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LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Fecha de publicación: 17/2/2006

Fecha de reforma: 24/12/2010


  • Título Primero Disposiciones preliminares
    • Capítulo Primero. Prevenciones generales
    • Capítulo Segundo De las niñas, niños y adolescentes privados o disminuidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales
  • Título Segundo. De los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes
    • Capítulo Primero Disposiciones generales
    • Capítulo Segundo Del derecho de prioridad
    • Capítulo Tercero Del derecho a la no discriminación
    • Capítulo Cuarto. De los derechos a vivir en condiciones de bienestar y alcanzar un sano desarrollo
    • Capítulo Quinto De los derechos a ser protegido de todo tipo de peligros y a una vida libre de violencia
    • Capítulo Sexto Del derecho a la identidad
    • Capítulo Séptimo. Del derecho a vivir en familia
    • Capítulo Octavo Del derecho a la salud
    • Capítulo Noveno De los derechos a la educación y a la preparación para el trabajo
    • Capítulo Décimo De los derechos al descanso y al juego
    • Capítulo Décimo Primero De la libertad de pensamiento y del derecho a una cultura propia
    • Capítulo Décimo Segundo Del derecho a participar
    • Capítulo Décimo Tercero. Del derecho a ser protegido de injerencias arbitrarias
  • Título Tercero. De la distribución de la función tutelar de los derechos de niñas, niños y adolescentes
    • Capítulo Primero De los deberes de los adultos respecto de las niñas, niños y adolescentes
    • Capítulo Segundo De la función tutelar del Estado
    • Capítulo Tercero De las Sesiones del Comité
    • Capítulo Cuarto. Del Presidente
    • Capítulo Quinto. Del Vicepresidente
    • Capítulo Sexto. Del Coordinador General
    • Capítulo Séptimo. Del Secretario Técnico
    • Capítulo Octavo. De los Vocales
  • Transitorios
  • Versión 24-12-2010

Preámbulo

Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León

Publicada en el no. 21 del periódico oficial del Estado de Nuevo León, el 17 de febrero de 2006.

(en vigor a partir del 17 de junio de 2006)

El c. José natividad gonzález paras, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de nuevo león, a todos sus habitantes hago saber:

Que el H. Congreso del estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:

Decreto

Numero 288

Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León

Título Primero Disposiciones preliminares

Capítulo Primero
Prevenciones generales

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés social y reglamentaria del párrafo tercero del articulo tercero de la constitución estatal, y tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela de los derechos fundamentales y las garantías individuales reconocidos en la constitución federal, la constitución estatal y en la convención sobre los derechos del niño, así como establecer los principios y lineamientos que orientaran, a las normas legales, a la actuación de las instituciones publicas y privadas y a las conductas de los particulares, en todo lo que se refiera a niñas, niños, y adolescentes.



Artículo 2

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Adolescentes: las personas mayores de doce y menores de dieciocho años de edad;

II. Comité estatal: el comité estatal de seguimiento y vigilancia de la aplicación de la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

III. Constitución federal: la constitución política de los estados unidos mexicanos;

IV. Constitución estatal: la constitución política del Estado Libre y Soberano de nuevo león;

V. Código civil: código civil para el Estado de Nuevo León;

VI. Convención: convención sobre los derechos del niño, publicada en el diario oficial de la federación el 25 de enero de 1991;

VII. Familia extensa: son las personas con parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado;

VIII. Familia sustituta: es la familia que integra a la niña, niño o adolescente a la vida familiar para procurar su plena participación en ella, que tendrá obligación de velar por este, tenerlo en su compañia, alimentarlo, educarlo y procurar una formación integral, cuando los padres o la familia extensa no garanticen su protección integral. La familia sustituta es distinta de la familia adoptiva;

IX. Juego: actividad que tiene por objeto entretenerse o divertirse sanamente de acuerdo a la edad y desarrollo de quien lo realiza;

X. Ley: ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León;

XI. Niños en situación de calle: son las niñas, niños y adolescentes que hacen de los espacios públicos su hábitat o bien realizan ciertas actividades en dichos espacios sin dejar de convivir con su familia;

XII. Niños y niñas: las personas menores de doce años de edad; y

XIII. Pobreza extrema: la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades alimentarías básicas.



Artículo 3

La interpretación y aplicación de esta ley corresponde a cada uno de los tres poderes del estado, a los órganos constituciónalmente autónomos de la entidad y a las autoridades municipales en los ámbitos de sus respectivas competencias.

La interpretación y aplicación de esta ley se apoyara en las interpretaciónes y los desarrollos conceptuales elaborados en las reuniones gubernamentales internacionales sobre la infancia, sobre la mujer y sobre diversos grupos sociales vulnerables en los que los estados unidos mexicanos hayan tenido participación y atenderá los principios, garantías y derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal, la constitución estatal, en la convención y en esta ley.



Artículo 4

En el estado se reconoce que todas las niñas, niños, y adolescentes tienen derechos fundamentales y garantías individuales.

La legislación del estado deberá disponer lo necesario para que puedan ejercerlos, sin mas limitaciones que las establecidas en la constitución federal, en la constitución estatal, y atendiendo a los principios rectores a que se refiere el articulo siguiente.

En el estado se tomaran las medidas legislativas y administrativas que esta ley indica, además de aquellas que sean necesarias a fin de que se atienda a lo establecido en ella, en la constitución estatal y en la convención.

Las autoridades estatales y municipales establecerán los convenios que sean procedentes a fin de proveer eficazmente a la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes que esta ley protege, atendiendo al principio de concurrencia establecido en la constitución federal, con la federación, estados o municipios así como con los organismos no gubernamentales e instancias del sector privado y social.



Artículo 5

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurar a estos la oportunidad de desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad, por lo tanto, las disposiciones jurídicas que les sean aplicables, así como las medidas que se dispongan para garantizar el ejercicio de sus derechos, deberán atender a los siguientes principios:

I. El principio del interés superior de la infancia, de conformidad con el cual, las disposiciones jurídicas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurar, primordialmente, los cuidados y la asístencia especiales que requieren, en cada etapa de su evolución, para lograr un crecimiento y un desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social plenos, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento, o circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

II. El principio de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de la tutela plena de sus garantías constituciónales, atendiendo al cual:

A) las niñas, niños y adolescentes se reconocen como personas y, por lo tanto, sujetos plenos de derecho; por ningúna razón ni y en ningúna circunstancia, podrán ser tratados de manera que se les impida el ejercicio de las garantías que otorga la constitución federal y la local a todas las personas, salvo cuando ella misma establezca limitaciones;

B) los ordenes normativo y administrativo del estado y los municipios contendrán las disposiciones jurídicas y las políticas a las que deberán atender la familia, el estado y la comunidad, lo anterior de conformidad con lo que esta ley disponga, para garantizar que niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos humanos y sus garantías individuales; y

C) el objetivo primordial de leyes y políticas estatales y municipales, será que todas las personas menores de dieciocho años ejerzan todos sus derechos humanos.

En lo que se refiere a los adolescentes en conflicto con los ordenamientos penales, este principio se entenderá de conformidad con lo establecido en la constitución estatal, en las reglas de las naciones unidas para la protección de los menores privados de la libertad y las reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia de los menores, ordenamientos que deberán ser interpretados en concordancia con la convención y demás normas jurídicas aplicables;

III. El principio de igualdad, consistente en proveer lo necesario para igualar en el ejercicio de sus derechos a todas las niñas, niños, y adolescentes, independientemente de características y circunstancias de ellos o de sus familias, las cuales nunca podrán ser razón de discriminación.

Las disposiciones legales y las políticas sociales deberán atender a este principio;

IV. El principio de autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos, atendiendo al cual se reconoce que, tanto en la niñez como en la adolescencia, las personas viven diversas etapas vitales y que, durante cada una de estas, las capacidades que tienen para valerse por si mismas van fortaleciendose en estrecha relación de proporcionalidad con las oportunidades que se les ofrezcan.

Este principio debe llevar a los tratamientos respectivos de los derechos de cada niño, niña y adolescente, dependiendo de la etapa que estén viviendo, a fin de que todos ejerzan sus derechos atendiendo al principio de igualdad;

V. El principio de corresponsabilidad de instituciones y personas en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el cual, en la protección de tales derechos, y en el aseguramiento de que los ejerzan, son corresponsables: las autoridades estatales y municipales y los organismos constituciónalmente autónomos de la entidad; la familia a la que cada niña, cada niño, y cada adolescente pertenezca; la comunidad en la que se encuentra esa familia, y todos los integrantes de la misma, tanto en forma individual como colectiva. Este principio comprende:

A) obligaciónes generales de la familia: la familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciónes comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos, en los términos de la legislación aplicable;

B) obligaciónes generales del estado: el estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías;

El estado debe asegurar políticas publicas, programas y asístencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres y las madres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciónes; y

C) obligaciónes de la sociedad. La sociedad debe y tiene el correlativo derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todas las niñas, niños y adolescentes.

El estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a las niñas, niños y adolescentes.

Este principio no puede entenderse en ningún momento como razón para que las familias desatiendan las obligaciónes que tienen para con sus niñas, niños o adolescentes, ni para contravenir el derecho a vivir en familia a que se refiere el capitulo séptimo de esta ley;

VI. El principio de vivir en familia, como el espacio primordial para la formación y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; y

VII. El principio de vivir una vida libre de violencia, como el ambiente que permita instaurar un espacio primordial para el desarrollo en todos los aspectos de la vida de las niñas, niños y adolescentes.



Artículo 6

Los principios, derechos y garantías fundamentales reconocidos por la constitución federal, la constitución estatal y la convención deben ser observados y respetados por todas las personas en el estado, y vigiladas por las autoridades estatales o municipales en el ámbito de su competencia.



Artículo 7

Tanto los servidores públicos en el marco de sus respectivas competencias, al igual que los padres, madres, otros parientes que convivan con niñas, niños y adolescentes, sus vecinos o cualquier persona que los tengan a su cuidado o que tengan contacto permanente, esporádico o momentáneo con ellos, deben actuar en la medida de las obligaciones que las disposiciones jurídicas les señalen, con el fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos y satisfagan sus necesidades para lograr el desarrollo al que se refiere la fracción i del articulo 5 de esta ley.

Las leyes del estado y los reglamentos municipales deberán contar con las disposiciones idóneas a fin de definir la responsabilidad que, en cada caso, corresponda a cada institución y cada persona.



Artículo 8

Las autoridades estatales y municipales dispondrán los mecanismos necesarios para difundir, en todo el territorio del estado, el contenido de la constitución federal y la constitución estatal, en lo que concierne a los derechos fundamentales y las garantías individuales, en términos de igualdad a niñas, niños y adolescentes, así como lo dispuesto en esta ley y en los tratados que sean protectores de sus derechos, particularmente en la convención.



Artículo 9

El ejecutivo del estado, con la colaboración de las autoridades estatales y municipales, adoptara políticas y establecerá programas acordes con lo que disponen las constituciones federal y estatal, la convención, las directrices de la organización de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.



Capítulo Segundo De las niñas, niños y adolescentes privados o disminuidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales

Artículo 10

Son niñas, niños y adolescentes privados o disminuidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales, quienes sufren de carencias o abusos de cualquier índole, están en circunstancias de desamparo o discriminación, padezcan alguna enfermedad crónica o terminal, o alguna discapacidad, y debido a ello, no ejercen en igualdad de condiciones alguno de sus derechos fundamentales, o alguna de las garantías que las constituciones federal y estatal les otorgan.



Artículo 11

A fin de procurar a todas las niñas, niños, y adolescentes, el ejercicio igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al aplicarse esta ley, a superar las diferencias que afecten a quienes viven privados de sus derechos fundamentales, de conformidad con los siguientes lineamientos:

I. Se adoptaran las medidas de protección especial que sean necesarias para que las niñas, niños y adolescentes que están privados o disminuidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales, superen las razones por las que lo están y puedan participar de los servicios y los programas que regularmente están disponibles para quienes no están privados de tales derechos; y

II. Se pondrán en marcha programas de protección especial cuya permanencia quede asegurada hasta que las niñas, niños, y adolescentes que hayan tenido que ser beneficiados por las medidas de protección especial estén ejerciendo sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, por las instituciones encargadas de cumplir la obligación establecida en el párrafo anterior.

Dichos programas deben de asegurar al menos, que las niñas, niños y adolescentes:

A) sean acogidos, socorridos y protegidos inmediatamente cuando: sufran alguna forma de explotación, abuso, discriminación o maltrato, sean víctimas de un desastre, una situación de emergencia o se vean separados de su medio familiar;

B) sean provistos de todo lo que requieran para ejercer sus derechos y sus garantías constituciónales y para desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en esta ley;

C) sean beneficiados con programas de asístencia y rehabilitación en todos los casos en que sufran menoscabo de su integridad o de su salud física o mental;

D) reciban atención especializada en todas las áreas, particularmente en las de salud, educación y preparación para el trabajo;

E) puedan moverse fácilmente por todos los espacios públicos, utilizarlos y aprovecharlos, inclusive cuando vivan con discapacidades o estén limitados en su movilidad;

F) tengan asegurada la reinserción a su familia de origen cuando por cualquier circunstancia se hayan visto excluidos de ella, o la inserción a una familia substituta o adoptiva para que continúen desarrollándose y ejerciendo sus derechos y garantías, y se de seguimiento a su relación con el grupo familiar a fin de asegurar que este cumple con lo que de el se espera en términos de esta ley y de las demás disposiciones aplicables;

G) gocen de la inmediata intervención de autoridad judicial competente, que en respeto a esta ley, de la constitución federal, de la constitución estatal, de la convención y de las reglas relativas a la tutela, la guarda y la adopción, las cuales no podrán ir en contra de los derechos reconocidos en esta ley, realice las diligencias y emita las resoluciones tendientes a asegurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio de sus derechos y garantías; y

H) tengan garantizados, tanto el derecho a la información, de conformidad con lo establecido en el capitulo décimo segundo del titulo segundo de esta ley, como el derecho a que se les considere y respete su opinión respecto de lo que se disponga para proteger sus derechos, particularmente respecto de lo que se establece en los incisos e) y f) de este articulo.

Al diseñarse las normas jurídicas, las políticas publicas y los programas de gobierno se tendrán en cuenta las características y circunstancias que diferencian y ponen en condiciones de desigualdad real a las niñas, niños y adolescentes que están privados de sus derechos fundamentales.