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LEY NÚMERO 852 ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha de publicación: 12/7/2004

Fecha de reforma: 29/8/2011


  • Titulo Primero. del Ministerio Publico
    • Capitulo I. Disposiciones Generales
    • Capitulo II. de las Atribuciones del Ministerio Publico
  • Titulo Segundo. de la Procuraduría General de Justicia
    • Capitulo I. de Sus Atribuciones
    • Capitulo II. de Su Organización
    • Capitulo III. del Procurador
    • Capitulo IV. del Personal de la Procuraduría
    • Capitulo V. del Consejo Interno del Ministerio Publico
    • Capitulo VI. del Instituto de Formación Profesional
    • Capítulo VI. BisDe la Agencia Veracruzana de Investigaciones
    • Capitulo VII. de la Contraloria Interna
    • Capitulo VIII. del Servicio Publico de Carrera
    • Capitulo IX. de las Responsabilidades
  • Transitorios
  • Versión 29-08-2011
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  • Versión 12-07-2004

Preámbulo

Ley número 852 orgánica de la procuraduría general de justicia del Estado de Veracruz-llave

Publicada en el numero 138 de la gaceta oficial del Estado de Veracruz-llave, el 12 de julio de 2004.

(en vigor a partir del 13 de julio de 2004)

Ley número 852 orgánica de la procuraduría general de justicia del Estado de Veracruz de ignacio de la llave

Titulo Primero
del Ministerio Publico

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Las disposiciones del presente ordenamiento tienen por objeto establecer la organización y funcionamiento del ministerio publico y de la procuraduría general de justicia en el Estado de Veracruz de ignacio de la llave, conforme a lo dispuesto por la constitución política del estado y además normatividad aplicable.

La actuación del ministerio publico y de la procuraduría se regirá por los principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, indivisibilidad, jerarquía y autonomía en sus funciones.



Capitulo II
de las Atribuciones del Ministerio Publico

Artículo 2

Corresponde al ministerio publico:

I. Investigar los delitos del fuero común que sean cometidos dentro de su territorio y aquellos que, habiendo sido perpetrados o ejecutados fuera de el, causen efectos dentro del mismo;

II. Intervenir en los procesos jurisdiccionales, de conformidad con las leyes respectivas;

III. Velar por la legalidad, respetando los derechos humanos, así como promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia para coadyuvar a su eficiente imparticion;

IV. Intervenir en asuntos del orden civil, mercantil y concursal conforme a las disposiciones legales aplicables;

V. Estudiar, formular y ejecutar programas de política criminal y promover reformas que tengan por objeto hacer mas eficaces las funciones de la procuración de justicia;

VI. Participar en el sistema nacional de seguridad publica, conforme a la normatividad reguladora de su integración, organización y funcionamiento;

VII. Elaborar estudios para poner en practica programas y campañas de prevención del delito dentro del ámbito de su competencia;

VIII. Respetar y vigilar que se respeten las garantías que establece el articulo 20 de la constitución política de los estados unidos mexicanos;

IX. Colaborar con la procuraduría general de la república y con las procuradurías de las entidades federativas del país, en la investigación de los delitos y en la persecución de los delincuentes, en los términos de los convenios, y demás instrumentos que se formalicen al respecto;

X. Promover la participación responsable de la sociedad civil, con el fin de cumplir los programas que le competan en los términos que en ellos se establezcan; y

XI. Las demás atribuciones que señalen otras disposiciones legales.

Todas las diligencias practicadas por los servidores del ministerio publico, dentro de sus facultades legales, tendrán el carácter de autenticas, y para su validez, no necesitan ser ratificadas ante las autoridades judiciales o administrativas.



Artículo 3

Las atribuciones a que se refiere la fracción i del articulo anterior, en el periodo de investigación ministerial, son:

I. Recibir denuncias o querellas sobre acciónes u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos del orden común, perpetrados en el territorio del estado o aquellos que surtan sus efectos en el, conforme a los dispuestos en el código penal vigente en el estado, así como las actuaciones o información que le envíen autoridades o personas que tengan noticias de la comisión del delito perseguible de oficio;

II. Investigar los delitos con la ayuda de los auxiliares directos del ministerio publico previstos en este ordenamiento y otras autoridades competentes, tanto federales como de las entidades federativas, en los términos de los convenios de colaboración vigentes, bases e instrumentos jurídicos suscritos para tal efecto;

III. Practicar las diligencias necesarias para la plena comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados al sujeto pasívo del ilícito;

IV. Hacer comparecer a los denunciantes, querellantes, testigos, peritos y demás personas, que puedan suministrar los datos necesarios para la investigación de la investigación ministerial;

V. Ordenar la detención o retención de los probables responsables del delito, conforme a lo dispuesto en el articulo 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

VI. Asegurar los instrumentos, huellas, objetos y productos del delito, en términos de ley;

VII. Restituir provisionalmente y de inmedíato al ofendido o víctima del delito en el goce de sus derechos, siempre y cuando no se afecten los que correspondan a terceras personas y este acreditado el cuerpo del delito de que se trate.

Cuando se estime necesario, el bien se mantendrá a disposición del ministerio publico durante el periodo de la investigación ministerial, exigiendo el otorgamiento de las garantías procedentes. Al ejercitarse la acción personal, lo asegurado se pondrá a disposición del órgano jurisdiccional;

VIII. Conceder la libertad a los indiciados, en los términos previstos en el articulo 20 de la constitución política de los estados unidos mexicanos;

IX. Ejecutar las medidas precautorias que resulten procedentes, de oficio o a petición de la víctima u ofendido o de cualquier persona en términos de lo establecido en el código de procedimientos penales para el estado y demás leyes aplicables.

El ministerio publico dictara las ordenes necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas u ordenes precautorias y de protección.

Dentro del termino de veinticuatro horas de la determinación de la imposición de la medida precautoria u orden de protección, el ministerio publico comúnicara la misma, por cualquier medio, al órgano jurisdiccional, con la finalidad de que la autoridad judicial conozca la imposición de la medida y fije día y hora para la celebración de una audiencia de revisión de las medidas.

Tratándose de delitos vinculados a la violencia de genero y en los casos en que las víctimas u ofendidos sean menores de edad, el ministerio publico dictara de inmedíato, de oficio, las medidas de protección apropiadas para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica.

X. Iniciar el procedimiento de medíacion en los términos previstos en el código de procedimientos penales en el estado.

XI. Ejercer la acción penal, solicitando las ordenes de comparecencia, presentación, aprehensión, o reaprehensión que sean procedentes;

XII. Poner a disposición del juez competente a las personas detenidas, retenidas o aprehendidas, dentro de los plazos que señala la ley;

XIII. Determinar el no ejercicio de la acción penal cuando así lo establezcan las normas aplicables.

El procurador o el subprocurador que autorice el reglamento de esta ley, podrán resolver los casos en que el agente del ministerio publico proponga o disponga el no ejercicio de la acción penal, sin perjuicio del uso de los medios de impugnación que la ley establece;

XIV. Determinar la incompetencia, remitiendo el asunto a la autoridad que deba conocerlo, así como la acumulación de las investigaciónes ministeriales, cuando sea procedente;

XV. Determinar la reserva de la investigación ministerial, conforme al código de procedimientos penales en el estado;

XVI. Poner a disposición de la autoridad competente a los menores que hubieren incurrido en infracciónes correspondientes a ilícitos tipificados por la ley penal;

XVII. Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando deban aplicarse medidas de seguridad, ejercitando las acciónes correspondientes en términos de ley; y

XVIII. Las demás que señalen otras disposiciónes legales.

Las denuncias o querellas por delitos del orden común, podrán ser presentadas ante un agente investigador del ministerio publico, ante la dirección general de investigaciónes ministeriales o ante la policía adscrita a la agencia Veracruzana de investigaciónes, quienes procederán, quienes procederán, en consecuencia, de acuerdo a lo que esta ley y el código de procedimientos penales prescriben.



Artículo 4

Las atribuciones a que se refiere la fracción ii del articulo 2, en el proceso penal son:

I. Solicitar al órgano jurisdiccional competente la practica de las diligencias no efectuadas durante la investigación ministerial;

II. Solicitar el aseguramiento precautorio de bienes o la constitución de garantías para hacer efectiva la reparación del daño, salvo que el inculpado hubiere otorgado aquellas previamente;

III. Aportar las pruebas y promover todas las diligencias conducentes para comprobar plenamente el cuerpo del delito, las circunstancias en que este se cometió y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para fijar el monto preciso de su reparación;

IV. Formular conclusiones en los términos requeridos por el código de procedimientos penales vigente en el estado y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad correspondientes, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios o, en su caso, plantear las causas de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal;

V. La formulación de conclusiones no acusatorias o de cualquier actuación cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del acusado, en los términos previstos en la legislación penal aplicable;

VI. Impugnar, mediante la interposición en tiempo y forma de los recursos pertinentes, las resoluciones jurisdiccionales que, a su juicio, agravien a las personas cuya representación corresponda al ministerio publico; y

VII. Promover lo conducente al desarrollo de los procesos y ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones legales aplicables.



Artículo 5

El ministerio publico visitara los centros de readaptacion social, oirá las quejas o demandas de los internos y pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Si se trataré de conductas que puedan ser constitutivas de delito, iniciara la investigación ministerial correspondiente.

Asimismo, practicara diligencias para verificar que las sentencias impuestas por los órganos jurisdiccionales se ejecuten en sus términos.



Artículo 6

Durante la investigación, el ministerio publico tendrá acceso a los archivos cualquiera que sea su naturaleza, a los registros públicos y a los protocolos de los fedatarios públicos.

Podrá también recabar los documentos e informes que sean indispensables, cumpliendo en todo caso con los requisitos legales de los entes públicos o privados.

Para la investigación ministerial en protocolos o archivos notariales se requerirá acuerdo judicial, debidamente motivado y fundado, que se notificara al notario, señalando día y hora hábiles para la practica de la diligencia. Esta se llevara a cabo en el local de la notaria con intervención del fedatario, a quien el ministerio publico le precisara los puntos concretos sobre los que versara. Concluida la diligencia, el notario suscribirá el acta que al efecto se levante.



Artículo 7

Cuando de las investigaciones practicadas en relación con el fallecimiento de una persona resulte que el hecho pudo haber constituido homicidio en cualquiera de sus formas, el ministerio publico ordenara que se practique la necrocirugia.

A solicitud expresa que la persona legalmente interesada presente, el agente investigador del ministerio publico, el director general de investigaciones ministeriales, el subprocurador que corresponda o el procurador general de justicia, podrán dispensar la practica de la necrocirugia cuando sea necesaria, de conformidad con el dictamen del medico legista que intervenga.

En estos casos, el ministerio publico ordenara que se levante el acta de defunción y que el cadáver sea inhumado.



Titulo Segundo
de la Procuraduría General de Justicia

Capitulo I
de Sus Atribuciones

Artículo 8

Las atribuciones en materia de legalidad y de pronta, expedita y debida procuración de justicia, son:

I. Auxiliar al ministerio publico federal ya los de las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en los convenios formalizados en los términos del articulo 119, párrafo segundo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos;

II. Solicitar informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la administración publica estatal y municipal y organismos autónomos del estado, así como de otras entidades federativas y municipios de la república;

III. Requerir informes y documentos de los particulares ajustándose a los términos previstos en la ley aplicable;

IV. Hacer del conocimiento del pleno del tribunal superior de justicia del estado, los criterios contradictorios que lleguen a sustentarse entre los juzgados y las salas;

V. Formular quejas ante el consejo de la judicatura del poder judicial del estado, por las faltas que, a su juicio, hubiesen cometido los servidores públicos del poder judicial, sin perjuicio de la intervención que conforme a la ley corresponda, si los hechos son constitutivos de delito;

VI. Informar a las autoridades competentes acerca de los hechos que, no siendo constitutivos de delito, afecten a la administración publica del estado;

VII. Informar a los interesados acerca de los procedimientos legales en los trámites de las quejas que hubiesen formulado contra servidores públicos, por hechos no constitutivos de delito pero si susceptibles de ser sanciónados mediante el procedimiento administrativo correspondiente;

VIII. Aplicar normas de control y evaluación técnico-jurídicas en todas las unidades administrativas del ministerio publico y sus órganos auxiliares, tanto centrales como desconcentrados, mediante la practica de visitas de inspección y vigilancia;

IX. Vigilar que el ministerio publico solicite y ejecute de manera obligatoria, las ordenes y medidas de protección a favor de la víctima u ofendido;

X. Especializar a los agentes del ministerio publico, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

A) derechos humanos y genero;

B) perspectiva de genero para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relaciónados con discriminación, violencia y feminicidios;

C) incorporación de la perspectiva de genero en los servicios periciales; y

D) eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros;

XI. Crear un registro publico sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasíficacion de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demograficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasívo, móviles, diligencias basícas a realizar, así como las dificultades para la practica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrara a la estadística criminal y víctimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XII. Elaborar y aplicar de manera inmediata protocolos especializados con perspectiva de genero en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual; y

XIII. Realizar y mantener actualizada una página de internet especifica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser publica y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas.



Artículo 9

Las atribuciones en materia de derechos humanos, son:

I. Promover entre los servidores públicos de la institución la cultura de respeto a los derechos humanos; y

II. Atender, conforme a la legislación aplicable, las propuestas de conciliación y las recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos.