¡Disfruta de SmartLeges Premium!

Suscríbete a SmartLeges Premium y disfruta de estas ventajas:

  • Consulta tantas leyes como necesites, gratuitas o de pago, sin coste adicional
  • Consulta casi cualquier ley en varios países gracias al nuevo buscador avanzado. ¡Toda la legislación a tu alcance!
  • Disfruta de todas las características de SmartLeges sin restricciones
Ver los planes

Una aplicación imprescindible y gratuita para profesionales y estudiantes del sector jurídico

Leer más
 

¡Regístrate gratis!

¿Quieres consultar esta y otras leyes completas?

Regístrate gratis y podrás consultar las leyes en tu móvil o tablet, además de subrayar textos, añadir notas...

¡Regístrate gratis!

Compartir esta ley Otras leyes de México
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN

Fecha de publicación: 5/11/2010

Fecha de reforma: 1/3/2011


  • Título Primero. del Servicio de la Defensa Pública
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. del Servicio de Defensa Pública
  • Título Segundo. del Instituto de Defensa Pública del Estado
    • Capítulo I. Disposiciones Generales
    • Capítulo II. del Defensor General
    • Capítulo III. de los Defensores Públicos
    • Capítulo IV. de los Asesores Jurídicos
    • Capítulo V. Disposiciones Comunes para los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos
    • Capítulo VI. de los Mediadores
    • Capítulo VII. de los Titulares de Unidad
    • Capítulo VIII. de los Servicios Auxiliares
  • Título Tercero. del Sistema de Licitaciones de la Defensa Penal Pública
    • Capítulo Único. Disposiciones Generales
  • Título Cuarto. de la Capacitación
  • Título Quinto. del Servicio Profesional de Carrera
  • Título Sexto. de la Responsabilidad de los Servidores Públicos del Instituto
  • Transitorios:
  • Versión 01-03-2011

Preámbulo

Ley del instituto de defensa pública del Estado de Yucatán

Publicada en el no. 31,724, suplemento al diario oficial del Estado de Yucatán, el 5 de noviembre de 2010.

(entra en vigor a partir del 1 de marzo de 2011)

Gobierno del estado

Poder ejecutivo

Decreto número 339

C. Ivonne aracelly ortega pacheco, gobernadora del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38, 55 fracciónes ii y xxv de la constitución política del Estado de Yucatán y 14 fracciónes vii y ix del código de la administración pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

Que el honorable Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

"el Congreso del Estado libre y soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 fracción v de la constitución política; 97, 150 y 156 de la ley orgánica del poder legislativo y 3 de la ley del diario oficial del gobierno, todas del estado, emite la ley del instituto de defensa pública del Estado de Yucatán, en base a la siguiente:

E x p o s i c i ó n d e m o t i v o s:

Título Primero
del Servicio de la Defensa Pública

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés social y tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a la defensa penal publica, gratuita y profesional;

II. Asegurar el derecho de acceso a la justicia en asuntos civiles, familiares, administrativos, mercantiles y de amparo, mediante la asesoría jurídica, siempre que lo soliciten y acrediten que carecen de medios económicos para sufragar los gastos correspondientes;

III. Regular la prestación del servicio de defensa publica en el Estado de Yucatán;

IV. Normar la integración, funcionamiento, competencia y administración del instituto de defensa publica del estado, y

V. Establecer el servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos al instituto de defensa publica del estado.



Artículo 2

Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Asesor jurídico: al servidor publico que presta el servicio de orientación, asistencia y representación jurídica en cualquier rama del derecho diversa a la penal;

II. Usuario: la persona física o jurídica que recibe el servicio de defensa publica que presta el instituto;

III. Consejeria jurídica: a la consejeria jurídica del poder ejecutivo del Estado de Yucatán;

IV. Defensor general: al defensor general del Estado de Yucatán;

V. Defensor publico: al servidor publico que presta el servicio de defensa publica, en materia de derecho penal;

VI. Gobernador: al titular del poder ejecutivo del Estado de Yucatán;

VII. Instituto: al instituto de defensa publica del Estado de Yucatán;

VIII. Ley: a la ley del instituto de defensa publica del Estado de Yucatán;

IX. Reglamento: al reglamento de la ley del instituto de defensa publica del Estado de Yucatán;

X. Servicio: al servicio de defensa publica, que comprende la defensa penal publica y la orientación, asistencia y representación jurídica en las demás ramas del derecho diversas a la penal, y

XI. El sistema: el sistema de licitaciones de la defensa penal publica.



Artículo 3

El servicio se regirá de acuerdo a los principios siguientes:

I. Confidencialidad: el servidor publico deberá guardar reserva o secreto de la información revelada por los usuarios o terceros con ocasíón del ejercicio del servicio. La información así obtenida solo puede revelarla con consentimiento previo de quien se la confió. Excepcionalmente puede revelar aquella información que permita prevenir un delito o proteger a personas en peligro;

II. Diligencia: el servicio exigirá el cuidado, esfuerzo y prontitud para encausar las acciones encaminadas a evitar una decisión tardía o errónea, procurando que los procesos se resuelvan en los plazos establecidos;

III. Excelencia: implica que el servidor publico que presta el servicio debe esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño, sobre la base de estándares de calidad;

IV. Gratuidad: la defensa publica es un servicio que se recibirá sin costo alguno en materia de derecho penal y en las demás áreas del derecho cuando el solicitante acredite que no cuenta con recursos económicos para retribuir los servicios de un abogado postulante;

V. Independencia funciónal: el servicio debe ejercerse con libertad y autonomía, por lo que en el ejercicio de sus funciónes, el servidor publico actuara siguiendo su criterio técnico o jurídico, sin aceptar presiones o instrucciones, internas o externas, particulares para el caso;

VI. Legalidad: el servidor publico actuara a favor de los interéses del usuario cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de la constitución política de los estados unidos mexicanos, los tratados internacionales, en particular los referidos a la protección de los derechos humanos, la constitución política del Estado de Yucatán, las leyes y demás disposiciones reglamentarias y normativas;

VII. Parcialidad: el servidor publico que preste el servicio deberá ejercer su función en atención a lograr la solución mas favorable al usuario;

VIII. Profesionalismo: el servidor publico que preste el servicio deberá dominar los conocimientos técnicos y habilidades especiales que se requieran para el ejercicio de su función y tener un comportamiento ético, honesto, calificado, responsable y capaz;

IX. Solución de conflictos: el servidor publico que preste el servicio deberá promover la asesoría e intervención en forma adicional al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos participando en la conciliación, mediación y el arbitraje;

X. Transparencia: el servidor publico que preste el servicio deberá conducirse en forma diáfana y pulcra en su actuación jurídica;

XI. Unidad de actuación: los actos y procedimientos en los que se intervenga deberán realizarse de manera continua y sin interrupciones en todas las etapas del proceso, desde el inicio del caso hasta su conclusión definitiva, salvo causas de fuerza mayor. Cuando hubiere conflicto de interéses en la defensa en un mismo proceso o desavenencia con el usuario, este o el defensor publico o asesor jurídico pueden solicitar cambio de designación, y

XII. Uso efectivo de recursos: implica la asígnacion, inversión y conservación de manera austera de los recursos materiales y financieros, así como bienes y servicios del sector publico orientados a los resultados programados y a la satisfacción plena del interés publico.



Artículo 4

Las autoridades y órganos del estado, en el ámbito de su competencia, prestarán la colaboración requerida para el cumplimiento de las funciones del servicio.

Por tanto, estarán obligados a prestar auxilio a los defensores públicos y asesores jurídicos; a facilitar el ejercicio de sus funciones y a proporcionar la información que requieran, así como las certificaciones, constancias y copias indispensables para el servicio que realicen.



Capítulo II
del Servicio de Defensa Pública

Artículo 5

El servicio tiene por objeto:

I. Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional y gratuita a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia;

II. Velar por la igualdad ante la ley; por el debido proceso y actuar con profundo respeto por la dignidad humana de los representados;

III. Ofrecer servicios a los adolescentes sujetos a la ley de justicia para adolescentes del Estado de Yucatán, y

IV. Asesorar en asuntos civiles, familiares, administrativos, mercantiles y de amparo a quienes así lo soliciten y que no se encuentren en condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante.



Artículo 6

El servicio se proporcionara por el instituto a través de:

L. Defensores públicos, en los

Artículo 7

El servicio también comprenderá las siguientes prestaciones:

I. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar ante una autoridad jurisdiccional o administrativa la tutela de sus derechos e intereses, cuando tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión;

II. Inserción gratuita de edictos en el curso del proceso cuando se trate de domicilio ignorado, que obligatoriamente deban publicarse en el diario oficial del gobierno del Estado de Yucatán, a favor de quienes no se encuentren en condiciones de pagar dichas publicaciones, y mediando estudio socioeconómico;

III. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito al instituto o en su caso, a otro órgano de la administración publica y a favor de las personas que no se encuentran en condiciones de pagar este servicio.

Excepcionalmente y cuando en el instituto o en algún otro órgano de la administración publica no existan técnicos en la materia que se requiera, la asistencia se proporcionara por peritos que sean designados de entre los técnicos privados, a costa del interesado. El instituto podrá, si su situación presupuestal lo permite, hacerse cargo de esos costos, mismos que contratara conforme a los procedimientos previstos en el sistema, y

IV. Obtención de copias de documentos, testimonios e instrumentos que obren en los expedientes seguidos en un proceso o procedimiento que se instruya al solicitante y sean necesarios para ejercer su defensa o representación jurídica.



Artículo 8

En el ejercicio del servicio se privilegiaran los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley de la materia.



Artículo 9

Tratándose de asuntos en que se solicite la defensa penal publica por personas de la etnia maya que no hablen español, se designara a un defensor publico que hable la lengua del solicitante o en su caso se asignara a un traductor autorizado.

De igual manera se procederá para el caso de las demás personas que no hablen español.

Tratándose de personas con discapacidad, se adoptaran ias medidas necesarias para que el ejercicio de la defensa penal publica pueda ser efectivo.



Título Segundo
del Instituto de Defensa Pública del Estado

Capítulo I
Disposiciones Generales