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LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON

Fecha de publicación: 22/1/1997

Fecha de reforma: 2/4/2012


  • Titulo Primero. del Sistema de Protección Civil del Estado de Nuevo León
    • Capitulo I. Disposiciones Generales
    • Capitulo II. del Sistema Estatal de Protección Civil
    • Capitulo III. del Consejo de Protección Civil del Estado de Nuevo León
    • Capitulo IV. del Centro Estatal de Operaciones
    • Capitulo V. de la Dirección de Protección Civil
    • Capitulo VI. de los Sistemas Municipales de Protección Civil
    • Capitulo VII. de los Grupos Voluntarios
    • Capitulo VIII. de las Unidades Internas de Respuesta en los Establecimientos
  • Titulo Segundo. de la Operación de la Protección Civil
    • Capitulo IX. del Programa Estatal de Protección Civil
    • Capitulo X. de la Declaratoria de Emergencia
    • Capitulo XI. de la Declaratoria de Zona de Desastre
    • Capitulo XII. de la Acción Popular
    • Capitulo XIII. de la Inspección, Control y Vigilancia
    • Capitulo XIV. de las Notificaciones y Recursos
  • Transitorios
  • Versión 02-04-2012

Preámbulo

Ley de protección civil para el Estado de Nuevo León

Publicada en el no. 10 del periódico oficial del Estado de Nuevo León, el 22 de enero de 1997.

(en vigor a partir del 22 de enero de 1997)

Ley de protección civil para el Estado de Nuevo León

Titulo Primero
del Sistema de Protección Civil del Estado de Nuevo León

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

La presente ley es de orden publico e interés social, y tiene por objeto regular las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en el estado, siendo su observancia de carácter obligatorio para las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter publico, social o privado, grupos voluntarios y en general, para todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten, o transiten en la entidad.



Artículo 2

Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Agentes destructivos. A los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorologico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, y socio-organizativo que pueden producir riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre.

II. Alto riesgo. Al inminente o muy probable ocurrencia de una emergencia o desastre;

III. Apoyo. Al conjunto de actividades administrativas destinadas a la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante situaciónes de emergencia o desastre;

IV. Auxilio. Las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida, salud y bienes de las personas; la planta productiva; y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de desastres. Estas acciones son de: alertamiento; evaluación de daños; planes de emergencia; seguridad; búsqueda, salvamento y asístencia; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud; aprovisionamiento; comunicación social de emergencia; reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad;

V. Damnificado. A la persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños de consideración, provocados directamente por los efectos de un desastre; también se consideraran damnificados a sus dependientes económicos. Es aplicable este concepto, a la persona que por la misma causa haya perdido su ocupación o empleo, requiriendo consecuentemente del apoyo gubernamental para sobrevivir en condiciones dignas;

VI. Desastre. Al evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella, sufre daños severos tales como: perdida de vidas, lesiones a la integridad física de las personas, daño a la salud, afectación de la planta productiva, daños materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación de servicios públicos; de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. También se les considera calamidades publicas;

VII. Emergencia. La situación derivada de fenómenos naturales, actividades humanas o desarrollo tecnológico que pueden afectar la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente, cuya atención debe ser inmediata;

VIII. Establecimientos. A las escuelas, oficinas, empresas, fabricas, industrias, o comercios, así como a cualquier otro local publico o privado y, en general, a cualquier instalación, construcción, servicio u obra, en los que debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine, o a la concurrencia masíva de personas, pueda existir riesgo. Para los efectos de esta ley, existen establecimientos de competencia estatal, y de competencia municipal;

IX. Grupos voluntarios. A las organizaciones y asociaciones legalmente constituidos y que cuentan con el reconocimiento oficial, cuyo objeto social sea prestar sus servicios en acciones de protección civil de manera comprometida y altruista, sin recibir remuneración alguna, y que para tal efecto cuentan con los conocimientos, preparación y equipos necesarios e idóneos;

X. Prevención. A las acciones, principios, normas, políticas y procedimientos, tendientes a disminuir o eliminar riesgos o altos riesgos, así como para evitar desastres y mitigar su impacto destructivo sobre la vida, la salud, bienes de las personas, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente;

XI. Protección civil. Al conjunto de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos preventivos o de auxilio, recuperación, y apoyo, tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; realizadas ante los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres; que sean producidos por causas de origen natural, artificial o humano, llevados a cabo por las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter publico, social o privado, grupos voluntarios y en general, por todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten, o transiten en la entidad;

XII. Recuperación. Al proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en la evaluación de los daños ocurridos, en el análisis y la prevención de riesgos y en los planes de desarrollo establecidos; y

XIII. Riesgo. La probabilidad de peligro o contingencia de que se produzca un desastre.



Artículo 3

Para los efectos de esta ley, se considera de orden publico e interés social:

I. El establecimiento y consecución de la protección civil en el estado;

II. La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del programa estatal de protección civil y los municipios, según corresponda; y

III. Las acciones de capacitación, prevención, auxilio, recuperación, y apoyo que para el cumplimiento de la presente ley se realicen.



Artículo 4

Para los efectos de esta ley, se consideran autoridades de protección civil en el estado a:

I. El gobernador del estado;

II. El secretario general de gobierno;

III. Los presidentes municipales;

IV. El director de protección civil; y

V. Los titulares de las unidades administrativas de protección civil de los municipios.



Artículo 5

Corresponde al ejecutivo del estado y a los presidentes municipales dentro de sus respectivas competencias:

I. La aplicación de la presente ley y de los ordenamientos que de ella se deriven, en el ámbito de sus respectivas competencias;

II. La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del programa estatal o municipal de protección civil, en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. Promover la participación de la sociedad en la protección civil;

IV. Crear los fondos de desastres estatal o municipal según sea el caso, para la atención de emergencias originadas por riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres. La aplicación de estos fondos, se hará conforme a las disposiciones presupuestales y legales aplicables;

V. Incluir acciones y programas sobre la materia, en los planes de desarrollo estatal y municipal, según corresponda.

VI. Celebrar convenios de colaboración y coordinación en materia de esta ley.



Artículo 6

Las autoridades estatales y municipales, promoverán la creación de órganos especializados de emergencia, según sea la mayor presencia de riesgos ocasionados en una determinada zona por cualquiera de los cinco tipos de agentes destructivos.



Artículo 7

Es obligación de todas las dependencias y entidades de la administración publica del estado y de los municipios, así como de cualquier persona que resida o transite en la entidad, el cooperar de manera coordinada con las autoridades competentes, en la consecución de la protección civil.



Artículo 8

En la ley de egresos del estado y en la de los municipios, se contemplaran las partidas que se estimen necesarias para el cumplimiento de las acciones que se establecen en la presente ley y las que se deriven de su aplicación, mismas que no podrán ser reducidas en ningún caso y por ningún motivo, en el periodo para el que fueron asignadas.



Capitulo II
del Sistema Estatal de Protección Civil

Artículo 9

Se crea el sistema estatal de protección civil, como parte integrante del sistema nacional, el cual comprenderá las instancias, lineamientos y objetivos establecidos en la entidad, para la materializacion de la protección civil.



Artículo 10

El sistema estatal de protección civil tendrá como objetivo fundamental ser el instrumento de información, en materia de protección civil, que reúna en conjunto los principios, normas, políticas, procedimientos y acciones, que en esa materia se hayan vertido, así como la información relativa a la estructura orgánica de los cuerpos de protección civil de los sectores publico, privado o social, que operen en la entidad, su rango de operación, personal, equipo y capacidad de auxilio que permita prevenir riesgos, y altos riesgos desarrollar mecanismos de respuesta a desastres o emergencias, y planificar la logística operativa y de respuesta a ellos.

Reglamentariamente se establecerán las bases de operación del sistema estatal de protección civil.



Artículo 11

El sistema estatal de protección civil se integrara enunciativamente con la información de:

I. El consejo estatal de protección civil;

II. El centro estatal de operaciones;

III. La dirección estatal de protección civil;

IV. Los sistemas municipales de protección civil;

V. Las dependencias o unidades administrativas municipales, cuyo objeto sea la protección civil;

VI. Los grupos voluntarios;

VII. De las unidades de respuesta en los establecimientos; y

VIII. En general la información relativa a las unidades de protección civil, cualesquiera que sea su denominación, de los sectores publico, social, y privado, que operen en el estado.