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DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 18 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

DOCM 97 de 21/05/2010

Redacción publicada el 23/03/2017


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  • Texto Refundido
    • Disposición Preliminar
      • TÍTULO I. Disposiciones generales
      • TÍTULO II. La concertación de la actuación pública
        • CAPÍTULO I. La concertación interadministrativa
        • CAPÍTULO II. Los convenios urbanísticos
      • TÍTULO III. Los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística
        • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
        • CAPÍTULO II. Los Planes e Instrumentos Supramunicipales
        • CAPÍTULO III. Los Planes e Instrumentos Municipales
          • Sección 1.ª Los Planes Generales
          • Sección 2.ª Los planes de desarrollo e instrumentos urbanísticos de apoyo.
        • CAPÍTULO IV. Los Planes Especiales
        • CAPÍTULO V. La documentación, elaboración y aprobación de los planes
        • CAPÍTULO VI. Los efectos de la aprobación, la publicación y la vigencia de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
      • TÍTULO IV. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo
        • CAPÍTULO I. La clasificación del suelo
        • CAPÍTULO II. El régimen de las distintas clases de suelo
          • Sección 1.ª El contenido urbanístico de la propiedad del suelo
          • Sección 2.ª Régimen del suelo rústico
          • Sección 3.ª El régimen del suelo urbano y urbanizable
          • Sección 4.ª Las áreas de reparto y los aprovechamientos tipo
        • CAPÍTULO III. La intervención pública en el mercado inmobiliario
          • Sección 1.ª Los patrimonios públicos de suelo
          • Sección 2.ª Los derechos de superficie
          • Sección 3.ª Los derechos de tanteo y retracto sobre suelo y edificaciones
        • CAPÍTULO IV. Las parcelaciones y las reparcelaciones
      • TÍTULO V. La ejecución del planeamiento de ordenación territorial y urbanística
        • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
          • Sección 1.ª La ejecución y la inspección
          • Sección 2.ª La organización y el orden del desarrollo de la ejecución
          • Sección 3.ª Las formas de gestión de la actividad administrativa de ejecución.
          • Sección 4.ª Los presupuestos de cualquier actividad de ejecución
        • CAPÍTULO II. La ejecución mediante actuaciones urbanizadoras
          • Sección 1.ª Disposiciones generales
          • Sección 2.ª La gestión directa de la actuación urbanizadora
          • Sección 3.ª La gestión indirecta de la actuación urbanizadora
        • CAPÍTULO III. La ejecución de los sistemas generales
        • CAPÍTULO IV. Otras formas de ejecución
          • Sección 1.ª La ejecución mediante obras públicas ordinarias
          • Sección 2.ª La ejecución en actuaciones edificatorias
        • CAPÍTULO V. La conservación de obras y construcciones
          • Sección 1.ª Las obras de urbanización
          • Sección 2.ª Las obras de edificación y en bienes inmuebles en general
      • TÍTULO VI. La expropiación forzosa
      • TÍTULO VII. Garantías y protección de la ordenación territorial y urbanística
        • CAPÍTULO I. Principios generales
        • CAPÍTULO II. El control de las actividades objeto de la ordenación territorial y urbanística
          • Sección 1.ª Las actividades sujetas a comunicación previa
          • Sección 2.ª Las licencias urbanísticas
            • Subsección 1
            • Subsección 2
            • Subsección 3
          • Sección 3.ª La autorización de actividades provisionales
          • Sección 4.ª El trámite de consulta
        • CAPÍTULO III. La inspección urbanística
        • CAPÍTULO IV. Las órdenes de ejecución
        • CAPÍTULO V. La disciplina territorial y urbanística
          • Sección 1.ª El régimen de las edificaciones, construcciones e instalaciones y demás operaciones y actividades clandestinas
          • Sección 2.ª Las operaciones de restauración de la ordenación territorial y urbanística
        • CAPÍTULO VI. Las infracciones y sanciones urbanísticas
          • Sección 1.ª El régimen general
          • Sección 2.ª Las infracciones y sanciones especiales en materia de gestión, parcelación, edificación y medio ambiente
          • Sección 3.ª La competencia y el procedimiento
        • CAPÍTULO VII. El régimen jurídico
        • CAPÍTULO VIII. Las medidas de garantía y publicidad de la observancia de la ordenación territorial y urbanística
  • Disposición transitoria cuarta. Régimen urbanístico del suelo

Exposición de Motivos

Artículo único.

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, que se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Quedan derogados el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, la Ley 7/2005, de 7 de julio, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, la Ley 12/2005, de 27 de diciembre, de Modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, la Ley 2/2009, de 14 de mayo, de medidas urgentes en Materia de Vivienda y Suelo y todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley.

2. Mantienen su vigencia en cuanto no se opongan a esta Ley o a sus normas de desarrollo:

- Decreto 87/1993, de 13 de julio, modificado por Decreto 58/1994, de 21 de junio, sobre catálogos de suelo de uso residencial.

- Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

- Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

- Decreto 124/2006, de 19 de diciembre, de Transparencia Urbanística.

- Decreto 35/2008, de 11 de marzo, por el que se regulan los órganos en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, modificado por el Decreto 83/2009, de 23 de junio.

- Decreto 83/2009, de 23 de junio, por el que se establecen medidas de agilización y de apoyo a los Municipios en la concertación interadministrativa de Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística.

- Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 18 de mayo de 2010.

El Presidente,

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES

Texto Refundido

Disposición Preliminar

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la ley.

Es objeto de la presente Ley la regulación de la ordenación del territorio y de la utilización del suelo para su aprovechamiento urbanístico en Castilla-La Mancha.

Artículo 2. La actividad urbanística.

1. La actividad administrativa de ordenación de la ocupación, transformación, uso y aprovechamiento del suelo es una función pública, cuyo cumplimiento corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades y a los Municipios, en el marco de esta Ley y en las respectivas esferas de competencia que ella les asigna.

La actividad a que se refiere el párrafo anterior comprende:

a) La organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como de la transformación de éste mediante la urbanización y la edificación.

b) La delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo por razón de la función social de éste.

2. La función pública de ordenación urbanística supone la atribución a la Administración en cada caso competente de las potestades necesarias para su completo y eficaz desarrollo de acuerdo con sus fines y, en todo caso, de las siguientes:

a) Organización de la gestión de la actividad.

b) Formulación, aprobación y ejecución de instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística.

c) Intervención para garantizar el cumplimiento del régimen urbanístico de la propiedad del suelo.

d) Ejecución de la urbanización prevista por el planeamiento y, en su caso, dirección y control de dicha ejecución.

e) Regulación del mercado del suelo.

f) Policía de la edificación y de uso y aprovechamiento del suelo.

g) Sanción de las infracciones.

3. Las actividades urbanísticas de transformación de solares, parcelas o unidades de suelo aptas para ello y, en especial, la de edificación, así como las de uso y aprovechamiento de las construcciones, edificaciones o instalaciones en ellas realizadas, corresponden a quien sea propietario o, en su caso, titular de un derecho suficiente sobre el bien inmueble correspondiente. Estas actividades deberán desarrollarse siempre de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, en las normas dictadas en su desarrollo y en los instrumentos de planeamiento.

Artículo 3. Los bienes a cuya tutela sirve la actividad urbanística.

Todas las actividades urbanísticas deberán procurar la máxima tutela y realización práctica posible de los bienes que expresan los principios rectores de la política social y económica establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución.

Artículo 4. Los criterios de la actuación pública territorial.

1. Son criterios a los que debe responder toda actuación pública de ordenación del territorio y de la utilización o uso del suelo o que repercuta de forma relevante en una u otro:

a) El desarrollo racional y equilibrado de las actividades en el territorio, que, en todo caso, garantice la diversidad y complementariedad de éstas, impida el excesivo e injustificado predominio de unas sobre otras y asegure tanto el óptimo aprovechamiento del recurso singular que representa el suelo como la suficiencia en la dotación y efectiva implantación de infraestructuras y servicios.

b) La armonización de los requerimientos del desarrollo económico y social con la preservación y la mejora del medio ambiente urbano, rural y natural, asegurando a todos una digna calidad de vida.

c) La promoción de la cohesión e integración sociales, así como de la solidaridad regional, intermunicipal y municipal.

2. Las decisiones adoptadas con motivo de la actuación a que se refiere el número anterior deberán basarse y justificarse en una suficiente identificación y determinación de todos los intereses, públicos y privados, relevantes, así como en una adecuada y objetiva ponderación recíproca de éstos a la luz del orden constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar y los costes de sustitución de los usos existentes e implantación de los seleccionados.

Artículo 5. Los fines de la actuación pública territorial.

Toda actuación pública que tenga por objeto regular el uso, aprovechamiento o utilización del suelo deberá perseguir los siguientes fines:

a) Defender y proteger los espacios y recursos naturales, así como las riquezas, de suficiente relevancia ecológica, cualquiera que sea su titularidad.

b) Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero, cinegético, forestal y piscícola, o de interés económico, social y ecológico, con especial consideración de las zonas de montaña.

c) Contribuir al uso racional de los recursos hidrológicos.

d) Asegurar la explotación y el aprovechamiento racional de las riquezas y recursos naturales y, en particular, de los mineros, extractivos y energéticos, mediante fórmulas compatibles con la preservación, la reparación y la mejora del medio ambiente.

e) Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico.

f) La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico.

g) Promover el desarrollo económico y social a través del fomento de actividades productivas y generadoras de empleo estable.

h) Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o específicos, que afecten de forma relevante al territorio en relación con los derechos constitucionales.

Artículo 6. Los fines de la actividad pública urbanística.

1. Son fines de la actividad pública urbanística:

a) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, en sus distintas situaciones y sea cual fuere su titularidad, al interés general definido en la Ley y, en su virtud, en los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística.

b) Vincular positivamente la utilización del suelo, en congruencia con su utilidad pública y con la función social de la propiedad, a los destinos públicos o privados acordes con el medio ambiente urbano o natural adecuado.

c) Delimitar objetivamente el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el uso y las formas de aprovechamiento de éste.

d) Impedir la especulación con el suelo o la vivienda u otros usos de interés social.

e) Impedir la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales, imponiendo la justa distribución proporcional de los mismos entre los que intervengan en la actividad transformadora de la utilización del suelo, asegurando en todos los casos la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción territorial y urbanística, la clasificación o calificación del suelo, y la ejecución de obras o actuaciones de los entes públicos que impliquen mejoras o repercusiones positivas para la propiedad privada.

2. La ordenación establecida por el planeamiento de ordenación territorial y urbanística tiene por objeto en todo caso:

a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del suelo, mediante la calificación, a tenor, en su caso, de la clasificación, de éste y de las edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas en él.

b) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, programación de las actividades de urbanización y edificación, así como de cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las edificaciones, construcciones e instalaciones.

c) La formalización de una política reguladora del mercado inmobiliario, especialmente mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o que implique la limitación de su precio en venta o su puesta en el mercado en régimen de alquiler con precio limitado y la calificación de suelo con tal destino.

d) La protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.