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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - 1437

Versión: 12-07-2012 (1564 / 2012)

1437 de 18-01-2011

Congreso de la Republica

Diario Oficial. Año Cxlv. N. 47956. 18, Enero, 2011. Pag. 1.


  • Parte Primera. Procedimiento Administrativo
    • Título I. Disposiciones Generales
      • Capítulo I. Finalidad, ámbito de aplicación y principios
      • Capítulo II. Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones
    • Título II. Derecho de Petición
      • Capítulo I. Derecho de petición ante autoridades. Reglas generales
      • Capítulo II. Derecho de petición ante autoridades. Reglas especiales
    • Título III. Procedimiento Administrativo General
      • Capítulo I. Reglas generales
      • Capítulo II. Mecanismos de consulta previa
      • Capítulo III. Procedimiento administrativo sancionatorio
      • Capítulo IV. Utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo
      • Capítulo V. Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones
      • Capítulo VI. Recursos
      • Capítulo VII. Silencio administrativo
      • Capítulo VIII. Conclusión del procedimiento administrativo
      • Capítulo IX. Revocación directa de los actos administrativos
    • Título IV. Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo
    • Título V. Extensión de la Jurisprudencia del Consejo de Estado
  • Parte Segunda
    • Título I. Principios y Objeto de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo
    • Título II. Organización de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo
      • Capítulo II. Del Consejo de Estado
      • Capítulo III. De los Tribunales Administrativos
      • Capítulo IV. De los Jueces Administrativos
      • Capítulo V. Decisiones en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
      • Capítulo VI. Impedimentos y Recusaciones
      • Capítulo VII. Impedimentos y Recusaciones de los Agentes del Ministerio Público
    • Título III. Medios de Control
    • Título IV. Distribución de las Competencias
      • Capítulo II. Competencia de los Tribunales Administrativos
      • Capítulo III. Competencia de los Jueces Administrativos
      • Capítulo IV. Determinación de Competencias
    • Título V. Demanda y Proceso Contencioso Administrativo
      • Capítulo II. Requisitos de Procedibilidad
      • Capítulo III. Requisitos de la Demanda
      • Capítulo IV. Trámite de la Demanda
      • Capítulo V. Etapas del proceso y competencias para su instrucción
      • Capítulo VI. Sentencia
      • Capítulo VII. Notificaciones
      • Capítulo VIII. Nulidades e incidentes
      • Capítulo IX. Pruebas
      • Capítulo X. Intervención de terceros
      • Capítulo XI. Medidas cautelares
      • Capítulo XII. Recursos Ordinarios y Trámite
    • Título VI. Recursos Extraordinarios
      • Capítulo II. Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
    • Título VII. Extensión y Unificación de la Jurisprudencia
      • Capítulo II. Mecanismo eventual de revisión
    • Título VIII. Disposiciones Especiales para el Trámite y Decisión de las Pretensiones de Contenido Electoral
    • Título IX. Proceso ejecutivo
    • Título X. El Ministerio Público
    • Título XI. Plan Especial de Descongestión, Régimen de Transición, Vigencia y Derogatorias
  • Versión 12/07/2012
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  • Versión 16/06/2011
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  • Versión 18/01/2011

Resumen de notas de Vigencia

  • Artículo 71:
    • Derogado parcialmente por Artículo 626 LEY_1564_2012
  • Artículo 150:
    • Modificado por Artículo 615 LEY_1564_2012
  • Artículo 199:
    • Modificado por Artículo 612 LEY_1564_2012
  • Artículo 215:
    • Derogado parcialmente por Artículo 626 LEY_1564_2012
  • Artículo 247:
    • Modificado por Artículo 623 LEY_1564_2012
  • Artículo 269:
    • Modificado por Artículo 616 LEY_1564_2012
  • Artículo 309:
    • Derogado parcialmente por Artículo 626 LEY_1564_2012

Decretos Reglamentarios

REGLAMENTADA (DESARROLLADA) POR: DECRETO 2609 DE 2012.

Vigencias Tácitas

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMENZARÁ A REGIR EL DOS (2) DE JULIO DEL AÑO 2012.

Parte Primera
Procedimiento Administrativo

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Finalidad, ámbito de aplicación y principios

Artículo 1. Finalidad de la parte primera

Las normas de esta Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código.

Artículo 3. Principios

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas

Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.

4. Por las autoridades, oficiosamente.

Capítulo II
Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones

Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades

En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas.

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.

Artículo 6. Deberes de las personas

Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes:

1. Acatar la Constitución y las leyes.

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.

Parágrafo.El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la administración como pretexto para desconocer el derecho reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a las sanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso según la ley.

Artículo 7. Deberes de las autoridades en la atención al público

Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes:

1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción.

2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio.

3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención.

4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código.

5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente.

6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código.

7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al público.

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.

9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público.

10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.

Artículo 8. Deber de información al público

Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:

1. Las normas básicas que determinan su competencia.

2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.

3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad.

4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos.

5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate.

6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos.

7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo.

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.

Parágrafo.Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia del interesado.