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LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

Fecha de publicación: 21/2/1997

Fecha de reforma: 2/4/2012


  • Título Primero. de la Justicia Administrativa
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. de la Integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León
    • Capítulo III. de la Competencia
    • Capítulo IV. del Presidente del Tribunal
    • Capítulo V. del Personal del Tribunal
  • Título Segundo. del Procedimiento Ordinario
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. de las Partes
    • Capítulo III. de las Notificaciones y de los Términos
    • Capítulo IV. de las Causales de Anulación
    • Capítulo V. de la Demanda
    • Capítulo VI. de la Contestación
    • Capítulo VII. de la Improcedencia y del Sobreseimiento
    • Capítulo VIII. de los Impedimentos y Excusas
    • Capítulo IX. de los Incidentes
    • Capítulo X. de la Suspensión de los Actos Impugnados
    • Capítulo XI. de las Pruebas
    • Capítulo XII. de la Audiencia del Juicio
    • Capítulo XIII. de la Sentencia
    • Capítulo XIV. de los Recursos
    • Capítulo XV. de la Ejecución de Sentencia
    • Capítulo XVI. de los Criterios de Interpretación
  • Título Tercero. del Procedimiento Oral
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. Reglas Comunes para las Audiencias
    • Capítulo III. de la Audiencia Preliminar
    • Capítulo IV. de la Audiencia de Juicio Oral
    • Capítulo V. Reglas Generales para las Pruebas
    • Capítulo VI. de la Prueba Confesional
    • Capítulo VII. de la Prueba Testimonial
    • Capítulo VIII. de la Prueba Instrumental
    • Capítulo IX. de la Prueba Pericial
    • Capítulo X. de los Incidentes
  • Título Cuarto. del Tribunal Virtual Administrativo
    • Capítulo Único. Disposiciones Generales
  • Titulo Quinto. del Procedimiento Contencioso Administrativo Municipal
    • Capítulo Único
  • Transitorios

Preámbulo

Ley de justicia administrativa para el estado y municipios de nuevo león

Publicada en el no. 23 del periódico oficial del Estado de Nuevo León, el 21 de febrero de 1997.

(en vigor a partir del 22 de abril de 1997)

Benjamín clariond reyes-retana, gobernador substituto del Estado Libre y Soberano de nuevo león, a todos sus habitantes hago saber:

Que el H. Congreso del estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:

Decreto

Numero 83

Ley de justicia administrativa para el estado y municipios de nuevo león

Título Primero
de la Justicia Administrativa

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Esta ley tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento del tribunal de justicia administrativa del Estado de Nuevo León, dotado de facultades para conocer y resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y el estado, los municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal cuando estas ultimas realicen funciones administrativas de autoridad; el procedimiento para su resolución y ejecución; los recursos que los particulares y las autoridades podrán interponer en contra de los fallos que pronuncie.



Artículo 2

El tribunal es un órgano formalmente administrativo, materialmente jurisdicciónal, dotado de plena autonomía y jurisdicción para dictar sus fallos.



Artículo 3

El tribunal residirá en la capital del estado, sin perjuicio de que pueda descentralizar sus oficinas en el territorio del estado para la atención mas oportuna de los asuntos de su competencia.



Artículo 4

Todas las sesiones de la sala superior del tribunal serán publicas, con excepción de los casos en que la moral, el interés publico o la ley exijan que sean privadas.



Capítulo II
de la Integración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León

Artículo 5

El tribunal se conformara por cuatro salas, una de las cuales será la sala superior, que funcionara colegiadamente y se integrara por tres magistrados; las demás salas serán ordinarias y unitarias, pudiendo cualquiera de ellas conocer del juicio oral, por acuerdo de la sala superior.

El tribunal contara además, para el debido cumplimiento de sus funciones con el siguiente personal:

I. Un director de orientación y consulta ciudadana;

II. Un secretario general de acuerdos;

III. Secretarios de estudio y cuenta;

IV. Actuarios, y

V. Personal jurídico y técnico administrativo.



Artículo 6

El titular del poder ejecutivo del estado propondrá a los magistrados del tribunal, para su designación por el Congreso del Estado o por la diputación permanente en los casos de receso de aquel, ante quien rendirán la protesta de ley.



Artículo 7

Los magistrados y demás servidores públicos adscritos al tribunal percibirán iguales emolumentos que los que correspondan a los servidores públicos de igual categoría del tribunal superior de justicia del estado, los que no podrán ser disminuidos durante su encargo.



Artículo 8

Para ser magistrado del tribunal se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del estado o con residencia en el mismo por mas de cinco años ininterrumpidos e inmedíatamente anteriores a la fecha de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Poseer al día de la designación titulo profesional de licenciado en derecho, y que hayan transcurrido cuando menos diez años de su expedición por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de mas de un año de prisión;

IV. No ser ministro de algún culto o asociación religiosa; y

V. No haber desempeñado cargo de elección popular, federal, estatal o municipal, secretario de despacho del ejecutivo, o procurador general de justicia, cuando menos los dos años previos al día de su nombramiento.



Artículo 9

Los magistrados del tribunal serán nombrados por un periodo de diez años, los que se computaran a partir de la fecha de su nombramiento. Al concluir el periodo para el que fueron nombrados, podrán ser considerados para nuevo nombramiento.

Los magistrados del tribunal serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad, sean jubilados en los términos legales o renuncien a su puesto, acepten desempeñar otro empleo o cargo de la federación, estados, municipios o particulares salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

Son causas de terminación del cargo de magistrado del tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo; la renuncia a este; haberlo desempeñado durante veinte años; o cumplir setenta y cinco años de edad.

Cuando algún magistrado este por concluir el periodo para el que haya sido nombrado, el presidente del tribunal, con por lo menos tres meses de anticipación, comunicara esa circunstancia al gobernador del estado para los efectos de la propuesta consecuente al Congreso, la cual se hará aun en caso de incumplirse la comunicación a que se refiere este párrafo

La falta definitiva de cualquiera de los magistrados o la actualización de algúna otra causa de terminación de su cargo, será comunicada inmediatamente por el presidente del tribunal al gobernador del estado, a fin de que proponga al Congreso el nuevo nombramiento.



Artículo 10

Ninguna licencia podrá concederse por mas de seis meses. Las de los magistrados, cuando no excedan de un mes, serán concedidas con goce de sueldo por la sala superior sin intervención, en su caso, del solicitante de la licencia; las que excedan de ese tiempo, así como las del presidente del tribunal, las concederá el Congreso del Estado, sin goce de sueldo.

No se autorizaran licencias que tengan como propósito ocupar o desempeñar algún otro cargo ya sea a nivel federal, estatal o municipal, sea o no de elección popular.



Artículo 11

Las faltas temporales de los magistrados serán cubiertas por el secretario de estudio y cuenta adscrito al magistrado ausente y será designado por el presidente del tribunal. Las faltas temporales del presidente del tribunal serán cubiertas por el magistrado que designe el propio presidente. Si las faltas de los magistrados son definitivas, se aplicara lo dispuesto en este articulo entre tanto se hace la designación del nuevo magistrado en los términos del articulo 6 de esta ley. Se considera que la falta de un magistrado es definitiva, cuando ocurre por fallecimiento o se prolonga por mas de seis meses.