¡Disfruta de SmartLeges Premium!

Suscríbete a SmartLeges Premium y disfruta de estas ventajas:

  • Consulta tantas leyes como necesites, gratuitas o de pago, sin coste adicional
  • Consulta casi cualquier ley en varios países gracias al nuevo buscador avanzado. ¡Toda la legislación a tu alcance!
  • Disfruta de todas las características de SmartLeges sin restricciones
Ver los planes

Una aplicación imprescindible y gratuita para profesionales y estudiantes del sector jurídico

Leer más
 

¡Regístrate gratis!

¿Quieres consultar esta y otras leyes completas?

Regístrate gratis y podrás consultar las leyes en tu móvil o tablet, además de subrayar textos, añadir notas...

¡Regístrate gratis!

Compartir esta ley Otras leyes de México
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

Fecha de publicación: 4/1/2012

Fecha de reforma: 4/1/2012


  • Capítulo I. Disposiciones Generales
  • Capítulo II. Derechos y Medidas a Favor de la Víctima del Delito
  • Capitulo III. Medidas de Protección y Seguridad a Favor de la Víctima del Delito
  • Capítulo IV. Comité Técnico Interinstitucional para la Atención y Protección de las Víctimas del Delito
  • Capítulo V. Autoridades Competentes de Proporcionar Protección y Atención a las Víctimas
  • Capítulo VI. Fondo General de Reparaciones a las Víctimas del Delito
  • Capítulo VII. Procedimiento para el Otorgamiento de Beneficios a las Víctimas del Delito
  • Capítulo VIII. Infracciones y Sanciones
  • Transitorios:
  • Versión 04-01-2012

Preámbulo

Ley de atención y protección a las víctimas del delito para el Estado de Yucatán

(en vigor a partir del 3 de febrero de 2012)

Texto original.

Ley publicada en el suplemento del diario oficial del Estado de Yucatán, el miércoles 4 de enero de 2012.

Decreto número 489

C. Ivonne aracelly ortega pacheco, gobernadora del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38, 55 fracciónes ii y xxv de la constitución política del Estado de Yucatán y 14 fracciónes vii y ix del código de la administración pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

Que el honorable Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés social, es de observancia general en el estado y tiene por objeto establecer las medidas de atención y protección a las víctimas de una conducta tipificada como delito; así como garantizar el pleno ejercicio de sus garantías y derechos consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables.



Artículo 2

Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Código procesal penal: el código procesal penal para el Estado de Yucatán;

II. Comité técnico: el comité técnico interinstitucional para la atención y protección de las víctimas del delito;

III. Estado: al Estado Libre y Soberano de Yucatán;

IV. Fiscalía general: la fiscalía general del Estado de Yucatán;

V. Fondo: el fondo general de reparaciones a las víctimas del delito;

VI. Ley: la ley de atención y protección a víctimas del delito para el Estado de Yucatán;

VII. Vice fiscalía: la vice fiscalía de prevención del delito, de justicia restaurativa y atención a víctimas, y

VIII. Víctima: los sujetos señalados en el articulo 99 del código procesal penal. La condición de víctima es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al responsable del delito y de cualquier relación de parentesco, laboral o afectiva que exista con el; por tanto, la víctima gozara de las garantías, derechos, protección y asistencia que esta ley y la demás normatividad aplicable señalen.



Artículo 3

Para la interpretación y aplicación de esta ley, se tendrán como principios rectores el respeto de los derechos de las víctimas del delito, el reconocimiento de su calidad como sujetos de derecho, así como los demás previstos en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en los tratados internacionales, en la constitución política del Estado de Yucatán, y demás disposiciones aplicables.



Artículo 4

En caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en esta ley y otras normas que tengan por objeto la atención y protección a las víctimas del delito, habrá de aplicarse aquella que resulte mas favorable a estas.



Artículo 5

Las medidas de atención y protección a víctimas del delito, a que se refiere esta ley, serán instrumentadas y aplicadas por las dependencias e instancias publicas del estado, en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.



Artículo 6

Las medidas de atención y protección a víctimas de delitos, serán brindadas por la fiscalía general, a través de la vice fiscalía, que implementará los programas, lineamientos y procedimientos administrativos a efecto de que estas se hagan efectivas.

La fiscalía general, para la prestación de los servicios de atención y protección a las víctimas del delito, podrá auxiliarse del sistema de salud del estado y el sistema para el desarrollo integral de la familia, quienes instrumentaran las acciones requeridas para la debida observancia de esta ley, de acuerdo con los ordenamientos aplicables en la materia.



Artículo 7

La vice fiscalía, será la unidad administrativa encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de atención y protección a las víctimas del delito, reguladas por la presente ley, incluyendo la ejecución de acuerdos y demás determinaciones emitidas por el titular de la fiscalía general.

Asimismo, deberá proporcionar los servicios de protección, atención, asistencia jurídica y representación legal de las víctimas a través de los asesores jurídicos que esta designe. Las agencias investigadoras del ministerio publico coadyuvaran a la prestación de los servicios referidos, previa comunicación con la vice fiscalía, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez.



Artículo 8

Las autoridades estatales y municipales, podrán celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos mediante los cuales se establezcan los mecanismos de coordinación, colaboración y concertación que permitan la participación de los sectores publico, social y privado en materia de atención y protección a víctimas del delito.



Artículo 9

La fiscalía general, podrá requerir a las autoridades y servidores públicos del estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones necesarias para el oportuno y eficaz cumplimiento del objeto de esta ley.



Capítulo II
Derechos y Medidas a Favor de la Víctima del Delito

Artículo 10

La víctima de delito, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, tendrá los derechos siguientes:

I. Ser informado directa, oportuna y adecuadamente de los derechos que en su favor establece la constitución política de los estados unidos mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables en la materia;

II. Ser tratada con la atención y el debido respeto a su dignidad humana, sin ningúna forma de discriminación;

III. Recibir asesoría jurídica gratuita desde el inicio de la investigación para la defensa de sus interéses y solicitar justificadamente a la vice fiscalía, el reemplazo del defensor publico asígnado. Tratándose de miembros de los pueblos y comunidades indígenas, la asesoría que se le asígne será en su propio idioma, asegurándose la comprensión de la dinámica y alcances del procedimiento;

IV. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial, a través de sus denuncias, querellas, solicitudes de investigación, solicitud para constituirse como parte coadyuvante y cualquier intervención durante el proceso;

V. Recibir, desde que sea afectada por el delito, atención médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia;

VI. No ser explorada físicamente, ni someterse a ningún estudio, examen, análisis o peritaje, si no lo desea, a menos que exista autorización jurisdiccional solicitada por el ministerio publico. Esta autorización en ningún caso facultara el uso de la fuerza publica. En todo caso, queda prohibido cualquier acto de intimidación o fuerza física para estos efectos;

VII. A que la exploración física, la atención médica, psiquiátrica, en su caso ginecológico o de cualquier tipo, este a cargo de un facultativo de su mismo sexo, cuando lo solicite;

VIII. Recibir apoyo y otorgamiento material de bienes en los casos procedentes;

IX. A la reparación del daño cuando legalmente proceda;

X. A que la autoridad investigadora o jurisdiccional, dicte las medidas cautelares y medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad física y psicológica, bienes, posesiones o derechos, incluso, la de sus familiares directos, cuando existan datos que hagan presumir que estos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados;

XI. No ser presentada ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento;

XII. Participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias, en los términos que señale la ley en la materia;

XIII. Impugnar las resoluciónes del ministerio publico en relación con la investigación, solicitar la reapertura del procedimiento en caso de archivo provisional o suspensión e interponer recursos, en los términos del código procesal penal;

XIV. Ser informada sobre el derecho que tiene para constituirse como parte coadyuvante con el ministerio publico y ejercerlo, en los términos previstos por el código procesal penal;

XV. Ser informada por la autoridad investigadora, de las actuaciones y del estado que guarde el proceso penal y obtener copias de las mismas;

XVI. Estar presente en el desahogo de los actos y diligencias en que intervenga el imputado o su defensor;

XVII. Ser auxiliado por interprete o traductor cuando no conozca o no comprenda bien el idioma español. En caso de que padezca alguna discapacidad que le impida oír o hablar, podrá recibir asístencia para acceder a la justicia en los términos que establece la ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado de Yucatán, o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asístencia;

XVIII. Al resguardo de su identidad y otros datos personales, en los casos previstos en la fracción v del apartado c del articulo 20 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;

XIX. En los delitos en los cuales las personas menores de dieciocho años sean víctimas, el juez o el ministerio publico tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño o del adolescente, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en los tratados internacionales ratificados por el estado mexicano y en el código procesal penal;

XX. A recibir orientación tratándose de delitos que admitan la celebración de convenios de solución de controversias, acerca de las consecuencias de carácter legal y patrimonial que implique dicha celebración; así mismo, informar con precisión cuales son las condiciones y términos previstos en la legislación penal para tal efecto, y

XXI. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.



Capitulo III
Medidas de Protección y Seguridad a Favor de la Víctima del Delito

Artículo 11

En materia de protección y seguridad de la víctima, estos tendrán los derechos siguientes:

I. Solicitar que el imputado sea separado de su domicilio como una medida cautelar, cuando esta conviva con aquel, considerando la naturaleza del delito; esta solicitud deberá ser canalizada por el ministerio publico ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican;

II. Solicitar que se dicten medidas cautelares y providencias necesarias para la protección de su persona, sus bienes, posesiones o derechos, contra todo acto de intimidación, represalia o daño posible, o cuando existan datos suficientes que demuestren que estos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados o relacionados con el imputado;

III. A recibir protección especial de su integridad física y psíquica.

IV. Al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, privación ilegal de la libertad o cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;

V. A contar con todas las facilidades para identificar al imputado, sin poner en riesgo su integridad física o psicológica;

VI. A no ser presentado ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento, para proteger su intimidad;

VII. A que los integrantes de las instituciones de seguridad publica, los demás servidores públicos, así como los defensores que intervengan durante el procedimiento penal, no puedan informar a terceros no legitimados acerca de su identidad en protección de sus derechos;

VIII. A que la autoridad realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad y proporcionar auxilio a víctimas cuando exista un riesgo para su vida o integridad corporal;

IX. A ser notificado previamente de la libertad o fuga del autor o autores del delito del que fue víctima y ser proveído de la protección correspondiente de proceder la misma;

X. A la restricción de la publicidad dentro del proceso penal, en los casos de excepción que determine la ley, en función de su protección, y

XI. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.