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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ministerio de Gracia y Justicia

BOE 260 de 17/09/1882

Redacción publicada el 06/10/2015


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  • LIBRO PRIMERO. Disposiciones generales
    • TÍTULO PRIMERO. Preliminares
      • CAPÍTULO PRIMERO. Reglas generales
      • CAPÍTULO II. Cuestiones prejudiciales
    • TÍTULO II. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal
      • Capítulo primero. De las reglas por donde se determina la competencia
      • Capítulo II. De las cuestiones de competencia entre los Jueces y Tribunales ordinarios
      • Capítulo III. De las competencias negativas y de las que se promueven con Jueces o Tribunales especiales, y de los recursos de queja contra las autoridades administrativas
    • Título III. De las recusaciones y excusas de los Magistrados, Jueces, Asesores y Auxiliares de los Juzgados y Tribunales y de la abstención del Ministerio Fiscal
      • Capítulo primero. Disposiciones generales
      • Capítulo II. De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces de instrucción y de los Magistrados
      • Capítulo III. De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces Municipales
      • Capítulo IV. De la recusación de los Auxiliares de los Juzgados y Tribunales
      • Capítulo V. De las excusas y recusaciones de los Asesores
      • Capítulo VI. De la abstención del Ministerio Fiscal
    • Título IV. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas
    • Título V. Del derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción e interpretación en los juicios criminales.
      • Capítulo I. Del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita.
      • Capítulo II. Del derecho a la traducción e interpretación.
    • Título VI. De la forma de dictar resoluciones y del modo de dirimir las discordias
      • Capítulo primero. De las resoluciones procesales
      • Capítulo II. Del modo de dirimir las discordias
    • Título VII. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos
    • Título VIII. De los suplicatorios, exhortos y mandamientos
    • Título IX. De los términos judiciales
    • Título X. De los recursos contra las resoluciones procesales
      • Capítulo I. De los recursos contra las resoluciones de los Jueces y Tribunales
      • Capítulo II. Del recurso de revisión contra las resoluciones de los Secretarios Judiciales
    • Título XI. De las costas procesales
    • Título XII. De las obligaciones de los Jueces y Tribunales relativas a la estadística judicial
    • Título XIII. De las correcciones disciplinarias
  • LIBRO II. Del sumario
    • Título Primero. De la denuncia
    • TÍTULO II. De la querella
    • TÍTULO III. De la Policía judicial
    • Título IV. De la instrucción
      • Capítulo primero. Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo
      • CAPÍTULO II. De la formación del sumario
    • TÍTULO V. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente
      • CAPÍTULO PRIMERO. De la inspección ocular
      • CAPÍTULO II. Del cuerpo del delito
      • CAPÍTULO II BIS. De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales
      • CAPÍTULO III. De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales
      • CAPÍTULO IV. De las declaraciones de los procesados
      • CAPÍTULO V. De las declaraciones de los testigos
      • CAPÍTULO VI. Del careo de los testigos y procesados
      • CAPÍTULO VII. Del informe pericial
    • TÍTULO VI. De la citación, de la detención y de la prisión provisional
      • CAPÍTULO PRIMERO. De la citación
      • CAPÍTULO II. De la detención
      • CAPÍTULO III. De la prisión provisional
      • CAPÍTULO IV. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de Abogado y del tratamiento de los detenidos y presos
    • TÍTULO VII. De la libertad provisional del procesado
    • TÍTULO VIII. De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución
      • CAPÍTULO PRIMERO. De la entrada y registro en lugar cerrado
      • CAPÍTULO II. Del registro de libros y papeles
      • CAPÍTULO III. De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica
      • CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos
      • CAPÍTULO V. La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
        • Sección 1.ª Disposiciones generales
        • Sección 2.ª Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados
        • Sección 3.ª Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad
      • CAPÍTULO VI. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos
      • CAPÍTULO VII. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización
      • CAPÍTULO VIII. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
      • CAPÍTULO IX. Registros remotos sobre equipos informáticos
      • CAPÍTULO X. Medidas de aseguramiento
    • TÍTULO IX. De las fianzas y embargos
    • TÍTULO X. De la responsabilidad civil de terceras personas
    • TÍTULO X BIS. De las especialidades en los delitos contra la Hacienda Pública
    • TÍTULO XI. De la conclusión del sumario y del sobreseimiento
      • CAPÍTULO PRIMERO. De la conclusión del sumario
      • CAPÍTULO II. Del sobreseimiento
    • TÍTULO XII. Disposiciones generales referentes a los anteriores títulos
  • LIBRO III. Del juicio oral
    • Título Primero. De la calificación del delito
    • TÍTULO II. De los artículos de previo pronunciamiento
    • TÍTULO III. De la celebración del juicio oral
      • CAPÍTULO PRIMERO. De la publicidad de los debates
      • CAPÍTULO II. De las facultades del Presidente del Tribunal
      • CAPÍTULO III. Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral
        • Sección 1.ª De la confesión de los procesados y personas civilmente responsables
        • Sección 2.ª Del examen de los testigos
        • Sección 3.ª Del informe pericial
        • Sección 4.ª De la prueba documental y de la inspección ocular
        • Sección 5.ª Disposiciones comunes a las cuatro secciones anteriores
      • CAPÍTULO IV. De la acusación de la defensa y de la sentencia
      • CAPÍTULO V. De la suspensión del juicio oral
  • LIBRO IV. De los procedimientos especiales
    • Título Primero. Del modo de proceder cuando fuere procesado un Senador o Diputado a Cortes
    • TÍTULO II. Del procedimiento abreviado
      • CAPÍTULO I. Disposiciones generales
      • CAPÍTULO II. De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal
      • CAPÍTULO III. De las diligencias previas
      • CAPÍTULO IV. De la preparación del juicio oral
      • CAPÍTULO V. Del juicio oral y de la sentencia
      • CAPÍTULO VI. De la impugnación de la sentencia
      • CAPÍTULO VII. De la ejecución de sentencias
    • TÍTULO III. Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
      • CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación
      • CAPÍTULO II. De las actuaciones de la Policía Judicial
      • CAPÍTULO III. De las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia
      • CAPÍTULO IV. De la preparación del juicio oral
      • CAPÍTULO V. Del juicio oral y de la sentencia
      • CAPÍTULO VI. De la impugnación de la sentencia
    • TÍTULO III BIS. Proceso por aceptación de decreto
    • TÍTULO III ter. De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo
      • CAPÍTULO I. De la intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso
      • CAPÍTULO II. Procedimiento de decomiso autónomo
    • TÍTULO IV. Del procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares
    • TÍTULO V. Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación
    • TÍTULO VI. Del procedimiento para la extradición
    • TÍTULO VII. Del procedimiento contra reos ausentes
  • LIBRO V. De los recursos de apelación, casación y revisión
    • TÍTULO PRIMERO. Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos
    • TÍTULO II. Del recurso de casación
      • CAPÍTULO PRIMERO. De los recursos de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma
        • Sección 1.ª De la procedencia del recurso
        • Sección 2.ª De la preparación del recurso
        • Sección 3.ª Del recurso de queja por denegación del testimonio pedido para interponer el de casación
        • Sección 4.ª De la interposición del recurso
        • Sección 5.ª De la sustanciación del recurso
        • Sección 6.ª De la decisión del recurso
      • CAPÍTULO II. De los recursos de casación por quebrantamiento de forma
      • CAPÍTULO III. De la interposición, sustanciación y resolución del recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma
      • CAPÍTULO IV. Del recurso de casación en las causas de muerte
    • TÍTULO III. Del recurso de revisión
  • LIBRO VI. Del procedimiento para el juicio sobre delitos leves
  • LIBRO VII. De la ejecución de las sentencias
  • Disposición adicional cuarta

La primera versión consolidada, que se ofrece como texto original, se corresponde con la de fecha 1 de junio de 1997, aunque el texto original se publicó en la Gazeta de Madrid el 17 de septiembre de 1882. Ref. BOE-A-1882-6036.

Teniendo presente lo dispuesto en la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y promulgada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882, por el cual se autorizó a mi Gobierno para que, con sujeción a las reglas en la misma comprendidas, oyendo, como lo ha efectuado, a la Sección correspondiente de la Comisión general de Codificación, y tomando por base la Compilación general de 16 de octubre de 1879, redactara y publicara una Ley de Enjuiciamiento Criminal; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se aprueba el adjunto proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal redactado con arreglo a la autorización concedida al Gobierno por la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y publicada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882.

Artículo 2.º El nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal comenzará a regir en el tiempo y de la manera que establecen las reglas siguientes:

1.ª Se aplicará y regirá en su totalidad desde el día siguiente al en que se constituyan los Tribunales de que habla la Ley sancionada en 15 de junio de 1882 y promulgada por virtud del Real Decreto de 22 de junio del propio año.

2.ª Se aplicará y regirá desde el 15 de octubre próximo en la parte referente a la formación de los sumarios, comprendida desde el título IV del libro II hasta el art. 622 del título XI del mismo libro.

3.ª Las causas por delitos cometidos con anterioridad al 15 de octubre próximo continuarán sustanciándose con arreglo a las disposiciones del procedimiento vigente en la actualidad.

4.ª Si las causas a que se refiere la regla anterior no hubieren llegado al período de calificación, podrán sustanciarse con arreglo a las disposiciones del nuevo Código si todos los procesados en cada una de ellas optan por el nuevo procedimiento.

Para ello, el Juez que estuviere conociendo del sumario en 15 de octubre próximo hará comparecer a su presencia a todos los procesados, acompañados de sus defensores. Si aún no los tuvieren, se les nombrará de oficio para la comparecencia. Ésta se hará constar en la causa por medio de acta.

5.ª Cuando las causas por delitos cometidos con posterioridad al 15 de octubre próximo, y las que se refiere la regla anterior, alcancen el estado de conclusión del sumario antes de que se hayan constituido las nuevas Audiencias de lo criminal, se suspenderán en tal estado en los Juzgados que de ellas entiendan, debiendo remitirlas a dichas Audiencias en el mismo día en que éstas se constituyan.

6.ª Las Salas de lo Criminal de las actuales Audiencias conocerán, en tanto que se constituyan las nuevas, de los recursos que se entablen en los sumarios instruidos o continuados con sujeción a los preceptos de la nueva Ley.

Los Jueces de primera instancia se considerarán desde luego como Jueces instructores en las causas que se ajusten al nuevo procedimiento.

Artículo 3.º Un Real Decreto fijará, con la debida anticipación, el día en que han de constituirse los nuevos Tribunales.

Artículo 4.º Desde que cesen en sus cargos los actuales Promotores, desempeñarán las funciones del Ministerio público durante la primera instancia, en las causas que se sigan sustanciando con arreglo al procedimiento vigente en la actualidad, los Fiscales municipales que sean Letrados y, a falta de éstos, los que designen los Fiscales de las Audiencias Territoriales.

Artículo 5.º Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de las Audiencias y, en su día, los nuevos Tribunales consultarán directamente con el Ministerio de Gracia y Justicia, para su resolución, las dudas que puedan originarse en la inteligencia y aplicación de este Real Decreto.

Dado en San Ildefonso a 14 de septiembre de 1882.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia

MANUEL ALONSO MARTÍNEZ

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

LIBRO PRIMERO
Disposiciones generales

TÍTULO PRIMERO
Preliminares

CAPÍTULO PRIMERO
Reglas generales

Artículo 1.

No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente.

Artículo 2.

Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de disposición expresa, a instruir a éste de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar mientras no se hallare asistido de defensor.

CAPÍTULO II
Cuestiones prejudiciales

Artículo 3.

Por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación.

Artículo 4.

Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente.

Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, mediante diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento.

En estos juicios será parte el Ministerio Fiscal.


Se modifica el párrafo segundo por el art. 2.1 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-17493

Artículo 5.

No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, las cuestiones civiles prejudiciales, referentes a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil, se deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, y su decisión servirá de base a la del Tribunal de lo criminal.

Artículo 6.

Si la cuestión civil prejudicial se refiere al derecho de propiedad sobre un inmueble o a otro derecho real, el Tribunal de lo criminal podrá resolver acerca de ella cuando tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.

Artículo 7.

El Tribunal de lo criminal se atemperará, respectivamente, a las reglas del Derecho civil o administrativo, en las cuestiones prejudiciales que, con arreglo a los arts. anteriores, deba resolver.

TÍTULO II
De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal

Capítulo primero
De las reglas por donde se determina la competencia