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LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE YUCATAN

Fecha de publicación: 1/10/1987

Fecha de reforma: 1/10/1987


  • Capítulo I. de las Disposiciones Generales
  • Capítulo II. Competencia del Tribunal
  • Capítulo III. de la Demanda
  • Capítulo IV. de la Contestación
  • Capítulo V. de la Suspensión
  • Capítulo VI. de la Improcedencia y del Sobreseimiento
  • Capítulo VII. de los Impedimientos y Excusas
  • Capítulo VIII. de los Incidentes
  • Capítulo IX. de las Pruebas
  • Capítulo X. de la Audiencia de Pruebas y Alegatos
  • Capítulo XI. del Cumplimiento de la Sentencia
  • Capítulo XII. de los Recursos
    • Sección Primera. del Recurso de Reclamación
    • Sección Segunda. del Recurso de Queja
  • Capítulo XIII. de las Notificaciones y de los Términos
  • Transitorios
  • Versión 01-10-1987

Preámbulo

Ley de lo contencioso administrativo del Estado de Yucatán

Publicada en el suplemento al no. 25944 del diario oficial del Estado de Yucatán, el 01 de octubre de 1987.

(en vigor a partir del 03 de noviembre de 1987)

Gobierno del estado

Decreto num. 466

Ciudadano víctor m. Cervera pacheco, gobernador constitucional interino del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

Que el "l" Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, decreta:

Ley de lo contencioso administrativo del Estado de Yucatán

Capítulo I
de las Disposiciones Generales

Artículo 1

Los juicios que se promuevan ante el tribunal de lo contencioso administrativo, se substanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el código de procedimientos civiles del estado.

Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciaran conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipios.



Artículo 2

Toda promoción deberá ser firmada por quien la formule, requisito sin el cual no se le dará curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hará otra persona en su nombre y el interesado estampara su huella digital.

Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar su personalidad, mediante carta poder o mandato notarial.



Artículo 3

Las diligencias que deban practicarse fuera del recinto del tribunal, se encomendaran al secretario o actuario.



Artículo 4

Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el tribunal. Ejercitada la acción ante este, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.



Artículo 5

El tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden podrá, de acuerdo a la gravedad de la falta, hacer uso de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias:

I. Amonestación.

II. Multa equivalente al monto de cinco a sesenta días de salario mínimo vigente en el estado.

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

IV. Auxilio de la fuerza publica.

V. Los demás que establece esta ley.



Artículo 6

En los juicios que se tramiten ante el tribunal no habrá lugar a la condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos.



Artículo 7

Serán partes en el procedimiento:

I. El actor.

II. El demandado. Tendrá ese carácter:

A) la autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado.

B) el titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado.

C) en asuntos fiscales, el secretario de finanzas o el sindico municipal.

III. El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del tribunal.



Artículo 8

Solo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión.



Artículo 9

El actor y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad para oírlas autoriza a la persona designada para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y formular alegatos.



Artículo 10

Los servidores públicos del poder ejecutivo y de los municipios, así como los titulares de los organismos descentralizados, que figuren como partes en el procedimiento contencioso administrativo, podrán acreditar representantes, quienes tendrán facultades para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y formular alegatos.



Capítulo II
Competencia del Tribunal

Artículo 11

El tribunal es competente para conocer:

I. De los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado y de los municipios y los organismos descentralizados estatales o municipales.

II. De los juicios que se promuevan en contra de los actos fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del poder ejecutivo del estado y de los municipios.

III. De los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales en los recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos.

IV. De los juicios de responsabilidad administrativa que se promueva en contra de servidores públicos del poder ejecutivo, de los municipios y de los organismos descentralizados, en los términos de la ley de la materia.

V. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales y municipales y de los organismos descentralizados, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de termino en noventa días.

VI. Del recurso de reclamación en contra de los autos de admisión o desechamiento de la demanda o de su ampliación y del auto que admita o deseche la contestación o su ampliación, así como del que admita o rechace pruebas.

VII. Del incumplimiento de las sentencias del tribunal.

VIII. De los demás juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones que las leyes consideren como competencia del tribunal.

IX. De los juicios que promuevan las autoridades estatales o municipales y los titulares de los órganos descentralizados para que sean modificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a un particular.



Capítulo III
de la Demanda