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LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha de publicación: 18/1/2000

Fecha de reforma: 22/12/2011


  • Capitulo I. Disposiciones Generales
  • Capitulo II. de las Notificaciones y de los Términos
  • Capitulo III. de los Impedimentos, Excusas y Recusaciones
  • Capitulo IV. de la Improcedencia y del Sobreseimiento
  • Capitulo V. de la Demanda
  • Capitulo VI. de la Contestación
  • Capitulo VII. de las Pruebas
  • Capitulo VIII. de los Incidentes
  • Capitulo IX. de las Medidas Cautelares
  • Capitulo X. de las Audiencias de Desahogo de Pruebas
  • Capitulo XI. de la Sentencia
  • Capitulo XIII. de la Excitativa de Justicia
  • Capitulo XIV. de la Ejecución de las Sentencias
  • Capitulo XV. de los Recursos
    • Sección I. de la Reclamación
    • Sección II. de la Apelación
  • Capitulo XVI. de las Responsabilidades
  • Capítulo XVII. de los Procedimientos Especiales
  • Transitorios
  • Versión 22-12-2011

Preámbulo

Ley de justicia administrativa del Estado de Jalisco

Publicada en el no. 14 sección ii del periódico oficial del Estado de Jalisco, el 18 de enero de 2000.

(en vigor a partir del 18 de abril de 2000)

Ley de justicia administrativa

Alberto cárdenas jiménez, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber que por conducto de la secretaria del H. Congreso de esta entidad federativa, se me ha comunicado el siguiente

Decreto

Numero 18214. El Congreso del Estado decreta:

Ley de justicia administrativa del Estado de Jalisco

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o mas entidades publicas de las citadas en el presente articulo.

Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las salas del tribunal de lo administrativo.

También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso que expresamente determinen las leyes.

El juicio en materia administrativa no procede en contra de las resoluciones de los recursos de revisión y de transparencia, ni de las revisiónes oficiosas en materia de información publica, emitidas por el instituto de transparencia e información publica del estado.



Artículo 2

Los juicios que se promuevan con fundamento en lo dispuesto por el articulo precedente, se substanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento que determina esta ley.

A falta de disposición expresa, y en cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el código de procedimientos civiles del estado.



Artículo 3

Son parte en el juicio administrativo:

I. El actor;

II. El demandado. Tendrá ese carácter:

A) la autoridad que dicte u ordene, ejecute o trate de ejecutar la resolución o tramite el procedimiento impugnado o la que la sustituya legalmente;

B) el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación, extinción o nulidad pide la autoridad administrativa; y

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

Quien tenga interés jurídico en la anulación de un acto favorable a un particular también podrá presentarse en el juicio como coadyuvante de las autoridades administrativas, sin que por ello se le prive de la legitimación para ejercer la acción por si mismo.



Artículo 4

Solo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión.



Artículo 5

Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá sus huellas digitales y firmara otra persona a su ruego ante dos testigos.



Artículo 6

En los juicios a que se refiere la presente ley no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada, a mas tardar, en la fecha de presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.

La personería de las partes se acreditara en los términos que dispongan las leyes.



Artículo 7

Las partes, en cualquier etapa procesal, podrán designar como abogado patrono a cualquier persona que se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o de licenciado en derecho. La designación se hará por escrito, el que deberá suscribir de conformidad la persona sobre quien recaiga el nombramiento.

La persona designada en los términos del párrafo que antecede podrá recibir notificaciones, hacer promociones de tramite, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, interponer recursos y en general, realizar todos los actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos de quien lo autorizo, pero no podrá delegar o substituir tales facultades en un tercero.

La acreditación de la autorización para el ejercicio de la profesión deberá realizarse mediante la inscripción de la cédula o autorización provisional en su caso, en los libros de registro de que disponga el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

Las partes podrán, además, designar a cualquier persona con capacidad legal, para que en su nombre reciba notificaciones y se imponga de los autos. La persona así designada no tendrá las facultades señaladas en el párrafo precedente.



Artículo 8

Para las diligencias que deben practicarse fuera del local del tribunal podrán ser comisionados los secretarios o actuarios del mismo.

Las que deban desahogarse fuera de la residencia del tribunal, dentro del estado, podrán practicarse mediante exhorto que se dirigirá al juzgado de primera instancia mixto o especializado en materia civil; en su caso, podrán practicarse mediante despacho que deberá remitirse al juez menor o de paz del lugar en donde deba practicarse la diligencia.

Aquellas que tuvieren que desahogarse fuera del estado podrán practicarse mediante exhorto que deberá remitirse a la autoridad judicial superior en el estado en el cual deba practicarse la diligencia.



Artículo 9

Cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar desde luego el juicio administrativo.



Artículo 10

El pleno del tribunal de lo administrativo, su presidente, las salas para hacer cumplir sus determinaciones y para mantener el orden en las diligencias que ante el se promuevan, podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:

I. Amonestaciones;

II. Multa, que podrá ser hasta por el monto de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la zona económica correspondiente al municipio de guadalajara;

III. Arresto hasta por treinta y seis horas; y

IV. El auxilio de la fuerza publica.

La elección de los medios de apremio o medidas disciplinarias que deban aplicarse en un caso concreto, es facultad de quien hubiere dictado la resolución cuyo cumplimiento se pretende, o en su caso, de a quien competa el conocimiento del asunto. Para determinar la medida de apremio que corresponda se deberá tomar en consideración el tipo de resolución cuyo cumplimiento se pretende y el grado de peligro que pueda ocasionar la demora en la aplicación de la misma o, en su caso, la gravedad de la falta observada.



Artículo 11

En los juicios en materia administrativa no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y de los que originen las diligencias que promueva.



Capitulo II
de las Notificaciones y de los Términos

Artículo 12

Toda resolución debe notificarse, a mas tardar, al tercer día siguiente a aquel en que el expediente se haya turnado al actuario para ese efecto, y se asentara la razón respectiva a continuación de la misma resolución.

Para los efectos de este articulo, los actuarios deberán llevar un registro en el cual se hagan constar las fechas de entrega, recepción y baja de los expedientes o actuaciones respectivas.