Enjoy SmartLeges Premium!

Subscribe to SmartLeges Premium and enjoy the following advantages:

  • Consult as many laws as you need with no additional charge
  • Consult almost any law in several countries with the new advanced search engine. All legislation within reach!
  • Enjoy all SmartLeges functions without restrictions
See the plans

An essential and free application for professionals and students in the legal sector

Read more
 

Sign up for free!

Would you like to consult this and other laws complete?

Sign up for free to consult all the laws of SmartLeges in your mobile phone or tablet, as well as underline text, add notes...

Sign up for free!

Share this law Other laws of Mexico
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de publicación: 10/12/2010

Fecha de reforma: 27/6/2011


  • Título I. Disposiciones Generales
    • Capítulo Único. del Objeto y Ámbito de Aplicación
  • Título II. el Delito de Trata de Personas
    • Capítulo Único. de la Definición y Sanción del Delito de Trata de Personas
  • Título III. la Política en Materia de Prevención y Protección de Víctimas
    • Capítulo I. de la Prevención
    • Capítulo II. de los Derechos de las Víctimas
  • Título IV. el Comité
    • Capítulo I. de Su Denominación e Integración
    • Capítulo II. de Sus Atribuciones
    • Capítulo III. de Sus Sesiones
    • Capítulo IV. de los Subcomités
    • Capítulo V. de las Facultades de la Presidencia y la Secretaría Técnica
    • Capítulo VI. de las Facultades de los Integrantes del Comité
      • Sección Primera. las Facultades Generales
      • Sección Segunda. las Facultades Específicas
  • Título V. las Obligaciones de los Municipios
    • Capítulo Único
  • Título VI. los Programas Estatal y Municipales
    • Capítulo I. del Programa Estatal
    • Capítulo II. del Programa Municipal
    • Capítulo III. de la Participación Ciudadana en la Planeación y Ejecución del Programa Estatal y los Programas Municipales
    • Capítulo IV. del Financiamiento del Programa Estatal
  • Transitorios
  • Versión 27-06-2011

Preámbulo

Ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas del Estado de Quintana Roo

Publicada en el numero 106 extraordinario del periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 10 de diciembre de 2010

(en vigor a partir del 11 de diciembre de 2010)

Decreto numero: 371

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo Único
del Objeto y Ámbito de Aplicación

Artículo 1

La presente ley tiene por objeto la prevención, el combate y la sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asístencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar el respeto al irrenunciable derecho a la libertad y la dignidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio de Quintana Roo. Esta ley se aplicara en todo el territorio de Quintana Roo y sus disposiciones son de orden publico e interés social.



Artículo 2

Las dependencias y entidades de la administración publica del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones tienen la obligación de actuar con diligencia para perseguir y sancionar el delito de trata de personas, realizando las investigaciones y acciones necesarias para sancionar a los responsables, brindar atención y protección a las víctimas y prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de programas y acciones permanentes.



Artículo 3

El delito de trata previsto en esta ley se perseguirá, investigara y sancionara por las autoridades de Quintana Roo siempre que se inicie, prepare o cometa en el territorio del mismo estado independientemente del lugar donde se produzcan o se pretenda que se produzcan sus efectos. También se perseguirá, investigara y sancionara por las autoridades de Quintana Roo el delito que tenga efectos o se pretenda que tenga efectos en el Estado de Quintana Roo, independientemente de que se inicie, prepare o cometa fuera o al interior del mismo estado.



Artículo 4

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Código de procedimientos penales: al código de procedimientos penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

II. Código penal: al código penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

III. Comité: al comité interinstitucional para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas;

IV. Grupo de trabajo: al grupo de trabajo de seguimiento a casos de trata de personas;

V. Ley: a la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas del Estado de Quintana Roo;

VI. Programa estatal: al programa estatal para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas;

VII. Programa municipal: al programa municipal para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas.



Artículo 5

En todo lo no previsto por esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones normativas de los tratados que en la materia haya ratificado el estado mexicano, el código penal y el código de procedimientos penales y demás ordenamientos jurídicos aplicables.



Título II
el Delito de Trata de Personas

Capítulo Único
de la Definición y Sanción del Delito de Trata de Personas

Artículo 6

Comete el delito de trata de personas quien capte, reclute, induzca, procure, facilite, consiga, promueva, mantenga, acoja, favorezca, retenga, transporte, permita, solicite, ofrezca, traslade, entregue o reciba, para si o para un tercero, a una o mas personas, recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de libertad, a la seducción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación.

Para efectos de este articulo se entenderá por explotación:

I. Someter a una persona a una condición de esclavitud;

II. Someter a una persona a practicas análogas a la esclavitud, las cuales comprenden: la servidumbre, servidumbre por deuda, matrimonio forzado y/o servil y la explotación de la mendicidad ajena;

III. Obligar a una persona mediante la fuerza, amenaza, coacción o cualquier tipo de restricción física o moral, a proporcionar trabajos forzosos o servicios;

IV. El empleo, gratuito o mediante salario, de menores de 18 años edad en trabajos que por su naturaleza sean nocivos para su desarrollo físico, mental o emocional;

V. El empleo gratuito o mediante salario de personas menores de 14 años, cualquiera que sea su naturaleza;

VI. Mantener a una persona en una condición de servidumbre, incluyendo la servidumbre de carácter sexual;

VII. Cualquier forma de explotación sexual, beneficiarse de la prostitución ajena, mantener un prostíbulo y la realización de pornografía;

VIII. La extracción ilícita de un órgano, tejido, sus componentes o derivados del organismo humano.

Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad se considerara como trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el primer párrafo del presente articulo.

Comete este delito a quien solicite o haga uso de servicios sexuales de un menor de dieciocho años de edad, a cambio de una retribución en dinero o en especie.



Artículo 7

A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicara:

I. De siete a veinte años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa;

II. De doce a treinta años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad;

III. Las penas que resulten de las fracciones i y ii de este articulo se incrementaran hasta en una mitad cuando:

A) se produce el resultado de la explotación.

B) sea cometido en contra de persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

C) sea cometido en contra de persona mayor de sesenta años de edad.

D) sea cometido en contra de personas con discapacidad.

E) sea cometido en contra de personas indígenas.

F) se aproveche de la necesidad o vulnerabilidad de los migrantes que se encuentren en tránsito por el Estado de Quintana Roo, o que sean trabajadores migrantes o hijos o hijas de estos.

G) el agente se valga de la autoridad que ejerza por relación laboral, sea publica o privada, o cualquier otra relación que implique una subordinación de esta.

H) el agente se valiese de la función publica que tuviere o hubiese ostentado sin tener la calidad de servidor publico. Además, se impondrá al servidor publico la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

I) el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco alguno, o sea tutor de la víctima. Además, según las circunstancias del hecho, perderá la patria potestad, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de esta.



Artículo 8

El delito de trata de personas se investigara, perseguirá y sancionara de oficio y se regirá por lo establecido por esta ley, el código penal y el código de procedimientos penales.

Cuando en la comisión del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicaran las reglas del concurso establecidas en el libro primero del código penal.

El consentimiento otorgado por la víctima, sea mayor o menor de dieciocho años de edad, en cualquier modalidad o momento del delito de trata de personas o para su explotación no constituirá causa que excluye el delito de trata.

Las víctimas no podrán ser procesadas, detenidas o sancionadas por el delito de trata del que fueron víctimas, ni por la entrada ilegal en el país, en su caso.

Las víctimas tendrán derecho a interponer las acciones civiles correspondientes, en su caso, derivadas del delito de trata.

El careo entre el presunto agresor y la víctima de trata menor de dieciocho años de edad no procederá en ningún caso.



Artículo 9

Cuando un miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones publicas del gobierno estatal, cometa el delito de trata de personas con los medios que, para tal objeto, la misma persona jurídica le proporcione, de modo que el delito se cometa bajo el amparo o en beneficio de aquella, el juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, alguna o algunas de las sanciones jurídicas accesorias siguientes:

I. Suspensión: que consistirá en la interrupción de la actividad de la persona jurídica durante el tiempo que determine el juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de cinco años;

II. Disolución: que consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona jurídica, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El juez designara en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de estos y de la entidad objeto de la liquidación;

III. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones: que podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece el código penal por desobediencia a un mandato de autoridad;

IV. Remoción: que consistirá en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez, durante un periodo máximo de tres años. Para hacer la designación, el juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. Cuando concluya el periodo previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos;

V. Incautación y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del delito, así como de las utilidades obtenidas de la comisión del mismo; e

VI. Intervención: que consistirá en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años.

Al imponer las sanciones jurídicas accesorias previstas en este articulo, el juez tomara las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada. Estos derechos quedan a salvo, aun cuando el juez no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.



Artículo 10

Cuando una persona mediante sentencia sea declarada penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas, el juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Esta incluirá:

I. Los costos del tratamiento medico, psicológico y psiquiátrico necesarios, incluyendo, en su caso, los costos del embarazo y parto, y manutención de la descendencia de la víctima que haya sido producto o a consecuencia de la explotación y maltrato sufrido con ocasíón del delito de trata;

II. Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;

III. Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, gastos de alimentación y vivienda provisional, de la víctima, su descendencia y/o personas dependientes económicamente de ella;

IV. Los ingresos perdidos;

V. El resarcimiento de los perjuicios ocasíónados a la víctima y a su descendencia y/o personas dependientes económicamente de ella;

VI. La indemnización por daño moral; y

VII. El resarcimiento derivado de cualquier otra perdida sufrida por la víctima que haya sido generada por la comisión del delito.

El juez ordenara también la incautación y confiscación de los bienes utilizados para cometer el delito, así como de las utilidades obtenidas por la comisión de los mismos.