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REAL DECRETO 398/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 20/2005, DE 14 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRATOS DE SEGURO DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO.

Ministerio de la Presidencia

BOE 94 de 19/04/2007

Redacción publicada el 18/01/2011


  • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
  • CAPÍTULO II. Obligación de inscripción y suministro de información
  • CAPÍTULO III. Cancelación de datos del Registro
  • CAPÍTULO IV. Procedimiento de solicitud y expedición de certificados del Registro
  • CAPÍTULO V. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
  • CAPÍTULO VI. Comunicación de incidencias a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
  • CAPÍTULO VII. Liquidación de la tasa por expedición del certificado del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento
  • Disposiciones Finales
La Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, crea el citado registro de naturaleza pública, dependiente del Ministerio de Justicia, y cuya gestión centralizada se llevará en el Registro General de Actos de Última Voluntad de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La finalidad de este Registro es dar a conocer si una persona fallecida estaba asegurada con un seguro de cobertura de fallecimiento, ya que en muchas ocasiones por desconocimiento de los beneficiarios de estos seguros, se dejaban de percibir las cantidades correspondientes, y por lo tanto se veía frustrado el cobro de cantidades que legítimamente correspondían a determinadas personas. De ahí, por tanto, la función social del Registro que se crea.

Asimismo, se consideró que el citado Registro debería estar incardinado en el Registro de Actos de Última Voluntad, que es un Registro único para todo el territorio nacional. Aprovechando de este modo su existencia, infraestructura, y su experiencia, que se remonta a finales del siglo XIX, con un resultado práctico muy positivo.

La incardinación de este Registro en el de Últimas Voluntades ha sido contemplada en la ley que lo crea. El fallecimiento de una persona, será el punto inicial para poder realizar la consulta al Registro, a los efectos de saber si esa persona tenía contratado un determinado seguro de esas características.

En este sentido, quien realiza la consulta deberá presentar el certificado de defunción de la persona respecto de la que se quiere conocer la información, y el Registro emitirá una certificación donde consten, en su caso, los seguros que correspondan. De esta manera, el interesado podrá acudir a las compañías aseguradoras correspondientes para conocer si es beneficiario o no del seguro.

A tal fin, las entidades aseguradoras, estarán obligadas a comunicar los datos correspondientes a este Registro, para su constancia en el mismo.

En este real decreto se regulan diversos aspectos que permiten la efectiva puesta en marcha del Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento.

En primer lugar, se contemplan los aspectos relativos a la comunicación y envío de información por parte de las entidades aseguradoras de los datos de los contratos de seguros que se encuentren en vigor y que estén dentro del ámbito de aplicación de la propia ley. Así, se concretan los datos necesarios que se deben aportar, los plazos para las remisiones, tanto las iniciales como las sucesivas, así como los procedimientos telemáticos de la remisión de la información, que están desarrollados en los correspondientes anexos del real decreto.

Por otra parte, se regulan las cuestiones concernientes al procedimiento de solicitud y expedición de certificados por el Registro.

También se regulan de manera pormenorizada los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en relación con los datos incluidos en el Registro.

En relación con la aplicación de las normas de protección de datos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido diferenciando, desde su sentencia de 5 de junio de 2004, las figuras del responsable del fichero y del responsable del tratamiento. El primero de ellos es quien decide la creación del fichero y su aplicación, así como su finalidad, contenido y uso; el segundo es el sujeto al que cabe imputar las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una aplicación específica.

En este caso, junto a la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su condición de responsable del fichero, coexisten las propias entidades obligadas al suministro de la información al Registro, que responderán de su exactitud e integridad y ante las que los afectados podrán ejercitar sus derechos de rectificación y oposición, dado que el Registro no puede, por sí solo, proceder a modificar los datos a los que se refiere esa solicitud, al derivarse directamente del vínculo contractual existente entre las Entidades y los asegurados.

Asimismo se establecen los mecanismos para la remisión de la información por parte del Registro a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, así como el tratamiento de las incidencias significativas de errores y deficiencias, para dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre.

En este real decreto se regula y desarrolla el mandato de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, que obliga a los notarios que vayan autorizar una escritura de adjudicación o partición de herencia, a que incorporen en la misma el certificado del Registro de Seguros del causante fallecido, para así favorecer ese conocimiento que pretende la ley de los seguros existentes. Si existe algún seguro con cobertura de fallecimiento, los notarios deberán advertir a los interesados de la trascendencia jurídica de ello. Se establece para ello un procedimiento de solicitud telemática por parte de notario al Registro, especificándose en los anexos del real decreto los pasos a seguir.

El presente real decreto también contempla el sistema de la autoliquidación de las tasas así como los modelos de solicitud de certificaciones del Registro General de Actos de Última Voluntad, del Registro Central de Penados y Rebeldes y del Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento.

Por último el real decreto incorpora una serie de Anexos que hacen posible el funcionamiento del registro, fundamentalmente desde el punto de vista de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

De esta forma, el real decreto desarrolla de forma detallada los aspectos técnicos, procedimentales y jurídicos necesarios para el funcionamiento del Registro.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Economía y Hacienda, con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2007,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la norma.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones de desarrollo de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, que permitan la efectiva puesta en marcha y el funcionamiento del Registro de Contratos de Seguro de cobertura de fallecimiento.

Artículo 2. Gestión del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.

1. El Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento en el que se inscribirán los datos de los contratos de seguro a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, y su gestión centralizada se llevará bajo la dependencia del Registro General de Actos de Última Voluntad de la Dirección General de los Registros y del Notariado que tendrá la condición de responsable del fichero, a efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. A los efectos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, las entidades aseguradoras serán responsables del tratamiento consistente en la comunicación de datos al Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, respondiendo directamente frente a los interesados de las omisiones y errores producidos en la misma, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les pudiera corresponder, en particular en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 3. Inclusión en el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, de los seguros en que el beneficiario sea una persona jurídica y de los seguros en los que no resulta posible la identificación de los asegurados hasta que se produce el fallecimiento.

1. Aquellos seguros de vida o accidentes en los que, encontrándose dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el beneficiario designado sea una persona jurídica habrán de incluirse en el Registro en las mismas condiciones que el resto de seguros a los que dicha ley resulta de aplicación.

2. En el caso de seguros en los que por sus peculiares características no resulte posible la identificación de los asegurados hasta que se produce el fallecimiento, las entidades aseguradoras deberán remitir al Registro los datos a que se refiere el artículo 6 de este real decreto en cuanto tengan conocimiento de la identidad del asegurado. A estos efectos se entenderá que la entidad aseguradora tiene conocimiento de la identidad del asegurado cuando haya recibido la declaración de siniestro.

Se entenderán incluidos en este supuesto los seguros colectivos en los que los asegurados no se identifican nominativamente sino de forma general por su pertenencia al colectivo asegurado, conforme al procedimiento acordado por las partes en el contrato de seguro.

No tendrán la consideración de seguros en los que no resulta posible la identificación del asegurado hasta su fallecimiento los contratos de seguros vinculados a tarjetas de crédito, con excepción de aquellos en los que la condición de asegurado derive exclusivamente de cualquier operación abonada mediante la citada tarjeta.

Artículo 4. Obligaciones de los notarios.

1. De conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, los notarios que sean requeridos para autorizar actos de adjudicación o partición de bienes adquiridos por herencia, salvo que los interesados aporten el certificado correspondiente del registro objeto de esta norma, deberán solicitarlo telemáticamente conforme al siguiente procedimiento:

a) El notario realizará la solicitud a través del Sistema de Información Corporativo del Consejo General del Notariado, el cual estará debidamente conectado telemáticamente con el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, mediante procedimientos seguros y exclusivos. El notario exigirá a los interesados la presentación del preceptivo certificado de defunción antes de realizar la solicitud y, a los efectos, del Registro, una vez realizada esta, se entenderá ya cumplido dicho requisito.

b) La identificación del notario se realizará utilizando el certificado electrónico reconocido, previsto en el artículo 108 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

c) El certificado del Registro se expedirá mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, y en él la firma manuscrita del titular del Registro, o funcionario encargado que corresponda, será sustituida por un código de verificación o firma electrónica.

d) Obtenido el certificado del Registro el notario procederá, bajo su fe pública, conforme a la legislación notarial, a su traslado a soporte papel para incorporarlo a la correspondiente escritura pública. En aquellos supuestos en que no fuera posible su incorporación a la correspondiente escritura pública, por no llegar ésta a otorgarse, el notario entregará a los interesados el soporte papel en que se haya trasladado bajo su fe pública la certificación electrónica del Registro.

e) Producido el devengo de la tasa por la solicitud del certificado del Registro prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario procederá a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo abono para la Administración, generando el justificante acreditativo de su pago, todo lo cual podrá realizarse por los procedimientos telemáticos establecidos en el apartado a), sin perjuicio de su pago anticipado a través de la institución notarial correspondiente. El notario incorporará a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electrónico de pago, en caso de haber sido emitido, que tendrá efectos de carta de pago.

Cuando por motivos técnicos el pago sólo pudiera realizarse de forma presencial, el notario incorporará en la escritura la correspondiente carta de pago.

2. La Dirección General de los Registros y del Notariado, mediante la correspondiente Instrucción, determinará los requisitos, características y especificaciones técnicas de los procedimientos seguros y exclusivos de interconexión, la estructura, contenido y formato de los mensajes de intercambio y de los certificados telemáticos a que alude el apartado anterior.

3. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario, en el caso de que del certificado del Registro se desprenda la existencia de algún seguro con cobertura de fallecimiento, hará las advertencias legales correspondientes y, en particular, informará a los interesados de lo dispuesto por la normativa reguladora del contrato de seguro en relación a la designación de beneficiario y, en particular, en el primer párrafo del artículo 88 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, a fin de que los interesados conozcan que la existencia del contrato de seguro no presupone la existencia de ningún derecho a favor de los herederos ni implica la obligación de integrar las prestaciones que pudieran derivarse del contrato seguro en el caudal hereditario.

CAPÍTULO II
Obligación de inscripción y suministro de información

Artículo 5. Obligación de inscripción.

1. Las entidades aseguradoras que celebren o hayan celebrado contratos de seguros a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, y siempre que se encuentren en vigor, tienen el deber de comunicar al Registro los datos que se especifican en el artículo 6 de este real decreto, con la periodicidad establecida en el citado artículo y en la disposición transitoria única y mediante el procedimiento que se recoge en el anexo I.

2. Las entidades aseguradoras deberán comunicar al Registro, en los términos, con el contenido y en la forma que se establecen en el artículo 8 de este real decreto y en su anexo I, que la prestación derivada de un determinado contrato que figura en el Registro ha sido satisfecha.

3. Las entidades aseguradoras responden directamente frente a los interesados de las omisiones y errores en la comunicación de datos al Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, sin perjuicio de la sanción administrativa que se les pueda imponer.

Artículo 6. Remisión de datos por las entidades aseguradoras.

1. La comunicación de datos por las entidades aseguradoras comprenderá respecto a cada asegurado:

a) Nombre y apellidos de la persona asegurada.

b) Número del documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o número del documento acreditativo de identidad que en cada caso corresponda.

c) Y número del contrato o, en su caso, referencia al reglamento de prestaciones de la mutualidad de previsión social y tipo de cobertura.

Todo ello de acuerdo con las especificaciones contenidas en los anexos I y II.

2. Las entidades aseguradoras procederán a la actualización de datos, remitiendo semanalmente información de altas, modificaciones y bajas de contratos, incluyendo la misma información señalada en el apartado anterior.

Artículo 7. Normas comunes a la remisión de datos y a su actualización.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 6, se entiende por cese de la vigencia del seguro la extinción del contrato, incluidas la rescisión y resolución.

2. Deberán incluirse, en todo caso, los datos relativos a aquellos asegurados respecto de los que se haya diligenciado la solicitud de seguro o se haya emitido proposición de seguro aceptada por el tomador, reflejándose las fechas de efecto y finalización de uno u otro documento.

3. En los supuestos de contratos prorrogables o de impago de las primas fraccionadas no podrá ser comunicada la baja del contrato en tanto no se haya ejercido el derecho a oponerse a la prórroga del mismo, o no haya sido extinguido o resuelto el contrato, respectivamente, en los supuestos y con las formalidades previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Artículo 8. Información relativa a los contratos cuyas prestaciones hayan sido satisfechas.

Para la cancelación de los datos relativos a contratos de seguro contenidos en el Registro, las entidades aseguradoras comunicarán con la periodicidad prevista en el artículo 6 aquellos contratos de seguro sobre los que se haya satisfecho el pago de una prestación que haya dado lugar a la extinción del contrato, considerando como tal, a estos efectos, el rescate total del seguro de vida.

La comunicación se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en el anexo I.

Artículo 9. Procedimiento telemático de remisión de la información.

La remisión de la información al Registro se realizará mediante los procedimientos, formatos y modelos que se contienen en los anexos I y II.

El funcionamiento del Registro se ajustará a lo previsto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.

Artículo 10. Mejoras en los procedimientos, formatos y modelos.

Por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado se podrá acordar la realización de mejoras en los procedimientos, formatos y modelos que se recogen en los anexos de este real decreto cuando estén motivadas por avances tecnológicos o cambios en la normativa aplicable, previa comunicación con antelación suficiente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y en cuanto no se opongan a la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, y a sus normas reglamentarias de desarrollo.

Dichas mejoras se comunicarán por la Dirección General de los Registros y del Notariado con la suficiente antelación a las entidades aseguradoras que deban suministrar información al Registro.

CAPÍTULO III
Cancelación de datos del Registro

Artículo 11. Cancelación de datos del Registro.

La cancelación de los datos de los contratos que figuran en el Registro se ajustará a las siguientes reglas:

1.ª El órgano encargado de la gestión del Registro cancelará los datos relativos a aquellos contratos contenidos en el Registro respecto de los que las entidades aseguradoras hayan comunicado que se ha satisfecho el pago de una prestación que da lugar a la extinción del contrato, inmediatamente después de la recepción de dicha comunicación. En consecuencia, los datos de dichos contratos no figurarán en el certificado que pudiera emitir el Registro.

2.ª En aquellos supuestos en que se produzca el cese de la vigencia de un contrato incluido en el Registro, conforme a lo dispuesto por el artículo 7.1, sus datos se mantendrán disponibles en el Registro durante cinco años, contados desde la fecha en que se ha producido el cese de la vigencia. A estos efectos, en el certificado que pudiera emitir el Registro únicamente figurarán los datos de los contratos en los que la fecha de defunción del asegurado se encuentre entre las fechas de inicio y cese de la vigencia del contrato.

Mientras que la entidad aseguradora no comunique la fecha de cese de la vigencia, a los efectos de la información a suministrar por el Registro se entenderá que el contrato sigue en vigor.

3.ª En aquellos contratos en los que no concurran las circunstancias previstas en las reglas 1 y 2 anteriores, conforme a lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley, el plazo durante el que estarán sus datos disponibles en el Registro será de cinco años, contados a partir del decimoquinto día siguiente a la fecha de defunción.