¡Disfruta de SmartLeges Premium!

Suscríbete a SmartLeges Premium y disfruta de estas ventajas:

  • Consulta tantas leyes como necesites, gratuitas o de pago, sin coste adicional
  • Consulta casi cualquier ley en varios países gracias al nuevo buscador avanzado. ¡Toda la legislación a tu alcance!
  • Disfruta de todas las características de SmartLeges sin restricciones
Ver los planes

Una aplicación imprescindible y gratuita para profesionales y estudiantes del sector jurídico

Leer más
 

¡Regístrate gratis!

¿Quieres consultar esta y otras leyes completas?

Regístrate gratis y podrás consultar las leyes en tu móvil o tablet, además de subrayar textos, añadir notas...

¡Regístrate gratis!

Compartir esta ley Otras leyes de España
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

CÓDIGO PENAL

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Jefatura del Estado

BOE 281 de 24/11/1995

Redacción publicada el 28/04/2015


  • TÍTULO PRELIMINAR. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal
  • LIBRO I. Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.
    • TÍTULO I. De la infracción penal
      • CAPÍTULO I. De los delitos
      • CAPÍTULO II. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal
      • CAPÍTULO III. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal
      • CAPÍTULO IV. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal
      • CAPÍTULO V. De la circunstancia mixta de parentesco
      • CAPÍTULO VI. Disposiciones generales
    • TÍTULO II. De las personas criminalmente responsables de los delitos
    • TÍTULO III. De las penas
      • CAPÍTULO I. De las penas, sus clases y efectos
        • Sección 1.ª De las penas y sus clases
        • Sección 2.ª De las penas privativas de libertad
        • Sección 3.ª De las penas privativas de derechos
        • Sección 4.ª De la pena de multa
        • Sección 5.ª De las penas accesorias
        • Sección 6.ª Disposiciones comunes
      • CAPÍTULO II. De la aplicación de las penas
        • Sección 1.ª Reglas generales para la aplicación de las penas
        • Sección 2.ª Reglas especiales para la aplicación de las penas
      • CAPÍTULO III. De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional.
        • Sección 1.ª De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad
        • Sección 2.ª De la sustitución de las penas privativas de libertad
        • Sección 3.ª De la libertad condicional
        • Sección 4.ª Disposiciones comunes
    • TÍTULO IV. De las medidas de seguridad
      • CAPÍTULO I. De las medidas de seguridad en general
      • CAPÍTULO II. De la aplicación de las medidas de seguridad
        • Sección 1.ª De las medidas privativas de libertad
        • Sección 2.ª De las medidas no privativas de libertad
    • TÍTULO V. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales
      • CAPÍTULO I. De la responsabilidad civil y su extensión
      • CAPÍTULO II. De las personas civilmente responsables
      • CAPÍTULO III. De las costas procesales
      • CAPÍTULO IV. Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias
    • TÍTULO VI. De las consecuencias accesorias
    • TÍTULO VII. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos
      • CAPÍTULO I. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal
      • CAPÍTULO II. De la cancelación de antecedentes delictivos
  • LIBRO II. Delitos y sus penas
    • TÍTULO I. Del homicidio y sus formas
    • TÍTULO II. Del aborto
    • TÍTULO III. De las lesiones
    • TÍTULO IV. De las lesiones al feto
    • TÍTULO V. Delitos relativos a la manipulación genética
    • TÍTULO VI. Delitos contra la libertad
      • CAPÍTULO I. De las detenciones ilegales y secuestros
      • CAPÍTULO II. De las amenazas
      • CAPÍTULO III. De las coacciones
    • TÍTULO VII. De las torturas y otros delitos contra la integridad moral
    • TÍTULO VII bis. De la trata de seres humanos
    • TÍTULO VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
      • CAPÍTULO I. De las agresiones sexuales
      • CAPÍTULO II. De los abusos sexuales
      • CAPÍTULO II bis. De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
      • CAPÍTULO III. Del acoso sexual
      • CAPÍTULO IV. De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual
      • CAPÍTULO V. De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.
      • CAPÍTULO VI. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores
    • TÍTULO IX. De la omisión del deber de socorro
    • TÍTULO X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio
      • CAPÍTULO I. Del descubrimiento y revelación de secretos
      • CAPÍTULO II. Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público
    • TÍTULO XI. Delitos contra el honor
      • CAPÍTULO I. De la calumnia
      • CAPÍTULO II. De la injuria
      • CAPÍTULO III. Disposiciones generales
    • TÍTULO XII. Delitos contra las relaciones familiares
      • CAPÍTULO I. De los matrimonios ilegales
      • CAPÍTULO II. De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor
      • CAPÍTULO III. De los delitos contra los derechos y deberes familiares
        • Sección 1.ª Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio
        • Sección 2.ª De la sustracción de menores
        • Sección 3.ª Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
    • TÍTULO XIII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
      • CAPÍTULO I. De los hurtos
      • CAPÍTULO II. De los robos
      • CAPÍTULO III. De la extorsión
      • CAPÍTULO IV. Del robo y hurto de uso de vehículos
      • CAPÍTULO V. De la usurpación
      • CAPÍTULO VI. De las defraudaciones
        • Sección 1.ª De las estafas
        • Sección 2.ª De la administración desleal
        • Sección 2.ª bis De la apropiación indebida
        • Sección 3.ª De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
      • CAPÍTULO VII. Frustración de la ejecución
      • CAPÍTULO VII bis. De las insolvencias punibles
      • CAPÍTULO VIII. De la alteración de precios en concursos y subastas públicas
      • CAPÍTULO IX. De los daños
      • CAPÍTULO X. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores
      • CAPÍTULO XI. De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
        • Sección 1.ª De los delitos relativos a la propiedad intelectual
        • Sección 2.ª De los delitos relativos a la propiedad industrial
        • Sección 3.ª De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
        • Sección 4.ª Delitos de corrupción en los negocios
        • Sección 5.ª Disposiciones comunes a las secciones anteriores
      • CAPÍTULO XII. De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
      • CAPÍTULO XIII. De los delitos societarios
      • CAPÍTULO XIV. De la receptación y el blanqueo de capitales
    • TÍTULO XIII bis. De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos.
    • TÍTULO XIV. De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
    • TÍTULO XV. De los delitos contra los derechos de los trabajadores
    • TÍTULO XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
    • TÍTULO XVI. De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
      • CAPÍTULO I. De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
      • CAPÍTULO II. De los delitos sobre el patrimonio histórico
      • CAPÍTULO III. De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
      • CAPÍTULO IV. De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos
      • CAPÍTULO V. Disposiciones comunes
    • TÍTULO XVII. De los delitos contra la seguridad colectiva
      • CAPÍTULO I. De los delitos de riesgo catastrófico
        • Sección 1.ª De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
        • Sección 2.ª De los estragos
        • Sección 3.ª De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes
      • CAPÍTULO II. De los incendios
        • Sección 1.ª De los delitos de incendio
        • Sección 2.ª De los incendios forestales
        • Sección 3.ª De los incendios en zonas no forestales
        • Sección 4.ª De los incendios en bienes propios
        • Sección 5.ª Disposiciones comunes
      • CAPÍTULO III. De los delitos contra la salud pública
      • CAPÍTULO IV. De los delitos contra la Seguridad Vial
    • TÍTULO XVIII. De las falsedades
      • CAPÍTULO I. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
      • CAPÍTULO II. De las falsedades documentales
        • Sección 1.ª De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación
        • Sección 2.ª De la falsificación de documentos privados
        • Sección 3.ª De la falsificación de certificados
        • Sección 4.ª De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
      • CAPÍTULO III. Disposiciones generales
      • CAPÍTULO IV. De la usurpación del estado civil
      • CAPÍTULO V. De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo
    • TÍTULO XIX. Delitos contra la Administración pública
      • CAPÍTULO I. De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos
      • CAPÍTULO II. Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos
      • CAPÍTULO III. De la desobediencia y denegación de auxilio
      • CAPÍTULO IV. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos
      • CAPÍTULO V. Del cohecho
      • CAPÍTULO VI. Del tráfico de influencias
      • CAPÍTULO VII. De la malversación
      • CAPÍTULO VIII. De los fraudes y exacciones ilegales
      • CAPÍTULO IX. De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función
      • CAPÍTULO X. Disposición común a los Capítulos anteriores
    • TÍTULO XX. Delitos contra la Administración de Justicia
      • CAPÍTULO I. De la prevaricación
      • CAPÍTULO II. De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución
      • CAPÍTULO III. Del encubrimiento
      • CAPÍTULO IV. De la realización arbitraria del propio derecho
      • CAPÍTULO V. De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos
      • CAPÍTULO VI. Del falso testimonio
      • CAPÍTULO VII. De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional
      • CAPÍTULO VIII. Del quebrantamiento de condena
      • CAPÍTULO IX. De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional
    • TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución
      • CAPÍTULO I. Rebelión
      • CAPÍTULO II. Delitos contra la Corona
      • CAPÍTULO III. De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes
        • Sección 1.ª Delitos contra las instituciones del Estado
        • Sección 2.ª De la usurpación de atribuciones
      • CAPÍTULO IV. De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.
        • Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución
        • Sección 2.ª De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos
      • CAPÍTULO V. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
        • Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual
        • Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
        • Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales
      • CAPÍTULO VI. De los ultrajes a España
    • TÍTULO XXII. Delitos contra el orden público
      • CAPÍTULO I. Sedición
      • CAPÍTULO II. De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia
      • CAPÍTULO III. De los desórdenes públicos
      • CAPÍTULO IV. Disposición común a los capítulos anteriores
      • CAPÍTULO V. De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos
      • CAPÍTULO VI. De las organizaciones y grupos criminales
      • CAPÍTULO VII. De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo
        • Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas
        • Sección 2.ª De los delitos de terrorismo
    • TÍTULO XXIII. De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional
      • CAPÍTULO I. Delitos de traición
      • CAPÍTULO II. Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado
      • CAPÍTULO III. Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional
    • TÍTULO XXIV. Delitos contra la Comunidad Internacional
      • CAPÍTULO I. Delitos contra el Derecho de gentes
      • CAPÍTULO II. Delitos de genocidio
      • CAPÍTULO II BIS. De los delitos de lesa humanidad
      • CAPÍTULO III. De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado
      • CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes
      • CAPÍTULO V. Delito de piratería
  • LIBRO III. Faltas y sus penas
    • TÍTULO I. Faltas contra las personas
    • TÍTULO II. Faltas contra el patrimonio
    • TÍTULO III. Faltas contra los intereses generales
    • TÍTULO IV. Faltas contra el orden público
    • TÍTULO V. Disposiciones comunes a las faltas
  • Disposiciones Adicionales
  • Disposiciones Transitorias
  • Disposiciones Finales
Téngase en cuenta que las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, entran en vigor el 1 de julio de 2015, según establece la disposición final 8 de la citada Ley Orgánica. Ref. BOE-A-2015-3439. Asimismo, las modificaciones incorporadas por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, también entran en vigor el 1 de julio de 2015, según establece su disposición final 3. Ref. BOE-A-2015-3440.

Véase la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2015, en cuanto a la legislación aplicable hasta el día de entrada en vigor de esta Ley y las disposiciones transitorias tercera y cuarta en materia de recursos y juicios de faltas en tramitación.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse.

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el proyecto que somete a la discusión y aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto.

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en esa dirección el presente proyecto son innumerables, pero merece la pena destacar algunos.

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en las personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales.

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de otra, la nueva regulación de los delitos contra el honor. Al tutelar específicamente la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más fuerte frente a la tortura, y al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático.

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los derechos fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta ahora han venido gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, se propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas a cabo por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales incomprensible e injustificadamente atenuados.

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución a los poderes públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto.

Dejando el ámbito de los principios y descendiendo al de las técnicas de elaboración, el presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de universalidad. Se venía operando con la idea de que el Código Penal constituyese una regulación completa del poder punitivo del Estado. La realización de esa idea partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste la potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria y perturbadora.

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un Código, se hallaba constreñido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban.

Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese nombre si no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los principios básicos informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay materias que difícilmente pueden introducirse en él. Pues, si una pretensión relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son las de estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de cambios. En ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del contexto normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo demás, ésa es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos caracterizados de un proceder semejante.

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las correspondientes leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. La misma técnica se ha utilizado para las normas reguladoras de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no incriminación. El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más bien de otro tipo de norma.

En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de que el Código Penal ha de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar.

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución proclama difícilmente podría exagerarse.

TÍTULO PRELIMINAR
De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal

Artículo 1.

1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.

2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley.


Se modifica el apartado 1 por el art. único.1 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 2.

1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.

2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.


Se modifica el apartado 1 por el art. único.2 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 3.

1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.

2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.

Artículo 4.

1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.

3. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.

4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada.

También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria.

Artículo 5.

No hay pena sin dolo o imprudencia.

Artículo 6.

1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.

2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.

Artículo 7.

A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.


Se modifica por el art. único.3 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Artículo 8.

Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:

1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.

2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.

3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.

4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.

Artículo 9.

Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen penados por leyes especiales. Las restantes disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente por aquéllas.


Se modifica por el art. único.4 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

LIBRO I
Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.

TÍTULO I
De la infracción penal

CAPÍTULO I
De los delitos