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CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Decreto 01/1984

Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011


  • Parte Primera
    • Libro Primero. Los procedimientos administrativos
      • Título preliminar
      • Título I. Actuaciones administrativas
        • Capítulo I. Principios generales
        • Capítulo II Del Derecho de Petición en Interés General
        • Capítulo III Del Derecho de Petición en Interés Particular
        • Capítulo IV Del derecho de petición de informaciones
        • Capítulo V Del Derecho de Formulación de Consultas
        • Capítulo VI De las Actuaciones Administrativas Iniciadas
        • Capítulo VII De las Actuaciones Administrativas Iniciadas de Oficio
        • Capítulo VIII Normas Comunes a los Capítulos Anteriores
        • Capítulo IX. Silencio Administrativo
        • Capítulo X Publicaciones, Comunicaciones y Notificaciones
      • Título II. La Vía Gubernativa
        • Capítulo I. De los Recursos
        • Capítulo II. De las Pruebas
        • Capítulo III. Decisiones en la Vía Gubernativa
      • Título III Conclusión de los Procedimientos Administrativos
      • Título IV El Mérito Ejecutivo de Ciertos Actos y Sentencias
      • Título V De la Revocación Directa de los Actos Administrativos
      • Título VI Intervención del Ministerio Público
      • Título VII. Responsabilidad de los Funcionarios
      • Título VIII. Instituciones Financieras
      • Título IX Ámbito de Aplicación a los Asuntos Departamentales
  • Parte Segunda
    • Libro Segundo Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa
      • Título X Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
      • Título XI. Medios de control
    • Libro Tercero Organización y Funciones de la Jurisdicción en Lo Contencioso Administrativo
      • Título XII Organización de la Jurisdicción en Lo Contencioso Administrativo
        • Capítulo I. Del Consejo de Estado
        • Capítulo II. De los Tribunales Administrativos
        • Capítulo III. Disposiciones Complementarias
      • Título XIII. El Ministerio Público
      • Título XIV. Determinación de Competencias
        • Capítulo I. Competencia del Consejo de Estado
        • Capítulo II Competencia de los Tribunales Administrativos
        • Capítulo III. Competencia de los Jueces Administrativos
    • Libro Cuarto Procedimiento Ante la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo
      • Título XV. Reglas Generales
      • Título XVI Representación y Comparecencia de las Entidades Públicas
      • Título XVII. De la Suspensión Provisional
      • Título XVIII. Impedimentos y Recusaciones
        • Capítulo I Impedimentos y Recusaciones de los Consejeros,
        • Capítulo II Impedimentos y Recusaciones de los Fiscales
      • Título XIX. Excepciones
      • Título XX. Nulidades E Incidentes
      • Título XXI. Pruebas
      • Título XXIII Recursos Ordinarios, Consulta y Recursos Extraordinarios
        • Capítulo 1. Recursos Ordinarios
        • Capítulo 3. Recursos Extraordinarios
          • Sección 1ª. Procedencia.
          • Sección 2ª Del recurso extraordinario de súplica
      • Título XXIV. Del Procedimiento Ordinario
      • Título XXV Segunda Instancia Ante el Consejo de Estado
      • Título XXVI. Procesos Especiales
        • Capítulo I Conflictos de Competencia y de Jurisdicción
        • Capítulo II De los Procesos Relativos a Contratos de los de Reparación Directa y Cumplimiento
        • Capítulo III Procesos de Nulidad de Cartas de Naturaleza
        • Capítulo IV. De los Procesos Electorales
        • Capítulo V. De la Jurisdicción Coactiva
      • Título XXVII Revisión de los Contratos de la Administración
        • Capítulo I De la Revisión en el Consejo de Estado
    • Libro Quinto. Disposiciones Finales
  • Versión 18-01-2011
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  • Versión 12/07/2010
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  • Versión 02/01/1984

Preámbulo

DECRETO 01 DE 1984

Derogado por el art. 309, Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y oída la comisión asesora creada por el artículo 12 de la misma ley,

DECRETA:

Parte Primera

Libro Primero
Los procedimientos administrativos

Título preliminar

Artículo 1

Campo de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplicarán a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralorías regionales, a la Corte Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas. Para los efectos de este código, a todos ellos se les dará el nombre genérico de "autoridades".

Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza, requieren decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas.

Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción

Título I
Actuaciones administrativas

Capítulo I
Principios generales

Artículo 2. Objeto

Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

Artículo 3. Principios Orientadores

Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos.

En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley.

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales.

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento.

Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1º de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código.

Artículo 4. Clases

Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.

4. Por las autoridades, oficiosamente.

Capítulo II Del Derecho de Petición en Interés General

Artículo 5. Peticiones Escritas y Verbales

Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.

Las escritas deberán contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en que se apoya.

5. La relación de documentos que se acompañan.

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario.

Artículo 6. Término para Resolver

Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.

Artículo 7. Desatención de las Peticiones

La falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3º y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones correspondientes

Artículo 8. Desistimiento

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria para el interés público; en tal caso, expedirán resolución motivada.