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LEY DEL PROCESO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO

Fecha de publicación: 3/9/2010

Fecha de reforma: 14/5/2013


  • Libro Primero. Disposiciones Generales
    • Título Primero. Disposiciones Generales
      • Capítulo Único. Objeto de la Ley, Principios, Derechos y Garantías
    • Título Segundo. Actores y Partes Procesales
      • Capítulo I. Actores y Partes Procesales
      • Capítulo II. Disposiciones Comunes a los Actores y Partes Procesales
      • Capítulo III. Ministerio Público
      • Capítulo IV. Policías
      • Capítulo V. Víctima U Ofendido
      • Capítulo VI. Inculpado
      • Capítulo VII. Defensores y Representantes Legales
    • Título Tercero. Actos Procesales
      • Capítulo I. Formalidades
      • Capítulo II. Incidentes
      • Capítulo III. Actos y Resoluciones Judiciales
      • Capítulo IV. Comunicación Entre Autoridades
      • Capítulo V. Notificaciones y Citaciones
      • Capítulo VI. Plazos
      • Capítulo VII. Nulidades
    • Título Cuarto. Jurisdicción
      • Capítulo I. Jurisdicción y Competencia
      • Capítulo II. Conexidad
      • Capítulo III. Excusas y Recusaciones
    • Título Quinto. Acción Penal
      • Capítulo I. Disposiciones Generales
      • Capítulo II. Criterios de Oportunidad
      • Capítulo III. Obstáculos para el Ejercicio y Prosecución de la Acción Penal
      • Capítulo IV. Extinción de la Acción Penal
      • Capítulo V. Reparación del Daño
    • Título Sexto. Suspensión Condicional del Proceso
      • Capítulo Único. Suspensión del Proceso
    • Título Séptimo. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
      • Capítulo Único. Justicia Restaurativa
    • Título Octavo. Medidas Cautelares
      • Capítulo I. Disposiciones Generales
      • Capítulo II. Medidas Cautelares Personales
        • Sección Primera. Medidas Cautelares Personales
        • Sección Segunda. Prisión Preventiva
      • Capítulo III. Medidas Cautelares de Carácter Real
        • Sección Primera. Garantía Económica
        • Sección Segunda. Embargo Precautorio de Bienes
    • Título Noveno. Indemnización al Sentenciado Injustamente Condenado
      • Capítulo Único. Procedencia de la Indemnización por Condena Injusta
  • Libro Segundo. Procedimiento Ordinario
    • Título Único. Procedimiento Ordinario
      • Capítulo I. Etapas del Procedimiento Ordinario
      • Capítulo II. Etapa de Investigación
        • Sección Primera. Disposiciones Generales
        • Sección Segunda. Técnicas y Medios de Investigación
        • Sección Tercera. Otras Formas de Investigación
        • Sección Cuarta. Prueba Anticipada
        • Sección Quinta. Registros de la Investigación
        • Sección Sexta. Órdenes de Aprehensión, Citación y Comparecencia
      • Capítulo III. Etapa de Investigación Complementaria
        • Sección Única. Vinculación a Proceso
      • Capítulo IV. Pruebas
        • Sección Primera. Disposiciones Generales Sobre la Prueba
        • Sección Segunda. Testimonios
        • Sección Tercera. Peritajes
        • Sección Cuarta. Documentos y Otros Medios de Prueba
        • Sección Quinta. Valoración de la Prueba
      • Capítulo V. Etapa Intermedia o de Preparación del Juicio Oral
        • Sección Única. Actos Procesales de la Etapa Intermedia o de Preparación del Juicio Oral
      • Capítulo VI. Etapa del Juicio Oral
        • Sección Primera. Normas Generales
        • Sección Segunda. Desarrollo de la Audiencia de Debate
        • Sección Tercera. Desahogo de Medios de Prueba en la Audiencia de Debate
        • Sección Cuarta. Deliberación y Sentencia
          • Sección Cuarta. Deliberación y Sentencia
  • Libro Tercero. Procedimientos Especiales
    • Título Único. Procedimientos Especiales
      • Capítulo I. Procedimiento para el Ejercicio de la Acción Penal Particular
      • Capítulo II. Procedimiento Abreviado
      • Capítulo III. Procedimiento para Inimputables y por Incapacidad Sobrevenida
  • Libro Cuarto. Medios de Impugnación
    • Título Único. Medios de Impugnación
      • Capítulo I. Normas Generales
      • Capítulo II. Reclamación
      • Capítulo III. Aclaración de Resoluciones
      • Capítulo IV. Queja
      • Capítulo V. Revocación
      • Capítulo VI. Apelación
      • Capítulo VII. Casación
      • Capítulo VIII. Revisión de Sentencia
  • Libro Quinto. Ejecución de Sentencias
    • Título Único. Ejecución de Sanciones
      • Capítulo I. Reglas Generales de la Ejecución de Sanciones
      • Capítulo II. Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
      • Capítulo III. Ejecución de la Reparación del Daño
  • Transitorios
  • Versión 14-05-2013

Preámbulo

Ley del proceso penal para el Estado de Guanajuato

Publicada en el no. 141 tercera parte del periódico oficial del Estado de Guanajuato, el 3 de septiembre de 2010.

(en vigor a partir del 01 de septiembre de 2011)

Juan manuel oliva ramírez, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, a los habitantes del mismo sabed:

Que el H. Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, ha tenido a bien dirigirme el siguiente:

Decreto número 80

Libro Primero
Disposiciones Generales

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Objeto de la Ley, Principios, Derechos y Garantías

Artículo 1. Objeto de la Ley

Las disposiciones de la presente ley son de orden publico y tienen por objeto regular el proceso penal acusatorio y oral en el Estado de Guanajuato, en los términos de la constitución política de los estados unidos mexicanos y la constitución política para el Estado de Guanajuato.



Artículo 2. Finalidad del Proceso

El proceso penal tiene por finalidad esclarecer los hechos para determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, para garantizar la justicia en la aplicación del derecho y restaurar la armonía social.



Artículo 3. Debido Proceso

A nadie se le puede aplicar una sanción penal o una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme obtenida en un proceso, tramitado con arreglo a este ordenamiento, y de manera pronta, completa e imparcial, en un marco de respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos, los tratados internacionales, la constitución política para el Estado de Guanajuato y las leyes.



Artículo 4. Observancia de Principios, Derechos y Garantías

Los principios, derechos y garantías previstos por este ordenamiento deben ser observados en todo proceso como consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal, medida de seguridad o cualquier otra resolución que afecte derechos.



Artículo 5. Principios del Proceso Acusatorio

El proceso es acusatorio y oral y se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, y por los que emanen de este ordenamiento, en las formas que el mismo determine.

Ningún juzgador puede tratar asuntos que estén sometidos a proceso con ninguno de los intervinientes sin que estén presentes los otros, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo lo que establece este ordenamiento o las demás leyes.



Artículo 6. Oralidad y Registro de los Actos Procesales

El proceso se desarrollara a través de audiencias o actuaciones orales, salvo los casos de excepción previstos en este ordenamiento.

Cuando un acto procesal pueda realizarse por escrito u oralmente, se preferirá, si no conlleva atraso a la sustanciación del proceso, realizarlo oralmente. Para ello las peticiones que pueden esperar a la celebración de una audiencia oral, se presentaran y resolverán en ella. Cuando sean presentadas en las audiencias, en ellas se resolverán.

Los jueces no pueden suspender las audiencias para que se presenten por escrito las peticiones de las partes.

Los actos se pueden documentar por escrito, por imágenes o sonidos. Cuando se pueda optar por la grabación de imágenes y sonidos, la diligencia se preservara de esa forma.

Las audiencias se registraran en videograbación, audiograbación o cualquier medio apto, para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello.

Las partes y las autoridades que legalmente lo requieran, pueden solicitar copia e informes de los registros conforme a lo dispuesto en este ordenamiento.

Si el Estado del proceso no lo impide, ni obstaculiza su normal sustanciación, el tribunal podrá ordenar la expedición de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos por una autoridad o por los intervinientes que acrediten su legitimación para obtenerlos.



Artículo 7. Principio de Publicidad

Las audiencias son publicas.

Los tribunales pueden restringir la publicidad o limitar la difusión por los medios de comunicación masiva cuando:

I. Se pueda perjudicar el normal desarrollo del proceso;

II. Existan razones de seguridad nacional, seguridad publica, protección de las víctimas, testigos y menores de edad o se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos; o

III. Se estime que existen razones fundadas para justificarlo.



Artículo 8. Continuidad, Concentración e Inmediación

Las audiencias deben realizarse de manera continua, preferentemente en un mismo acto; si ello no fuere posible se hará en actos consecutivos, sin perjuicio de que el juez que las dirija excepcionalmente las suspenda por el termino y condiciones que esta ley disponga. Asimismo, de estimarse necesario podrá (sic) decretarse recesos.

Los jueces presidirán en su integridad el desarrollo de las audiencias y por ningún motivo podrán delegar sus funciones.

Los jueces son fedatarios de sus actos y resoluciones.



Artículo 9. Supletoriedad

Son de aplicación supletoria las normas relacionadas de los códigos civil y procesal civil para el Estado de Guanajuato.



Artículo 10. Derecho al Juez Predeterminado por la Ley

Nadie puede ser juzgado por jueces nombrados especialmente para el caso.



Artículo 11. Justicia Pronta

Toda persona tiene derecho a ser juzgada y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella en los plazos que se establecen en la constitución política de los estados unidos mexicanos.

Las autoridades judiciales, ministeriales y demás servidores públicos deben resolver las solicitudes con prontitud, sin dilaciones injustificadas.