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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO

Reforma: G.G. 25-02-2013


  • Título Primero. Disposiciones generales
    • Capítulo I. Principios, derechos y garantías
    • Capítulo II. Facultades
    • Capítulo III. Competencia
  • Título Segundo. Actos procesales
    • Capítulo I. Formalidades
    • Capítulo II. Actos y resoluciones judiciales
    • Capítulo III. Despacho de los asuntos
    • Capítulo IV. Medidas disciplinarias y de apremio
    • Capítulo V. Comunicación y colaboración entre autoridades
    • Capítulo VI. Cateos
    • Capítulo VII. Términos
    • Capítulo VIII. Citaciones
    • Capítulo IX. Notificaciones
  • Título Tercero. Acción penal
    • Capítulo I. De la acción penal
    • Capítulo II. Criterios de oportunidad
  • Título Cuarto. Justicia restaurativa
    • Capítulo I. Mecanismos alternativos de solución de controversias
    • Capítulo II. Suspensión condicional del proceso a prueba
    • Capítulo III. Acción para obtener la reparación del daño
  • Título Quinto. Sujetos procesales
    • Capítulo I. Ministerio público
    • Capítulo II. De la policía
    • Capítulo Iii. La victima u ofendido
    • Capítulo IV. El imputado
      • Sección Primera. Normas generales
      • Sección Segunda. Intervención del imputado en la audiencia de imputación
      • Sección Tercera. Defensores
    • Capítulo V. Auxiliares de las partes
    • Capítulo VI. Deberes de las partes
  • Título Sexto. Medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección
    • Capítulo I. Normas generales
    • Capítulo II. Medidas cautelares y de protección personales
    • Capítulo III. Medidas cautelares de carácter real
  • Título Séptimo. Del procedimiento
    • Capítulo I. Etapa preliminar o de investigación
      • Sección Primera. Formas de inicio
      • Sección Segunda. Ejercicio y excepciones de la acción penal
      • Sección Tercera. Actuaciones de la investigación
      • Sección Cuarta. Inspecciones, registros y aseguramiento
      • Sección Quinta. Otros medios de constatación
      • Sección Sexta. Prueba anticipada
      • Sección Séptima. Prueba irreproductible
      • Sección Octava. Registro de la investigación y cadena de custodia
      • Sección Novena. Formulación de la imputación
      • Sección Décima. VInculación del imputado a proceso
      • Sección Décima Primera. Cierre de la etapa de investigación
    • Capítulo II. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral
      • Sección Primera. Facultades de las partes
      • Sección Segunda. Desarrollo de la audiencia intermedia
    • Capítulo III. Etapa de juicio
      • Sección Primera. Disposiciones generales
      • Sección Segunda. Disposiciones generales sobre la prueba
      • Sección Tercera. Testimonio
      • Sección Cuarta. Peritajes
      • Sección Quinta. Prueba documental
      • Sección Sexta. Otros medios de prueba
      • Sección Séptima. Desarrollo de la audiencia del juicio
      • Sección Octava. Sentencia
  • Título Octavo. Procedimientos especiales
    • Capítulo I. Principio general
    • Capítulo II. Procedimiento abreviado
    • Capítulo III. Procedimiento para inimputables
    • Capítulo IV. Pueblos o comunidades indígenas
  • Título Noveno. Recursos
    • Capítulo I. Revocación
    • Capítulo II. Apelación
    • Capítulo III. Revisión extraordinaria
  • Título Décimo. Procedimiento por delito de acción privada
    • Capítulo Único. Procedimiento
  • Título Décimo Primero. Etapa de ejecución de la sentencia
    • Capítulo I. Trámite
    • Capítulo II. Del juez ejecutor
    • Capítulo III. Beneficios y tratamiento preliberacional
  • Transitorios

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículos 1 - 34

CAPÍTULO I
Principios, derechos y garantías

Artículos 1 - 25

Artículo 1

El proceso penal tiene por objeto el conocimiento de los hechos, establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

Se entenderá por derechos fundamentales a los reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales celebrados y en las leyes que de aquellas emanen.

Artículo 2

A fin de garantizar el respeto a los principios procesales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados Internacionales celebrados y en este código, el proceso penal será de tipo acusatorio, adversarial y oral:

a) Acusatorio en tanto quien sostenga la acusación tendrá la carga de determinar el hecho típico, y probar los hechos que acrediten la responsabilidad penal de las personas, sin que los tribunales puedan asumir ni rebasar los términos de la acusación, preservándose en todo momento la distinción entre las funciones propias de la acusación de la defensa y del juez o tribunal de juicio oral.

b) Adversarial en tanto implica una contienda entre partes en situación de igualdad procesal sometidas a la jurisdicción.

c) Oral en tanto las pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso se deben plantear, introducir y desahogar en forma oral ante el juez o tribunal, bajo los principios de inmediación y contradicción, sin perjuicio de que la legislación pueda establecer casos en que los incidentes, recursos y cualquier otras solicitudes de trámite se formulen por escrito o por cualquier otro medio. La acusación y la sentencia siempre tendrán que asentarse por escrito.

Salvo en los casos expresamente señalados en este código, las sentencias sólo podrán sustentarse con el material probatorio introducido al juicio bajo estas condiciones.

Artículo 3

Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino después de una sentencia firme obtenida luego de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías y derechos previstos para las personas en las Constituciones Federal y Local, en los tratados internacionales celebrados y en las leyes que de aquellas emanen.

Artículo 4

El proceso penal se regirá por los siguientes principios:

a) Publicidad: Todas las actuaciones serán públicas salvo las excepciones que se establezcan en este código para proteger la integridad física o psicológica de las personas que deban participar en la audiencia, o cuando se ponga en riesgo la revelación indebida de datos legalmente protegidos.

b) Contradicción: Las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer; interrogar o, en su caso, contrainterrogar, a los testigos y peritos pertinentes.

c) Concentración: La presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate se desarrollarán, ante juez competente y las partes, en una audiencia continua, sucesiva y secuencial, salvo casos excepcionales previstos en este código.

d) Continuidad: Las audiencias no se interrumpirán, salvo en casos excepcionales previstos en este código.

e) Inmediación: Los jueces tomarán conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia, y escucharán directamente los argumentos de las partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella salvo, los casos previstos en este código para la prueba anticipada.

Estos principios serán aplicables, en lo conducente, a los procedimientos para la aplicación de sanciones por infracciones administrativas o penitenciarias.

Artículo 5

Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso, establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva, la analogía y la mayoría de razón, mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen.

Artículo 6

El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en éste código.

En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.

Ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido hasta la sentencia condenatoria.

En los casos de quienes se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.

El juez o el tribunal limitará la intervención de los medios de comunicación masiva cuando la difusión pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso o exceda los límites del derecho a recibir información.

Artículo 7

La defensa es un derecho inviolable en toda etapa del procedimiento. Corresponde a los jueces garantizarla sin preferencias ni desigualdades.

Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales del proceso deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales celebrados y las leyes que de aquellas emanen.

Con las excepciones previstas en este código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, siempre y cuando no se perjudique el curso normal del proceso, en cuyo caso, el juez podrá hacer valer los medios de apremio que considere pertinentes.

Cuando el imputado esté privado de su libertad, el encargado de custodiarlo comunicará al juez o al tribunal, en forma inmediata, las peticiones u observaciones que aquél formule, y le asegurará la comunicación con su defensor. La falta de esta comunicación se sancionará por las leyes respectivas.

Artículo 8

Desde la práctica de cualquier actuación policial, ministerial o judicial que señale a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido.

Para tales efectos, podrá elegir a un defensor particular debidamente titulado; de no hacerlo, se le asignará un defensor público.

El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que se deriven de ello.

Integra el derecho a la defensa, el derecho del imputado a comunicarse libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa. Las comunicaciones entre el imputado y su defensor son inviolables, y no podrá alegarse, para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo.

Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la ley.

Se procurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito cuenten, además, con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura.

Artículo 9

El imputado, así como la víctima u ofendido, podrán impugnar cualquier resolución que les cause agravio, en los supuestos previstos por este código.

Artículo 10

Las medidas cautelares durante el proceso, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, previstas en este código, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al derecho que se pretende proteger, al peligro que tratan de evitar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse.

Artículo 11

Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad y su integridad física, psicológica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 12

Se respetará el derecho a la intimidad del imputado y de cualquier otra persona, especialmente la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles y objetos, así como las comunicaciones privadas. El cateo, decomiso o intervención sobre cualquiera de ellos, sólo podrá realizarse con autorización de juez competente.

En todas las actuaciones del órgano jurisdiccional se asentarán los nombres, apellidos y firma de todos los servidores públicos y demás personas que intervengan en ellas.

Artículo 13

Los jueces y magistrados estarán asistidos en las diligencias que practiquen, por el secretario y a falta de éste, por dos testigos de asistencia que darán fe de lo que en ellas ocurra.

Sólo en los casos y por los motivos autorizados por este código se podrá disponer la reserva de alguna actuación respecto del imputado y hasta que concluya la ejecución de las diligencias ordenadas o el motivo que justifico esa decisión.