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LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO

Fecha de publicación: 31/12/2007

Fecha de reforma: 15/4/2013


  • Capítulo I. Disposiciones Generales
  • Capítulo II. De las Facultades y Obligaciones del Ministerio Público
  • Capítulo III. De la Procuraduría General de Justicia del Estado Bases de Organización y Funcionamiento
  • Capítulo IV. De las Facultades y Obligaciones del Procurador General de Justicia, Subprocuradores, Directores Generales, Directores y Visitador General
  • Capítulo V. De las Atribuciones de las Unidades Administrativas
  • Capítulo VI. De los Auxiliares del Ministerio Público
  • Capítulo VII. De los Requisitos, Nombramientos, Destituciones y Suplencias de los Servidores Públicos de la Procuraduría
  • Capítulo VIII. De las Incompatibilidades, Impedimentos y Excusas de los Servidores Públicos de la Procuraduría
  • Capítulo IX. De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos de la Procuraduría
  • Capítulo X. De las Causas de Responsabilidad y Sanciones de los Servidores Públicos de la Procuraduría
  • Capítulo XI. Del Procedimiento de Selección de los Servidores Públicos de la Procuraduría
  • Capítulo XII. Del Órgano de Control Interno
  • Transitorios.
  • Versión 15-04-2013

Preámbulo

Ley orgánica del ministerio público del Estado de Hidalgo.

Publicada en el no. 53 bis dos del periódico oficial del Estado de Hidalgo, el 31 de diciembre de 2007.

(en vigor a partir del 01 de enero de 2008)

Gobierno del Estado de Hidalgo

Poder ejecutivo

Miguel ángel osorio chong, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a sus habitantes sabed:

Que la lix legislatura del H. Congreso constitucional del estado libr ey soberano de Hidalgo, ha tenido a bien dirigirme el siguiente:

D e c r e t o num. 514

Que contiene la ley orgánica del ministerio público del Estado de Hidalgo

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés general y tiene por objeto establecer las bases de organización y funcionamiento de la institución del ministerio publico en el Estado de Hidalgo, para el despacho de los asuntos que a esta le atribuyen la constitución política de los estados unidos mexicanos, la constitución política del Estado de Hidalgo, este ordenamiento y las demás disposiciones aplicables.



Artículo 2

El ministerio publico como representante del interés social, es una institución de buena fe, con autonomía técnica y administrativa para garantizar su independencia en la emisión de las resoluciones de su competencia.



Artículo 3

Al ministerio publico le compete:

I. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades del estado;

II. Investigar los delitos del orden común, que en los términos que la ley considere sea competente, y ejercitar la acción penal, cuando proceda;

III. Realizar en uso de su facultad persecutoria ante los órganos judiciales, las diligencias propias para probar la existencia del delito y sus circunstancias, las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o no responsabilidad de este;

IV. Proporcionar atención a las víctimas y ofendidos del delito durante el procedimiento;

V. Velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social;

VI. Mantener el orden jurídico;

VII. Exigir el cumplimiento de la pena;

VIII. Cuidar de la correcta aplicación de las medidas de política criminal que establezca el ejecutivo del estado;

IX. Proteger los intereses colectivos e individuales contra toda violación de las leyes;

X. Proteger los derechos e intereses individuales y sociales de los menores de edad, incapaces, ausentes, indígenas, adultos mayores y de instituciones de beneficencia publica, cuando estos carezcan de la representación legal o judicial debida; o teniéndola existan intereses contrarios a los de estos, conforme a las leyes aplicables;

XI. Intervenir de conformidad con lo dispuesto en la ley de justicia para adolescentes del Estado de Hidalgo, y;

XII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, acuerdos y convenios.



Artículo 4

La institución del ministerio publico en el Estado de Hidalgo, estará presidida por el procurador general de justicia, quien tendrá la representación legal de la misma.



Artículo 5

Las atribuciones de la institución del ministerio publico, se ejercerán por conducto del procurador general de justicia y de los agentes del ministerio publico.



Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones del Ministerio Público

Artículo 6

Son obligaciónes del ministerio publico, en el periodo de averiguación previa y en el ejercicio de la acción penal:

I. Recibir las denuncias o querellas sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos;

II. Ordenar y practicar de oficio las diligencias necesarias para investigar con objetividad el hecho presuntamente delictivo, acreditar el cuerpo del delito, la probable responsabilidad del indiciado, así como el daño y los perjuicios, y su cuantificación, dentro del plazo que establece el código de procedimientos penales, para la pronta y expedita procuración de la justicia;

III. Asegurar que los denunciantes, querellantes u ofendidos, precisen en sus declaraciones las circunstancias del lugar, tiempo y ocasíon de los hechos motivo de la denuncia o querella;

IV. Solicitar al denunciante o querellante que aporte los datos necesarios para precisar la identidad del probable responsable y dar de inmediato intervención a peritos para la elaboración de la media filiación y el retrato hablado;

V. Desarrollar la investigación, absteniéndose de realizar diligencias contradictorias, innecesarias o inconducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, debiendo fundar y motivar su negativa;

VI. Expedir y fechar de inmediato los citatorios o comparecencias ulteriores, de denunciantes, querellantes, testigos, probables responsables, o de cualquier compareciente del ministerio publico, de acuerdo con el desarrollo expedito, oportuno y eficaz de la indagatoria, siendo responsables los agentes de ministerio publico que requieran las comparecencias y sus auxiliares, de que se desahoguen con puntualidad y de conformidad con la estrategia de investigación correspondiente;

VII. Procurar la mediación y la conciliación entre el ofendido y el inculpado, cuando se haya iniciado la averiguación previa y se trate de delitos perseguibles por querella no considerados graves;

VIII. Comunicar por los medios reconocidos por la ley de la materia, a la representación diplomática o consular del país, la detención de un extranjero, haciéndole de su conocimiento este derecho a la persona detenida;

IX. Comunicar por los medios reconocidos por la ley de la materia, a la delegación del instituto nacional de migración, cuando se encuentre relacionada en una averiguación previa, una persona de nacionalidad extranjera;

X. Ordenar la libertad del indiciado, inmediatamente que tenga conocimiento de su ilegal detención o cuando por cualquier otra causa, proceda conforme a la ley;

XI. Ordenar la detención o la retención de los indiciados, de conformidad a lo establecido en el articulo 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y el código de procedimientos penales para el estado;

XII. Conceder la libertad provisional previa al indiciado, en los términos que prevé la constitución política de los estados unidos mexicanos y consignada la averiguación previa, remitir la garantía y constancias relativas a la autoridad judicial;

XIII. Solicitar el arraigo, en los casos y circunstancias que prevé el código de procedimientos penales para el estado;

XIV. Recibir para su debida guarda o custodia los valores, documentos y otros bienes con los que se haya garantizado la libertad provisional, la reparación del daño, multa o cualquier otra obligación a cargo del probable responsable y en su caso remitirlos a la autoridad judicial;

XV. Solicitar las ordenes de cateo a la autoridad judicial, de conformidad con el articulo 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y el código de procedimientos penales para el estado;

XVI. Realizar el cotejo de copias o testimonios de constancias que se manden expedir, autorizando las mismas;

XVII. Expedir copias y certificaciones que se le soliciten cuando sea procedente;

XVIII. Requerir informes, documentos y opiniones de las dependencias de la administración publica estatal y municipal, a particulares o terceros y solicitar a las entidades federativas en su caso, la practica de diligencias en los términos de los convenios y conforme a las formalidades establecidas por las normas aplicables;

XIX. Diligenciar los oficios de colaboración en los plazos y condiciones fijadas en el código de procedimientos penales para el estado;

XX. Asegurar los derechos del ofendido o de sus legítimos representantes y restituirlos a estos, conforme lo dispuesto en el código de procedimientos penales para el estado;

XXI. Decretar el aseguramiento de indicios, cosas, objetos o productos del delito o que estuvieran relacionados con este, inventariándolos y dictando las medidas necesarias para evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan, hasta en tanto se inspecciónan o se aprecian por peritos;

XXII. Remitir a la contraloria interna de la procuraduría, para su custodia, cuando la naturaleza de lo asegurado lo requiera, objetos, evidencias, instrumentos o productos materiales del delito, recabados por el ministerio publico o sus auxiliares en la investigación, tomando las precauciones necesarias para asegurar su conservación e identidad;

XXIII. Hacer del conocimiento del procurador general, la necesidad de intervenir una comúnicación privada, para los fines de la averiguación previa;

XXIV. Instruir a los agentes de investigación, sobre las diligencias que deban realizar para los fines de la averiguación previa, así como ordenarles practique las citaciónes, notificaciónes, presentaciónes y ordenes de detención que disponga;

XXV. Acordar que la audiencia se lleve a cabo a puerta cerrada, cuando se trate de un delito en contra de la moral y disponer sobre la intervención de las personas que oficialmente deban concurrir;

XXVI. Aplicar las correcciones disciplinarias, por acciónes u omisiones o faltas en que incurran personas o funcionarios a efecto de salvaguardar el buen orden, el respeto y la consideración debidos en la practica de las diligencias;

XXVII. Ordenar las medidas de apremio para hacer cumplir sus resoluciónes, en los términos dispuestos en el código de procedimientos penales para el estado;

XXVIII. Practicar tratándose de lesiones internas, la inspección de las manifestaciones externas que presente el ofendido, solicitando la intervención de peritos médicos, en los términos que dispone el código de procedimientos penales para el estado, para que dictaminen si los síntomas que presentan son o no debidos a las lesiones imputadas;

XXIX. Ordenar la presentación, con estricta observancia de sus garantías individuales, de aquellas personas que previa cita, no hayan comparecido ante el ministerio publico, o que de actuaciónes se desprenda puedan aportar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos; si por la urgencia o naturaleza de la diligencia que deba practicarse, no es posible agotar la citación, se asentara razón en las diligencias, fundando y motivando debidamente la actuación;

XXX. Ejercitar la acción penal ante los tribunales competentes, por los delitos del orden común, tan pronto resulte que se ha comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como satisfechos los requisitos de procedibilidad; solicitando las ordenes de aprehensión o de comparecencia correspondientes, en los términos del articulo 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos;

XXXI. Solicitar al juez la negativa de la libertad caucional del inculpado aun cuando se trate de delito no calificado como grave, en los casos previstos por la constitución política de los estados unidos mexicanos y lo dispuesto en el código de procedimientos penales para el estado;

XXXII. Emitir acuerdo, cuando no sea posible desahogar las pruebas ofrecidas por el indiciado o su defensor, en el sentido de que consignadas que sean las diligencias de averiguación previa, será el juzgador el que resuelva sobre la admisión y desahogo de estas;

XXXIII. Poner a disposición de la autoridad competente y sin demora a las personas detenidas en caso de flagrancia o urgencia, así como los objetos, instrumentos o productos del delito, en el termino previsto en el código de procedimientos penales para el estado;

XXXIV. Resolver sobre la incompetencia y remitir las actuaciónes a la autoridad que deba conocer del asunto;

XXXV. Remitir de inmediato a la dirección de investigación y recuperación de vehículos robados, las averiguaciónes previas que se relacionen con robo de vehículos, así como el vehículo, objetos, instrumentos y productos del delito que estén relacionados; una vez realizadas las diligencias necesarias o de urgencia;

Xxxvi. Resolver de oficio la acumulación de las averiguaciónes previas cuando sea procedente;

Xxxvii. Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando se acredite algúno de los supuestos que establece el código de procedimientos penales para el estado;

Xxxviii. Resolver la reserva de la averiguación previa y ordenar su notificación, cuando considere que de las diligencias practicadas no resultan elementos para hacer la consignación;

Xxxix. Solicitar a la subprocuraduría que corresponda la autorización del archivo definitivo de la averiguación previa;

Xl. Remitir de inmediato a la subcoordinacion de atención interdisciplinaria de la subprocuraduría de atención a la familia y a la víctima a los incapaces o menores de edad; así como las actuaciónes cuando se acredite la situación de daño, peligro o conflicto en la que se encuentren con motivo de la detención o prisión de quien los tenga a su cuidado, para brindarles la atención de urgencia que requieran;

Xli. Reanudar la investigación por orden del procurador general, respecto de otros autores o participes de un delito, cuando por resolución ejecutoriada dictada en el proceso se decrete la libertad absoluta del sujeto contra quien previamente se había ejercitado acción penal, en virtud de no haberse demostrado su responsabilidad penal;

Xlii. Continuar la investigación cuando la autoridad judicial niegue la orden de aprehensión, de comparecencia, dictada la libertad por falta de elementos para procesar por no haberse comprobado la probable responsabilidad o por desvanecimiento de los datos que sirvieron para comprobar esta, en los casos previstos en el código de procedimientos penales;

Xliii. Interponer excusa en los asuntos en que intervenga, cuando concurra algún impedimento que establezca la ley;

Xliv. Informar al inculpado cuando fuese detenido o comparezca ante el, así como a su defensor y a la víctima o al ofendido cuando se presenten por primera vez ante el, los derechos que en su favor establece la constitución política de los estados unidos mexicanos y el código de procedimientos penales del estado;

Xlv. Rendir los informes en tiempo y forma en los juicios de amparo en que sean señalados como autoridades responsables, anexando los documentos o copias certificadas necesarias para justificar la legalidad o constituciónalidad de los actos reclamados;

Xlvi. Observar los lineamientos, pautas generales, acuerdos, circulares e instrucciones que emita el procurador general;

Xlvii. Conocer de los delitos en materia de competencia concurrente, en los términos que marca la constitución política de los estados unidos mexicanos; y

Xlviii. Respetar el sigilo de las actuaciónes ministeriales practicadas dentro de la averiguación previa;

Xlix. Abstenerse de proporcionar copias simples o certificadas de averiguaciónes previas o documentos en materia de narcomenudeo y de los delitos graves contenidos en el articulo 119 del código de procedimientos penales vigente en la entidad;

L. Las demás que determine esta ley y otras disposiciónes aplicables.



Artículo 7

Son obligaciones del ministerio publico en el periodo de averiguación procesal:

I. Realizar las acciónes necesarias, para formular pedimentos de cumplimiento de orden de aprehensión en el extranjero, observando la ley de extradición internacional y los tratados celebrados para tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el código de procedimientos penales del estado;

II. Solicitar las medidas cautelares que procedan;

III. Solicitar a la autoridad judicial la expedición de orden de cateo para la captura del inculpado, en contra de quien se haya librado orden de aprehensión o para la búsqueda de objetos;

IV. Solicitar bajo su mas estricta responsabilidad a la autoridad judicial, el arraigo del procesado, cuando no deba ser internado en prisión prevéntiva y existan motivos suficientes para temer que se sustraiga de la acción de la justicia;

V. Solicitar bajo su mas estricta responsabilidad a la autoridad judicial, el arraigo de testigos, cuando hubiere la necesidad o el temor fundado de que se ausenten antes de que se les pueda declarar;

VI. Solicitar al juez la negativa de la libertad caucional del inculpado, aun cuando se trate de delito no grave, en los casos que prevé la constitución política de los estados unidos mexicanos y el código de procedimientos penales para el estado, cuando no haya sido solicitada al ejercitarse la acción penal;

VII. Impulsar el desarrollo expedito de los procesos a efecto de que se concluyan en los plazos de ley;

VIII. Intervenir en la diligencia de declaración preparatoria e interrogar al inculpado;

IX. Ofrecer y aportar las pruebas conducentes al debido esclarecimiento de los hechos, a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como el delito y la responsabilidad penal del inculpado, la existencia de los daños y perjuicios, y a la cuantificación del monto de la reparación;

X. Intervenir en el desahogo de las pruebas admitidas al inculpado, cuando se prorrogue el plazo para resolver su situación jurídica;

XI. Promover, concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen ante los órganos judiciales en los procedimientos penales, para el debido esclarecimiento de los hechos, desahogando las vistas que se le den y formulando los pedimentos que procedan dentro de las mismas en los términos de ley;

XII. Estudiar los asuntos de su competencia en que se le de vista y promover lo procedente si se estima que existen hechos que pueden constituir delito, un delito diverso o un delito de personas distintas a las procesadas;

XIII. Solicitar el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación de los daños y perjuicios;

XIV. Solicitar al juzgador que el inculpado no vaya o resida en una circunscripción territorial determinada, cuando este obtenga su libertad provisional, y en forma adicional para cualquier delito en las conclusiones acusatorias;

XV. Tramitar los incidentes penales ante el órgano judicial de conformidad a lo establecido en el código de procedimientos penales para el estado;

XVI. Formular por escrito las conclusiones acusatorias en los términos señalados por la ley, solicitando la imposición de las penas y medidas de seguridad procedentes, y precisando el monto de la reparación de los daños y perjuicios;

XVII. Formular por escrito conclusiones de no acusación en caso de estimarlo procedente, planteando las causas de exclusión de delito, de extinción de la acción penal, o la no responsabilidad penal;

XVIII. Impugnar oportunamente las resoluciónes judiciales que le causen agravios e interponer los recursos procedentes, así como expresar los motivos de inconformidad correspondientes;

XIX. Solicitar a la autoridad judicial el aumento de la garantía de la reparación de daños y perjuicios exigida para la obtención de la libertad caucional, o una vez acreditado el monto de la reparación de daños y perjuicios, hacer el pedimento para que se requiera al inculpado, la garantice cuando no se le hubiere fijado tal garantía por falta de cuantificación al concederle su libertad caucional;

XX. Solicitar al juez ampliar o corregir las diligencias desahogadas en instrucción dentro del termino de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la citación para la audiencia de vista;

XXI. Asistir a la audiencia de vista y en su caso interrogar al inculpado, o formular alegatos por escrito o verbalmente;

XXII. Comunicar al procurador general, la resolución ejecutoriada que se dicte en el proceso, en la que se decrete la libertad absoluta de los autores o participes contra quien o quienes previamente se había ejercitado acción penal en virtud de no haberse demostrado su responsabilidad penal, a efecto de que este autorice la reanudación de la investigación;

XXIII. Remitir mensualmente a la unidad de vigilancia de ejecución de penas, medidas de seguridad y penas sustitutivas, el informe de sentencias condenatorias que hayan causado ejecutoria, para integrar el registro de datos sobre ejecución de penas; y

XXIV. Las demás que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.



Artículo 8

Son obligaciones del ministerio publico con la víctima o el ofendido las siguientes:

I. Proporcionar asesoría jurídica, desde la primera oportunidad en que tenga contacto la víctima o el ofendido, con la autoridad y durante cualquier etapa del procedimiento;

II. Informar sobre el desarrollo del procedimiento y de las garantías que en su favor establece la constitución política de los estados unidos mexicanos y las leyes locales de la materia;

III. Expedir las copias de las constancias que el ofendido o su asesor jurídico le soliciten;

IV. Notificar las determinaciones sobre el no ejercicio de la acción penal, sobre la reserva o archivo del expediente de averiguación previa;

V. Vigilar que en el proceso le sean notificadas las resoluciones en términos de ley, salvo aquellas que solo deban ser notificadas al ministerio publico;

VI. Informar de los recursos que la ley prevé en su favor;

VII. Hacer de su conocimiento que podrá coadyuvar con el ministerio publico a partir del auto de radicación;

VIII. Recibir todos los datos o elementos de prueba que le aporten, por si o por conducto de su asesor jurídico, en la averiguación previa para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal; y en el proceso para la comprobación del delito, y la responsabilidad penal, la reparación de los daños y perjuicios así como su cuantificación;

IX. Restituir en el goce de sus derechos al ofendido cuando le sea solicitado en los términos previstos en la ley adjetiva de la materia;

X. Solicitar al juzgador que decrete el embargo precautorio para garantizar la reparación de los daños y perjuicios;

XI. Otorgar las facilidades y providencias necesarias, para evitar que se ponga en peligro la seguridad de la víctima o el ofendido, al identificar al probable responsable del delito;

XII. Tomar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a la víctima o el ofendido, cuando se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en coordinación con otras instituciones competentes;

XIII. Comunicar por los medios reconocidos por la ley de la materia a la representación diplomática o consular del país cuando la víctima u ofendido sea extranjero, haciéndole de su conocimiento este derecho a efecto de estar en aptitud de solicitar la asístencia necesaria;

XIV. Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no esta obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, en estos casos, las declaraciones respectivas se efectuaran conforme lo establezcan las disposiciones aplicables;

XV. Informar en los casos procedentes en que desee otorgar el perdón, el significado y trascendencia jurídica de dicho acto;

XVI. Dictar las medidas de asístencia médica, psicológica, social, legal de urgencia que requieran. Cuando el ministerio publico lo estime necesario tomara las medidas conducentes para que la atención se haga extensiva a otras personas; y

XVII. Las demás que le señalen las leyes y otras disposiciones aplicables.



Artículo 9

Para el ejercicio de la vigilancia de la legalidad, como principio rector de la convivencia social, al ministerio publico le corresponde:

I. Hacer del conocimiento de la autoridad judicial competente, en los términos que señala su ley orgánica, las contradicciones de criterios que surjan en las resoluciones que emitan los juzgados y salas del tribunal superior de justicia;

II. Presentar las quejas ante la instancia competente, en los términos que señala la ley orgánica del poder judicial del estado, sobre las faltas en que incurren los servidores públicos del poder judicial, en detrimento de la pronta, completa e imparcial imparticion de justicia;

III. Instrumentar y ejercer las normas de supervisión y control técnico

Artículo 10

Para mantener el orden jurídico le corresponde al ministerio publico, por conducto del procurador general de justicia, presentar ante el Congreso del Estado, las iniciativas de leyes que en su ramo sean necesarias para la exacta observancia de la constitución federal y local, así como para asegurar que la justicia en el estado sea pronta, completa e imparcial; y promover la reforma o derogación de aquellas leyes que sean contrarías al orden constituciónal.



Artículo 11

Son obligaciones del ministerio publico, para exigir el cumplimiento de las penas, las siguientes:

I. Vigilar y promover lo conducente, a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas, gestionando ante las autoridades administrativas lo que legalmente proceda;

II. Vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas, en la concesión de penas sustitutivas y de beneficios legales a sentenciados;

III. Emitir opinión sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de la libertad condicional;

IV. Practicar visitas a los centros de readaptacion social para adultos, para verificar que las penas, medidas de seguridad y penas sustitutivas, se ejecuten conforme a la ley;

V. Recibir quejas y denuncias de los internos, haciéndolas del conocimiento a las autoridades competentes o iniciando la averiguación previa correspondiente; y

VI. Las demás que le señalen las leyes y otras disposiciones aplicables.



Artículo 12

Para la correcta aplicación de las medidas de política criminal, al ministerio publico le corresponde:

I. Vigilar que las medidas de política criminal, que establezca el ejecutivo del estado, observen los derechos humanos y las garantías individuales;

II. Proponer al ejecutivo del estado, el estudio de las conductas delictivas y las causas que las propician, para diseñar los programas y formular estrategias y acciones de política criminal;

III. Intervenir en la evaluación del cumplimiento de los programas de política criminal que se diseñen para la entidad; y

IV. Las demás que le señalen las leyes y otras disposiciones aplicables.