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LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ministerio de Economía y Hacienda

BOE 276 de 16/11/2011

Redacción publicada el 31/12/2015


  • TEXTO
    • TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
      • CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
      • CAPÍTULO II. Contratos del sector público
        • Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales
        • Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada
        • Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados
  • LIBRO PRIMERO. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos
    • TÍTULO I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público
      • CAPÍTULO I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
      • CAPÍTULO II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
      • CAPÍTULO III. Perfección y forma del contrato
      • CAPÍTULO IV. Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización
      • CAPÍTULO V. Régimen de invalidez
        • Sección 1.ª Régimen general
        • Sección 2.ª Supuestos especiales de nulidad
      • CAPÍTULO VI. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos
    • TÍTULO II. Partes en el contrato
      • CAPÍTULO I. Órgano de contratación
      • CAPÍTULO II. Capacidad y solvencia del empresario
        • Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público
          • Subsección 1
          • Subsección 2
          • Subsección 3
          • Subsección 4
          • Subsección 5
        • Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar
          • Subsección 1
          • Subsección 2
          • Subsección 3
          • Subsección 4
      • CAPÍTULO III. Sucesión en la persona del contratista
    • TÍTULO III. Objeto, precio y cuantía del contrato
      • CAPÍTULO I. Normas generales
      • CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos del sector público
    • TÍTULO IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público
      • CAPÍTULO I. Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
        • Sección 1.ª Garantía definitiva
        • Sección 2.ª Garantía provisional
      • CAPÍTULO II. Garantías a prestar en otros contratos del sector público
    • TÍTULO V. Modificación de los contratos
  • LIBRO II. Preparación de los contratos
    • TÍTULO I. Preparación de contratos por las Administraciones Públicas
      • CAPÍTULO I. Normas generales
        • Sección 1.ª Expediente de contratación
          • Subsección 1
          • Subsección 2
        • Sección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
      • CAPÍTULO II. Normas especiales para la preparación de determinados contratos
        • Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras
          • Subsección 1
          • Subsección 2
        • Sección 2.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública
        • Sección 3.ª Actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos
        • Sección 4.ª Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
    • TÍTULO II. Preparación de otros contratos
      • CAPÍTULO ÚNICO. Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y de contratos subvencionados
  • LIBRO III. Selección del contratista y adjudicación de los contratos
    • TÍTULO I. Adjudicación de los contratos
      • CAPÍTULO I. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
        • Sección 1.ª Normas generales
          • Subsección 1
          • Subsección 2
          • Subsección 3
          • Subsección 4
          • Subsección 5
          • Subsección 6
        • Sección 2.ª Procedimiento abierto
        • Sección 3.ª Procedimiento restringido
        • Sección 4.ª Procedimiento negociado
          • Subsección 1
          • Subsección 2
        • Sección 5.ª Diálogo competitivo
        • Sección 6.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos
      • CAPÍTULO II. Adjudicación de otros contratos del sector público
        • Sección 1.ª Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas
        • Sección 2.ª Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público
        • Sección 3.ª Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados
    • TÍTULO II. Racionalización técnica de la contratación
      • CAPÍTULO I. Normas generales
      • CAPÍTULO II. Acuerdos marco
      • CAPÍTULO III. Sistemas dinámicos de contratación
      • CAPÍTULO IV. Centrales de contratación
        • Sección 1.ª Normas generales
        • Sección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal
  • LIBRO IV. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
    • TÍTULO I. Normas Generales
      • CAPÍTULO I. Efectos de los contratos
      • CAPÍTULO II. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos
      • CAPÍTULO III. Ejecución de los contratos
      • CAPÍTULO IV. Modificación de los contratos
      • CAPÍTULO V. Extinción de los contratos
        • Sección 1.ª Disposición general
        • Sección 2.ª Cumplimiento de los contratos
        • Sección 3.ª Resolución de los contratos
      • CAPÍTULO VI. Cesión de los contratos y subcontratación
        • Sección 1.ª Cesión de los contratos
        • Sección 2.ª Subcontratación
    • TÍTULO II. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado
      • CAPÍTULO I. Contrato de obras
        • Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras
        • Sección 2.ª Modificación del contrato de obras
        • Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras
        • Sección 4.ª Resolución del contrato de obras
      • CAPÍTULO II. Contrato de concesión de obra pública
        • Sección 1.ª Construcción de las obras objeto de concesión
        • Sección 2.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente
          • Subsección 1
          • Subsección 2
        • Sección 3.ª Régimen económico-financiero de la concesión
        • Sección 4.ª Financiación privada
          • Subsección 1
          • Subsección 2
          • Subsección 3
        • Sección 5.ª Extinción de las concesiones
        • Sección 6.ª Ejecución de obras por terceros
      • CAPÍTULO III. Contrato de gestión de servicios públicos
        • Sección 1.ª Disposiciones generales
        • Sección 2.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos
        • Sección 3.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos
        • Sección 4.ª Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos
        • Sección 5.ª Resolución del contrato de gestión de servicios públicos
        • Sección 6.ª Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos
      • CAPÍTULO IV. Contrato de suministro
        • Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro
        • Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro
        • Sección 3.ª Modificación del contrato de suministro
        • Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de suministro
        • Sección 5.ª Resolución del contrato de suministro
      • CAPÍTULO V. Contratos de servicios
        • Sección 1.ª Disposiciones generales
        • Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios
        • Sección 3.ª Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento
        • Sección 4.ª Cumplimiento de los contratos de servicios
        • Sección 5.ª Resolución de los contratos de servicios
        • Sección 6.ª De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras
      • CAPÍTULO VI. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
  • LIBRO V. Organización administrativa para la gestión de la contratación
    • TÍTULO I. Órganos competentes en materia de contratación
      • CAPÍTULO I. Órganos de contratación
      • CAPÍTULO II. Órganos de asistencia
      • CAPÍTULO III. Órganos consultivos
    • TÍTULO II. Registros Oficiales
      • CAPÍTULO I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
      • CAPÍTULO II. Registro de Contratos del Sector Público
    • TÍTULO III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos
      • CAPÍTULO ÚNICO. Plataforma de Contratación del Estado
  • Disposiciones Adicionales
  • Disposiciones Transitorias
  • Disposiciones Finales

Incluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2012. Ref. BOE-A-2012-1642.

La disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Dicha habilitación tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010, al recomendar la introducción, en el texto del anteproyecto de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sometido a dictamen, de una disposición final que habilitara al gobierno para la realización de un texto refundido, con el alcance que se estimara por conveniente. Efectivamente, la sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejan la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público.

De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido, siguiendo los criterios que a continuación se exponen.

En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la misma, que han dado una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. Dichas Leyes son las siguientes: el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; la Ley 14/2010, de 5 de julio, de infraestructuras y los servicios de información geográfica en España; la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas; la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En segundo lugar, siguiendo el mandato del legislador, se ha procedido a integrar en el texto las disposiciones vigentes relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Por una parte, en materia de contrato de concesión de obras públicas, se han integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en el todavía vigente Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que por esta disposición se deroga en su totalidad. Por otra, para el contrato de colaboración público-privada se incluyen en el texto las previsiones contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, incluyendo las relativas a la colaboración público-privada bajo fórmulas institucionales.

Como consecuencia de todo ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia ésta que se ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado la parte final de la Ley, eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus modificaciones.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Remisiones normativas

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del Texto Refundido que se aprueba.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

1. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

2. El Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

3. La disposición adicional séptima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas.

4. El artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

5. Los artículos 37 y 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos

y Ministra de Economía y Hacienda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ

TEXTO

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3.

2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 17, así como los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras públicas en los casos del artículo 274.

3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la disposición final segunda.

Artículo 3. Ámbito subjetivo

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades:

a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior.

b) Los Organismos autónomos.

c) Las Universidades Públicas.

d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y

e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:

1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o

2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

f) (Suprimido)

g) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades:

a) Las Administraciones Públicas.

b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.


Se suprime el apartado 2.f) por la disposición final 3.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-13722.

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.

b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.

d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

e) Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa.

f) Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho internacional público.

g) Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los organismos de derecho público dependientes de las Administraciones públicas cuya actividad tenga carácter comercial, industrial, financiero o análogo, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, siempre que tales organismos actúen en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley.

h) Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios países no miembros de la Comunidad, relativos a obras o suministros destinados a la realización o explotación conjunta de una obra, o relativos a los contratos de servicios destinados a la realización o explotación en común de un proyecto.

i) Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.

j) Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico de una organización internacional.

k) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

l) Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería.

m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato.

n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 y 190.

o) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 7, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley.

p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos no podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 por 100 del importe total del negocio o si no mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente con arreglo a lo establecido en esta Ley.

q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva.

r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado. En la adjudicación de estos contratos deberá asegurarse el respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y de elección de la oferta económicamente más ventajosa.

2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

CAPÍTULO II
Contratos del sector público

Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales