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LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE HIDALGO

Fecha de publicación: 25/9/2006

Fecha de reforma: 9/8/2010


  • Título Primero. Disposiciones Generales
    • Capítulo I. Objeto, Principios y Definiciones
    • Capítulo II. Derechos y Garantías de los Sujetos de Esta Ley
    • Capítulo III. Responsabilidad de los Adolescentes Frente a la Ley Penal
  • Título Segundo. Autoridades, Instituciones y Órganos Encargados de la Aplicación de la Ley
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. Policía Estatal y Municipal
    • Capítulo III. Atribuciones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y del Director del Centro de Internamiento para Adolescentes
  • Título Tercero. Proceso
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
      • Sección I. Prueba Anticipada
    • Capítulo II. Investigación y Puesta a Disposición
    • Capítulo III. Procedimiento Inicial, Juicio y Resolución
      • Sección I. Procedimiento Inicial
      • Sección II. Juicio
    • Capítulo IV. Procedimientos Alternativos al Juzgamiento
      • Sección I. Conciliación
      • Sección II. Suspensión del Procedimiento o Proceso a Prueba
  • Título Cuarto. Medidas de Tratamiento
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. Medidas de Orientación y Protección
      • Sección I. Apercibimiento
      • Sección II. Libertad Asistida
      • Sección III. Prestación de Servicios a Favor de la Comunidad
      • Sección IV. Reparación del Daño
      • Sección V. Limitación de Residencia
      • Sección VI. Prohibición de Relacionarse con Determinadas Personas
      • Sección VII. Prohibición de Asistir a Determinados Lugares
      • Sección VIII. Prohibición de Conducir Vehículos Motorizados
      • Sección IX. Obligación de Acudir a Determinadas Instituciones para Recibir Formación Educativa, Técnica, Orientación, o Asesoramiento
      • Sección X. Recomendación de Obtener Un Trabajo
      • Sección XI. Obligación de Abstenerse de Ingerir Bebidas Alcohólicas, Drogas, Estupefacientes y Demás Sustancias Prohibidas
    • Capítulo III. Medidas de Internamiento
      • Sección I. Internamiento Domiciliario
      • Sección II. Internamiento en Tiempo Libre
      • Sección III. Internamiento Definitivo
  • Título V. Ejecución de las Medidas
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. Procedimiento de Ejecución
      • Sección I. Adecuación y Cumplimiento Anticipado de la Medida
      • Sección II. Adecuación por Incumplimiento de la Medida
      • Sección III. Control de la Medida de Internamiento
  • Título VI. Recursos
    • Capítulo I. Reglas Generales
    • Capítulo II. Recurso de Reconsideración
    • Capítulo III. Recurso de Apelación
    • Capítulo IV. Recurso de Queja
    • Capítulo V. Recurso de Reclamación
    • Capítulo VI. Recurso de Nulidad
    • Capítulo VII. Recurso de Revisión
  • Transitorios
  • Versión 09-08-2010

Preámbulo

Ley de justicia para adolescentes del Estado de Hidalgo.

Publicada en el alcance al no. 39 del periódico oficial del Estado de Hidalgo, el 25 de septiembre de 2006.

(en vigor a partir del 25 de marzo de 2007)

Gobierno del Estado de Hidalgo

Poder ejecutivo

Miguel ángel osorio chong, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a sus habitantes sabed:

Que la lix legislatura del H. Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien dirigirme el siguiente:

D e c r e t o núm. 204

Por el que se expide la ley de justicia para adolescentes del Estado de Hidalgo y se reforman la ley orgánica del poder judicial del Estado de Hidalgo, la ley orgánica de la administración pública estatal y la ley orgánica del ministerio público.

Articulo primero. Se expide la ley de justicia para adolescentes del Estado de Hidalgo:

Ley de justicia para adolescentes del Estado de Hidalgo

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Objeto, Principios y Definiciones

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés general. Tiene como objeto la creación del sistema integral de justicia para adolescentes, el cual se integra con los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos y derivados de la constitución política de los estados unidos mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales aplicables, la constitución política del Estado de Hidalgo, la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Hidalgo y la presente ley.



Artículo 2

Son sujetos de esta ley:

I. Las personas de entre 12 años cumplidos y 18 años no cumplidos de edad, denominados adolescentes, a quienes se atribuya o compruebe la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes locales, en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente.

II. Las personas de entre 18 años cumplidos y 25 no cumplidos de edad, a quienes se atribuya o compruebe la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes locales, en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente, cometida cuando eran adolescentes, a quienes se les aplicara el sistema integral de justicia para adolescentes en todo aquello que proceda, entendiéndose que cuando esta ley se refiera al adolescente, en su caso, también se referirá al adulto joven; y

III. Las víctimas u ofendidos por las conductas referidas en las fracciones anteriores.

Las autoridades, instituciones y órganos previstos en esta ley, se harán cargo de operar el sistema integral de justicia para adolescentes en el Estado de Hidalgo.



Artículo 3

Son objetivos específicos de esta ley:

I. Establecer los principios rectores del sistema y garantizar su plena observancia;

II. Reconocer los derechos y garantías de las personas sujetas al sistema y garantizar su efectivo respeto;

III. Establecer las atribuciones y facultades de las autoridades, instituciones y órganos encargados de la aplicación del sistema;

IV. Establecer los procedimientos y mecanismos para determinar la responsabilidad de los adolescentes, por la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes locales, en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente, y

V. Regular la ejecución de las medidas aplicables a los adolescentes y adultos jóvenes que resulten responsables por la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes locales, en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente.



Artículo 4

Son principios rectores del sistema:

I. Interés superior del adolescente, que garantiza que toda medida que el estado tome frente a los adolescentes, que realizan conductas tipificadas como delito en las leyes locales, en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente, deba interpretarse y aplicarse siempre en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y de restringir los efectos negativos de su sujeción a un sistema, que en esencia, tiene un carácter aflictivo;

Para determinar el interés superior en una situación concreta se deberá valorar:

A). La opinión del adolescente;

B). La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del adolescente y sus deberes;

C). La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del adolescente;

D). La necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos y garantías del adolescente; y

E). La condición especifica del adolescente como persona en desarrollo.

II. Transversalidad, que exige que dicha interpretación y aplicación tome en cuenta la totalidad de los derechos que, en tanto que sujetos de diversas identidades, atraviesan en su caso al sujeto adolescente, también por ser indígena, mujer, discapacitado, trabajador, o cualquiera otra condición que resulte contingente en el momento en el que se aplica el sistema integral de justicia para adolescentes en cualquiera de sus fases;

III. Certeza jurídica, que restringe la discrecionalidad de las decisiones de todas las autoridades del sistema, remitiéndolas al marco estricto de la ley;

IV. Mínima intervención, que exige que en todo momento debe buscarse que la intervención del estado, para privar o limitar derechos a los adolescentes a través del sistema integral de justicia para adolescentes, se limite al máximo posible;

V. Subsidiariedad, por el que se reduce la acción del estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por si misma;

VI. Especialización, que se refiere a que desde el inicio del proceso, todas las actuaciónes y diligencias estarán a cargo de órganos especializados en materia de justicia para adolescentes.

Las referencias que esta ley haga al ministerio publico, defensor de oficio, juez y sala del tribunal superior de justicia, se entenderán hechas a servidores públicos y órganos especializados en justicia para adolescentes, quienes contaran con equipos técnicos multidisciplinarios que los auxiliaran con opiniónes técnicas para la toma de decisiones;

VII. Celeridad procesal, que garantiza que los procesos en los que están involucrados adolescentes se realicen sin demora y con la menor duración posible;

VIII. Flexibilidad, que permite una concepción dúctil de la ley;

IX. Equidad, que exige que el trato formal de la ley sea igual para los desiguales y que el trato material de las desigualdades se de en función de las necesidades propias del genero, la religión, la condición social, el origen étnico, las preferencias sexuales y cualquiera otra condición que implique una manifestación de su identidad;

X. Protección integral, que requiere que en todo momento las autoridades del sistema respeten y garanticen la protección de los derechos de los adolescentes sujetos al mismo;

XI. Reincorporación social, que orienta los fines del sistema integral de justicia para adolescentes hacia la adecuada convivencia del adolescente que ha sido sujeto de alguna medida;

XII. Responsabilidad limitada, que sin perjuicio de la responsabilidad por el acto cometido, en ningún caso podrá aplicarse a los adolescentes otra ley distinta al ordenamiento que los regula;

XIII. Proporcionalidad, que la medida será proporcional a las circunstancias y gravedad de la conducta realizada; su individualizacion debe tener en cuenta, la edad y las necesidades particulares del adolescente, así como las posibilidades reales de ser cumplida;

XIV. Jurisdiccionalidad, que es la que ejerce el poder judicial, en asuntos de su competencia;

XV. Concentración, que los actos procesales sometidos a los órganos de la jurisdicción, deberán realizarse sin demora; para ello el juzgador tratara de abreviar los plazos y de concentrar en el mismo acto todas las diligencias que sea necesario realizar, cuando se le faculte de manera expresa por la ley;

XVI. Contradicción, que las partes dispondrán de plenas facultades procesales para presentar en el proceso sus respectivas posiciones, pretensiones y contrapretensiones; intervenir en la practica de las pruebas y formular alegatos, para con su actuación, conformar la resolución judicial que el juzgador deba dictar. Por lo tanto, deberán conocer y podrán rebatir los hechos y el derecho que finalmente servirán de fundamento a dicha resolución judicial;

XVII. Formación integral, que define toda actividad dirigida a fortalecer el respeto por la dignidad y derechos fundamentales del adolescente, así como a que asuma una función constructiva en la sociedad;

XVIII. Inmediación, que las audiencias en el procedimiento, deberán ser presididas por el juez o magistrado para adolescentes, sin que en modo alguno puedan delegar esta función; y

XIX. Oralidad, que se da el predominio de la palabra hablada, la inmediatividad procesal, la identidad física del juzgador y la concentración procesal.

Los derechos y garantías reconocidos en esta ley, se aplicaran a todos los adolescentes, sin discriminación alguna por razones de origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opinión, preferencia, estado civil o por cualquier otro motivo análogo ya sea propio o de sus padres, familiares u otras personas responsables o que los tengan bajo su cuidado.



Artículo 5

Esta ley debe aplicarse e interpretarse de conformidad con los principios rectores del sistema, la constitución política de los estados unidos mexicanos, los tratados internacionales aplicables, las leyes federales aplicables, la constitución política del Estado de Hidalgo y la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Hidalgo, siempre en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y de minimizar los efectos negativos de la aplicación del sistema.

Solo en lo no previsto por esta ley, podrán aplicarse supletoriamente el código penal y el código de procedimientos penales para el Estado de Hidalgo, así como, en lo conducente lo contenido en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente, siempre que no se opongan a los principios rectores, protegiendo la integridad de los derechos y garantías de los adolescentes.



Artículo 6

Para todos los efectos de esta ley, la edad a considerar será la que tenia la persona al momento de realizar la conducta tipificada como delito en las leyes locales, en leyes federales o especiales, en materia de competencia concurrente; en caso de ser necesario, la edad se comprobara mediante el acta de nacimiento, expedida por el registro del estado familiar o su equivalente en otras entidades, de conformidad con lo previsto por el código civil correspondiente, o bien, tratándose de extranjeros, por documento debidamente apostillado. Cuando esto no sea posible, la comprobación se hará mediante dictamen medico rendido por los peritos que para tal efecto designe la autoridad correspondiente.



Artículo 7

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá niña o niño.



Artículo 8

Para efectos de esta ley, se entiende por:

I. Adolescentes: a mujeres y hombres cuya edad oscile entre los 12 años cumplidos y los 18 años no cumplidos;

II. Adultos jóvenes: a mujeres y hombres cuya edad oscile entre los 18 años cumplidos y 25 años no cumplidos, que son sujetos del sistema;

III. Defensor de oficio de adolescentes: al defensor de oficio especializado en adolescentes;

IV. Constitución: la constitución política de los estados unidos mexicanos;

V. Constitución estatal: la constitución política del Estado de Hidalgo;

VI. Dirección general: a la dirección general de prevención y readaptacion social, dependiente de la secretaria de seguridad publica;

VII. Juez de adolescentes: al funcionario judicial especializado en la imparticion de justicia para adolescentes;

VIII. Ley: la ley de justicia para adolescentes del Estado de Hidalgo;

IX. Magistrado para adolescentes: al magistrado del poder judicial especializado en el desahogo de los recursos previstos en esta ley, que sean de su competencia;

X. Ministerio publico para adolescentes: al agente del ministerio publico, especializado en la procuración de justicia para adolescentes;

XI. Niña y niño: toda persona menor de 12 años de edad, y

XII. Sistema: el sistema integral de justicia para adolescentes.



Artículo 9

Al juez de adolescentes le compete:

I. Ejercer funciones de control de garantías en la fase procesal previa al juicio seguido a adolescentes;

II. Ser responsable del procedimiento previo al juicio seguido a adolescentes, dictar la resolución final e individualizar la medida; y

III. Ejercer funciones de control de la legalidad de la ejecución de medidas impuestas a adolescentes y de conocer de los recursos previstos en esta ley que sean de su competencia.



Capítulo II
Derechos y Garantías de los Sujetos de Esta Ley

Artículo 10

Los derechos y garantías reconocidos a los sujetos de esta ley, son irrenunciables, tienen un carácter enunciativo y no limitativo, reconociéndose para los adolescentes sujetos a investigación y proceso, en los términos de esta ley:

I. Todos los considerados en la constitución, en la constitución estatal, los tratados internacionales aplicables, las leyes federales aplicables y en la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Hidalgo;

II. Los adolescentes tienen derecho a la libertad. Cualquier medida que implique una restricción a este derecho deberá aplicarse de forma excepcional, como ultimo recurso y durante el menor tiempo que proceda, de conformidad con lo previsto por esta ley; cualquier restricción indebida del derecho de un adolescente a salir por su propia voluntad de un establecimiento publico o privado, será considerada como una forma de privación de libertad;

III. En ningún caso, ser sujetos de medidas cautelares o definitivas que no estén establecidas en esta ley;

IV. Ser siempre tratados y considerados como inocentes, mientras no se les compruebe la realización de la conducta que se les atribuye;

V. Que la carga de la prueba la tenga el ministerio publico;

VI. Hacerse representar por un defensor de oficio o particular, que posea cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, que le garantice una defensa adecuada;

VII. Ser informados, en un lenguaje claro y accesible, sin demora y personalmente o a través de sus padres, tutores, quienes ejerzan la patria potestad o la custodia o representantes legales, sobre las razones por las que se les detiene, juzga o impone una medida; la persona que les atribuye la realización de la conducta tipificada como delito; las consecuencias de la atribución de la conducta, así como de la detención, juicio y medida; los derechos y garantías que les asísten en todo momento; que podrán disponer de una defensa jurídica gratuita y todo aquello que interese, respecto de su sujeción al sistema integral de justicia para adolescentes;

VIII. Que sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia, participen en las actuaciones y les brinden asístencia general, y

IX. En caso de ser indígenas, extranjeros, sordos, mudos o no sepan leer ni escribir, ser asístidos de oficio y en todos los actos procesales, por un defensor que comprenda plenamente su idioma, lengua, dialecto, así como su cultura o bien, de ser necesario, a que su defensor sea auxiliado por un perito traductor o interprete, asígnado por la autoridad correspondiente o designado por el adolescente. Cuando el adolescente alegue ser indígena, aquello se acreditara con su sola manifestación.



Artículo 11

Los adolescentes sujetos a medidas en los términos de esta ley tienen derecho a:

I. No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos, sino como consecuencia directa o inevitable de la medida impuesta;

II. En cualquier caso que implique la privación de su libertad, tienen derecho a ser alojados en lugares exclusivos y especializados, de acuerdo con su edad y sexo, totalmente separados de los adultos;

III. Conocer el propio interesado, quien ejerza la patria potestad, tutores o quien ejerza su custodia o representación legal, el objetivo de la medida impuesta, el detalle del programa personalizado de ejecución y lo que se requiere del adolescente, para cumplir con lo que en el se exige;

IV. No ser trasladados injustificadamente o, en su caso, a ubicarlos en centros de internamiento que se encuentren lo mas cerca posible del lugar de residencia habitual de su familia o de quienes ejerzan la tutoría, patria potestad o custodia, cuando el adolescente así lo acepte expresamente;

V. Ser informados desde el inicio de la ejecución, de la medida de internamiento por lo menos sobre el contenido del programa personalizado de ejecución de la medida que se les haya determinado; las disposiciones de las normas y reglamentos que regulen sus derechos, prerrogativas, beneficios y obligaciones, así como el régimen interno del centro estatal en que se encuentren y las medidas disciplinarias, así como el procedimiento para su aplicación e impugnación;

VI. Recibir, si así lo solicitan, visitas todos los días;

VII. Comunicarse por escrito y por teléfono con las personas de su elección;

VIII. Informarse de los acontecimientos mediante la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, así como a través de transmisiones de radio y televisión, que no perjudiquen su adecuado desarrollo;

IX. Salir bajo vigilancia especial, de los centros de internamiento cuando de acuerdo con la gravedad de la circunstancia y la distancia, así lo requiera, para acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario, así como para visitarlos en su lecho de muerte. También para recibir atención médica especializada, cuando esta no pueda ser proporcionada en los propios centros;

X. Cursar la educación basíca y recibir instrucción técnica o formación practica sobre un oficio, arte o profesión, recibir o continuar con su enseñanza e instrucción y, en su caso, con terapias o educación especial;

XI. Ser formado en un ambiente propicio para el desarrollo de hábitos de higiene personal, de estudio y de convivencia armónica, en aras de un aprendizaje significativo de los derechos humanos;

XII. Estar en instalaciones y acceder a servicios que satisfagan su pleno desarrollo;

XIII. Quienes sean madres, tienen derecho a que, la medida que se les imponga pueda ser cumplida en libertad a criterio del juez de adolescentes;

XIV. Realizar actividades recreativas, artísticas y culturales. Asimismo, bajo supervisión especializada, realizar actividades deportivas y de esparcimiento al aire libre, así como correctivas o terapéuticas en espacios y con equipo adecuados;

XV. Recibir o continuar con atención médica preventiva y correctiva, así como psicológica, odontológica, oftalmológica, ginecológica, de salud mental y cualquier otro tipo de atención vinculada con la protección de su salud, siempre en razón de su genero y circunstancias particulares;

XVI. Recibir en todo momento una alimentación nutrimental adecuada y suficiente para su desarrollo;

XVII. Tener una convivencia segura y ordenada en el interior de los centros de internamiento;

XVIII. No recibir medidas disciplinarias colectivas, ni castigos corporales, tales como la reclusión en celda obscura, ni cualquier tipo de medida que pueda poner en peligro su salud física o mental;

XIX. No ser sujeto, en ningún caso, de medidas disciplinarias que conculquen sus derechos;

XX. No ser aislado dentro de los centros de internamiento a menos que, de manera urgente, sea estrictamente indispensable para evitar o resolver actos de violencia generalizada o amotinamiento, en los que el adolescente este directamente involucrado. En todos los casos, el adolescente aislado tiene derecho a que el juez de adolescentes resuelva a la brevedad sobre la duración de esta medida disciplinaria que, bajo ningúna circunstancia, puede ser mayor a 12 horas;

XXI. No ser sujeto de represión psicológica;

XXII. No ser controlado con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo cuando se ocupen para impedir que lesione a otros adolescentes, a si mismo o que cause daños materiales;

XXIII. Permanecer separado, cuando este sujeto a internamiento preventivo, de aquellas personas a quienes ya se haya impuesto la medida de internamiento definitivo;

XXIV. Efectuar un trabajo, en su caso, remunerado;

XXV. Recibir y conservar cualquier tipo de material cultural, de capacitación, formación académica y técnica, de entretenimiento y recreo que sea compatible con la medida que esta cumpliendo;

XXVI. Ser preparado psicológicamente para salir del centro de internamiento cuando este próximo a terminar el cumplimiento de la medida;

XXVII. Recibir visita conyugal; y

XXVIII. Los demás previstos en esta ley y en otros ordenamientos aplicables.