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LEY NÚMERO 821 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha de publicación: 24/1/2013

Fecha de reforma: 10/5/2013


  • Título Primero. Disposiciones Generales
    • Capítulo Único
  • Título Segundo. De los Delitos en Materia de Trata de Personas
    • Capítulo I. De los Principios para la Investigación, Procesamiento e Imposición de las Sanciones
    • Capítulo II. De los Delitos en Materia de Trata de Personas
    • Capítulo III. Reglas Comunes para los Delitos Previstos en Esta Ley
    • Capítulo IV. Del Resarcimiento y Reparación del Daño
    • Capítulo V. De las Técnicas de Investigación
  • Título Tercero. De la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de los Delitos en Materia de Trata de Personas
    • Capítulo I. Derechos de las Víctimas, Ofendidos y Testigos Durante el Procedimiento Penal y Medidas de Protección a Su Favor
    • Capítulo II. Derechos de las Víctimas
    • Capítulo III. De la Protección y Asistencia a la Víctimas, Ofendidos y Testigos
    • Capítulo IV. De la Protección y Asistencia a las Víctimas y del Fondo
    • Capítulo V. Del Programa de Protección a Víctimas y Testigos
  • Título Cuarto. De la Comisión y el Programa Estatal
    • Capítulo I. De la Comisión
    • Capítulo II. Del Programa Estatal
  • Título Quinto. De la Prevención de los Delitos Revistos en Esta Ley
    • Capítulo I. De las Políticas y Programas de Prevención
  • Título Sexto. Del Financiamiento a la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos Previstos en Esta Ley
    • Capítulo Único. Del Financiamiento a la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos Previstos en Esta Ley y de la Asistencia y Protección a las Víctimas, Ofendidos y Testigos
  • Transitorios
  • Versión 10-05-2013

Preámbulo

Ley número 821 para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos del Estado de Veracruz de ignacio de la llave.

Publicada en el numero 108 extraordinario de la gaceta oficial del Estado de Veracruz-llave, el 21 de marzo de 2013

(en vigor a partir del 22 de marzo de 2013)

Al margen un sello que dice: estados unidos mexicanos.

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1

La presente ley es de orden publico e interés social, y tiene por objeto:

I. La prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas; con especial atención a las mujeres, a las niñas y niños, a las personas con discapacidad, así como a las personas adultas mayores;

II. Establecer los tipos penales y los procedimientos aplicables a estos delitos;

III. Implementar mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad y la seguridad de las víctimas o posibles víctimas de trata, residentes o trasladadas al territorio estatal, a fin de garantizarles el respeto al libre desarrollo de su personalidad y a la integralidad de sus derechos; y

IV. Señalar la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, los estados y los municipios; estableciendo mecanismos efectivos para garantizar los derechos de las víctimas.



Artículo 2

En materia de esta ley, el Estado de Veracruz de ignacio de la llave tendrá las siguientes obligaciones:

I. Impulsar las reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;

II. Procurar la aplicación efectiva del presente ordenamiento; y

III. Sancionar las conductas delictivas objeto de la presente ley.



Artículo 3

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, el gobierno del estado, a través de la procuraduría general de justicia, creara una subprocuraduría especializada para la atención de los delitos en materia de trata de personas que contara con ministerios públicos y policías especializados; la cual se integrara con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del Estado de Veracruz.



Artículo 4

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Asistencia y protección a víctimas: acciones de apoyo y protección a favor de la víctima u ofendido, que se le brindan desde su identificación hasta su reincorporación plena a la sociedad, tales como recibir asesoría jurídica profesional gratuita, atención médica y psicológica, y apoyo económico temporal, así como protección para ella y su familia;

II. Código penal: código penal para el estado;

III. Código de procedimientos penales: código de procedimientos penales para el estado;

IV. Comisión: la comisión interinstitucional para prevenir, atender y sancionar los delitos en materia de trata de personas;

V. Estado: Estado Libre y Soberano de Veracruz de ignacio de la llave;

VI. Explotación sexual: la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual, o la producción de materiales pornograficos, como consecuencia de estar sujeta a una amenaza, la coacción, la privación de la libertad, la fuerza, el abuso de autoridad, la situación de vulnerabilidad o servidumbre por deuda o fraude;

VII. Fondo: fondo de apoyo para las víctimas y ofendidos;

VIII. Igualdad sustantiva: obligación jurídica del estado, establecida en el derecho internacional vinculante, que consiste en adoptar todas las medidas necesarias de carácter estructural, social y cultural para lograr la igualdad de las mujeres al ejercicio de todos los derechos humanos y libertades y de acceso a las oportunidades en todos los ámbitos de la vida y eliminar todas las formas y consecuencias de la discriminación contra las mujeres y las niñas;

IX. Ley: el presente ordenamiento;

X. Medidas especiales: aquellas que previenen la desigualdad, equilibran las relaciones de subordinación y propician el adelanto de las personas vulneradas en sus derechos humanos hacia la igualdad sustantiva;

XI. Niña o niño: todo ser humano menor de dieciocho años de edad;

XII. Procuraduría: procuraduría general de justicia del estado;

XIII. Programa estatal: el programa para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas;

XIII. Salario: el mínimo general diario vigente en la zona económica que corresponda y conforme al articulo 52 del código penal;

XIV. Secretaria: secretaria de gobierno del estado;

XV. Situación de vulnerabilidad: condición de las personas que por discriminación de genero, sexo, edad, situación civil, etnia, discapacidad, diversidad sexual, entre otras formas, han sido afectadas en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales;

XVI. Unidad doméstica: la variedad de personas que por su parentesco de consanguinidad, civil o de afinidad, o simplemente por la existencia de una estrecha afección, comparten bajo un mismo techo la intimidad de la familia; donde la intimidad comprende el amor, el alimento y la solidaridad; y

XVII. Víctima de trata: aquella persona que haya sido reclutada, transportada, comprada, vendida, transferida, recibida o alojada, ya sea que haya o no sufrido daños físicos o psicológicos, perdida financiera o, en general, el menoscabo sustancial de sus derechos humanos, como consecuencia de acciones u omisiones relacionadas con los delitos en materia de trata de personas.



Artículo 5

Son principios rectores para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas:

I. Debida diligencia: acción positiva del estado, para prevenir, proteger, investigar, enjuiciar, indemnizar y trazar los parámetros de la responsabilidad conjunta del estado, para actuar de manera efectiva, oportuna y sin discriminación, ante la violencia y la trata de personas, en los ámbitos publico y privado, ante hechos que menoscaben, restrinjan, anulen o impidan el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales a las personas;

II. Debido proceso: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho;

III. Dignidad humana: valor que dimana de la propia condición de persona, atributo constitutivo e inseparable del ser humano, siempre inviolable. Se manifiesta plenamente en sus características humanas que le dan fundamento propio, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad;

IV. Discriminación: toda distinción, exclusión o restricción basada en el genero, etnia, edad, discapacidad, diversidad sexual, pobreza, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la persona, sobre la base de la igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

V. Igualdad sustantiva: igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política publica;

VI. Interés superior del niño: obligación del estado de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y la adolescencia y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años;

VII. Libertades fundamentales: son libertades personalisimas, ejercidas frente al poder publico, establecidas en la constitución política de los estados unidos mexicanos;

VIII. Perspectiva de genero: análisis de la realidad que permite identificar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera especifica y diferenciada en una sociedad o grupo social, que debe predominar en la construcción, interpretación y aplicación de las normas;

IX. Principios procesales: aquellos que afectan directamente en la legalidad, constituciónalidad del proceso, como el contradictorio que garantiza la igualdad entre las partes, probidad, la libre apreciación de la prueba, economía procesal, fundamentalmente el pro persona;

X. Pro-persona: principio de interpretación de los derechos humanos de conformidad con el articulo 1 de la constitución política de los estados unidos mexicanos;

XI. Reparación del daño: garantía del derecho de la víctima a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, es de interés y orden publico y debe ser exigida de oficio por el ministerio publico;

XII. Seguridad jurídica: función que ejerce el estado en la procuración e imparticion de justicia, para el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas; y

XIII. Seguridad publica: función que ejerce el estado para el mantenimiento de la paz social, que permite el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas.



Artículo 6

En lo no previsto por esta ley, se aplicaran de manera supletoria las disposiciones del código penal, del código de procedimientos penales, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de la ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, ordenamientos todos para el Estado de Veracruz de ignacio de la llave, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos y leyes que resulten aplicables.



Título Segundo

Capítulo I

Artículo 7

Para dar cumplimiento a esta ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

I. El ministerio publico y el poder judicial garantizaran en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia;

II. Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso, excepto las previstas en los artículos 31, 32 y 33 de esta ley;

III. El ministerio publico y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas;

IV. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta ley deberá contemplar la reparación integral del daño a las víctimas, cuyo monto fijara el juez de la causa, con los elementos que el ministerio publico o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, en términos del articulo 20 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; y

V. Las policías, las autoridades ministeriales y las judiciales adoptaran medidas necesarias para asegurar a las víctimas y ofendidos la eficacia de la investigación, la legalidad, el debido proceso, la certeza jurídica y la sanción proporcional al caso.

Para tales efectos, deberán valorarse la identidad y las condiciones personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el genero y la salud, en particular cuando se configuren los delitos de violencia sexual, violencia por razones de genero y violencia contra las niñas, niños y adolescentes



Capítulo II

Artículo 8

Comete el delito de trata de personas quien por acción u omisión dolosa induzca, procure, promueva, fa cilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, solicite, consiga, traslade, entregue o reciba para si, o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física, psicológica o moral, de la privación de la libertad, de la seducción, del engaño, del abuso de poder, del fraude o de una situación de vulnerabilidad, o de la concesión de pagos o recepción de beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Se entenderá por explotación de una persona, en términos de la presente ley:

I. La esclavitud, referida en el articulo 9;

II. La condición de siervo, de conformidad con el articulo 10;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, conforme a los artículos 11 a 15;

IV. La explotación laboral, según el articulo 16;

V. La realización de trabajos domésticos como lo señala el articulo 17;

VI. El trabajo o servicios forzados, referido en el articulo 18;

VII. La mendicidad forzosa, descrita en el articulo 20;

VIII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, conforme al articulo 21;

IX. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, señalada en los artículos 22 y 23;

X. El matrimonio forzoso o servil, previsto en los artículos 24 y 25;

XI. El trafico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, según el articulo 26; y

XII. La experimentación biomedica ilícita en seres humanos, señalada en el articulo 27.



Artículo 9

Quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con pena de quince a treinta años de prisión y multa de cien a seiscientos días de salario.

Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y ejerciendo sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.