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LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL

Publicación original: G.O. 08/12/2008

Reforma: GO 19-04-2012


  • Capítulo I. Disposiciones generales
  • Capítulo II. De la acción de extinción de dominio
  • Capítulo III. De las medidas cautelares
  • Capítulo IV. De la denuncia
  • Capítulo V. De la colaboración
  • Capítulo VI. De las garantías y derechos de los afectados, terceros, victimas y ofendidos
  • Capítulo VII. De las partes
  • Capítulo VIII. De la preparación de la acción
  • Capítulo IX. De las notificaciones
  • Capítulo X. Del procedimiento
  • Capítulo XI. De las pruebas
  • Capítulo XII. De la sentencia
  • Capítulo XIII. De la nulidad de actuaciones
  • Capítulo XIV. De los incidentes y recursos
  • Transitorios
  • Versión 19-04-2012
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  • Versión 19-07-2010

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículos 1 - 3

Artículo 1

La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el Distrito Federal y tiene por objeto reglamentar la instauración del procedimiento de Extinción de Dominio previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Acción: Acción de Extinción de Dominio; II. Afectado: Persona titular de los derechos de propiedad del bien sujeto al Procedimiento de Extinción de Dominio, con legitimación para acudir a proceso; III. Agente del Ministerio Público: Agente del Ministerio Público especializado, en el Procedimiento de Extinción de Dominio, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; IV. Bienes: Todos los que puedan ser objeto de apropiación que no estén excluidos del comercio, ya sean muebles e inmuebles, y que actualicen los supuestos señalados en el artículo 5 de esta Ley; V. Delincuencia organizada: Organización de hecho de tres o más personas para cometer, en forma permanente o reiterada, alguno de los delitos a que se refiere el artículo 254 del Código Penal para el Distrito Federal; VI. Delitos Patrimoniales: Robo de vehículos, extorsión, encubrimiento por receptación contemplado en el artículo 243, todos con relación a la delincuencia organizada; VII. Evento típico: Hecho típico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención; VIII. Hecho Ilícito: Hecho típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención; IX. Juez: Juez de Extinción de Dominio, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; X. Ley: Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; XI. Oficialía Mayor: Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; XII. Procedimiento: Procedimiento de Extinción de Dominio previsto en esta Ley; XIII. Robo de Vehículo: Delito contemplado en los artículos 220 con relación al 224, fracción VIII, hipótesis primera, del Código Penal para el Distrito Federal; XIV. Sala: Salas Civiles, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; XV. Secretaría de Finanzas: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; XVI. Secuestro: Delitos contemplados en el Capítulo III, del Título Cuarto, del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal; XVII. Tercero: Persona que, sin ser afectado en el procedimiento de Extinción de Dominio, comparece en él para deducir un derecho propio sobre los bienes materia de la acción; XVIII. Trata de Personas: Delitos contemplados en el Capítulo IV, del Título Sexto, del Libro Segundo, del Código Penal para el Distrito Federal; y (sic) XIX. Víctima y Ofendido: Aquellos que en los términos del artículo 45 del Código Penal para el Distrito Federal, tienen la pretensión de que se les repare el daño quienes además tendrán sus derechos expeditos para hacerlos valer en la vía y forma que legalmente corresponda. XX. Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo: Los previstos en el Capítulo VII, del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Artículo 3

En los casos no previstos en esta ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: I. En la preparación del ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; II. En el Procedimiento de Extinción de Dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; III. En cuanto a los delitos, a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal; y IV. En los aspectos relativos la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil para el Distrito Federal.

CAPITULO II
De la acción de extinción de dominio

Artículos 4 - 10

Artículo 4

La Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes mencionados en el artículo 5 de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita. La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. La extinción de dominio no procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada. Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal y serán destinados al bienestar social, mediante acuerdo del Jefe de Gobierno que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Cuando se trate de bienes fungibles se destinarán en porcentajes iguales a la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. La Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, entregarán un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre los bienes materia de este ordenamiento.

Artículo 5

Se determinará procedente la Extinción de Dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes: I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior; III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el Agente del Ministerio Público cuando el Agente del Ministerio Público (sic) acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia.

Artículo 6

La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien.

Artículo 7

También procederá la acción respecto de los bienes objeto de sucesión hereditaria, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 5 de esta Ley, siempre y cuando se ejercite antes de la etapa de inventario y liquidación de bienes, en el procedimiento sucesorio correspondiente.

Artículo 8

Se restituirán a la víctima u ofendido del delito los bienes de su propiedad que sean materia de la acción, cuando acredite dicha circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley. El derecho a la reparación de daño, para la víctima u ofendido del delito, será procedente de conformidad con la legislación vigente, cuando obren suficientes medios de prueba en el Procedimiento y no se haya dictado sentencia ejecutoriada al respecto. Cuando la víctima u ofendido obtengan la reparación del daño en el procedimiento de Extinción de Dominio, no podrán solicitarlo por ninguna de las otras vías, que para tal efecto establecen las leyes aplicables.

Artículo 9

Cuando los bienes materia de la acción, después de ser identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna circunstancia que impida la declaratoria de Extinción de Dominio, se procederá conforme a las reglas siguientes:

I. La extinción se decretará sobre bienes de valor equivalente;

II. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros bienes, sobre estos se hará la declaratoria; o

III. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, estos podrán ser objeto de la declaratoria de Extinción de Dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado. Respetando el derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso.

Artículo 10

No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista una sentencia ejecutoriada que haya declarado la extinción de dominio.

Si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al propietario.

CAPITULO III
De las medidas cautelares

Artículos 11 - 18

Artículo 11

El Agente del Ministerio Público solicitará al Juez las medidas cautelares que considere procedentes a fin de evitar que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; sobre aquellos bienes de los que existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que es alguno de los señalados en el artículo 5 de esta Ley y relacionados con alguno de los delitos señalados en el artículo 4 de este ordenamiento. El Juez deberá resolver en un plazo de 6 horas a partir de la recepción de la solicitud. Las medidas cautelares podrán consistir en: I. La prohibición para enajenarlos o gravarlos; II. La suspensión del ejercicio de dominio; III. La suspensión del poder de disposición; IV. Su retención; V. Su aseguramiento; VI. El embargo de bienes; dinero en depósito en el sistema financiero; títulos valor y sus rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física; o VII. Las demás contenidas en la legislación vigente o que considere necesarias, siempre y cuando funde y motive su procedencia. Las medidas cautelares dictadas por el Juez, cuando se trate de bienes inmuebles, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, y en caso de bienes muebles, se informarán a través del oficio respectivo, a las instancias correspondientes. En todos los supuestos se determinarán los alcances de las medidas cautelares que se decretan. En todos los supuestos, los bienes materia de las medidas cautelares quedarán en depósito de áreas especializadas de la Secretaría de Finanzas, en caso de bienes muebles, o de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, cuando se trate de bienes inmuebles, y a disposición de las autoridades que determine el Juez. Del resultado de la aplicación de las medidas cautelares se informará a la Asamblea Legislativa, anualmente, a quienes competa la administración.

Artículo 12

Las medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios, interventores, administradores albaceas, o cualquier otro que tenga algún derecho sobre dichos bienes.

Las medidas cautelares no implican modificación alguna a los gravámenes existentes sobre los bienes.