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LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO

Fecha de publicación: 7/4/2008

Fecha de reforma: 11/10/2012


  • Capítulo I. Disposiciones Generales
  • Capítulo II. de los Derechos de la Víctima
  • Capítulo III. de la Atención y Protección a las Víctimas
    • Sección I. Disposiciones Generales
    • Sección II. de la Asesoría Jurídica
    • Sección III. de la Atención Médica, Sicológica y Siquiátrica
    • Sección IV. de la Asistencia Social y de los Apoyos Económicos
    • Sección V. de las Medidas de Protección
  • Capítulo IV. de las Autoridades
  • Capítulo V. de la Junta de Atención y Protección para las Víctimas de Delitos
  • Capítulo VI. del Programa Estatal de Atención y Protección a Víctimas del Delito
  • Capítulo VII. de las Sanciones
  • Transitorios
  • Versión 11-10-2012

Preámbulo

Ley de atención y protección a víctimas del delito para el Estado de Sonora

Publicada en el no. 28 sección segunda del boletín oficial del Estado de Sonora, el 07 de abril de 2008.

(en vigor a partir del 08 de abril de 2008)

Eduardo bours castelo, gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente

Ley:

Número 162

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, en nombre del pueblo, tiene a bien decretar la siguiente:

Ley de atención y protección a víctimas del delito

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden publico e interés social y tienen por objeto establecer los derechos y las medidas de atención y protección a las víctimas y ofendidos de un hecho que la ley señale como delito por las leyes penales del Estado de Sonora.

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que el ofendido directo no pudiere ejercer personalmente los derechos que esta ley le otorga, se consideraran como ofendidos a los familiares de aquel, en el siguiente orden de prelación: al cónyuge, a la concubina o al concubinario, a los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado y a los dependientes económicos.



Artículo 2

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Junta: la junta de atención y protección a víctimas de delitos del Estado de Sonora;

II. Centro: el centro de atención y protección a víctimas de delitos de la procuraduría general de justicia del Estado de Sonora;

III. Víctima: es toda persona física o moral que haya sufrido directamente cualquier tipo de daño, el cual comprende lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, perdida económica o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de un hecho que las leyes penales del estado señalen como delito;

IV. Ofendido: es toda persona física o moral que haya sufrido indirectamente las consecuencias de un hecho que las leyes penales del estado señalen como delito, así como los sujetos señalados en el párrafo segundo del articulo 1 de esta ley;

V. Reparación del daño: la reparación del daño en términos de lo dispuesto por el código penal para el Estado de Sonora;

VI. Fondo: el fondo para la procuración de justicia del Estado de Sonora; y

VII. Sujetos protegidos: los testigos y demás personas que de cualquier forma hayan intervenido en el procedimiento penal aportando pruebas de cargo o a favor de la víctima, respecto de los cuales existan indicios que indiquen que pudieran ser afectados en su integridad física o en sus bienes por el sujeto a quien se le atribuye la comisión del delito o por terceros.

Los sujetos protegidos gozaran, cuando así lo requieran, del derecho a la protección por parte del ministerio publico y las corporaciones de policía, en los términos previstos en la presente ley.



Artículo 3

La calidad de víctima del delito es independiente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al responsable del delito y de cualquier relación de parentesco que exista con el; por tanto la víctima gozara sin distinción alguna, de las mismas garantías, derechos, protección, asistencia y atención que esta ley señale.

La condición de víctima u ofendido del delito, deberá acreditarse ante el ministerio publico y, en su caso, ante el juez. Si se trataré de varios ofendidos deberán nombrar a un representante común y si no alcanzan un acuerdo, será nombrado por el ministerio publico o por el juez, según la etapa del procedimiento.



Artículo 4

En caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en esta ley y otras normas relativas a la víctima, habrá de aplicarse aquella que resulte mas favorable a la misma.



Capítulo II
de los Derechos de la Víctima

Artículo 5

Las víctimas u ofendidos por la comisión de un hecho que la ley señala como delito tendrán los siguientes derechos:

I. A recibir asesoría jurídica gratuita, en cualquier etapa del procedimiento y en los términos de esta ley;

II. A ser informado desde su primera intervención en la investigación, de los derechos que en su favor establecen la constitución política de los estados unidos mexicanos y demás leyes aplicables;

III. A que se le otorgue un trato acorde con su condición de víctima u ofendido por parte del ministerio publico y organismos auxiliares, facilitándole su participación en los trámites en que debiere intervenir, a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades;

IV. A recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como asístencia social, en los términos de esta ley; además de ser informado sobre los servicios que en su beneficio existan;

V. A que la autoridad investigadora y la judicial, en su caso, emitan las ordenes que sean procedentes, a las instituciones publicas obligadas a prestar servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos de urgencia; así como las medidas relativas a la atención y protección necesarias para proteger su vida, integridad física, psicológica y moral, bienes o derechos;

VI. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito, con un familiar o con su asesor jurídico para informarles sobre su situación y ubicación;

VII. A que no se haga publica su identidad tratándose de menores de edad y en los delitos sexuales, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada y en aquellos casos que, a juicio del juzgador, sea necesario para su protección;

VIII. A recibir orientación y, cuando así lo requiera, asístencia social;

IX. Recibir gratuitamente la asístencia de un interprete o traductor, cuando pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el español. En caso de que padezca alguna discapacidad que le impida oír o hablar, podrá recibir asístencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asístencia;

X. A que se le proporcione asístencia migratoria cuando sea de otra nacionalidad;

XI. A solicitar, justificadamente, el reemplazo del asesor jurídico asígnado ante el centro, el cual deberá gestionar e informar lo conducente a la víctima en un plazo de cuarenta y ocho horas;

XII. A ser informado sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando el tipo de delito así lo permita;

XIII. Contar con todas las facilidades para identificar al imputado, sin poner en riesgo su integridad física o psicológica;

XIV. A coadyuvar con el ministerio publico;

XV. A que se le reciban por el ministerio publico y el juez, los datos o elementos de prueba que ofrezca y que resulten procedentes en los términos de los artículos 187 y 188 del código de procedimientos penales del Estado de Sonora;

XVI. A ser informados claramente del significado y la trascendencia jurídica del perdón y de la manifestación de desinterés jurídico respecto de la acción penal, en caso de que deseen otorgarlo o expresarlo;

XVII. A ser escuchados por el ministerio publico antes de que este determine la reserva, el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, y la suspensión del procedimiento;

XVIII. A no carearse con el imputado, cuando sea menor de edad; se trate de los delitos de violación, secuestro, trata de personas o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;

XIX. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;

XX. Solicitar que el imputado sea separado de su domicilio como una medida cautelar, cuando conviva con aquel, con independencia de la naturaleza del delito. Esta solicitud deberá ser canalizada por el ministerio publico ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican;

XXI. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por si o por un tercero, con anticipación;

XXII. Tener acceso a los registros durante todo el procedimiento y a obtener copia de los mismos, para informarse sobre el estado y avance del mismo, salvo la información que ponga en riesgo la investigación o la identidad de personas protegidas;

XXIII. Ser notificado del desistimiento de la acción penal y de cualquier resolución que ponga fin al proceso;

XXIV. Participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;

XXV. A que se le repare el daño en los términos de ley y a ser restituidos en sus derechos, cuando estos se encuentren acreditados. La indemnización del daño material causado se hará conforme a los gastos que se acrediten haber realizado y los que la víctima u ofendido que no hayan pagado, pero que sean indispensables para el resarcimiento del daño, de acuerdo con los medios de prueba que se aporten, en los que se precisen los conceptos y montos por cubrir;

XXVI. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio publico en la investigación de los delitos, así como las resoluciónes de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no este satisfecha la reparación del daño;

XXVII. Solicitar la reapertura del procedimiento cuando se haya decretado su suspensión;

XXVIII. No ser presentado ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento;

XXIX. No proporcionar sus datos personales en audiencia publica;

XXX. Presentar acción penal particular conforme a lo establecido en el articulo 155 del código de procedimientos penales para el Estado de Sonora;

XXXI. Recibir la protección de sus derechos sin distinción alguna; y

XXXII. Los demás derechos previstos en esta y otras disposiciones legales.

Los derechos de que se vinculen con el procedimiento penal se ejercerán y harán efectivos en los términos que se contengan en el código de procedimientos penales del Estado de Sonora.



Artículo 6

En los delitos en los cuales las personas menores de dieciocho años sean víctimas u ofendidos, además de los derechos mencionados en el articulo anterior, el juez o el ministerio publico tendrán en cuenta los principios del interés superior del niño o del adolescente, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la constitución política de los estados unidos mexicanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el estado mexicano y el código de procedimientos penales para el Estado de Sonora.



Capítulo III
de la Atención y Protección a las Víctimas

Sección I
Disposiciones Generales

Artículo 7

Las medidas de atención y protección son todas aquellas acciones surgidas o derivadas de los derechos de la víctima u ofendido, dirigidas a salvaguardar sus legítimos intereses.



Artículo 8

Las medidas de atención y protección a la víctima u ofendido consisten en:

I. Asesoría jurídica;

II. Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica de urgencia;

III. Asistencia social;

IV. Apoyos económicos; y

V. Medidas de protección.



Artículo 9

Las medidas de atención y protección que se presten por las instituciones publicas previstas en la presente ley, no tendrán costo para la víctima u ofendido, pero podrán ser cuantificadas y acreditadas para los efectos de la reparación del daño.



Sección II
de la Asesoría Jurídica