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LEY DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de publicación: 11/3/2008

Fecha de reforma: 25/2/2011


  • Capítulo I. Disposiciones Generales
  • Capítulo II. de la Dirección Estatal
  • Capítulo III. de la Coordinación General y la Visitaduría
    • Sección I. de la Coordinación General
    • Sección II. de los Visitadores
  • Capítulo IV. de los Defensores Públicos y Asistentes Jurídicos
  • Capítulo V. de la Asistencia Jurídica (Sic)
  • Capítulo VI. de los Servicios de Consultoría Externa
  • Capítulo VII. de las Prohibiciones, Sanciones y Excusas
    • Sección I. de las Prohibiciones
    • Sección II. de las Sanciones
    • Sección III. de las Excusas
  • Capítulo VIII. del Servicio Profesional de Carrera de Defensor Público y Asistente Jurídico
    • Sección I. Disposiciones Generales
    • Sección II. de Terminación del Servicio Profesional de Carrera de Defensor Público y Asistente Jurídico
  • Transitorios
  • Versión 25-02-2011

Preámbulo

Ley de defensoría pública del Estado de Quintana Roo

Publicada en el no. 19 extraordinario del periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el 11 de marzo de 2008.

(en vigor a partir del 01 de septiembre del año 2008)

Decreto número: 277

Por el que se aprueba la ley de defensoría pública del Estado de Quintana Roo.

La honorable xi legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,

Decreta:

Ley de defensoría pública del Estado de Quintana Roo

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

La presente ley es de orden publico, y tiene por objeto regular la prestación del servicio de la defensoría publica gratuita en asuntos del fuero común, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia, mediante la orientación, asesoría y representación jurídica, en los términos que la misma establece.



Artículo 2

Para la prestación de los servicios que prevé la presente ley, se crea el instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, como un órgano del poder judicial, con personalidad jurídica propia e independencia técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones, el cual tendrá su sede en la capital del estado, cuyos lineamientos, bases de funcionamiento y estructura orgánica, serán establecidas por la reglamentación que emita el propio órgano, con aprobación del H. Consejo de la judicatura del poder judicial del estado.



Artículo 3

El instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, estará integrado por:

I. Un director;

II. Un coordinador general;

III. Los coordinadores de zona que establezca el consejo de la judicatura del estado, de acuerdo a los requerimientos y presupuesto;

IV. Los visitadores de área que determine el consejo de la judicatura del estado.

V. La plantilla de defensores públicos y asistentes jurídicos;

VI. El personal técnico necesario suficiente para cubrir todas las áreas de competencia y que determine el consejo de la judicatura del Estado de acuerdo al presupuesto.

VII. El personal administrativo que exijan las necesidades del servicio.



Artículo 4

Los servicios de defensoría publica, abarcaran los diversos distritos judiciales en los que se encuentre dividido el estado, y se llevaran a cabo a través de:

I. Defensores públicos en asuntos del orden penal del fuero común, y en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo que contemplan los artículos 474, 475, 476 y 477 de la ley general de salud y relativos del código penal federal, cuando sean competentes las autoridades de procuración e imparticion de justicia, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad del estado, desde la averiguación previa o la etapa preliminar, hasta la ejecución de las penas; y

II. Asistentes jurídicos en asuntos del orden civil, mercantil y familiar, salvo los expresamente otorgados por la ley a otras instituciones.



Artículo 5

Para el adecuado cumplimiento de sus funciónes, el instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, contara con su propio reglamento interno en los términos previstos por la presente ley, así como con su respectivo manual de operación, debiendo contener este ultimo, los lineamientos prácticos que garanticen el estricto cumplimiento de la función de defensa, en todos los lugares que se preste el servicio.



Capítulo II
de la Dirección Estatal

Artículo 6

El órgano rector del instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, estará a cargo de un director, que será nombrado por el H. Consejo de la judicatura del poder judicial del estado, mediante terna propuesta por su presidente.



Artículo 7

Para ser director del instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, se requieren los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener como mínimo treinta años de edad cumplidos, el día de su designación;

III. Contar con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la abogacía, especialmente en las materias afines a sus funciones;

IV. Tener titulo de licenciado en derecho y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados;

V. Tener residencia mínima de diez años en el estado, inmedíatos anteriores a la fecha de su designación;

VI. Gozar de reconocida buena conducta y reconocimiento profesional;

VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad; y

VIII. No estar inhabilitado para el desempeño de funciones publicas, ni estar sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, al momento de ser propuesto.



Artículo 8

El director del instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer ante el H. Consejo de la judicatura del poder judicial del estado, la contratación del personal apto para la plantilla de defensores públicos y asistentes jurídicos, cuya selección será atendiendo al perfil de conocimientos y previa aprobación del examen básico;

II. Organizar, dirigir y evaluar los servicios que brinde el instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, emitiendo los acuerdos necesarios para consolidar las bases generales de organización, funciónamiento y elaboración del manual operativo del propio instituto;

III. Vigilar el debido cumplimiento del desempeño de los defensores públicos y asistentes jurídicos en el ejercicio de su función, cualquiera que sea su asignación o adscripción, disponiendo lo conducente a fin de que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente y eficaz;

IV. Llevar un sistema de base de datos, a través del cual se de seguimiento a los asuntos en las diversas materias del ramo competencial, que se encuentren a cargo de los defensores públicos y asistentes jurídicos, conociendo en forma actualizada la situación jurídica de los asistidos en orden a las actuaciones de los defensores públicos responsables de su atención;

V. Poner en conocimiento del órgano competente respecto de las acusaciones y quejas en contra del personal adscrito al instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo;

VI. Evaluar periódicamente el desempeño de los defensores públicos y asistentes jurídicos basándose en los reportes emitidos por los visitadores de área y la coordinación general;

VII. Imponer las medidas y correcciones disciplinarias de conformidad a lo establecido en la presente ley;

VIII. Rendir ante el H. Consejo de la judicatura del poder judicial del estado, un informe anual de las actividades realizadas por todo el personal adscrito al instituto de defensoría publica del Estado de Quintana Roo;

IX. Gestionar ante el órgano competente la designación de peritos, cuando por la naturaleza del asunto deba proveerse al defensor publico y al asistente jurídico de dicho instrumento para el adecuado ejercicio de la función de defensa, independientemente de la materia de que se trate;

X. Solicitar y proponer ante el titular de la escuela judicial, la imparticion de cursos de capacitación, a fin de elevar el nivel profesional de los defensores públicos y asistentes jurídicos, atendiendo a las carencias y necesidades del servicio;

XI. Atender y diligenciar las solicitudes de información que le sean requeridas por organismos públicos o instituciones, siempre que estas se relacionen con los objetivos del instituto y en razón de su competencia;

XII. Gestionar ante la autoridad competente lo relativo a las ausencias temporales del personal de defensoría publica, asistentes jurídicos, y demás personal adscrito al instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, vigilando las suplencias correspondientes;

XIII. Realizar reuniones periódicas con el personal de la coordinación, y los visitadores de área a efecto de conocer la problematica real en materia de necesidades del servicio, a efecto de calendarizar actividades y estrategias;

XIV. Dirigir las bases generales de funciónamiento, disponiendo lo conducente para el estricto cumplimiento de la presente ley y reglamentación secundaria; y

XV. Establecer criterios que permitan vigilar el rendimiento y dedicación en el desempeño de la función de defensa a efecto de unificar criterios de aplicación o bien deslindar responsabilidades entre el personal adscrito al instituto de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo.



Capítulo III
de la Coordinación General y la Visitaduría

Sección I
de la Coordinación General

Artículo 9

La coordinación general de defensores públicos, será la encargada de promover entre el personal de esa área, reuniones de conocimiento y de intercambio de opiniones, en las que se analicen los casos en particular, así como temas de problematica interna relacionada con el ejercicio de la profesión, impulsando la debida actualización judicial y jurisprudencial pertinente.

Aplicara las técnicas de evaluación en el rendimiento y desempeño de la función del personal adscrito, a efecto de la unificación de criterios y deslinde de responsabilidades.



Artículo 10

El coordinador general de la defensoría publica del Estado de Quintana Roo, será nombrado por el H. Consejo de la judicatura del poder judicial del estado, a propuesta de su presidente y deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener como mínimo veintiséis años de edad cumplidos el día de su nombramiento;

III. Tener titulo de licenciado en derecho y cédula profesional, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados;

IV. Contar con experiencia mínima de tres años en el manejo del derecho en general;

V. Gozar de conocida buena conducta y reconocimiento profesional;

VI. Tener residencia mínima de cinco años en el estado, inmedíatos anteriores a la fecha de su designación;

VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal; y

VIII. No estar inhabilitado para el desempeño de funciones publicas, ni estar sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, al momento de ser propuesto.