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LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA DEL ESTADO DE YUCATAN

Fecha de publicación: 1/12/2003

Fecha de reforma: 1/12/2003


  • Capitulo I. Disposiciones Comunes
  • Capitulo II. Delito de Tortura
  • Capitulo III. de la Prevención de la Tortura
  • Transitorios
  • Versión 01-12-2003

Preámbulo

Ley para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Yucatán publicada en el no. 30018 del diario oficial del Estado de Yucatán, el 01 de diciembre de 2003.

(en vigor a partir del 02 de diciembre de 2003)

Gobierno del estado

Poder ejecutivo

Decreto número 351

Ciudadano patricio josé patrón laviada, gobernador constitucional del Estado de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán,

Decreta:

Ley para prevenir y sancionar la tortura del Estado de Yucatán.

Capitulo I
Disposiciones Comunes

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden publico e interés social. Tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicara para toda persona que habite o se encuentre transitoriamente en el territorio del Estado de Yucatán en materia de fuero común.



Artículo 2

El bien jurídico tutelado en la figura típica de tortura es la integridad de la persona tanto física como psíquica y la adecuada procuración y administración de justicia que son pilares fundamentales en la función estatal.



Artículo 3

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Servidor publico: los señalados como tales en la constitución política de los estados unidos mexicanos y la particular del Estado de Yucatán, así como en las leyes estatales y municipales que de ellas emanen;

II. Autoridades: las encargadas de prevenir la tortura como son:

El ejecutivo estatal, los ayuntamientos, centros de readaptacion social, procuradurías, sistema integral para el desarrollo de la familia (dif), la comisión de derechos humanos del estado, secretaria de educación, medios de comunicación oficiales, así como cualquier otra autoridad estatal o municipal relacionada con la procuración de justicia, seguridad publica, custodia y tratamiento de detenidos, procesados, indiciados, reos o menores infractores; y

III. Lesión: para efectos de esta ley se entenderá cualquier daño físico o psíquico en términos del titulo vigésimo, del capitulo ii, del código penal de Estado de Yucatán que se inflija a cualquier persona con el animo de torturarla.



Capitulo II
Delito de Tortura

Artículo 4

Comete el delito de tortura el servidor publico que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por si o a través de un tercero, inflija intencionalmente a un inculpado, procesado, sentenciado o a cualquier persona lesiones con fines de investigación o procedimiento legal de hechos delictivos o infracciónes, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo de una acción u omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió, o las coaccióne para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura, las penas o sufrimientos físicos o psíquicos que sean únicamente consecuencia de sanciones penales inherentes o medidas incidentales a estas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no se encuentren entre las prohibidas por el articulo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

El delito de tortura se considerara como delito grave en términos del articulo 13 del código penal del Estado de Yucatán, pues afecta de manera importante valores fundamentales de la sociedad.



Artículo 5

Al responsable del delito de tortura se le impondrá como pena prisión de tres a doce años, multa por el importe de doscientos a quinientos días de salario e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo o comisión publica, independientemente de las penas que se le impongan de resultar otros delitos.



Artículo 6

El servidor publico que en el ejercicio de sus funciones conozca de algún hecho de tortura esta obligado a denunciarlo en un termino de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que tenga conocimiento del hecho. Si no lo hiciere, se le sancionara conforme a lo establecido en el libro segundo, titulo cuarto, capitulo v, del código penal del Estado de Yucatán.



Artículo 7

No se consideraran como causas de inexistencia del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como peligrosidad del indiciado, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.



Artículo 8

En el momento en que lo solicite, cualquier persona privada de su libertad, por si misma, por medio de su defensor o de un tercero, deberá ser examinada por un perito medico legista y un medico nombrado por la comisión de derechos humanos del estado o por un facultativo de su elección. El medico que practique el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y, en caso de apreciar que hay lesiónes deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad competente.

Cuando se alegue una lesión psíquica por lo menos uno de los médicos deberá contar con la especialización de psiquiatría o psicología debidamente avalada.



Artículo 9

El reconocimiento medico deberá efectuarse en un plazo que no exceda de 24 horas a partir del momento de la solicitud. Cuando el perito medico legista, medico nombrado por la comisión de derechos humanos o el medico particular nombrado por la víctima incurra en falsedad al expedir el certificado, será sancionado conforme a la legislación aplicable.



Artículo 10

La gravedad de las lesiones se calificara conforme a lo establecido en el titulo vigésimo, capitulo ii, del código penal del Estado de Yucatán.



Artículo 11

Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba, conforme a lo establecido en los artículos 118 y 212 del código de procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán.



Artículo 12

La reparación del daño se determinara conforme a lo establecido en el libro primero, titulo cuarto, capitulo iv, del código penal del Estado de Yucatán.

El estado será subsidiariamente responsable por el menoscabo a la integridad física y/o psíquica ocasionada por el servidor publico con motivo de actos de tortura.