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LEY 7/1989, DE 12 DE ABRIL, DE BASES DE PROCEDIMIENTO LABORAL.

Jefatura del Estado

BOE 88 de 13/04/1989

Redacción publicada el 02/08/1993


  • Exposición de Motivos
  • TÍTULO I. Del ejercicio de la jurisdicción
  • TÍTULO II. De las partes procesales
  • TÍTULO III. Objeto del proceso
  • TÍTULO IV. Actos procesales
  • TÍTULO V. Evitación del proceso
  • TÍTULO VI. Proceso ordinario
  • TÍTULO VII. Modalidades procesales
  • TÍTULO VIII. De los medios de impugnación
  • TÍTULO IX. Ejecución de sentencias
  • TÍTULO X. Medidas transitorias
    • BASE CUADRAGESIMOPRIMERA. Medidas transitorias
JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

Exposición de Motivos

I

Cumpliendo con el mandato constitucional formulado en el artículo 122 de la Constitución, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha venido a regular el conjunto de órganos a los que el propio texto constitucional encomienda, con exclusividad, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan. Dentro de los plurales contenidos de la referida Ley, especial relevancia tiene la estructura orgánica judicial en la que, con respecto a la situación existente, se introducen innovaciones importantes, obedientes todas ellas al objetivo de poner a punto una red de órganos judiciales acorde a los requerimientos constitucionales. Como no podía ser de otro modo, también la estructura de los órganos del orden jurisdiccional social experimenta notables modificaciones. Primeramente, y como obligado corolario del principio de unidad jurisdiccional, los Jueces y Tribunales de este orden pasan a integrarse en plenitud en la organización judicial. En segundo lugar, se plantan nuevos órganos judiciales colegiados ?Salas de lo Social en los Tribunales Superiores de Justicia y en la Audiencia Nacional? se adecúa la denominación de los unipersonales ?Juzgados de lo Social? y se reordenan las relaciones entre los diversos niveles orgánicos. En tercer lugar, en fin y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la Constitución, se configura al Tribunal Supremo como el órgano jurisdiccional superior.

Los cambios que la Ley Orgánica del Poder Judicial introduce en la organización del orden jurisdiccional social afectan a la ordenación del proceso laboral, pues es notoria la vinculación entre los aspectos orgánicos y competenciales y las reglas a las que los justiciables han de atenerse en el acceso a la prestación jurisdiccional. De ahí que la Ley Orgánica del Poder Judicial habilitara al Gobierno para que aprobara un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

El dictado de una nueva Ley rituaria laboral no sólo obedece, sin embarco, a la necesidad de acomodar el proceso a la reforma operada por la Ley Orgánica del Poder Judicial en la estructura judicial. Con ello se ha pretendido, al tiempo, lograr la más ajustada realización práctica del derecho constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva. Para ello se han tenido en cuenta los criterios que sobre el contenido de ese derecho con garantía constitucional ha elaborado el Tribunal Constitucional, que, en el ejercicio de su función de intérprete supremo de la Constitución, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la conformidad o disconformidad del vigente texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral al texto constitucional. La legislación procesal tampoco puede ignorar ?y se trataría del último de los motivos que obligan a la promulgación de un nuevo texto de procedimiento laboral? los muy importantes cambios normativos habidos en la configuración de los sujetos colectivos y en la definición de sus funciones representativas.

La presente Ley de Bases de Procedimiento Laboral viene a satisfacer, con lo dicho, un triple objeto: adecuar el proceso laboral a la nueva estructura judicial, que la Ley Orgánica del Poder Judicial diseña y la Ley de Demarcación y de Planta Judicial concreta y desarrolla, facilitar a los justiciables el disfruto de su derecho a recabar la tutela judicial efectiva en términos acordes con los imperativos constitucionales y ajustar la legislación procesal a los requerimientos provenientes de la legislación sustantiva, laboral y sindical.

II

Desde la creación y puesta en funcionamiento de los primeros Tribunales de Trabajo (los Tribunales Industriales de 1908), el proceso laboral se ha regido por los principios de oralidad, celeridad, inmediación y gratuidad, que es total para los trabajadores en cognición. Con unos u otros matices, los diversos textos procesales que se han ido sucediendo en el tiempo han recogido tales principios. Si a ello se adiciona la tradicional relajación en el ámbito de la jurisdicción laboral de las reglas sobre postulación, se puede afirmar sin temor a errar que las pretensiones de que han conocido los órganos judiciales del orden jurisdiccional social se han sustanciado en un proceso calificable en términos generales, como ágil, rápido, formalista en lo imprescindible y que ha facilitado el acceso a la prestación jurisdiccional. El derecho adjetivo ha tendido así a adecuarse a las exigencias del derecho sustantivo, esto es, a las reclamaciones que ventilan los Jueces y Tribunales laborales, la mayoría de las cuales atiende a necesidades vitales de los justiciables (salarios, despido, pensiones de Seguridad Social, por poner ejemplos significativos).

La Ley mantiene la experiencia procesal acumulada, que se ha manifestado funcional a la exigencia constitucional de un proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas. Así, la base 16.1 enuncia como principios del proceso la inmediación, la oralidad, la concentración y la celeridad. Así, también, la base 7.1 autoriza a las partes a comparecer por sí mismas y a defenderse o a conferir su representación a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Así, igualmente, la base 7 declara el carácter facultativo en los procesos de instancia de la defensa por Abogado, reiterando un criterio ya tradicional en nuestro ordenamiento. Así, en fin, la base 9 consagra el beneficio de justicia gratuita para los trabajadores y para quienes, no teniendo esa condición, acrediten insuficiencia de recursos.

Aparte de ello y en esa misma perspectiva de llenar de contenido el mandato constitucional, la Ley ha prestado un especial cuidado al tratamiento del principio de igualdad procesal, al que hay constantes y expresas alusiones a lo largo del articulado del texto (bases 7.2, 10.3 y 13.2). Este principio, sin embargo, ha de ser entendido no de manera aislada, sino en conexión con la naturaleza del ordenamiento laboral, que se caracteriza por un sentido compensador e igualador de las desigualdades que subyacen a las posiciones de trabajador y empresario. La igualdad procesal no puede así concebirse como absoluta, debiendo incorporar la ordenación del proceso ciertas disparidades que se asientan, como en su día señaló la sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, «sobre una desigualdad originaria entre trabajador y empresario que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula» (F.J., 2.°, párrafo 4.°). Tal es el tratamiento que subyace a la regulación de aspectos tales como la competencia territorial o la ejecución de sentencias.

La garantía del derecho de defensa es otro de los ejes que ha guiado la elaboración del texto procesal, habiéndose incorporado las enseñanzas de la jurisdicción constitucional. En tal sentido y en un aspecto tan sensible a la indefensión como es la comunicación de los órganos judiciales con las partes, la base 13.2 ordena que los actos de comunicación se regulen garantizando el derecho de defensa. A este mismo criterio obedece la base 18, que aporta alguna novedad procesal. En la legislación actual, la contestación a la demanda se efectúa en el curso del juicio oral pudiendo el demandante ratificar o ampliar la demanda bien que sin introducir variaciones sustanciales en la misma, y el demandado alegar cuantas excepciones estime pertinentes, así como, incluso, formular reconvención. La experiencia viene demostrando que, cuando el demandado reconviene, se producen situaciones de indefensión para el demandante. El hecho es tanto más serio cuanto que éste puede no contar con la asistencia técnica de Abogado y no poseer, por lo mismo, la pericia necesaria para responder a la reconvención promovida. Para evitar esas situaciones, la base 19.1 veda al demandado reconvenir de modo sorpresivo. Se admite la posibilidad de formular reconvención, bien que condicionándola a su previo anuncio en el trámite de conciliación extrajudicial o en la contestación a la reclamación. Es evidente, por lo demás, que la medida cumple una función correctora o compensadora, habiéndose procurado el que las normas procesales tomen razón de la situación de hecho de las partes.

Especial cuidado se ha tenido igualmente en la regulación de las formas procesales. Las formas cumplen, desde luego, una importante función, pero una función instrumental o derivada al logro de los intereses y valores a que todo proceso sirve. Desde el momento en que el proceso laboral sirve intereses vitales para un elevado número de ciudadanos, su regulación ha de prescindir de formalismos innecesarios, asegurando así la mayor accesibilidad a la justicia. Tales son los criterios que informan la Ley y que pueden verse reflejados, entre otras, en las bases 10.1 (subsanación y convalidación de actos procesales), 17,3 (deber del Juez de advertir a las partes los defectos u omisiones de la demanda), 19.2 (medios de prueba) y 31.1 (tramitación de los recursos de suplicación y casación, con subsanación de los defectos corregibles).

III

Como ya se ha señalado, la Ley pretende adecuar la legislación procesal a la nueva organización judicial establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este texto legislativo, sin embargo, no brinda siempre y para todos los casos respuestas cerradas; a veces opera como referente normativo mediato: La idea ya fue recogida en su exposición de motivos, en la que se señala que esta Ley «es solamente una de las normas que, en unión de otras muchas, tiene que actualizar el cuerpo legislativo español y adecuarlo a la realidad jurídica, económica y social». Una de esas normas habría de ser, desde luego, la Ley Procesal Laboral. Obediente al objetivo de asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva, la Ley se hace eco, al establecer los criterios que rigen la competencia funcional de los órganos que conocen de las pretensiones laborales, de los requerimientos en favor de una justicia que se administre de manera rápida, eficaz y con proximidad al ciudadano.

En tal sentido, los Juzgados de lo Social se configuran como órganos de acceso a la prestación jurisdiccional en primera y única instancia, no habiéndose incorporado al orden jurisdiccional laboral la figura de la apelación. Las sentencias de esos órganos unipersonales podrán ser recurribles en suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia y sólo ante ellos. De un lado, se cumple, y en términos rigurosos, la previsión contenida en el artículo 152.1, párrafo 3.°, de la Constitución; de otro, se fortalece la función casacional del Tribunal Supremo.

La planta de los Tribunales Superiores de Justicia y la atribución a los mismos de los recursos de suplicación ha de ordenarse en modo tal que quede asegurada la unificación de jurisprudencia que el respeto a los principios de unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de la ley exigen, A ello responde el recurso especial de casación para unificación de doctrina, que en modo alguno es un continuo del actual recurso en interés de la ley de que conoce el Tribunal Supremo contra sentencias dañosas o erróneas dictadas por el Tribunal Central de Trabajo. Como especialidad más destacada de este recurso, cabe citar el que su estimación produce efectos sobre las situaciones jurídicas creadas en virtud de la sentencia recurrida.

Novedad significativa en la ordenación de los recursos que la Ley contempla es la posibilidad de abrir un trámite de inadmisión. La finalidad perseguida es la de descargar de recursos vacíos de contenido a los órganos judiciales superiores y, por lo mismo, facilitar respuestas judiciales rápidas, que son presupuesto del derecho a la tutela judicial efectiva.

IV

La Constitución, en su artículo 7, ha consagrado la libertad sindical, atribuyendo una especial relevancia a los sindicatos y asociaciones empresariales, habiendo elaborado el Tribunal Constitucional una cuidadosa jurisprudencia sobre el particular. En este sentido, reiteradas sentencias (51/1982 y 37/1933, entre otras) han señalado que la función de los sindicatos no sólo consiste en representar a sus miembros a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación privada, sino en defender los intereses de los trabajadores en su generalidad. Se trata, en palabras del propio Tribunal Constitucional, del ejercicio de una «representación institucional».

En este contexto, la legislación procesal ha de tomar nota de la relevancia de los grupos sociales organizados y arbitrar aquellas medidas que permitan a los sindicatos y a las asociaciones empresariales el ejercicio de las funciones que les son propias. A ello responden las previsiones contenidas en la base 6, que reconoce a sindicatos y asociaciones empresariales una legitimación «ad processum» para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, en expresión ceñida al testo constitucional, así como, y en un ámbito más específico, las de la base 27 que les concede una legitimación para promover conflictos colectivos y, señaladamente, la previsión contemplada en la base 7.4, que atribuye a los sindicatos la actuación enjuicio en nombre e interés de los trabajadores, defendiendo sus derechos individuales.

La Ley, de otro lado, recoge y ordena los procesos contemplados por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical: el de impugnación de los estatutos de los sindicatos y el de tutela de los derechos de libertad sindical, que se configura como procedimiento sumario y preferente, y que puede ser iniciado, además de por un trabajador individual, por el sindicato que sufra la lesión. Haya sido o no vulnerado en su derecho, cualquier sindicato que ostente la condición de más representativo puede personarse en estos procesos en calidad de coadyuvante.

Por lo demás, y para concluir con el enunciado de novedades en este capítulo, ha de mencionarse la remodelación del proceso sobre impugnación de convenios colectivos; la Ley procura dar respuesta a los problemas que su concreta aplicación ha venido suscitando. Se acogen, al respecto, orientaciones jurisprudenciales consolidadas.

V

La plena integración de los órganos del orden jurisdiccional social en una estructura judicial relativamente uniforme ha de tener, lógicamente, reflejo en la legislación procesal. Desde este punto de vista la Ley ha buscado aproximar la regulación procesal laboral a la civil, allí donde tal aproximación era posible. La ordenación del recurso de casación por error en la apreciación de la prueba, así como de los recursos contra providencias y autos, son buenos ejemplos de esa tendencia.

Pero en la Ley late, al tiempo, otra tendencia uniformadora y que se manifiesta en potenciar el proceso común, manteniendo sólo las imprescindibles especialidades procesales. Ello redundará, de seguro, en una mejor y más eficaz realización del derecho a la tutela judicial efectiva.

El texto ha cuidado especialmente la regulación de las ejecuciones, aportando soluciones novedosas, con las que se confía agilitar y hacer efectiva esta capital manifestación del derecho a la tutela judicial. Así y por lo pronto se prevé la acumulación de títulos ejecutivos contra un mismo deudor en los casos en que se tramiten tanto ante un mismo órgano judicial como ante órganos de la misma o de distinta circunscripción (bases 11.5 y 11.6). En este último supuesto, se ha optado, en aras de los principios de seguridad y economía, por atribuir las facultades de decretar la acumulación y tramitar la ya acordada al órgano que hubiere iniciado con anterioridad la ejecución. Para estos casos, que tienen una evidente afinidad con los procesos de ejecución general, el texto prevé la aplicación del principio de la «par conditio creditorum» dentro del respeto a las preferencias de crédito legalmente establecidas, siguiendo soluciones de proporcionalidad y no de prioridad temporal cuando los bienes del deudor resulten insuficientes para satisfacer las obligaciones de los distintos acreedores (base 39.2). La base 38, de su lado, consagra legalmente la práctica, ya conocida en alguna circunscripción judicial, de asignar a un solo Juzgado de lo Social, de entre los varios que hubiere, el conocimiento de la ejecución de las sentencias dictadas por los Juzgados de la misma circunscripción. La base 40, en fin, mantiene, respecto de la ejecución provisional de sentencias, reglas ya conocidas desde antiguo en nuestra legislación procesal, extendiendo el principio de ejecutoriedad de las sentencias no firmes a los procesos de conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de los derechos de libertad sindical.

VI

Hasta tanto en cuanto no se dicte por el Gobierno el Decreto Legislativo que articule las Bases de Procedimiento Laboral contenidas en la presente Ley, la competencia funcional de los órganos de orden jurisdiccional que conocen de los recursos extraordinarios de casación y de suplicación va a seguir sometida a las reglas que tradicionalmente han regido esta materia. Estas reglas responden, en términos generales, a criterios cuantitativos, de suerte que es la cuantía litigiosa el factor determinante tanto de la recurribiIidad de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social como del acceso a uno u otro recurso extraordinario. En concreto, los artículos 153 y 166 de la aún vigente Ley de Procedimiento establecen dichas cuantías, debiendo reseñarse que la que marca el límite para recurrir en casación o en suplicación, cifrada en 1.000.000 de pesetas, ha permanecido inalterable desde 1978.

La depreciación de la moneda, unida al formidable incremento de la litigiosidad laboral y a la nueva estructura de la organización judicial, aconsejan una reforma de los artículos 153 y 166 de la Ley Procesal Laboral, modificando las cuantías de acceso a los recursos de suplicación y casación laboral. Tres son los objetivos inmediatos que persigue la reforma: unificar la casación laboral con la casación civil; propiciar una administración de justicia más rápida y más próxima al justiciable, fortaleciendo las competencias que transitoriamente han de asumir las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, y, en fin, facilitar al Tribunal Supremo que la asunción de las nuevas competencias que la ley Orgánica del Poder Judicial atribuye y que se harán efectivas al aprobarse el texto articulado de la presente Ley de Bases se efectúa en las condiciones más eficaces. Una sobrecarga de asuntos en el Tribunal Supremo puede hacer peligrar la reforma judicial, organizativa y procesal, emprendida, lo que, en definitiva, redundaria en el derecho de los justiciables a obtener una tutela judicial rápida y sin dilaciones.

A estos objetivos sirve la reforma de los artículos 153 y 166 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, así como las medidas de aplicación transitoria, que, por una parte, no privan del derecho a recurrir en suplicación a quienes lo tenían reconocido al momento de dictarse la resolución de instancia, y, por otra, responden de manera inequívoca a los designios de acelerar los recursos pendientes sin merma de las garantías jurídicas, y de hacer efectivo el principio de economía procesal. Por lo demás, es evidente que el artículo 2.°, bien que incardinado en una Ley de Bases, tiene una fuerza normativa directa e inmediata, no precisando de ninguna interposición para su aplicación.

Artículo primero.

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, con audiencia de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos, y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y dictamen del Consejo de Estado, apruebe, en el plazo de un año, el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral que derogará el vigente texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 1568/1980, de 13 de junio, con arreglo a los principios y criterios que resultan de las siguientes bases:

TÍTULO I
Del ejercicio de la jurisdicción

BASE PRIMERA
Jurisdicción

BASE SEGUNDA
Competencia

BASE TERCERA
Conflictos y cuestiones de competencia

BASE CUARTA
Cuestiones prejudiciales

TÍTULO II
De las partes procesales