico; el Consejo Insular de Menorca, un Técnico de Grado Superior (Arquitecto Superior o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) y un Técnico Jurídico-Administrativo (Licenciado en Derecho); y el Consejo Insular de Eivissa y Formentera un Técnico de Grado Superior (Arquitecto Superior o Ingeniero de Cami­nos, Canales y Puertos) y un Técnico Jurídico-Administrativo (Licen­ciado en Derecho).

Artículo 8.

1. Se transfiere al Consejo Insular de Menorca el local ocupado por los Servicios de Urbanismo y Habitabilidad, calle Rosario, número 12, 1.° Maó, y ello con sujeción al contenido del artículo único de la Ley 2/1984, de 24 de enero, de Arrendamientos Urbanos.

2. Se transfiere al Consejo Insular de Eivissa y Formentera el local ocupado por los Servicios de Urbanismo y Habitabilidad, calle Isidoro Macabich, número 38, 1.°, Eivissa, y ello con sujeción al contenido del artículo único de la Ley 2/1984, de 24 de enero, de Arrendamientos Urbanos.

3. Se transfiere a los Consejos Insulares el mobiliario de oficina utilizado por los servicios objeto de traspaso, según el inventario anexo a esta Ley.

Disposición adicional primera.

1. La Comisión Central de Urbanismo se extingue y sus competencias se atribuyen a los Consejos Insulares en el ámbito de sus respectivos territorios.

2. Queda extinguida la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares y sus competencias quedan atribuidas a los Consejos Insulares en sus respectivos territorios.

Disposición adicional segunda

Disposición adicional tercera.

La publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares”, de los anuncios, acuerdos y otros documentos exigidos por la Ley, como consecuencia del ejercicio de los Consells Insulares de las competencias en materia de urbanismo y habitabilidad, será gratuita.


Se añade por la Ley 15/1990, de 29 de noviembre. Ref. BOE-A-1991-3040.



Disposición transitoria.

Los funcionarios de la Comunidad Autónoma, bien proce­dentes de la Administración General del Estado o de otros Organismos o Instituciones Públicas, bien que hayan ingresado directamente, que con motivo de la atribución de competencias a los Consejos Insulares resulten transferidos, continuarán manteniendo todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan, incluido el de participar en los concurso de traslado que convoque la Comunidad Autónoma, en igualdad de condiciones con el resto de los miembros de su categoría o Cuerpo, para que así puedan ejercer en todo momento su derecho permanente de opción.

Disposición derogatoria.

Queda sin efecto el Decreto de 28 de junio de 1982 de delegación de competencias del Consejo General Interinsular de Baleares en los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera, en materia de disciplina urbanística, así como cualquier disposición contraria a esta Ley.