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LEY DE PROTECCIÓN A TESTIGOS Y TERCEROS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO PENAL PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

Fecha de publicación: 4/1/2012

Fecha de reforma: 4/1/2012


  • Capítulo I. Disposiciones Generales
  • Capítulo II. de las Autoridades Competentes
  • Capítulo III. de las Medidas de Protección
  • Capítulo IV. del Procedimiento para la Aplicación de Medidas de Protección
  • Capítulo V. de las Sanciones
  • Transitorios:
  • Versión 04-01-2012

Preámbulo

Ley de protección a testigos y terceros involucrados en el proceso penal para el Estado de Yucatán

Texto original.

Ley publicada en el diario oficial del Estado de Yucatán, el miércoles 4 de enero de 2012.

(en vigor a partir del 3 de febrero de 2012)

Gobierno del estado

Poder ejecutivo

Decreto número 490

C. Ivonne aracelly ortega pacheco, gobernadora del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38, 55 fracciónes ii y xxv de la constitución política del Estado de Yucatán y 14 fracciónes vii y ix del código de la administración pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

Que el honorable Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

"el Congreso del Estado libre y soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 fracción v de la constitución política; 18 de la ley de gobierno del poder legislativo y 3 de la ley del diario oficial del gobierno, todas del Estado de Yucatán, emite la ley de protección a testigos y terceros involucrados en el proceso penal para el Estado de Yucatán, en base a la siguiente:

Exposición de motivos:

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés social y tiene por objeto establecer los mecanismos de protección y asistencia a testigos en riesgo, a fin de garantizar su seguridad y eficaz participación en un proceso penal.

La protección que se establece en esta ley se debe extender a los terceros involucrados en el proceso y allegados de los testigos en riesgo.



Artículo 2

Para efectos de esta ley se entiende por:

I. Allegados: los parientes en línea recta y colaterales hasta el tercer grado del testigo en riesgo y aquellas personas que se encuentren unidas a este por un vínculo afectivo. En ambos casos los parientes y personas también deben encontrase (sic) en situación de riesgo;

II. Beneficiarios: aquellos testigos en riesgo, sus allegados o terceros involucrados en el proceso que aceptan la ejecución de alguna medida de protección establecida en esta ley;

III. Dirección: la dirección de atención a víctimas;

IV. Fiscalía: la fiscalía general del Estado de Yucatán;

V. Ley: la ley de protección a testigos y terceros involucrados en el proceso penal para el Estado de Yucatán;

VI. Terceros involucrados en el proceso: los peritos y personas que deben intervenir en el proceso penal para efectos probatorios de acuerdo a lo establecido en el código procesal penal para el Estado de Yucatán;

VII. Testigo en riesgo: la persona que pueda verse intimidada, amenazada o presionada por razón de su participación en el proceso penal, por su participación, presente o futura, como testigo, y

VIII. Vínculo afectivo: la relación que surge entre el testigo en riesgo y la o las personas con las que tiene una intima amistad, relación sentimental, se encuentran a su cargo, o viven juntos.



Artículo 3

El o los imputados que resulten condenados por sentencia firme, deben responder al Estado de los gastos y erogaciones efectuados con motivo de la aplicación de las medidas de protección otorgadas al testigo en riesgo, a sus allegados, o a los terceros involucrados en el proceso, con motivo del delito por el que fueron condenados.



Artículo 4

Todo el apoyo, servicio o protección que se proporcione al testigo en riesgo, a sus allegados y a los terceros involucrados en el proceso, debe ser gratuito, por lo que aquellas instituciones a quienes corresponda proporcionarlo, no pueden exigir remuneración alguna por ello.



Capítulo II
de las Autoridades Competentes

Artículo 5

Las medidas de protección a que se refiere esta ley deben ser brindadas por la fiscalía, a través de la dirección, la cual es la encargada de implementar los programas, lineamientos y procedimientos administrativos necesarios para que aquellas se hagan efectivas.



Artículo 6

La fiscalía puede requerir a las autoridades y servidores públicos del estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones necesarias para el oportuno y eficaz cumplimiento del objeto de esta ley.



Artículo 7

La dirección, en el cumplimiento de los objetivos de esta ley y, sin perjuicio de aquellas comprendidas en otros ordenamientos, tiene las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el programa de protección a testigos en riesgo, a sus allegados y terceros lnvolucrados en el proceso, a largo plazo.

Este programa debe, al menos, establecer el diagnostico, sus objetivos generales y específicos, las estrategias y acciones que, anualmente, se implementarán a través del mismo.

II. Elaborar un proyecto de presupuesto anual para la ejecución del programa de protección a testigos en riesgo, a sus allegados y terceros involucrados en el proceso;

III. Desarrollar protocolos de evaluación sobre el grado de riesgo y la proporcionalidad de las medidas de protección;

IV. Disponer de las medidas de protección adecuadas y proporcionales al riesgo, escuchando siempre al beneficiario;

V. Explicar a los testigos en riesgo, a sus allegados y a los terceros involucrados en el proceso sobre la importancia de su participación en el proceso y sus obligaciones, y derechos con respecto a su participación;

VI. Solicitar la colaboración de las instancias publicas y privadas que sean necesarias para la ejecución de las medidas de protección;

VII. Mantener una línea telefónica de emergencia en operación para atender testigos en riesgo, a sus allegados y a los terceros involucrados en el proceso;

VIII. Llevar un sistema de registro y estadísticas para garantizar la transparencia del servicio, y

IX. Las demás que señale la ley y demás ordenamientos.



Artículo 8

Corresponde al poder judicial del estado dictar las medidas para el resguardo de la identidad y otros datos personales del o los testigos en riesgo, a sus allegados y de los terceros involucrados en el proceso en los términos de esta ley, y vigilar el cumplimiento del ministerio publico en el otorgamiento de las medidas de protección y que no se violente el ejercicio de defensa con las mismas.



Artículo 9

La fiscalía puede celebrar toda clase de acuerdos y convenios con personas físicas o morales, estatales, nacionales o internacionales, que permitan lograr los objetivos de esta ley.

Todas las entidades, organismos y dependencias estatales o municipales, y demás dependencias, organismos a instituciones privadas con los que se haya celebrado convenio, quedan obligados a prestar la colaboración que les requiere el ministerio publico o el órgano jurisdiccional competente, para la aplicación de las medidas de protección y asistencia previstas en la ley.

Las instancias mencionadas están obligadas a mantener en reserva y estricta confidencialidad, toda la información que adquieren en virtud de su participación en las actividades de colaboración que ordena esta ley.



Artículo 10

La fiscalía puede solicitar la colaboración de cualquier autoridad para garantizar de manera efectiva, completa y oportuna la seguridad y bienestar físico, psicológico y social de los testigos en riesgo, sus allegados y de los terceros involucrados en el proceso en los términos de la presente ley.



Artículo 11

Los cuerpos de seguridad publica estatal y municipal, como órganos auxiliares del ministerio publico, deben establecer las medidas de vigilancia para la protección y asistencia a los testigos en riesgo, a sus allegados y a los terceros involucrados en el proceso, que sean necesarias y proporcionales.



Artículo 12

El poder ejecutivo del estado, a través de los órganos que integran la administración publica, debe solicitar anualmente las partidas presupuestarías necesarias para el cumplimiento de esta ley.