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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Fecha de publicación: 29/8/2003

Fecha de reforma: 15/10/2010


  • Titulo Primero
    • Capitulo Único. Disposiciones Generales
  • Titulo Segundo. del Juicio Político y Declaración de Procedencia
    • Capitulo I. de los Sujetos, Causas del Juicio Político y Sanciones
    • Capitulo II. Procedimiento en el Juicio Político
    • Capitulo III. Procedimiento para la Declaración de Procedencia
    • Capitulo IV. Disposiciones Comunes para los Capítulos IIy IIIdel Titulo Segundo
  • Titulo Tercero. Responsabilidad Administrativa
    • Capitulo I. Obligaciones y Prohibiciones del Servidor Publico
    • Capitulo II. de las Quejas y Denuncias
    • Capitulo III. Sanciones Administrativas y Procedimientos para Aplicarlas
  • Titulo Cuarto
    • Capitulo Único. de los Recursos
  • Titulo Quinto
    • Capitulo Único. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos
  • Titulo Sexto
    • Capitulo Único. de los Acuerdos de Coordinación en Materia de Responsabilidades
  • Transitorios
  • Versión 15-10-2010

Preámbulo

Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Baja California

Publicada en el no. 40 del periódico oficial del Estado de Baja California, el 29 de agosto de 2003

(en vigor a partir del 30 de agosto de 2003)

Eugenio elorduy walther gobernador del Estado de Baja California, anuncio que el Congreso del Estado me envió para su publicación ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Baja California, cuyo texto es el siguiente:

La H. Xvii legislatura constituciónal del Estado Libre y Soberano de Baja California, en uso de las facultades que le confiere el articulo 27, fracción i de la constitución política local, expide la siguiente:

Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Baja California

Titulo Primero

Capitulo Único
Disposiciones Generales

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden publico, interés social y de observancia general en el Estado de Baja California teniendo por objeto reglamentar el titulo octavo, de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California.



Artículo 2

La presente ley reglamenta la responsabilidad de los servidores públicos, en relación a:

I. Los sujetos de responsabilidad política y administrativa;

II. Las autoridades competentes para la aplicación y ejecución de la presente ley;

III. Los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia;

IV. Las obligaciones generales en el servicio publico;

V. El procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas;

VI. Las sanciones que se deriven del juicio político, así como las administrativas;

VII. Los órganos de control;

VIII. Los recursos administrativos en el procedimiento de responsabilidades; y,

IX. El registro patrimonial de sus servidores públicos.



Artículo 3

Son sujetos de esta ley, los servidores públicos mencionados en el articulo 91 de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California.



Artículo 4

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Dirección: a la dirección de control y evaluación gubernamental del estado;

II. Órgano de control: a las áreas o unidades administrativas de las dependencias y entidades de los poderes del estado y de los organismos autónomos, que tengan a su cargo las funciones de contraloria interna; y,



Artículo 5

Las autoridades competentes para aplicar la presente ley, en sus respectivos ámbitos de competencia son:

I. El ejecutivo del estado, los titulares de sus dependencias y entidades y la dirección;

II. El Congreso del Estado y su contraloria interna;

III. El consejo de la judicatura del poder judicial del estado y su contraloria interna;

IV. Los órganos de control;

V. Los organismos constitucionales autónomos;

VI. Los síndicos procuradores; y,

VII. Los demás que establezcan las leyes.

Las autoridades señaladas anteriormente, en el ámbito de sus competencias, quedan facultadas para emitir criterios administrativos relacionados con la aplicación de esta ley; asimismo, podrán delegar la función para investigar las presuntas faltas e instruir y resolver el procedimiento administrativo que corresponda.

Dentro del ámbito del poder ejecutivo estatal, si de las investigaciónes y auditorias que realice la dirección, apareciera la responsabilidad de los servidores públicos, informara al órgano de control de la dependencia correspondiente para que proceda a la investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de responsabilidad grave cuyo conocimiento solo compete a la dirección, esta se abocara directamente el asunto.



Artículo 6

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley y las responsabilidades de carácter penal o civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollaran autonomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar estas a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una misma conducta, sanciones de la misma naturaleza.

A falta de disposición expresa se aplicara supletoriamente el código de procedimientos penales para el Estado de Baja California y en lo conducente el código penal para el Estado de Baja California.



Artículo 7

Las autoridades competentes enunciadas en el articulo 5 de esta ley, deberán remitirse entre si copia de las resoluciones firmes mediante las cuales impongan la sanción de inhabilitación por responsabilidad administrativa, para efecto de control e inscripción en el registro de servidores públicos inhabilitados, para que actuando de manera coordinada entre si, tengan conocimiento de la responsabilidad administrativa en que hayan incurrido las personas dentro del servicio publico, tanto en el ámbito estatal como municipal.

Por otra parte, deberán remitir al Congreso del Estado copia de las resoluciones emitidas sobre las responsabilidades administrativas y sanciónes que resulten del procedimiento efectuado por las autoridades señaladas, como consecuencia de los dictámenes recaídos a las cuentas publicas de los servidores públicos responsables de las mismas, que les hayan sido turnadas por el Congreso del Estado.



Titulo Segundo
del Juicio Político y Declaración de Procedencia

Capitulo I
de los Sujetos, Causas del Juicio Político y Sanciones

Artículo 8

Son sujetos de juicio político, los servidores públicos que se señalan en el primer párrafo del articulo 93 de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

El gobernador del estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por delitos graves del orden común.



Artículo 9

Es procedente el juicio político, cuando en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos, incurran en actos u omisiónes que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por las siguientes causas:

I. El ataque a las instituciones democráticas, cuando cause perjuicios graves al estado o motive trastorno en el funcionamiento de las mismas;

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del estado; así como a la organización política y administrativa de los municipios;

III. Las violaciónes graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV. Las violaciónes graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración publica estatal o municipal y demás normatividad aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación de los recursos económicos del estado o municipios, incluyendo los recursos públicos provenientes de convenios o acuerdos concertados con la federación;

V. El ataque a la libertad del sufragio;

VI. La usurpación de atribuciones,

VII. Cualquier acción u omisión en contra de la constitución política del estado o de las leyes estatales que atente contra el patrimonio o se cause perjuicios graves a la administración publica estatal o municipal o motive algún trastorno en el funcionamiento normal a las instituciones; y,

VIII. Por violación a los reglamentos estatales o municipales que altere la estabilidad política o administrativa del estado o municipio respectivo, atente contra su patrimonio o interfiera la prestación de los servicios públicos municipales.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.



Artículo 10

Corresponde al Congreso del Estado valorar la existencia y la gravedad de los actos u omisiones a que se refiere el articulo anterior. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulara la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal local.