¡Disfruta de SmartLeges Premium!

Suscríbete a SmartLeges Premium y disfruta de estas ventajas:

  • Consulta tantas leyes como necesites, gratuitas o de pago, sin coste adicional
  • Consulta casi cualquier ley en varios países gracias al nuevo buscador avanzado. ¡Toda la legislación a tu alcance!
  • Disfruta de todas las características de SmartLeges sin restricciones
Ver los planes

Una aplicación imprescindible y gratuita para profesionales y estudiantes del sector jurídico

Leer más
 

¡Regístrate gratis!

¿Quieres consultar esta y otras leyes completas?

Regístrate gratis y podrás consultar las leyes en tu móvil o tablet, además de subrayar textos, añadir notas...

¡Regístrate gratis!

Compartir esta ley Otras leyes de México
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VICTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Fecha de publicación: 22/8/2003

Fecha de reforma: 10/9/2010


  • Capítulo Primero. Disposiciones Generales
  • Capítulo Segundo. de la Dirección de Atención de Víctimas del Delito
  • Capítulo Tercero. los Derechos de la Víctima o el Ofendido
  • Capítulo Cuarto. de las Medidas de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido
  • Capítulo Quinto. de los Responsables de Proporcionar Atención y Protección
  • Capítulo Sexto. del Procedimiento para el Otorgamiento de Beneficios a la Víctima o el Ofendido
  • Capítulo Séptimo. de las Infracciones y Sanciones
  • Transitorios
  • Versión 10-09-2010

Preámbulo

Ley de atención y protección a la víctima o el ofendido del delito para el Estado de Baja California

Publicada en el no. 39 del periódico oficial del Estado de Baja California, el 22 de agosto de 2003.

(en vigor a partir del 23 de agosto de 2003)

Eugenio elorduy walther gobernador del Estado de Baja California, anuncio que el Congreso del Estado ha dirigido al suscrito para su publicación, ley de atención y protección a la víctima o el ofendido del delito para el Estado de Baja California, cuyo texto es el siguiente:

La H. Xvii legislatura constituciónal del Estado Libre y Soberano de Baja California, en uso de las facultades que le confiere el articulo 27, fracción i de la constitución política local, expide la siguiente:

Ley de atención y protección a la víctima o el ofendido del delito para el Estado de Baja California

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden publico y tienen por objeto establecer los derechos, así como las medidas de atención y protección a la víctima o el ofendido por algún delito, conforme a lo establecido por el articulo 20 apartado c de la constitución política de los estados unidos mexicanos.



Artículo 2

Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Víctima. A todo aquel individuo titular del bien jurídico tutelado que haya sufrido directamente alguna afectación en su persona o bienes con motivo de la comisión de un delito o conducta atribuible a un adolescente y que se encuentre tipificada como delito por las leyes estatales;

II. Ofendido. A todo aquel individuo que haya sufrido indirectamente alguna afectación en su persona o bienes con motivo de la comisión de un delito o conducta atribuible a un adolescente y que se encuentre tipificada como delito por las leyes estatales y que tenga derecho a la reparación del daño conforme al articulo 35 del código penal;

III. Ley. A la ley de atención y protección a la víctima o el ofendido del delito para el Estado de Baja California;

IV. Procuraduría. A la procuraduría general de justicia del Estado de Baja California;

V. Procurador. Al procurador general de justicia del Estado de Baja California;

VI. Dirección. A la dirección de atención a víctimas del delito de la procuraduría general de justicia del Estado de Baja California;

VII. Código penal. El código penal para el Estado de Baja California;

VIII. Código de procedimientos penales. El código de procedimientos penales para el Estado de Baja California.

IX. Fondo. Al patrimonio destinado para el pago de la reparación del daño y auxilio a la víctima de delito.



Artículo 3

Las medidas de atención y protección a que se refiere esta ley serán brindadas por el titular del poder ejecutivo a través de la procuraduría, la que implementará los programas, lineamientos y procedimientos administrativos a efecto de que estas se hagan efectivas.

El ejecutivo podrá auxiliarse para la prestación de los servicios de atención y protección a víctimas y ofendidos, a través del sistema estatal de salud y el sistema para el desarrollo integral de la familia, quienes instrumentaran las acciones requeridas para la debida observancia de esta ley, de acuerdo con los ordenamientos aplicables en la materia.



Artículo 4

Las autoridades estatales y municipales podrán celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos mediante los cuales se establezcan los mecanismos de coordinación, colaboración y concertación que permitan la participación de los sectores publico, social y privado en materia de atención y protección a víctimas y ofendidos.



Artículo 5

La procuraduría podrá requerir de las autoridades y servidores públicos del estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones necesarias para el oportuno y eficaz cumplimiento del objeto de esta ley.



Capítulo Segundo
de la Dirección de Atención de Víctimas del Delito

Artículo 6

La dirección será, la unidad administrativa encargada de vigilar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las medidas de atención y protección reguladas por esta ley, así como de la ejecución de acuerdos y demás determinaciones emitidas por la procuraduría.



Artículo 7

La dirección para el cumplimiento del objeto de esta ley, sin perjuicio de aquellas conferidas por otros ordenamientos, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y ejecutar programas especiales en las áreas jurídica, psicológica, psiquiátrica, victimologica y de salud para brindar atención y protección a la víctima o el ofendido;

II. Proponer al procurador la celebración de convenios con instituciones publicas y privadas de educación y asistencia social, especialmente con aquellas que tengan a su cargo la prestación de servicios de salud en la entidad;

III. Proponer al procurador programas tendientes a mejorar la calidad y eficiencia para la atención de la víctima o el ofendido;

IV. Establecer mecanismos para ampliar la cobertura de atención y protección a la víctima o el ofendido, a las personas que sin tener tal carácter sufran una afectación por la comisión de una conducta punitiva, preferentemente cuando se trate personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, adultos mayores de sesenta años de edad o miembros de grupos vulnerables de la sociedad;

V. Concertar acciones con instituciones publicas o privadas para prestar las medidas de atención y protección que no este en posibilidades de proporcionar directamente; y,

VI. Las demás que le otorgue esta ley.



Capítulo Tercero
los Derechos de la Víctima o el Ofendido

Artículo 8

La víctima o el ofendido sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, tendrá los derechos siguientes:

I. Ser informado directa, oportuna y adecuadamente de los derechos que en su favor establece la presente ley y demás ordenamientos aplicables en la materia;

II. Recibir asesoría jurídica gratuita desde el inicio de la averiguación previa o investigación para la defensa de sus intereses;

III. Recibir desde la comisión del delito, atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia;

IV. A no ser explorada físicamente, ni someterse a ningún estudio, examen, análisis o peritaje, si no lo desea, quedando prohibido cualquier acto de intimidación, o fuerza física para ese efecto;

V. A que la exploración, la atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de cualquier tipo, este a cargo de un facultativo de su mismo sexo cuando lo solicite;

VI. A la reparación del daño cuando legalmente proceda;

VII. A que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos, cuando existan datos que hagan presumir que estos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados;

VIII. Coadyuvar con el ministerio publico en el proceso penal en los términos previstos por el código de procedimientos penales;

IX. Ser informado por la autoridad investigadora, de las actuaciones y del estado que guarde la averiguación previa, investigación o el proceso penal correspondiente;

X. Estar presente en el desahogo de los actos y diligencias en que intervenga el imputado o su defensor;

XI. Cuando no hable el idioma castellano o se trate de analfabeta, mudo, sordo o ciego, invariablemente cuente con un traductor o interprete en todas las actuaciones procesales;

XII. Solicitar justificadamente a la dirección el reemplazo del asesor jurídico asignado; y,

XIII. Las demás que le otorga la constitución política de los estados unidos mexicanos, y las leyes en esta materia.



Capítulo Cuarto
de las Medidas de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido

Artículo 9

Las medidas de atención y protección a la víctima o el ofendido comprenderán;

I. Asesoría jurídica;

II. Atención médica, psicológica y psiquiátrica de urgencia, pudiendo gestionar aquella que no este en condiciones de proporcionar directamente; y,

III. Orientación preventiva victimologica.



Artículo 10

La asesoría jurídica comprenderá:

I. Hacerle saber oportunamente y de manera accesible el delito o delitos que puedan tipificarse, los derechos, medidas de atención y protección con que cuenta, los procedimientos que se pueden seguir, las pruebas requeridas para reclamar sus derechos o hacerlos valer, la importancia de cada una de las actuaciones y la trascendencia jurídica de un avenimiento, desde el inicio del procedimiento penal hasta su conclusión;

II. Realizar un análisis de las condiciones de la víctima o el ofendido desde el punto de vista jurídico;

III. Contar con un asesor jurídico que le asista en todos los actos del procedimiento en que debe intervenir, para la defensa de sus derechos; y,

IV. Contar con el asesoramiento legal para el correcto ejercicio de la acción incidental, cuando se reclame la reparación del daño al responsable o a los terceros obligados por el código penal y, cuando proceda, el ejercicio de la acción civil reparadora.