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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Ley 906/2004

Versión 01/09/2004


  • Título Preliminar. Principios Rectores y Garantías Procesales
  • Libro I. Disposiciones Generales
    • Título I. Jurisdicción y Competencia
      • Capitulo I. Disposiciones generales
      • Capitulo II. De la competencia
      • Capitulo III. Competencia territorial
      • Capitulo IV. Cambio de radicación
      • Capitulo V Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo
      • Capitulo VI. Definición de competencia
      • Capitulo VII. Impedimentos y recusaciones
    • Título II. Acción Penal
      • Capitulo I. Disposiciones generales
      • Capitulo II. Comiso
      • Capitulo III. Medidas cautelares
      • Capitulo IV Del ejercicio del incidente de reparación integral
    • Título III. Ministerio Publico
    • Título IV. Partes E Intervinientes
      • Capitulo I. Fiscalía General de la Nación
      • Capitulo II. Defensa
      • Capitulo III. Imputado
      • Capitulo IV. Víctimas
    • Título V Deberes y Poderes de los Intervinientes en el Proceso Penal
      • Capitulo I De los deberes de los servidores judiciales
      • Capitulo II De los deberes de las partes e intervinientes
      • Capitulo III Deberes de la Fiscalía General de la Nación
      • Capitulo IV De los poderes y medidas correccionales
    • Título VI. La Actuación
      • Capitulo I. Oralidad en los procedimientos
      • Capitulo II. Publicidad de los procedimientos
      • Capitulo III. Audiencias preliminares
      • Capitulo IV. Términos
      • Capitulo V. Providencias judiciales
      • Capitulo VI Notificación de las providencias, citaciones, y comunicaciones entre los intervinientes en el proceso penal
      • Capitulo VII. Duración de la actuación
      • Capitulo VIII. Recursos ordinarios
      • Capitulo IX. Casación
      • Capitulo X. Acción de revisión
        • § 2 Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado
      • Capitulo XI Disposición común a la casación y acción de revisión
  • Libro II Técnicas de Indagación E Investigación de la Prueba y Sistema Probatorio
    • Título I. La Indagación y la Investigación
      • Capitulo I Organos de indagación e investigación
      • Capitulo II Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización
      • Capitulo III Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización
      • Capitulo IV. Métodos de identificación
      • Capitulo V. Cadena de custodia
      • Capitulo VI Facultades de la defensa en la investigación
    • Título II Medios Cognoscitivos en la Indagación E Investigación
      • Capitulo Único Elementos materiales probatorios, evidencia física e información
    • Título III. Formulación de la Imputación
      • Capitulo Único. Disposiciones generales
    • Título IV Régimen de la Libertad y Su Restricción
      • Capitulo I. Disposiciones comunes
      • Capitulo II. Captura
      • Capitulo III. Medidas de Aseguramiento
    • Título V. Principio de Oportunidad
    • Título VI. De la Preclusion
  • Libro III. El Juicio
    • Título I. De la Acusación
      • Capitulo I. Requisitos formales
      • Capitulo II Audiencia de formulación de acusación
      • Capitulo III Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física
    • Título II Preacuerdos y Negociaciones Entre la Fiscalía y el Imputado o Acusado
      • Capitulo Único
    • Título III. Audiencia Preparatoria
      • Capitulo I. Trámite
      • Capitulo II Conclusión de la audiencia preparatoria
    • Título IV. Juicio Oral
      • Capitulo I. Instalación
      • Capitulo II. Presentación del caso
      • Capitulo III. Práctica de la prueba
        • Parte I. Disposiciones generales
        • Parte II Reglas generales para la prueba testimonial
        • Parte III. Prueba pericial
        • Parte IV. Prueba documental
        • Parte V. Reglas relativas a la inspección
        • Parte VI Reglas relativas a la prueba de referencia
      • Capitulo IV Alegatos de las partes e intervinientes
      • Capitulo V. Decisión o sentido del fallo
    • Título V Suspensiones de la Audiencia del Juicio Oral
    • Título VI. Ineficacia de los Actos Procesales
  • Libro IV. Ejecución de Sentencias
    • Título I Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
      • Capitulo I. Ejecución de penas
      • Capitulo II. Ejecución de medidas de seguridad
      • Capitulo III. Libertad condicional
      • Capitulo IV Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad
      • Capitulo V Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores
      • Capitulo VI. De la rehabilitación
  • Libro V. Cooperación Internacional
    • Capitulo I. En materia probatoria
    • Capitulo II. La extradición
    • Capitulo III. Sentencias extranjeras
  • Libro VI. Justicia Restaurativa
    • Capitulo I. Disposiciones generales
    • Capitulo II. Conciliación preprocesal
    • Capitulo III. Mediación
  • Libro VII. Régimen de Implementación
    • Capitulo I. Disposiciones generales
    • Capitulo II. Régimen de transición
    • Capitulo III. Disposiciones finales

Título Preliminar.
Principios Rectores y Garantías Procesales

Artículo 1

Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.

Artículo 2

Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.

En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

Artículo 3

Prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad.

Artículo 4

Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación.

Artículo 5

Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.

Artículo 6

Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia.

Artículo 7

Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.

En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado.

En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.

Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda.

Artículo 8

Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;

c) No se utilice el silencio en su contra;

d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, si no llegaren a perfeccionarse;

e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado;

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él;

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades;

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan; i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer; j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas; k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor.

Artículo 9

Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación.

Artículo 10

Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial.

Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.

El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.

El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.

El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.

Artículo 11

Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código.

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio; i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley; j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

Artículo 12

Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe.

Artículo 13

Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna a quienes en ella intervengan, en cuanto al servicio que presta la administración de justicia.

Artículo 14

Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.

De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones.

En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación.