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DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LAS BANDAS Y REDES CRIMINALES, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Versión: 01-07-2010

Decreto 2374 de 2010 de 01-07-2010

Ministerio del Interior y de Justicia

Diario Oficial. Año Cxlv. N. 47757. 1, Julio, 2010. Pag. 30.


  • Versión 01/07/2010

Artículo 1

Creación. Créase la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, por el término de un año prorrogable previo concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria

Parágrafo. Cada dos meses la Comisión presentará un informe sobre el avance de sus actividades al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria.

Artículo 2

Objeto. La Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, respetando las funciones constitucionales y legales de cada una de las entidades del Estado que la componen, tendrá por objeto articular esfuerzos, que permitan la captura y judicialización de personas que conformen o hagan parte de las Bandas

Artículo 3

Integración. La Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales estará integrada por los siguientes funcionarios:

1. El Ministro del Interior y de Justicia o como su delegado el Viceministro de Justicia y del Derecho, quien la presidirá.

2. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

3. El Director de la Policía Nacional o su delegado.

4. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- o su delegado.

5. El Fiscal General de la Nación o su delegado.

6. El Procurador General de la Nación o su delegado.

7. El Defensor del Pueblo o su delegado.

8. El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.

Parágrafo. La Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales podrá invitar a sus sesiones a las personas que considere necesarios para el mejor desarrollo de su objeto.

Artículo 4

Funciones. La Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar, orientar y articular esfuerzos entre las entidades comprometidas con la administración de justicia y la preservación del orden público, para que a través de un trabajo conjunto dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, se procure la captura y judicialización de personas que conformen o hagan parte de bandas y redes criminales.

2. Coordinar acciones para que el conocimiento y la judicialización de aquellos delitos cometidos por personas que hagan parte de bandas y redes criminales, sean conocidos y tramitados de manera inmediata, para que se logre una pronta y cumplida administración de justicia preservando el debido proceso.

3. Crear mecanismos que permitan el ágil y oportuno intercambio de información, así como la eficiencia operativa y técnica, entre las entidades que hacen parte de esta Comisión.

4. Proponer el diseño o mejora de protocolos que permitan la optimización de los procesos en la aplicación del sistema penal acusatorio, en el ámbito de cumplimiento del objeto del presente decreto.

5. Crear, previo estudio y evaluación del Comité previsto en el artículo sexto del presente decreto, Comités Técnico Operativos de carácter territorial, zonal o local.

6. Crear un protocolo para que en los casos en que niños, niñas o adolescentes estén vinculados a las BACRIM, la Fiscalía General de la Nación informe de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 175 del Código de Infancia y Adolescencia.

Artículo 5

Compromisos Institucionales. Cada una de las entidades representadas en la Comisión, dentro del ámbito de sus competencias legales y constitucionales, asume los siguientes compromisos para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo segundo del presente decreto:

1. EI Ministro del Interior y de Justicia, o el Viceministro de Justicia y Derecho como su delegado, adelantará las diligencias al interior de la Rama Ejecutiva, liderando todos los procesos de coordinación y el apoyo institucional necesario para el éxito de la Comisión.

2. La Fiscalía General de la Nación. Designar Fiscales y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, con destinación especial al objeto del presente decreto; llevar a cabo las diligencias necesarias, a fin de velar por el respeto y cumplimiento de las garantías procesales; adelantar los actos urgentes y asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, para así garantizar la cadena de custodia y evitar que se declare la ilegalidad de los procedimientos efectuados.

3. La Procuraduría General de la Nación. Designar Procuradores Judiciales Penales, con destinación especial al cumplimiento del objeto del presente decreto; cumplir su papel de garante de los derechos humanos y fundamentales y las demás funciones que le asigna el artículo 111 de la Ley 906 de 2004.

4. El Consejo Superior de la Judicatura. Crear jueces de control de garantías con competencia nacional o regional, con destinación especial al cumplimiento del objeto del presente decreto; velar y dar el apoyo necesario para que los jueces designados puedan cumplir con sus deberes acorde con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 906 de 2004 y demás normas concordantes.

5. La Defensoría del Pueblo. Destinar los Defensores Públicos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente decreto; propender porque en todos los casos en que el sindicado no cuente con defensor de confianza, pueda acceder a un defensor público, quien deberá cumplir con los deberes y atribuciones establecidos en el artículo 125 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 47 de la Ley 1142 de 2007.6. Policía Nacional. Designar funcionarios de Policía Judicial con destinación especial al cumplimiento del objeto del presente decreto, quienes adelantarán todas las diligencias que sean necesarias conforme a lo previsto en la Ley 906 de 2004, cuyas investigaciones estarán encaminadas a lograr la captura y judicialización de personas que conformen o hagan parte de Bandas y Redes Criminales, en apoyo de las funciones de la Fiscalía General de la Nación.

7. El Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Designar funcionarios de Policía Judicial con destinación especial al cumplimiento del objeto del presente decreto, quienes adelantarán todas las diligencias que sean necesarias conforme a lo previsto en la Ley 906 de 2004, cuyas investigaciones estarán encaminadas a lograr la captura y judicialización de personas que conformen o hagan parte de Bandas y Redes Criminales, en apoyo de las funciones de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 6

Comité Técnico Operativo. La Comisión contará con un Comité Técnico Operativo conformado por delegados de las entidades que la integran, quienes facilitarán el ejercicio de las funciones asignadas a la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales, el cual se reunirá quincenalmente

Parágrafo.El Comité Técnico Operativo adoptará su propio reglamento.

Artículo 7

Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales estará a cargo de la Policía Nacional a través del Grupo de Bandas Criminales, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Artículo 8

Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica:

1. Preparar los documentos e informes que serán sometidos a consideración de la Comisión.

2. Elaborar y custodiar las actas de la Comisión.

3. Convocar a la Comisión, por requerimiento de su Presidente o uno de sus miembros.

4. Las demás que le sean asignadas por la Comisión y que sean afines con su naturaleza.

Artículo 9

Reuniones. La Comisión se reunirá ordinariamente, por derecho propio, una vez al mes, por convocatoria del Presidente a solicitud de cualquiera de los miembros y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan

Parágrafo. De las reuniones se levantarán actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico.

Artículo 10

Con el propósito de fortalecer la investigación criminal, el Centro Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales CI2 BACRIM-, el cual se encuentra conformado interinstitucionalmente por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero -UIAF-, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, tendrá que suministrar a través de la Policía Judicial la información necesaria para que el Fiscal pueda hacer el análisis de la organización criminal y de la probabilidad de pertenencia del implicado a Bandas o Redes Criminales

Artículo 11

El Comando General de las Fuerzas Militares dispondrá un mecanismo interno, para que a solicitud de la Policía Nacional, se autorice el uso de la fuerza militar contra las bandas criminales cuando su nivel de hostilidad y organización así lo amerite. En todo caso, los Comandantes Militares y de Policía en la respectiva jurisdicción, deberán coordinar el tipo de apoyo

Artículo 12

La logística necesaria para garantizar la movilidad y seguridad de las personas designadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, será aportada por la Fuerza Pública, de acuerdo con la disponibilidad de equipos y medios

Artículo 13

El Gobierno Nacional en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, hará los ajustes presupuestales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente decreto, dentro de las vigencias 2010 y 2011

Artículo 14

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Firma

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2010.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,Fabio Valencia Cossio.

El Ministro de Defensa Nacional,Gabriel Silva Luján.

El Departamento Administrativo de Seguridad,Felipe Muñoz Gómez.