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LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Publicación original: G.O. 17/06/2011

Reforma: GO 17-06-2011


  • Título Primero. Disposiciones generales y objetivo de la ley
  • Título Segundo. De la autoridad judicial, su competencia y los medios de impugnación
    • Capítulo Primero. Del juez de ejecución
    • Capítulo Segundo. Del procedimiento de ejecución
    • Capítulo Tercero. De los recursos
  • Título Tercero. De la ejecución de las penas
    • Capítulo Primero. Disposiciones generales
    • Capítulo Segundo. La pena de prisión
    • Capítulo Tercero. Beneficios penitenciarios
    • Capítulo Cuarto. Reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia
    • Capítulo Quinto. Improcedencia de beneficios penitenciarios
    • Capítulo Sexto. Del tratamiento preliberacional
    • Capítulo Séptimo. De la libertad preparatoria
    • Capítulo Octavo. De la remisión parcial de la pena
    • Capítulo Noveno. LIneamientos generales aplicables a los beneficios penitenciarios
  • Título Cuarto. Cumplimiento de sentencia
    • Capítulo Primero. De los imputables
    • Capítulo Segundo. De los inimputables y personas con discapacidad psico-social
  • Título Quinto. Justicia restaurativa en la ejecución de sentencias
    • Capítulo Único. En la reparación del daño
  • Título Sexto. Del sistema penitenciario
    • Capítulo Primero. De las autoridades
    • Capítulo Segundo. De la prevención especial
    • Capítulo Tercero. De la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios
    • Capítulo Cuarto. Del tratamiento de los sentenciados internos
    • Capítulo Quinto. De la educación de los sentenciados internos
    • Capítulo Sexto. Del trabajo realizado por los sentenciados internos
    • Capítulo Séptimo. De la salud de los sentenciados internos
    • Capítulo Octavo. De las actividades deportivas y recreativas
    • Capítulo Noveno. Del régimen de (sic) disciplinario
    • Capítulo Décimo. De los consejos técnicos interdisciplinarios
    • Capítulo Décimo Primero. De la disciplina al interior de los centros penitenciarios
    • Capítulo Décimo Segundo. Del comité de visita general
  • Título Séptimo. Del personal penitenciario
    • Capítulo Único
  • Título Octavo. Sistema pospenitenciario de las redes de apoyo social y del instituto
    • Capítulo Único
  • Transitorios
  • Versión 17-06-2011

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales y objetivo de la ley

Artículos 1 - 7

Artículo 1

Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público y de interés social y su aplicación corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los Órganos de Gobierno Ejecutivo y Judicial en el Distrito Federal, así como a las autoridades vinculadas y auxiliares con el Sistema Penitenciario a que hace referencia el presente ordenamiento.

En todo lo no previsto por esta Ley, se aplicarán supletoriamente el Código Penal para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, siempre que no contravengan los principios que rigen a este ordenamiento.

Artículo 2

La presente ley tiene por objeto regular:

I. El cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial; y,

II. La organización, administración y operación del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, para lograr la reinserción social y procurar que no vuelva a delinquir la persona sentenciada.

Artículo 3

Los principios rectores de la Ejecución de la Pena, Medidas de Seguridad y del Sistema Penitenciario, como mandatos de optimización, serán los siguientes:

I. LEGALIDAD. Los Jueces de Ejecución y la Autoridad Penitenciaria deberán, en el ámbito de ejecución de la pena y en el proceso de reinserción social, fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano, la presente Ley, la sentencia judicial y demás disposiciones aplicables a estas materias.

II. GARANTÍA DE AUDIENCIA Y DEFENSA ADECUADA. La duración y modificación de penas, se efectuarán respetando la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para los asuntos materia de esta Ley, las personas sentenciadas deberán contar con asesoría especializada de su abogado particular o la Defensoría de Oficio.

III. IGUALDAD. La reinserción social, así como la modificación y extinción de la pena y medidas de seguridad, deberán aplicarse imparcialmente; en consecuencia, no se harán diferencias de trato fundadas en prejuicios de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, identidad de género, orientación sexual, edad, o toda otra situación discriminatoria no contemplada por la presente ley.

No serán consideradas discriminatorias y estarán permitidas, en tanto no representen menoscabo alguno de los derechos de las personas implicadas las medidas que se adopten a fin de proteger y promover exclusivamente los derechos de las mujeres; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas, en particular de las personas que padezcan alguna enfermedad infecto-contagiosa; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial y de los indígenas y extranjeros.

IV. ESPECIALIDAD. Los juzgados de ejecución deberán tener como única materia de conocimiento, el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad;

V. JUDICIALIZACIÓN. Las cuestiones relativas a sustitución, modificación o extinción de las penas o medidas de seguridad, se ventilarán ante el Juez de Ejecución en audiencia incidental que se desarrollará de forma oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

VI. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. A toda persona penalmente privada de su libertad, se le tratará con respeto absoluto a su integridad física, psíquica y moral; a su dignidad humana y a sus derechos y garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Ningún sentenciado será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Queda prohibida todo tipo de tortura física, psíquica y moral, incluyendo la que, no comportando una violencia directa, afecte el equilibrio físico y psíquico de quienes las sufrieren, tal es el caso de luz, ruido, música u otros análogos, emitidos de manera ininterrumpida o por periodos no razonables.

VII. SOCIALIZACIÓN DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO. Con el fin de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, el régimen penitenciario y post-penitenciario, tenderá a reducir las diferencias entre la vida en el interior del establecimiento penitenciario y la vida en libertad, debiendo preservar o reforzar la continuidad de los vínculos familiares, educacionales y laborales. Con este fin, las instituciones y organismos públicos y privados cooperarán con la autoridad competente.

VIII. PREVENCIÓN ESPECIAL DE LA PENA. La reinserción social debe inducir al sentenciado a comprender el significado del hecho delictivo en la sociedad y en la víctima del delito, con base en la educación, trabajo y capacitación para el mismo, salud y deporte con el fin de que al momento de su reincorporación a la sociedad, adquiera una mayor capacidad de autodeterminación conforme a valores éticos.

IX. MÍNIMA AFECTACIÓN. El Sistema Penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a la pena privativa de libertad.

Durante la reinserción social y el régimen de disciplina, no se aplicarán más medidas que las necesarias y efectivas relacionadas con el control del establecimiento penitenciario y la protección de la integridad corporal de las personas que se encuentren en dicho lugar.

Artículo 4

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad Ejecutora: Jefe de Gobierno por conducto de la Secretaría;

II. Autoridad Penitenciaria: La Subsecretaría, los Directores Ejecutivos de la misma y los Directores de los Centros Penitenciarios;

III. Autoridades Auxiliares: Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, Federales;

IV. Autoridades Vinculadas: Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación y el Instituto del Deporte todas del Distrito Federal.

V. Beneficiado: Persona que obtuvo un beneficio penitenciario;

VI. Centros Penitenciarios: El conjunto de establecimientos penitenciarios preventivos, de ejecución de sanciones penales, de reinserción psicosocial o de asistencia post-penitenciaria del Distrito Federal;

VII. Código de Procedimientos Penales: El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

VIII. Código Penal: El Código Penal para el Distrito Federal;

IX. Comité de Visita General: La unión de representantes de diversos órganos de gobierno, cuyo fin es realizar visitas a las instituciones del Sistema Penitenciario en los períodos y en las condiciones que se determinen en el Reglamento correspondiente;

X. Consejo Empresarial: Consejo Empresarial para la Reinserción Social en el Distrito Federal;

XI. Consejo: El Consejo Técnico Interdisciplinario de cada Centro Penitenciario;

XII. Defensa: Profesional del Derecho encargado de brindar asesoría y asistencia legales al sentenciado;

XIII. Persona con discapacidad psico-social: Aquélla a la que un especialista le diagnostica un padecimiento mental;

XIV. Estudios Técnicos: Los estudios practicados por el Consejo en las áreas jurídica, médica, psicológica, psiquiátrica, educativa, criminológica, de trabajo social, deportiva y de seguridad y custodia, así como cualquier otro que tenga como finalidad la reinserción;

XV. Inimputable: La persona así reconocida por medio de un dictamen;

XVI. Instituto: El Instituto de Reinserción Social;

XVII. Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

XVIII. Juez de Ejecución: Órgano Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal encargado de la Ejecución de las Sentencias Penales;

XIX. Ley: La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal;

XX. Ministerio Público: Órgano técnico encargado de vigilar la legalidad de los procedimientos de ejecución y preservar los intereses de la víctima u ofendido y de la sociedad en general;

XXI. Monitoreado: La persona beneficiada por la reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia;

XXII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

XXIII. Sala Especializada en Ejecución: A la Sala Especializada en Ejecución de Sentencias Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;

XXIV. Secretaría: La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal;

XXV. Sentenciado: La persona que es condenada mediante sentencia ejecutoriada;

XXVI. Subsecretaría: La Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal;

XXVII. Tratamiento Técnico Progresivo: Al que debe someterse a los sentenciados para que a través de éste se demuestre el cambio conductual, forma de pensar, así como para estudiar a fondo sus antecedentes psico-sociales, familiares y socio-económicos; y,

XXVIII. Unidad de Atención Integral: Equipo multidisciplinario de profesionales en trabajo social, medicina, psicología, pedagogía, antropología y demás profesiones que estime convenientes.

Artículo 5

Gozarán de todos los derechos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualquiera otra circunstancia discriminatoria. Por tanto, tendrán derecho a:

I. La asistencia de una defensa en cualquier incidente suscitado durante la ejecución de la pena;

II. Recibir un trato digno;

III. No ser objeto de violencia física o moral por parte de funcionarios, personal y empleados de los Centros Penitenciarios, ni de otros sentenciados;

IV. Gozar de condiciones de estancia digna dentro de los Centros Penitenciarios;

V. Recibir visita de su familia, amistades e íntima.

VI. Recibir un tratamiento técnico progresivo e individualizado que permita su reinserción a la sociedad;

VII. No ser discriminado en razón de su situación jurídica y criminológica;

VIII. Ser llamados por su nombre y apellidos, no permitiéndose el uso de apodos que impliquen discriminación;

IX. Recibir la información que conste en los expedientes judicial y técnico; y,

X. Profesar el culto religioso de su preferencia. La Autoridad Penitenciaria y las autoridades administrativas de los Centros Penitenciarios facilitarán los medios necesarios para el ejercicio de prácticas religiosas y espirituales.

Artículo 6

Los sentenciados tendrán las siguientes obligaciones:

I. Conocer y acatar las normas del régimen interior y cumplir las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en caso de infracción de aquellas;

II. Respetar a los funcionarios y personal del establecimiento penitenciario en que se encuentren, tanto dentro del mismo como fuera de él, con ocasión de traslados, conducción o práctica de diligencias;

III. Respetar la dignidad y derechos de los otros sentenciados; y,

IV. Vestir las prendas que proporcione el establecimiento penitenciario o determine el reglamento.

Artículo 7

Ningún sentenciado podrá desempeñar funciones de autoridad, empleo o cargo administrativo al interior de los establecimientos penitenciarios.

TÍTULO SEGUNDO
De la autoridad judicial, su competencia y los medios de impugnación

Artículos 8 - 22

CAPÍTULO PRIMERO
Del juez de ejecución

Artículos 8 - 9

Artículo 8

El Juez de Ejecución será competente para conocer de los procedimientos en etapa de ejecución de sentencias contenidos en la presente Ley.

Artículo 9

El Juez de Ejecución tendrá las siguientes atribuciones:

I. Hacer cumplir, sustituir, modificar o declarar extintas las penas o medidas de seguridad;

II. Sustituir de oficio la pena de prisión por externamiento, a partir de que el Juez tenga conocimiento de la procedencia o a petición de parte, cuando fuere notoriamente innecesario que se compurgue, en razón de senilidad o el precario estado de salud del sentenciado; o sea posible realizar ajustes razonables para que el condenado con discapacidad compurgue la pena en condiciones conformes con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al efecto, el Juez de Ejecución se apoyará siempre en al menos dos dictámenes de peritos;

III. Librar las órdenes de reaprehensión que procedan en ejecución de sentencia;

IV. Resolver, necesariamente en audiencia oral, en los términos de la presente Ley y supletoriamente, conforme al Código de Procedimientos Penales, todas las peticiones y planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier sustitutivo o beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional; de igual manera procederá en los casos en que deba resolver sobre beneficios penitenciarios mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia, y de todas las peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;

V. Resolver sobre las solicitudes de traslación y adecuación de la pena o medida de seguridad;

VI. Determinar, cuando se impongan dos o más penas de prisión en sentencias diversas, el cumplimiento sucesivo de las mismas, estableciendo el cálculo correspondiente;

VII. Vigilar el cumplimiento de cualquier sustitutivo o beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en sentencia definitiva;

VIII. Ordenar, previo aviso del Centro Penitenciario, con cuando menos cinco días hábiles previos al compurgamiento, la cesación de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada;

IX. Resolver todo lo relacionado con la reparación del daño;

X. Entregar al sentenciado que lo solicite, su constancia de libertad definitiva;

XI. Rehabilitar los derechos de los sentenciados una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia;

XII. Autorizar traslados de sentenciados a los diversos Centros Penitenciarios.

En los casos en que se ponga en riesgo la seguridad integral de los Centros Penitenciarios, la del sentenciado y por urgencia médica, el Titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario será quien suscriba el traslado, enviando informe al Juez de Ejecución, en el que se expresen los motivos que dieron origen a dicho traslado, mismo que a juicio del juez podrá ser revocado con la debida motivación y fundamentación, en los casos en que este determine perjuicio al sentenciado.

XIII. Designar a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario los lugares en que los sentenciados deban extinguir las sanciones privativas de libertad;

XIV. Otorgar el beneficio de medidas de protección y seguridad que se indican en el artículo 48 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

XV. Las demás atribuciones que esta Ley y otros ordenamientos le confieran.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del procedimiento de ejecución

Artículos 10 - 16

Artículo 10

El Juez que haya dictado una pena o medida de seguridad, en el plazo de tres días después de que determine que su sentencia causó ejecutoria, deberá remitir la causa instruida o, en su caso, testimonio cuando exista impedimento para hacerlo, al área competente del Tribunal Superior de Justica del Distrito Federal, sujetándose a los lineamientos siguientes:

I. Tratándose de penas privativas de la libertad;

a) Poner a disposición del Juez Ejecución (sic) a la persona sentenciada, cuando ésta se encuentre en prisión preventiva, para su cumplimiento, modificación o duración, y en custodia de las autoridades penitenciarias para el tratamiento técnico progresivo que permita su reinserción social y evite que vuelva a delinquir, mediante copia certificada de la sentencia;

b) Para el caso de que al sentenciado se le haya concedido algún beneficio o sustitutivo de la pena de prisión impuesta, deberá el Juez de la causa, resolver lo conducente en forma inmediata cuando dicho sentenciado haga uso de aquellos, hecho lo cual efectuará el trámite a que se refiere el párrafo anterior;

II. Tratándose de penas alternativas a la privativa de la libertad, remitir copias de la sentencia al Juez de Ejecución y a la autoridad penitenciaria, a efecto de que éstas se coordinen, en los términos de la presente Ley.

Artículo 11

El área competente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al recibir del Juez sentenciador la causa con sentencia ejecutoria que ha impuesto pena o medida de seguridad, asignará por turno riguroso la misma al Juez de Ejecución que corresponda y comunicará su destino a éste último, así como al Juez sentenciador respectivo.