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REAL DECRETO 835/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A LAS INVERSIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

Ministerio de Administraciones Públicas

BOE 166 de 12/07/2003

Redacción publicada el 05/11/2005


  • CAPÍTULO I. De la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales
  • CAPÍTULO II. Planes provinciales e insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
  • CAPÍTULO III. Intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de cooperación económica local
  • CAPÍTULO IV. Proyectos de modernización administrativa local
  • CAPÍTULO V. Proyectos con participación de la sociedad civil
  • Disposiciones Adicionales
  • Disposiciones Finales
La Constitución de 1978 impone al Estado el deber de promover un desarrollo económico armonioso que garantice el principio de solidaridad. Esta exigencia explica que estos criterios hayan inspirado la configuración del sistema de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, cuya regulación reglamentaria se encuentra contenida, principalmente, en el Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto. El principio de solidaridad tiene un contenido primario de naturaleza económica, que obliga a velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español ; de ahí el deber constante de procurar la superación de las desigualdades territoriales en el desarrollo económico, esfuerzo que en el ámbito local se lleva a cabo principalmente mediante la contribución a dotaciones en infraestructura tales como las redes de transporte, de abastecimiento de energía eléctrica, instalaciones sociales, culturales y deportivas y, en general, todos aquellos equipamientos caracterizados por ser eminentemente públicos.

Por otra parte, las entidades locales ostentan autonomía para el ejercicio de sus competencias y para la prestación de los servicios que tienen encomendados.

Dado que los instrumentos de acción pública más respetuosos con el principio de autonomía son aquellos que se articulan sobre la base de la cooperación, el Estado colabora económicamente con las entidades locales para garantizar la prestación de los servicios que son de su competencia, algunos incluso legalmente impuestos.

Gracias a estos mecanismos, y sin olvidar la asistencia económica recibida a través de las intervenciones de la Unión Europea, ha sido posible no sólo corregir la mayor parte de los desequilibrios intermunicipales en materia de infraestructuras y equipamiento, sino también dotar a los diferentes núcleos de población de la práctica totalidad de los servicios locales mínimos y obligatorios establecidos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la información contenida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales.

Por todo ello, sin menoscabo de la continuidad de esta línea de cooperación con las entidades locales que les permita garantizar la amplitud y calidad logradas en la prestación de sus servicios públicos básicos, ha llegado el momento de perseguir objetivos más amplios. Esta reforma pretende abrir la cooperación estatal a otros ámbitos como es la inclusión de nuevos proyectos singulares e innovadores en materia de desarrollo local y urbano, contribuyendo a inversiones localizadas que tengan un efecto socioeconómico dinamizador.

Dado que es un deber constitucional impulsar el crecimiento y el progreso económico y social, y que las entidades locales, a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad, demandan ayuda para desplegar las amplias potestades que ostentan en esta materia, todo ello en el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado pretende apoyar aquellas iniciativas locales de inversión cuya finalidad sea el fomento del desarrollo local y urbano de su territorio.

Finalmente, la reforma pretende, además de la eficacia en la consecución de los objetivos de la cooperación económica del Estado, la máxima eficiencia en la gestión de los recursos, para lo cual se establecen procedimientos con el objeto de agilizar la tramitación de la totalidad de los fondos del Estado disponibles en cada ejercicio, así como la realización de las inversiones programadas por las corporaciones locales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de junio de 2003,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I
De la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales

Artículo 1. Objetivos de la cooperación económica local.

El Programa de cooperación económica local del Estado tiene como objetivos:

a) Contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los Planes provinciales e insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

b) Contribuir en las Intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de cooperación económica local.

c) Contribuir a la modernización de la Administración local a través de la utilización de tecnologías de la información.

d) Contribuir a impulsar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales.


Se modifica por el art. único.1 del Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre. Ref. BOE-A-2005-18266.

Artículo 2. Instrumentación de la cooperación económica local.

1. La cooperación del Estado a las inversiones de las entidades locales se instrumentará económicamente con los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, en la sección correspondiente del Ministerio de Administraciones Públicas, a través del Programa de cooperación económica local del Estado.

2. Una vez presentado por el Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado informará a la Comisión Nacional de Administración Local, con anterioridad al 31 de octubre de cada año, de las previsiones presupuestarias del Programa de cooperación económica local.

Artículo 3. Estructura de la cooperación económica local.

1. La cooperación económica local estará integrada por las siguientes líneas de ayuda:

a) Aportación a las inversiones incluidas en los Planes provinciales e insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, con prioridad de aquellas necesarias para la efectiva prestación de los servicios obligatorios enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de que se puedan incluir otras obras y servicios que sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la misma ley.

Igualmente, con cargo a esta línea, podrán obtener subvención estatal los proyectos de obra de mejora y conservación de la red viaria de titularidad de las diputaciones provinciales, con el límite del 30 por ciento de la subvención asignada al Plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la correspondiente provincia.

b) Aportación a las Intervenciones comunitarias aprobadas por la Comisión de la Unión Europea cofinanciadas por el Programa de cooperación económica local.

c) Aportación a los proyectos de modernización administrativa local.

d) Aportación a los proyectos con participación de la sociedad civil.

2. La cooperación del Estado a los planes provinciales e insulares, así como a las Intervenciones comunitarias, se realizará a través de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales no insulares, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Estas entidades tendrán la consideración de beneficiarias de las subvenciones estatales y asumirán todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición frente al Ministerio de Administraciones Públicas.

3. La cooperación económica del Estado a los proyectos de modernización administrativa local se realizará directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la subvención.

Pueden solicitar y obtener subvenciones para esta finalidad:

a) Los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

b) Los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, siempre que el proyecto objeto de subvención afecte a un conjunto de municipios que superen los 5.000 habitantes.

c) Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales, estas últimas en el ejercicio de las competencias que corresponden a las diputaciones provinciales, para proyectos propios o que afecten a un conjunto de municipios que superen los 5.000 habitantes, supuesto previsto en el párrafo anterior.

4. La cooperación económica del Estado a los proyectos con participación de la sociedad civil se realizará directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la subvención.

Pueden solicitar y obtener subvención para esta finalidad las entidades locales que tengan regulada la participación de la sociedad civil mediante consejos u otras estructuras.


Se modifica por el art. único.1 del Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre. Ref. BOE-A-2005-18266.

Artículo 4. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales.

1. El instrumento objetivo básico de análisis y valoración de las necesidades de dotaciones locales a efectos de la cooperación económica local del Estado será la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada según metodología común por las diputaciones provinciales, con la colaboración técnica del Ministerio de Administraciones Públicas.

2. La finalidad de la encuesta es conocer la situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, formando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información precisa y sistematizada de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes.

3. La actualización y mantenimiento de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales se efectuará por las entidades que participan en su elaboración. Corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas el seguimiento de estas tareas y la colaboración económica en ellas, así como el fomento de su ampliación a otras entidades locales.

CAPÍTULO II
Planes provinciales e insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal

Artículo 5. Distribución territorial de las subvenciones.

1. Para la determinación de la distribución territorial de las subvenciones se tendrán en cuenta tanto las necesidades de infraestructura y equipamiento, evaluadas a través de la información contenida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, como la capacidad financiera de las haciendas correspondientes y otros factores que indiquen el nivel socioeconómico territorial y la ejecución de los planes precedentes.

2. El Ministerio de Administraciones Públicas, de acuerdo con los criterios contenidos en el apartado anterior, determinará los correspondientes indicadores y su ponderación, que serán previamente informados por la Comisión Nacional de Administración Local.

3. Compete al Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado, la aprobación de la distribución territorial, por provincias e islas, de las asignaciones del Estado destinadas a las aportaciones a planes provinciales e insulares, la cual será efectuada y comunicada a las diputaciones provinciales en el mes de enero del ejercicio presupuestario correspondiente.

Artículo 6. Cuantía de las subvenciones.

1. La subvención del Estado a las inversiones de los Planes provinciales e insulares de cooperación podrá alcanzar hasta:

a) El 50 por cien del importe del presupuesto consignado en el plan, para las obras y servicios de carácter obligatorio enumerados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) El 40 por cien del importe del presupuesto consignado en el plan, para las restantes obras y servicios que, sin ser obligatorios, sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) El 50 por cien del importe del presupuesto consignado en el plan, para las obras de mejora y conservación de la red viaria de titularidad de las diputaciones provinciales.

2. Los porcentajes de financiación del Estado para las obras y servicios indicados en los párrafos a) y b) anteriores podrán incrementarse hasta el 60 y 50 por ciento, respectivamente, cuando sean de carácter supramunicipal. En este supuesto, para la determinación de los servicios que se consideran obligatorios, se tendrá en cuenta la totalidad de la población de los municipios afectados.

Artículo 7. Condiciones para la obtención de subvención estatal.

1. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y de los criterios fijados para la distribución territorial de las subvenciones, únicamente podrán obtener subvención del Estado aquellos planes provinciales e insulares de cooperación que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que en su financiación contribuyan los ayuntamientos y demás entidades locales titulares de las obras y servicios, sin que la aportación de éstos pueda ser inferior al cinco por cien del importe de los correspondientes proyectos.

b) Que la cuantía de la inversión anual de las obras incluidas en los planes no sea inferior a 30.000 euros.

2. El Ministerio de Administraciones Públicas podrá establecer otros criterios y condiciones en el empleo de la subvención estatal que sean determinantes para la concesión, de acuerdo con la autorización contenida en el artículo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el apartado 6 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Artículo 8. Elaboración y aprobación de los planes provinciales e insulares de cooperación.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 32 y 33 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las diputaciones provinciales, los cabildos y consejos insulares y las comunidades autónomas uniprovinciales no insulares aprobarán los planes provinciales e insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de red viaria local, en su caso, teniendo en cuenta la distribución territorial de las subvenciones aprobada por el Secretario de Estado de Organización Territorial del Estado.

2. Las mismas entidades enumeradas en el apartado anterior elaborarán y aprobarán también un plan complementario para la aplicación de los remanentes de las subvenciones estatales que se pudieran originar.

3. Los planes provinciales e insulares y el plan complementario serán elaborados necesariamente con la participación de los municipios, según exige el artículo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y se someterán al régimen de publicidad legalmente establecido.

4. Podrán ser subvencionadas con cargo a la aportación del Estado a los planes provinciales e insulares, además de las inversiones de los municipios, provincias e islas, las inversiones de las entidades locales comprendidas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siempre que estas entidades ostenten competencias de ejecución de obras y prestación de servicios de carácter municipal.

Artículo 9. Informes.

1. Las diputaciones provinciales remitirán los planes de cooperación, una vez aprobados, al Subdelegado del Gobierno, para que sean informados por éste.

Las comunidades autónomas uniprovinciales no insulares remitirán los planes, para ser informados, al Delegado del Gobierno, si no hubiera Subdelegado del Gobierno, y los cabildos y consejos insulares, al Director Insular.

2. Asimismo, los planes provinciales e insulares de cooperación serán sometidos a informe de las Comisiones Provinciales de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, de conformidad con el artículo 29.2.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

3. Los informes deberán pronunciarse acerca del cumplimiento de los objetivos y criterios fijados por el Estado para el otorgamiento de la subvención y deberán ser emitidos en el plazo de 10 días desde la recepción de los planes. Transcurrido dicho plazo sin que el informe solicitado hubiera sido evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.

Artículo 10. Remisión al Ministerio de Administraciones Públicas.

1. El plan provincial o insular de cooperación, definitivamente aprobado y acompañado del correspondiente expediente administrativo, se remitirá al Ministerio de Administraciones Públicas, hasta el 31 de marzo del año correspondiente al plan, a fin de que, comprobada su conformidad con la legislación aplicable, se inicie la tramitación de la correspondiente subvención. Si no se produce la notificación de la citada conformidad o, en su caso, de las deficiencias observadas, en el plazo máximo de 45 días naturales desde la fecha de recepción del plan, se entenderá que dicho ministerio ha prestado su conformidad a aquél.

2. En la memoria que debe acompañar al plan, las diputaciones provinciales justificarán que su elaboración se ha basado en los datos contenidos en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales y, en general, en criterios objetivos para la distribución de los fondos.

Artículo 11. Plazo para la adjudicación de las obras.

1. Las obras incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación con subvención del Estado deberán ser adjudicadas o acordada su ejecución por la propia Administración dentro del año de aprobación del plan, salvo que estén incluidas en algún instrumento de planificación, y antes del 1 de octubre del ejercicio correspondiente, salvo casos excepcionales cuya justificación será apreciada por el Ministerio de Administraciones Públicas. En todo caso, dicho plazo no podrá ser posterior al 1 de noviembre de dicho ejercicio.

2. La adjudicación o la adopción del acuerdo de ejecución por la propia Administración fuera de los plazos previstos en el apartado anterior conllevará la pérdida de la subvención estatal, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

Artículo 12. Libramiento de las subvenciones.

1. Con base en las certificaciones de adjudicación de las obras subvencionadas incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación o en los acuerdos de ejecución de las obras por la propia Administración, en su caso, el Ministerio de Administraciones Públicas librará a las diputaciones provinciales el 75 por cien del importe de su aportación. Cuando se incluyan en los planes obras de carácter plurianual, dicho porcentaje hará referencia a la anualidad correspondiente.

2. El 25 por ciento restante se remitirá al recibirse la certificación final de obra y el acta de recepción de ésta, o la certificación correspondiente a la terminación de la obra que se vaya a realizar en cada anualidad, en el supuesto de inversiones de carácter plurianual.

3. La documentación justificativa para el cobro del 75 por cien de la subvención deberá remitirse al Ministerio de Administraciones Públicas antes del 1 de diciembre del ejercicio correspondiente a aquélla, y la del cobro del 25 por ciento restante, antes del 1 de diciembre del ejercicio posterior.