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LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 88 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

Reforma: G.G. 30-08-2012


  • Título Primero. Disposiciones generales
  • Título Segundo. De las controversias constitucionales
    • Capítulo Primero. De las disposiciones comunes para las partes
    • Capítulo Segundo. De la demanda y su contestacion
    • Capítulo Tercero. De la instruccion
    • Capítulo Cuarto. De las sentencias
    • Capítulo Quinto. De la ejecucion de sentencias
    • Capítulo Sexto. De la improcedencia y sobreseimiento
    • Capítulo Septimo. De la suspension
    • Capítulo Octavo. Del recurso de revision
  • Título Tercero. De las acciones de inconstitucionalidad
    • Capítulo Primero. Disposiciones generales
    • Capítulo Segundo. Del procedimiento
    • Capítulo Tercero. De las sentencias
  • Transitorios

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículos 1 - 11

Artículo 1

Las Disposiciones de esta Ley son de orden público, regirán en el Estado de México y su aplicación corresponde al Poder Judicial de la entidad, a través de la Sala Constitucional.

Artículo 2

Este ordenamiento tiene como objeto, reglamentar el artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Artículo 3

La Sala Constitucional se integrará por cinco Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Artículo 4

Los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional serán designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de México.

La Sala elegirá anualmente en forma alterna entre sus miembros un presidente.

Artículo 5

La Sala Constitucional se integrará cada vez que se requiera; iniciará sus funciones a más tardar tres días después a la fecha de presentación del escrito de demanda en la oficialía de partes común del propio Tribunal y estará en funciones hasta agotar el trámite de los asuntos de su competencia.

Artículo 6

Los plazos establecidos en la presente ley, se computarán de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Comenzarán a correr al día siguiente de su notificación, incluyéndose en ellos el día de su vencimiento;

II. Se contabilizarán solamente los días y horas hábiles; salvo que expresamente se establezcan plazos en días naturales; y

III. Durante los periodos de receso y en los días en que sean suspendidas las labores del Tribunal, no correrá plazo alguno.

Artículo 7

Las notificaciones al Gobernador del Estado de México, se entenderán con el Secretario del ramo correspondiente o con el responsable del Área Jurídica del Gobierno Estatal.

Artículo 8

Transcurridos los plazos fijados para las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaración en este sentido.

Artículo 9

Cuando par razón del asunto se impongan multas, se hará sirviendo como base para su cálculo, el salario mínimo vigente en la zona de que se trate.

Artículo 10

Las audiencias se celebrarán con o sin la presencia de las partes.

Artículo 11

Para efectos de esta Ley, tratándose de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, todo lo no previsto expresamente, se estará a lo que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado. Respecto de los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas en donde se apliquen normas de ejercicio de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, se observarán las disposiciones de la legislación procesal de la materia, para su trámite y resolución. En estos casos la Sala Constitucional resolverá también el fondo del asunto planteado.

TITULO SEGUNDO
De las controversias constitucionales

Artículos 12 - 48

CAPITULO PRIMERO
De las disposiciones comunes para las partes

Artículos 12 - 13

Artículo 12

Son partes en las Controversias Constitucionales:

I. El actor: estado, poder o municipio, que promueva la Controversia Constitucional;

II. Demandado: estado, poder municipio que hubiere emitido y promulgado la disposición general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia; y

III. Tercero Interesado: estado, poder o municipio que sin tener el carácter de actor o demandado, pudiera resultar afectado por la sentencia que se dictare.