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REAL DECRETO 658/2001, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.

Ministerio de Justicia

BOE 164 de 10/07/2001

Redacción publicada el 13/10/2003


  • Disposiciones Finales
  • ESTATUTO
    • TÍTULO I
      • CAPÍTULO ÚNICO. De la abogacía y sus organismos rectores
    • TÍTULO II
      • CAPÍTULO I. De los Colegios de Abogados
      • CAPÍTULO II. De los abogados
        • SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES
        • SECCIÓN 2.ª DE LA COLEGIACIÓN
        • SECCIÓN 3.ª PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y RESTRICCIONES ESPECIALES
        • SECCIÓN 4.ª EJERCICIO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y MULTIPROFESIONAL
    • TÍTULO III. Derechos y deberes de los abogados
      • CAPÍTULO I. De carácter general
      • CAPÍTULO II. En relación con el Colegio y con los demás colegiados
      • CAPÍTULO III. En relación con los Tribunales
      • CAPÍTULO IV. En relación con las partes
      • CAPÍTULO V. En relación a honorarios profesionales
      • CAPÍTULO VI. En relación con la asistencia jurídica gratuita
    • TÍTULO IV. De los órganos de gobierno de los Colegios y del régimen económico colegial
      • CAPÍTULO I. De los órganos de los Colegios
      • CAPÍTULO II. De la Junta de Gobierno
      • CAPÍTULO III. De la Junta General y la Asamblea Colegial
      • CAPÍTULO IV. Del régimen económico colegial
    • TÍTULO V. De los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas
    • TÍTULO VI. El Consejo General de la Abogacía Española
      • CAPÍTULO I. Órganos y funciones
      • CAPÍTULO II. El Pleno del Consejo General
      • CAPÍTULO III. La Comisión Permanente
      • CAPÍTULO IV. El Presidente
    • TÍTULO VII. El Congreso Nacional de la Abogacía Española
    • TÍTULO VIII. El régimen de responsabilidad de los colegiados
      • CAPÍTULO I. Responsabilidad penal y civil
      • CAPÍTULO II. Responsabilidad disciplinaria
        • SECCIÓN 1.ª FACULTADES DISCIPLINARIAS DE LOS TRIBUNALES Y COLEGIOS
        • SECCIÓN 2.ª DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
    • TÍTULO IX. Del régimen jurídico de los acuerdos sometidos a Derecho administrativo y su impugnación
  • Disposiciones Transitorias
El pasado 31 de mayo se suscribió el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia con el fin de abordar una modernización íntegra de nuestro sistema judicial, impulsando un nuevo modelo de Justicia global y estable que garantice con rapidez, eficacia y calidad los derechos de los ciudadanos. Los abogados deben jugar en este proceso un papel esencial. En este sentido, el punto veinte del Pacto de Estado, relativo a los abogados, prevé de manera explícita la aprobación de un nuevo Estatuto de la Abogacía que constituya un nuevo marco normativo para el ejercicio de la profesión.

En consecuencia, es deseo del Gobierno aprobar mediante Real Decreto la propuesta que el Consejo General de la Abogacía Española ha elevado al Gobierno en uso de las facultades de autorregulación que tiene atribuidas.

Para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz resulta fundamental modernizar la regulación de la profesión de abogado como colaborador necesario de la función jurisdiccional. El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la calidad de la Justicia. El presente Estatuto define la función y características de la abogacía en su primer artículo como una profesión libre e independiente que "presta un servicio a la sociedad en interés público".

La propia Constitución consagra en su artículo 24 el derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia letrada. Esta función, atribuida en exclusiva a la abogacía y desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inspira en una serie de principios ampliamente desarrollados y reforzados por el nuevo Estatuto.

Se refuerza el principio de buena fe que preside en todo caso las relaciones entre el cliente y el abogado, garantizando la adecuada defensa de los intereses del justiciable ante los Tribunales.

Del mismo modo, la garantía consagrada en el nuevo Estatuto de los principios de libertad e independencia de los profesionales de la abogacía puestos siempre al servicio del defendido, permiten la más idónea defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los deberes deontológicos y éticos de los abogados se ven sustancialmente reforzados en el presente Estatuto, avalando de manera significativa la plena vigencia de los principios antes mencionados. La exigencia del cumplimiento de la función de defensa con el "máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional" prevista en el artículo 42.1 es un claro ejemplo de rigor en la defensa de los derechos de los ciudadanos.

La nueva regulación contempla por primera vez las asociaciones de abogados con otros profesionales de tal modo que ofrezcan unos servicios especializados de manera coordinada en beneficio del cliente. Se regula esa participación del abogado como miembro de sociedad multiprofesional con un adecuado régimen de garantías que preserva, en todo caso, la deontología profesional. Los despachos colectivos también son objeto de regulación, modernizándose su funcionamiento con la importante novedad de suprimirse la limitación en el número de miembros que los componen que regía hasta ahora.

Con el fin de agilizar trámites y modernizar el sistema de colegiación se incorpora al Estatuto General de la Abogacía el principio de colegiación única, en vigor desde la reforma de 1996, que facilita la movilidad profesional del abogado al permitir el libre ejercicio en todo el ámbito estatal sin necesidad de trámites añadidos.

Esta medida potencia la libre elección del abogado en favor del cliente.

Otro paso importante lo constituye la desaparición del requisito procedimental del bastanteo de poderes del cliente respecto a su abogado como trámite tradicional previo al inicio de la defensa. Con su supresión se facilita y agiliza el trámite en la designación del abogado, eliminándose lo exclusivamente burocrático y reduciendo costes.

En la línea de acercar la justicia al ciudadano, y como consecuencia también de la reforma de 1996, se posibilita el abaratamiento del procedimiento. En el anterior Estatuto los Colegios Profesionales fijaban los honorarios mínimos que debía pagar el cliente al abogado. En el nuevo Estatuto los Colegios fijarán exclusivamente honorarios orientativos, lo que permitirá una mayor competencia y mejora de los servicios ofertados.

Un avance muy particular para el cliente en su relación con el abogado lo constituye el hecho de que por primera vez sean los Colegios de Abogados los que puedan prestar servicios para el aseguramiento de la responsabilidad profesional en la que pueda incurrir el abogado. Esto constituye una nueva garantía que redunda en la mejora del servicio profesional prestado. El cliente podrá, a partir de ahora, exigir unos servicios profesionales de mayor calidad y acordes con las demandas sociales.

El anterior Estatuto General de la Abogacía fue aprobado por Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio. Desde tal fecha se han sucedido sustanciales reformas legislativas que, unidas a la transformación en la realidad del ejercicio profesional de la abogacía, hacen necesario aprobar un nuevo marco normativo que dé cabida a las nuevas prácticas profesionales que exige la creciente complejidad de las relaciones sociales, jurídicas y económicas y a las reformas legales.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, determina que los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de que se trate, se rigen por sus Estatutos y por los Reglamentos de régimen interior. Igualmente, dispone que los Consejos Generales elaborarán para todos los Colegios de una misma profesión unos Estatutos Generales, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio competente.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía, que ya ha venido adaptando a las nuevas exigencias su normativa en régimen interno, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley de Colegios Profesionales, ha elaborado un proyecto de Estatuto General de la Abogacía Española que, a través del Ministerio de Justicia, ha sido sometido a la aprobación del Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de junio de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española.

Se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía, así como cuantas normas de igual o inferior rango relativas a la ordenación profesional de la abogacía que se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Disposiciones Finales

Disposición final primera. Legislación autonómica.

Lo dispuesto en el Estatuto General se entenderá sin perjuicio de lo que sobre esta materia, de acuerdo con la Constitución, la legislación estatal y los Estatutos de Autonomía, disponga la legislación autonómica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 22 de junio de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ESTATUTO

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
De la abogacía y sus organismos rectores

Artículo 1.

1. La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.

2. En el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial.

3. Los organismos rectores de la Abogacía española, en sus ámbitos respectivos, son: el Consejo General de la Abogacía Española, los Consejos de Colegios de Abogados y los Colegios de Abogados. Todos los organismos colegiales se someterán en su actuación y funcionamiento a los principios democráticos y al régimen de control presupuestario anual, con las competencias atribuidas en las disposiciones legales y estatutarias.

Artículo 2.

1. Los Colegios de Abogados son corporaciones de derecho público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. En las provincias donde existe un solo Colegio de Abogados, éste tendrá competencia en el ámbito territorial de toda la provincia y sede en su capital.

3. En las provincias con varios Colegios de Abogados, cada uno de ellos tendrá competencia exclusiva y excluyente en el ámbito territorial que tenía al promulgarse la Constitución española de 1978, cualquiera que sea el número de partidos judiciales que ahora comprenda.

4. La modificación de las demarcaciones judiciales no afectará al ámbito territorial de los Colegios de Abogados, que tendrán competencia en los nuevos partidos judiciales que puedan crearse en su territorio.

5. En caso de creación de partidos judiciales que comprendan territorios de distintos Colegios, éstos podrán acordar la modificación de su ámbito territorial a fin de que la competencia colegial afecte a partidos judiciales completos, salvo que los Colegios interesados convengan otra cosa. Si no se alcanzare acuerdo entre los Colegios, el Consejo de Colegios de la respectiva Comunidad Autónoma o, en su defecto, el Consejo General de la Abogacía atribuirá la competencia colegial, ponderando adecuadamente las circunstancias concurrentes.

TÍTULO II

CAPÍTULO I
De los Colegios de Abogados

Artículo 3.

1. Son fines esenciales de los Colegios de Abogados, en sus respectivos ámbitos, la ordenación del ejercicio de la profesión ; la representación exclusiva de la misma ; la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados ; la formación profesional permanente de los abogados ; el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad ; la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos, y la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.

2. Los Colegios de Abogados se regirán por las disposiciones legales estatales o autonómicas que les afecten, por el presente Estatuto General, por sus Estatutos particulares, por sus Reglamentos de régimen interior y por los acuerdos aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de sus respectivas competencias.