Enjoy SmartLeges Premium!

Subscribe to SmartLeges Premium and enjoy the following advantages:

  • Consult as many laws as you need with no additional charge
  • Consult almost any law in several countries with the new advanced search engine. All legislation within reach!
  • Enjoy all SmartLeges functions without restrictions
See the plans

An essential and free application for professionals and students in the legal sector

Read more
 

Sign up for free!

Would you like to consult this and other laws complete?

Sign up for free to consult all the laws of SmartLeges in your mobile phone or tablet, as well as underline text, add notes...

Sign up for free!

Share this law Other laws of Mexico
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

LEY DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Fecha de publicación: 2/1/2004

Fecha de reforma: 6/3/2009


  • Título Primero. del Ámbito de Aplicación
    • Capítulo I. de las Disposiciones Generales
    • Capítulo II. de la Administración Pública y los Particulares
  • Título Segundo. del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos
    • Capítulo I. de los Requisitos de Validez del Acto Administrativo
    • Capítulo II. de la Eficacia del Acto Administrativo
    • Capítulo III. de la Ejecución del Acto Administrativo
    • Capítulo IV. de la Nulidad de los Actos Administrativos
    • Capítulo V. de la Extinción del Acto Administrativo
  • Título Tercero. del Procedimiento Administrativo
    • Capítulo I. de las Disposiciones Generales
    • Capítulo II. de los Interesados
    • Capítulo III. de los Impedimentos, Excusas y Recusaciones
    • Capítulo IV. de las Actuaciones y los Plazos
    • Capítulo V. de las Notificaciones
    • Capítulo VI. de la Iniciación y Tramitación del Procedimiento Administrativo
    • Capítulo VII. de la Terminación del Procedimiento Administrativo
  • Título Cuarto. de las Visitas de Inspección y Verificación
    • Capítulo Único
  • Título Quinto. del Recurso de Revocación
  • Título Sexto. de las Infracciones y Sanciones Administrativas
  • Transitorios
  • Versión 06-03-2009

Preámbulo

Ley del procedimiento para los actos de la administración pública del Estado de Baja California

Publicada en el no. 01 del periódico oficial del Estado de Baja California, el 02 de enero de 2004.

(en vigor a partir del 03 de enero de 2004)

Eugenio elorduy walther gobernador del Estado de Baja California, anuncio que el Congreso del Estado ha dirigido al suscrito para su publicación, ley de procedimiento para los actos de la administración publica del Estado de Baja California, cuyo texto es el siguiente:

La H. Xvii legislatura constituciónal del Estado Libre y Soberano de Baja California, en uso de las facultades que le confiere el artículo 27, fracción i de la constitución política local, expide la siguiente:

Ley del procedimiento para los actos de la administración pública del Estado de Baja California

Título Primero
del Ámbito de Aplicación

Capítulo I
de las Disposiciones Generales

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicaran a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración publica centralizada y paraestatal del poder ejecutivo del Estado de Baja California.

Quedan excluidos de la aplicación de esta ley, los actos, procedimientos y resoluciones relacionados con las materias siguientes: de carácter estrictamente financiero, fiscal y judicial; seguridad publica, salud, educación, laboral, electoral, participación ciudadana y registral; así como actuaciones de: ministerio publico en ejercicio de sus funciones legales, de la dirección de control y evaluación gubernamental del poder ejecutivo en lo relativo a la determinación de responsabilidades de los servidores públicos y, de la procuraduría de los derechos humanos y protección ciudadana en cuanto a las denuncias que reciba y recomendaciones que formule.



Artículo 2

Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Administración publica: la administración publica estatal centralizada y paraestatal que conduce el gobernador del estado, conforme al articulo 40 de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

II. Acto administrativo: toda actuación o declaración, externa que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad publica, que tiene por objeto, crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta cuya finalidad sea la satisfacción del interés general o el interés legítimo de los particulares;

III. Autoridad: dependencia, entidad o servidor publico, así como las personas físicas o morales que por medio de concesión brinden servicios públicos reservados a la administración publica centralizada y paraestatal del poder ejecutivo del estado y que con fundamento en la ley emiten actos administrativos que afectan la esfera jurídica del particular, susceptibles de ser aplicados mediante el uso de las vías de apremio, sanción, uso de la fuerza publica o bien a través de otras autoridades;

IV. Interésado: particular que tiene un interés legítimo respecto de un acto administrativo por ostentar un derecho legalmente tutelado;

V. Interés legítimo: derecho de los particulares vinculado con el interés publico y protegido por el orden jurídico, que les confiere la facultad para activar la actuación publica administrativa, respecto de alguna pretensión en particular;

VI. Procedimiento administrativo: conjunto de requisitos y formalidades jurídicas que regulan todo acto administrativo;

VII. Resolución administrativa: determinación que corresponde a un procedimiento, de manera expresa o presuntiva en caso del silencio de la autoridad, que decide todas las pretensiónes planteadas por el interésado o previstas por la ley; y

VIII. Ley: ley del procedimiento para los actos de la administración publica del Estado de Baja California.



Artículo 3

Esta ley se aplicara supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El código de procedimientos civiles para el Estado de Baja California se aplicara supletoriamente a esta ley, en lo conducente.

Los servidores de la administración publica, de conformidad con el principio de legalidad, deberán abstenerse de realizar practicas que impliquen actos administrativos contrarios a las garantías constitucionales y a las disposiciones previstas en esta ley. La inobservancia de lo anterior, será sancionada conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Baja California.



Capítulo II
de la Administración Pública y los Particulares

Artículo 4

En sus relaciones con la administración publica, los particulares, tendrán los derechos siguientes:

I. Conocer, en cualquier momento, el estado que guardan los expedientes en los que acrediten la condición de interésado y su interés legítimo, y obtener copias certificadas de los documentos contenidos en ellos, en términos de la fracción x del articulo 5 de esta ley;

II. Ser informados respecto de la identificación de la autoridad ante la que tramite el asunto de su interés;

III. Obtener constancias de recepción respecto de los documentos que presenten para su tramitación;

IV. Aportar las pruebas que estimen pertinentes y formular alegatos, y

V. Obtener información y orientación de los requisitos jurídicos o técnicos que las normas impongan a las solicitudes o actuaciones que sea su interés realizar.



Artículo 5

La administración publica, en sus relaciones con los particulares, tendrá las obligaciones siguientes:

I. Hacer constar en los citatorios en que se ordene la comparecencia de los interesados el lugar, fecha, hora y objeto de la misma, así como los efectos jurídicos que se producirán por el hecho de no atenderla;

II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de verificaciones y visitas domiciliarias, en los casos previstos por esta ley o en otros ordenamientos jurídicos;

III. Guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los interesados o por terceros con ellos relacionados, así como de aquella información que corresponda en los términos de las leyes respectivas. Dicha reserva no será aplicable en los casos en que deba ser suministrada a los servidores encargados de la administración o defensa de los intereses públicos, ni cuando sea solicitada por autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias;

IV. Hacer del conocimiento de los interesados, cuando así lo soliciten, el Estado de la tramitación de los asuntos en que participen;

V. Recibir las pruebas y alegatos que presenten los interesados;

VI. Informar y orientar a todo interesado sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;

VII. Anotar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la constancia de recepción de los mismos;

VIII. Facilitar el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en esta y otras leyes;

IX. Dictar resolución expresa sobre cuanta petición le formulen, así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por esta ley, y

X. Proporcionar a los interesados en todo momento la información sobre los procedimientos y el estado en que se encuentran, así como el acceso a los expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato legal formen. Asimismo, se les podrán expedir a su costa y siempre que así lo soliciten, copias y certificaciones de los documentos que obren en los expedientes, previo pago de los derechos que correspondan.



Título Segundo
del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos

Capítulo I
de los Requisitos de Validez del Acto Administrativo

Artículo 6

Para que el acto administrativo sea valido requiere:

I. Ser expedido por autoridad en ejercicio de su potestad publica. En caso de que dicha autoridad fuere colegiada, deberá reunir las formalidades que la ley respectiva ordene para emitirlo;

II. Estar debidamente fundado y motivado;

III. Tener por objeto el cumplimiento de la materia del mismo, previamente establecida; siendo posible de determinar o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y, previsto por una norma jurídica;

IV. Cumplir con la finalidad de interés publico regulado por las normas en que se sustenta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

V. Ser expedido sujetándose a las disposiciónes relativas al procedimiento administrativo previsto en esta ley y con las formalidades que requiera conforme a la ley o disposición de orden publico materia del acto;

VI. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

VII. Ser expedido, sin que medie dolo o violencia en su emisión;

VIII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y de la posibilidad de ser consultado el expediente respetivo (sic) por el interésado;

IX. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

X. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión.



Artículo 7

Son requisitos de forma del acto administrativo los siguientes:

I. Identificación de la autoridad que lo emite;

II. Tratándose de actos administrativos individualizados, contener el nombre del promovente o interesado a quien vaya dirigido, asentarse en la notificación la oficina en que pueda ser consultado el expediente respectivo y el nombre y cargo de quien lo resguarda;

III. En el caso de actos administrativos que por disposición legal deban ser notificados personalmente, se hará mención de esta circunstancia en ellos;

IV. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá menciónarse el termino con que se cuenta para interponer el recurso respectivo, así como la autoridad ante la cual deba ser presentado, y

V. Que sea expedido sin que medie error respecto a la referencia especifica de identificación del expediente, documento o nombre completo del destinatario.



Capítulo II
de la Eficacia del Acto Administrativo

Artículo 8

El acto administrativo será valido hasta en tanto no se haya declarado lo contrario por autoridad administrativa o jurisdiccional competente, según sea el caso.