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LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN

Fecha de publicación: 31/3/2012

Fecha de reforma: 31/3/2012


  • Capítulo I. Disposiciones Generales
  • Capítulo II. de la Trata de Personas
  • Capítulo III. de la Protección y Asistencia a las Víctimas U Ofendidos de la Trata de Personas
  • Capítulo IV. del Comité Técnico Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas
    • Sección Primera. Denominación e Integración
    • Sección Segunda. Atribuciones del Comité
    • Sección Tercera. Sesiones del Comité
  • Capítulo V. del Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y Protección a las Víctimas
  • Capítulo VI. Programa Municipal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y Protección a las Víctimas
  • Capítulo VII. de la Participación Ciudadana
  • Capítulo VIII. del Financiamiento del Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y Protección a las Víctimas
  • Transitorios:
  • Versión 31-03-2012

Preámbulo

Ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el Estado de Yucatán

Publicada en el suplemento al no. 31,823 del diario oficial del gobierno del Estado de Yucatán, el 31 de marzo de 2011.

(en vigor a partir del 1 de abril de 2011)

Decreto número 393

C. Ivonne aracelly ortega pacheco. Gobernadora del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38,55 fracciónes ii y xxv de la constitución política del Estado de Yucatán y 14 fracciónes vii y ix del código de la administración pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

Que el honorable Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

"el Congreso del Estado libre y soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 fracción v de la constitución política; 18 de la ley de gobierno del poder legislativo, y 3 de la ley del diario oficial del gobierno, todas del estado, emite la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el Estado de Yucatán, en base a la siguiente:

Exposición de motivos:

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1

Esta ley es de orden publico e interés social, sus disposiciones son de observancia general en todo el territorio del estado y tiene por objeto, regular la prevención y combate de la trata de personas, así como la protección, atención y asístencia a las víctimas de esta conducta ilícita, con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio del estado.



Artículo 2

Las dependencias y entidades de la administración publica estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptaran, aplicaran y promocionaran el cumplimiento de esta ley, el marco jurídico estatal relacionado con ella, las medidas que se adopten para su cumplimiento, así como también las políticas y programas sociales destinados a la prevención y el combate del delito de trata de personas.



Artículo 3

Las dependencias y entidades de la administración publica estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar programas y acciones permanentes para prevenir la comisión del delito, y actuar con diligencia para brindar atención y protección a las víctimas, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.



Artículo 4

El delito de la trata de personas se investigara, perseguirá y sancionara por las autoridades de procuración e imparticion de justicia estatal, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.



Artículo 5

Serán de aplicación supletoria a esta ley, las disposiciones normativas de los tratados internacionales ratificados por México, la legislación federal en la materia, el código penal y el de procedimientos penales, ambos del Estado de Yucatán.



Artículo 6

Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Código: el código penal para el Estado de Yucatán;

II. Código de procedimientos: el código de procedimientos penales para el Estado de Yucatán;

III. Comité: el comité técnico interinstitucional para prevenir y combatir la trata de personas;

IV. Fiscalía: fiscalía general del estado;

V. Ley: la ley para prevenir y combatir la trata de personas en el Estado de Yucatán;

VI. Presidente: el presidente el comité técnico interinstitucional para prevenir y combatir la trata de personas;

VII. Programa estatal: el programa estatal para prevenir y combatir la trata de personas y protección a las víctimas;

VIII. Programa municipal: el programa municipal para prevenir y combatir la trata de personas y protección a las víctimas;

IX. Secretario técnico: secretario técnico del comité técnico interinstitucional para prevenir y combatir la trata de personas, y

X. Víctima: la persona que haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de la trata de personas.



Capítulo II
de la Trata de Personas

Artículo 7

Por trata de personas se entenderá al que capte, reclute, induzca, procure, facilite, consiga, promueva, mantenga, acoja, favorezca, retenga transporte, permita, solicite, ofrezca, traslade, entregue o reciba, para si o para un tercero, a una o mas personas, recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, a la seducción, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación.

El delito de trata de personas se sancionara de ocho a veinticinco años y de doscientos a quinientos días-multa, conforme al código penal del Estado de Yucatán.



Artículo 8

Cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las instituciones publicas del gobierno estatal, cometa el delito de trata de personas con los medios que, para tal objeto, la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito se cometa bajo el amparo o en beneficio de aquella, el juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente, algunas de las sanciones accesorias siguientes:

I. Suspensión: que consistirá en la interrupción de la actividad de la persona moral durante el tiempo que determine el juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de cinco años;

II. Disolución: que consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad social de la persona moral, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El juez designara en el mismo acto a un liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de crédito, conforme a la naturaleza de estos y de la entidad objeto de la liquidación;

III. Prohibición de realizar determinados negocios u operaciones: que podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que establecen el código penal por desobediencia a un mandato de autoridad;

IV. Remoción: que consistirá en la sustitución de los administradores por uno designado por el juez, durante un periodo máximo de tres años. Para hacer la designación, el juez podrá atender la propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. Cuando concluya el periodo previsto para la administración sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria prevista por las normas aplicables en esos actos;

V. Incautación y confiscación de los bienes utilizados para la comisión del delito, así como las utilidades obtenidas de la comisión del mismo, y

VI. Intervención: que consistirá en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años.

Al imponer las sanciones accesorias previstas en este articulo, el juez tomara las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona moral colectiva, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con l la persona moral sancionada. Estos derechos quedan a salvo, aun cuando el juez no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior.



Artículo 9

Cuando una persona sea sentenciada por la comisión del delito de trata de personas, el juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño, este incluirá:

I. Los costos del tratamiento medico y psicológico;

II. Los costos de la terapia y rehabilitación física y ocupacional;

III. Los costos del transporte, incluido el de retomo a su lugar de origen, gastos de alimentación, vivienda provisional y cuidado de personas menores de dieciocho o mayores de sesenta años de edad, así como de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho para resistirlo o que sean personas indígenas;

IV. Los ingresos perdidos;

V. El resarcimiento de los perjuicios ocasíonados;

VI. La indemnización por daño moral, y

VII. El resarcimiento derivado de cualquier otra perdida sufrida por la víctima, que haya sido generada por la comisión del delito.

El juez ordenara también la incautación y confiscación de los bienes utilizados para cometer el delito, así como las utilidades obtenidas por la comisión de los mismos.



Artículo 10

Sin perjuicio de las disposiciones que establezca el código y el código de procedimientos, el juez acordara las medidas de protección pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.



Artículo 11

El fiscal investigador o el juez, para prevenir que la víctima y los testigos sufran mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, podrán dictar las medidas provisionales que se requieran, sin perjuicio de lo que establezca el código y el código de procedimientos.



Capítulo III
de la Protección y Asistencia a las Víctimas U Ofendidos de la Trata de Personas