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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha de publicación: 15/7/2000

Fecha de reforma: 9/12/2008


  • Titulo Primero. Disposiciones Generales
    • Capitulo Primero. Objeto de la Ley
    • Capitulo Segundo. de las Autoridades Administrativas
  • Titulo Segundo. Régimen Jurídico de los Actos Administrativos
    • Capitulo Primero. de los Actos Administrativos
    • Capitulo Segundo. Elementos y Requisitos de Validez en los Actos Administrativos
    • Capitulo Tercero. Nulidad y Eficacia de los Actos Administrativos
    • Capitulo Cuarto. Extinción del Acto Administrativo
  • Titulo Tercero. de la Inactividad Administrativa
    • Capitulo Primero. del Silencio Administrativo
    • Capitulo Segundo. de la Negativa Ficta
    • Capitulo Tercero. de la Afirmativa Ficta
  • Titulo Primero. del Procedimiento Administrativo
    • Capitulo Primero. Disposiciones Generales
    • Capitulo Segundo. de la Iniciación
    • Capitulo Tercero. de los Interesados en el Procedimiento
    • Capitulo Cuarto. de la Competencia
    • Capitulo Quinto. de los Impedimentos, Excusas y Recusaciones
    • Capitulo Sexto. de la Verificación e Inspección
    • Capitulo Séptimo. de los Plazos
    • Capitulo Octavo. de las Notificaciones
    • Capitulo Noveno. de la Acumulación, Separación y Reposición
    • Capitulo Décimo. del Acceso a los Expedientes
    • Capitulo Undecimo. de la Tramitación de los Actos Declarativos
    • Capitulo Duodecimo. de las Generalidades de la Tramitación de los Actos Regulativos y Constitutivos
    • Capitulo Decimotercero. de la Tramitación de los Actos Regulativos
    • Capitulo Decimocuarto. de la Tramitación de los Actos Constitutivos
    • Capitulo Decimoquinto. de la Terminación
  • Titulo Segundo. de las Medidas de Seguridad
    • Capitulo Único. de las Medidas de Seguridad
  • Titulo Tercero. de las Infracciones y Sanciones Administrativas
    • Capitulo Único. de las Infracciones y Sanciones Administrativas
  • Titulo Cuarto. de las Defensas de los Administrados
    • Capitulo Primero. del Recurso de Revisión
    • Capitulo Segundo. del Recurso de Inconformidad
  • Titulo Quinto. de la Ejecución de los Actos Administrativos
    • Capitulo Único. de la Ejecución de los Actos Administrativos
  • Titulo Sexto. de la Mejora Regulatoria
    • Capitulo Primero. de la Mejora Regulatoria
    • Capitulo Segundo. del Registro Público de Trámites Estatales
  • Transitorios
  • Versión 09-12-2008

Preámbulo

Ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios

Publicada en el no. 41 sección ii del periódico oficial del Estado de Jalisco, el 15 de julio de 2000.

(en vigor a partir del 16 de julio de 2000)

Alberto cárdenas jiménez, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la secretaria del H. Congreso de esta entidad federativa, se me ha comunicado el siguiente

Decreto numero 18343. El Congreso del Estado decreta:

Ley del procedimiento administrativo del Estado de Jalisco y sus municipios

Titulo Primero
Disposiciones Generales

Capitulo Primero
Objeto de la Ley

Artículo 1

La presente ley es de orden e interés publico y tiene por objeto establecer las bases de los actos administrativos emanados del poder ejecutivo, así como de sus dependencias y entidades, estableciendo para ello los principios y normas que deben observarse en los procedimientos no jurisdiccionales.

Esta ley se aplica también a los actos administrativos emanados del poder legislativo, poder judicial y organismos constitucionales autónomos, en todo lo no previsto por sus leyes respectivas.



Artículo 2

Las disposiciones de este ordenamiento no son aplicables en las materias financiera, laboral, electoral, de educación, de salud, de seguridad publica, de responsabilidades para los servidores públicos, así como las relativas al ministerio publico y procurador social en ejercicio de sus funciones. En materia hacendaria, esta ley es aplicable únicamente en las disposiciones del procedimiento administrativo de ejecución.

La presente ley será de aplicación supletoria en materia de actos y procedimientos administrativos municipales, con excepción del titulo primero y del titulo segundo de la sección primera, cuya observación será obligatoria para toda autoridad municipal.



Artículo 3

El código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco será de aplicación supletoria en materia adjetiva a este ordenamiento.



Artículo 4

Los actos, procedimientos administrativos y toda actividad administrativa estatal y municipal, se sujetaran a los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales de derecho administrativo:

A) principio de gratuidad: las actuaciónes promovidas para la impugnación de decisiónes administrativas de la autoridad estatal o municipal no serán objeto de contribución o gravamen alguno. No habrá condena en costas por las peticiones, denuncias y recursos;

B) principio de legalidad: las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

C) principio de igualdad: las autoridades administrativas actuaran sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general;

D) principio del debido procedimiento: los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La regulación propia del derecho procesal civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo;

E) principio de impulso de oficio: las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

F) principio de razonabilidad: las decisiónes de la autoridad administrativa, cuando generen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido;

G) principio de informalismo: las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e interéses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés publico;

H) principio de presunción de veracidad: en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por este reglamento y por la ley en la materia, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario;

I) principio de buena fe: la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participes del procedimiento administrativo municipal, deberán realizar sus respectivos actos procedimentales guiados por la buena fe, el respeto mutuo y la colaboración. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal;

J) principio de celeridad: quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al tramite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciónes procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo legal y razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento;

K) principio de eficacia: los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad publica que se busca satisfacer con la aplicación de este principio;

L) principio de verdad material: en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiónes, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por las leyes y reglamentos, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos multilaterales, la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés publico;

M) principio de participación: las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiónes publicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión;

N) principio de simplicidad: los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporciónales a los fines que se persigue cumplir;

O) principio de uniformidad: la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidas en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados;

P) principio de predictibilidad: la autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada tramite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cual será el resultado final que se obtendrá; y

Q) principio de privilegio de controles posteriores: la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentara en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz.

Los principios señalados servirán también como criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento; como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo.



Capitulo Segundo
de las Autoridades Administrativas

Artículo 5

Es autoridad administrativa, en los términos del articulo primero, aquella que dicte ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto administrativo.



Artículo 6

Las autoridades administrativas, únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones que les son conferidas por las leyes y reglamentos vigentes.



Artículo 7

Las autoridades administrativas están obligadas a recibir las solicitudes o peticiónes que sean de forma escrita y respetuosa que les presenten los administrados y por ningún motivo pueden negar su recepción, aun cuando presuntamente sean improcedentes; así mismo, deben dar respuesta fundada y motivada, en los términos que se establecen en el presente ordenamiento y demás aplicables según la materia.

En el supuesto de que el servidor publico se niegue a recibir la solicitud o petición a que se refiere el párrafo anterior, el particular podrá acudir ante el tribunal de lo administrativo y consignar la solicitud, asentando, bajo protesta de decir verdad, la negativa del servidor; el tribunal de lo administrativo recibirá la solicitud remitiéndola a la autoridad para que la tenga por recibida.



Titulo Segundo
Régimen Jurídico de los Actos Administrativos

Capitulo Primero
de los Actos Administrativos

Artículo 8

El acto administrativo, es la declaración unilateral de la voluntad dictada por las autoridades administrativas, en ejercicio de su potestad publica, que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue, derechos u obligaciones de los administrados o entes públicos.



Artículo 9

Los actos administrativos se clasifican, para el objeto de este ordenamiento, en definitivos, procedimentales o ejecutivos:

I. Los definitivos, son aquellos actos administrativos que son un fin en si mismo o que son el resultado de un procedimiento ordinario, por lo que estos pueden ser:

A) declarativos: aquellos que solo reconocen sin modificar una situación jurídica del administrado, pero resultan necesarios para la realización de algún tramite o acto administrativo; tales como: certificaciones, dictámenes técnicos, actos registrales, expedición de constancias, contestación de peticiones que no implican ningún otro acto administrativo o análogos.

B) regulativos: aquellos por virtud de los cuales la autoridad administrativa permite a un administrado determinado el ejercicio de algúna actividad que se encuentra regulada por la ley o reglamento; tales como: permisos, licencias, autorizaciones o análogos.

C) constitutivos: aquellos por virtud de los cuales, se otorgan derechos o imponen obligaciones entre la autoridad administrativa y el administrado; tales como: concesiones, adjudicaciones y licitaciones.

II. Los procedimentales, son los actos administrativos que, en conjunción con otros actos de la misma naturaleza ordenados y sistematizados, tienden a emitir un acto de autoridad definitivo; tales como: notificaciones, audiencias, autos, recursos, ofrecimiento y desahogo de pruebas y análogos; y

III. Los ejecutivos son actos que en virtud de su carácter coercible, tienen como finalidad la ejecución de un acto administrativo definitivo; tales como: medios de apremio, procedimientos económicos de ejecución o análogos.

Los ejemplos expresados en el presente articulo se hacen de manera enunciativa únicamente, mas no de manera limitativa.