¡Disfruta de SmartLeges Premium!

Suscríbete a SmartLeges Premium y disfruta de estas ventajas:

  • Consulta tantas leyes como necesites, gratuitas o de pago, sin coste adicional
  • Consulta casi cualquier ley en varios países gracias al nuevo buscador avanzado. ¡Toda la legislación a tu alcance!
  • Disfruta de todas las características de SmartLeges sin restricciones
Ver los planes

Una aplicación imprescindible y gratuita para profesionales y estudiantes del sector jurídico

Leer más
 

¡Regístrate gratis!

¿Quieres consultar esta y otras leyes completas?

Regístrate gratis y podrás consultar las leyes en tu móvil o tablet, además de subrayar textos, añadir notas...

¡Regístrate gratis!

Compartir esta ley Otras leyes de México
Email Facebook Twitter Google Linkedin Tumblr

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

Reforma: GO 11-02-2010


  • Título Primero. De la organización administrativa de la procuraduría general de justicia del distrito federal
  • Título Segundo. De las actuaciones del ministerio público
    • Capítulo I. En la investigación del delito
    • Capítulo II. De las determinaciones ministeriales
    • Capítulo III. Del ministerio público especializado
    • Capítulo IV. De la persecución de los imputados
    • Capítulo V. De los adolescentes
  • Título Tercero. De los ofendidos y víctimas del delito
    • Capítulo Único. De la atención
  • Título Cuarto. De las atribuciones
    • Capítulo I. Del c. procurador
    • Capítulo II. De la jefatura general de la policía de investigación
    • Capítulo III. De la visitaduría general
    • Capítulo IV. De la coordinación general de servicios periciales
    • Capítulo V. De la coordinación de agentes del ministerio público auxiliares del procurador
    • Capítulo VI. De la dirección general de política y estadística criminal
    • Capítulo VII. De la dirección general de comunicación social
    • Capítulo VIII. De la dirección general de asuntos internos
    • Capítulo IX. De la fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos
    • Capítulo X. Del consejo de honor y justicia
    • Capìtulo XI. De la subprocuraduría de averiguaciones previas centrales
    • Capìtulo XII. De la subprocuraduría de averiguaciones previas desconcentradas
    • Capìtulo XIII. De la subprocuraduría de procesos
    • Capítulo XIV. De la subprocuraduría jurídica y de derechos humanos
    • Capítulo XV. De la subprocuraduría de atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad
    • Capìtulo XVI. De la oficialía mayor
    • Capítulo XVII. Del instituto de formación profesional
    • Capítulo XVIII. De la coordinación general de políticas administrativas de planeación y organización
  • Título Quinto. Del servicio público de carrera
    • Capítulo I. Del personal del servicio público de carrera
    • Capítulo II. Del ingreso al servicio público de carrera
    • Capítulo III. De la permanencia, promoción y especialización en el servicio público de carrera
  • Título Sexto. Del consejo interno del ministerio público
    • Capítulo Único. Integración y funciones
  • Título Séptimo. Del consejo de la policía de investigación
    • Capítulo Único. Integración y funciones
  • Título Octavo. De las suplencias de los servidores públicos de la procuraduría
    • Capítulo I. De la suplencia del procurador
    • Capítulo II. De la suplencia de los subprocuradores y del oficial mayor
    • Capítulo III. De la suplencia del visitador general, coordinadores, jefe general, fiscales y directores generales
    • Capítulo IV. De la suplencia de los agentes del ministerio público
  • Título Noveno. De las certificaciones
    • Capítulo Único. De las coordinaciones generales y direcciones generales
  • Transitorios
  • Versión 11-02-2010

TÍTULO PRIMERO
De la organización administrativa de la procuraduría general de justicia del distrito federal

Artículos 1 - 6

Artículo 1

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia del Distrito Federal quien de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ejercerá las atribuciones conferidas al Ministerio Público del Distrito Federal para investigar los delitos y perseguir a los imputados, conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos, señalados en los artículos 113 y 134 de la misma Constitución y leyes que de ella emanen.

Artículo 2

La Procuraduría, para el ejercicio integral de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, se integrará con las unidades administrativas siguientes:

I. Oficina del Procurador;

a) Secretaría Particular;

b) Jefatura General de la Policía de Investigación

c) Visitaduría General;

d) Coordinación General de Servicios Periciales;

e) Coordinación de Agentes del Ministerio Público, Auxiliares del Procurador;

f) Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos;

g) Dirección General de Política y Estadística Criminal;

h) Dirección General de Asuntos Internos;

i) Dirección General de Comunicación Social;

j) Instituto de Formación Profesional;

k) Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación;

l) Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización;

II. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales;

a) Fiscalías Centrales de Investigación;

III. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas;

a) Fiscalías Desconcentradas de Investigación;

IV. Subprocuraduría de Procesos;

a) Fiscalías de Procesos;

b) Fiscalía de de Mandamientos Judiciales;

c) Dirección de Consignaciones;

d) Dirección de Procesos en Salas Penales;

V. Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos;

a) Dirección General Jurídico Consultiva;

b) Dirección General de Derechos Humanos;

c) Dirección General de Planeación y Coordinación en Materia de Procuración de Justicia y Seguridad Pública;

d) Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia;

e) Modulo de Atención Oportuna

VI. Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad;

a) Dirección General de Atención a Víctimas del Delito;

b) Dirección General de Servicios a la Comunidad;

c) Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas;

VII. Oficialía Mayor;

a) Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;

b) Dirección General de Recursos Humanos;

c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;

d) Dirección General de Tecnología y Sistemas Informáticos;

e) Dirección Ejecutiva de Administración de Bienes Asegurados.

VIII. Las demás que se prevén en este Reglamento y las que se consideren necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 3

La Procuraduría, de conformidad con el presupuesto que se le asigne, contará con las unidades administrativas subalternas que se señalen en el Manual General de Organización de la Dependencia.

Artículo 4

Tendrán carácter de agentes del Ministerio Público, para todos los efectos legales, el Procurador, los Subprocuradores, el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, el Visitador General, los Fiscales Centrales de Investigación; los Desconcentrados de Investigación; los de Procesos; de Supervisión; de Revisión y de Mandamientos Judiciales, los Directores Generales Jurídico Consultivo; de Atención a Víctimas del Delito; de Derechos Humanos, los Directores y Subdirectores de Área adscritos a las Direcciones Generales señaladas, siempre y cuando sean licenciados en derecho.

Artículo 5

La Procuraduría planeará, conducirá y desarrollará sus actividades en forma programada y de conformidad con las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de objetivos y metas determine el Procurador conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 6

El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Procuraduría corresponden originalmente al Procurador, quien para la mejor distribución y desarrollo y despacho, se auxiliará de los servidores públicos de las unidades administrativas de la Procuraduría en los términos previstos en este Reglamento y, de aquellos a quienes les delegue las atribuciones señaladas en el artículo 25 de su Ley Orgánica, quienes serán responsables de los actos que deriven del ejercicio de tales atribuciones.

TÍTULO SEGUNDO
De las actuaciones del ministerio público

Artículos 7 - 26

CAPÍTULO I
En la investigación del delito

Artículos 7 - 8

Artículo 7

El Ministerio Público en la investigación de los delitos, llevará a cabo las acciones siguientes:

I. Investigar los delitos del orden común en el Distrito Federal, con apoyo de la Policía de Investigación, de los Servicios Periciales y demás cuerpos de seguridad pública;

II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de manera escrita, a través del sistema informático denominado MP.virtu@l, o cualquier otro medio automatizado o electrónico, de hechos posiblemente constitutivos de conductas tipificadas como delitos en el Distrito Federal.

Cuando de los hechos materia de la denuncia o querella, no se desprenda la actualización de algún tipo penal, el agente del Ministerio Público, requerirá al denunciante o querellante, para que precise, amplíe o concrete los hechos que motiven la denuncia o querella, a fin de contar con los datos necesarios para la determinación de la averiguación previa correspondiente;

Cuando comparezca el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a ratificar su denuncia o querella, deberá informársele que en caso de que se autorice la reserva de la averiguación previa, la notificación correspondiente se realizará por estrados, quedando constancia de ello en la indagatoria respectiva.

III. Recabar la declaración de denunciantes, querellantes, víctimas u ofendidos, testigos y agentes de las diversas policías;

IV. Solicitar de otras autoridades, antecedentes de otra u otras indagatorias en las que se encuentre relacionado el o los imputados, o bien cuando la conducta atribuida a éstos, por su modus operandi, pudiera coincidir con ellos;

V. Programar la investigación con apoyo de los Oficiales Secretarios y los agentes de la Policía de Investigación y, en su caso, con los peritos, puntualizando y calendarizando las diligencias ministeriales, policiales y periciales necesarias para la eficacia de la investigación, absteniéndose de realizar diligencias contradictorias, innecesarias, irrelevantes o inconducentes;

VI. Adoptar las medidas cautelares necesarias en caso de existir riesgo o peligro, en la integridad física del denunciante, querellante, ofendido, víctima de delito, testigos y, en su caso, de servidores públicos;

VII. Adoptar las medidas necesarias para la preservación del lugar de los hechos, custodia de imputados y cadena de custodia de las evidencias así como de los bienes muebles e inmuebles;

VIII. Tratar con respeto y dignidad a todas las personas que soliciten la intervención de la Procuraduría quedando estrictamente prohibido cualquier acto discriminatorio, en razón de su estado civil, embarazo, procedencia étnica, idioma, ideología, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, género, sexo, edad, condición, religión, orientación sexual, raza, y cualquier otro, que atente contra la dignidad humana y que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, debiendo llevar a cabo su actuación de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y eficiencia, que rigen el servicio público, así como a tratarlas con calidad y calidez, y con el debido respeto a los derechos humanos;

IX. Auxiliar a otras autoridades, cuando así lo soliciten, en la investigación de los delitos de su competencia, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal fin;

X. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos constitucionales y procedimentales, exigidos para el ejercicio de la acción penal;

XI. Ordenar la detención de los imputados, tratándose de caso urgente, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. Ordenar la localización y presentación de los imputados, en los supuestos siguientes:

a) Cuando después de habérsele girado dos citatorios para comparecer a rendir su declaración y cerciorarse de que fueron entregados en el domicilio de la persona citada no lo hicieren;

b) Cuando de las diligencias practicadas no se logre obtener datos para su citación;

c) Cuando hubiere comparecido ante el agente del Ministerio Público y se haya reservado su derecho a declarar ofreciendo hacerlo posteriormente en fecha determinada, y no haya comparecido para ello; y

d) Cuando por las circunstancias y características del delito y ante la posibilidad fundada de que los imputados se puedan evadir de la acción de la justicia.

XIII. Respetar y velar por la eficaz observancia de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los imputados, tales como:

a) A declarar o a guardar silencio;

b) A que se le informe, desde el momento de su detención, así como en su comparecencia ministerial, sobre los derechos que le asisten;

c) A tener una defensa adecuada, en todas las etapas de la averiguación previa, por sí, por abogado particular o en su caso, a que se le designe un defensor público;

d) A que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa;

e) A que se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, auxiliándolo para obtener la comparecencia de los mismos;

f) Cuando el imputado manifieste pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena, o sea sordo, mudo, invidente o extranjero, o que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le designará un intérprete y/o traductor por conducto del cual le hará saber los derechos a los que hace referencia este artículo y los asistirá debidamente, junto con su defensor durante la etapa de investigación;

g) Cuando el imputado pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena, deberá garantizar la intervención de peritos, antropólogos, sociólogos y los que sean necesarios cuyos peritajes, además de determinar la pertenencia a una cultura indígena, clarifiquen la influencia e implicaciones que tiene ésta en la comisión de hechos delictivos;

h) Tratándose de imputados que denoten algún tipo de deficiencia mental, se tomarán inmediatamente las medidas cautelares para salvaguardar su integridad física y la de terceras personas;

i) Canalizar a los imputados al servicio médico, antes y después de su declaración. En el supuesto de que se certifique la presencia de lesiones con motivo de la segunda revisión médica, deberá recabarse la declaración, y en su caso la denuncia respectiva, elaborando el desglose correspondiente y remitirlo a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos; y,

j) A tratarlos con respeto y dignidad en su calidad de personas.

XIV. Asegurar los bienes muebles e inmuebles y valores que sean instrumentos, objetos o productos del delito;

XV. Entregar en custodia, al ofendido o a la víctima del delito y, cuando sea procedente, los bienes objeto de la investigación, quedando jurídicamente a disposición del Ministerio Público, hasta en tanto se dicte la determinación correspondiente respecto de los mismos;

XVI. Solicitar al órgano jurisdiccional cuando proceda, las órdenes de cateo y arraigo; así como las relativas a las intervenciones de comunicaciones privadas, a través del servidor público en el que se delegue tal facultad, siempre que se consideren necesarias para los fines de la averiguación previa;

XVII. Promover los mecanismos alternativos para la solución de controversias, en los delitos que se investiguen por querella y en su caso canalizarlos al Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia;

XVIII. Proteger y preservar los indicios del delito, dejando constancia por escrito de la cadena de custodia, para lo cual se llevará un registro de quienes intervienen en ella;

XIX. Proteger los derechos e interés superior de las niños, niñas, adolescentes, incapaces, ausentes, personas adultas mayores y otros de carácter individual o social, que por sus características sean vulnerables o se encuentren en situación de riesgo;

XX. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en los instrumentos internacionales que suscriba nuestro país relativos a los Derechos Humanos en los que el Estado Mexicano sea parte;

XXI. Comunicar por escrito, en los casos de delitos que se investiguen por querella, a la autoridad legitimada, para que la presente o ratifique en tiempo y forma cuando sea necesario para su formulación;

XXII. Autorizar la interrupción del embarazo, en términos de la legislación penal aplicable;

XXIII. Iniciar las averiguaciones previas con motivo de denuncias presentadas por la omisión en la aplicación de medios, instrumentos y métodos médicos para la preservación de la vida humana, y consultar el banco de datos, que estará a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, con la finalidad de verificar que se haya iniciado acta especial en donde conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la Coordinación Especializada en Materia de Voluntad Anticipada de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y en su momento determinar lo procedente;

XXIV. Recibir y resolver la solicitud para la disposición de órganos, tejidos y células humanas, que se realice a través del acta de intervención, en términos de la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Distrito Federal y demás normatividad aplicable;

XXV. Determinar el destino final de los cadáveres, y en su caso autorizar su entrega a instituciones educativas, para fines de investigación y docencia, en términos de la Ley General de Salud;

XXVI. Remitir la propuesta de ejercicio de la acción penal a la Dirección de Consignaciones o a la Fiscalía de Procesos de Paz Penal, según corresponda, debiendo acompañar la averiguación previa debidamente foliada y rubricada, el cuadernillo correspondiente y el pliego de consignación respectivo, el cual deberá contener lo siguiente:

a) Los artículos correspondientes de las leyes penales aplicables en los que se describa la conducta y la sanción;

b) Descripción de los hechos, materia de la averiguación previa, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo de la comisión de los delitos respectivos;

c) Los elementos probatorios que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

d) El juicio de tipicidad;

e) La descripción de las pruebas que obren en la indagatoria;

f) La solicitud de la reparación del daño, cuando sea procedente;

g) La determinación del destino legal de los bienes puestos a su disposición; y,

h) La puesta a disposición de los imputados, o en su caso, la solicitud del libramiento del mandamiento judicial correspondiente.

XXVII. Recibir de la Dirección de Consignaciones o de la Fiscalía de Procesos de Paz Penal, las objeciones formuladas y llevar a cabo las diligencias sugeridas, para el perfeccionamiento de la investigación;

XXVIII. Ejercer acción penal, bajo su responsabilidad y con acuerdo del superior inmediato, ante los órganos jurisdiccionales competentes, cuando se encuentren debidamente acreditados los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

Cuando se ejerza acción penal, deberá notificar a las Fiscalías de Investigación y de Procesos correspondiente;

XXIX. Determinar el no ejercicio de la acción penal en términos de la normatividad correspondiente;

XXX. Determinar la reserva de la averiguación previa conforme a las disposiciones aplicables. En este caso la notificación de dicha determinación se realizará por estrados;

XXXI. Determinar su incompetencia, cuando sea procedente conforme a la normatividad aplicable;

XXXII. Garantizar que en las instalaciones de la agencia a su cargo no se encuentre persona alguna privada de su libertad sin que jurídicamente exista justificación;

XXXIII. Atender las solicitudes de información que realice algún organismo de derechos humanos o la Dirección General de Derechos Humanos de esta Procuraduría; y,

XXXIV. Las demás que establezcan las normas aplicables.

Artículo 8

Además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, cuando el Agente del Ministerio Público inicie una averiguación previa con detenido, deberá actuar conforme a lo siguiente:

I. Ordenar la intervención, mediante el oficio correspondiente, del médico legista para que determine el estado psicofísico del detenido, y para que, en su caso, describa y clasifique las lesiones que presente;

II. Permitir al detenido realizar llamada telefónica con privacidad y sin presión alguna, para informar de su detención a sus familiares, persona de confianza o a su defensor particular;

III. Permitir al detenido, entrevistarse con sus familiares, defensor o profesionista que pretenda asumir el cargo, inclusive antes de su declaración ministerial, con privacidad y sin presión alguna;

IV. Dictar el acuerdo de retención o detención, cuando se actualicen los supuestos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Registrar la hora, fecha y lugar de la detención del imputado;

VI. Permitir al imputado y a su defensor, acceder a las constancias que integran la averiguación previa, cuando se le pretenda declarar o entrevistarlo;

VII. Otorgar la libertad de los imputados, previa caución como medida cautelar, para garantizar su comparecencia, en términos de lo que establece la ley;

VIII. Velar por la seguridad e integridad psicofísica de los imputados puestos a su disposición;

IX. Informar y garantizar de los derechos que como imputado le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;

X. Vigilar que las personas puestas a su disposición, permanezcan en el área que les corresponda, de acuerdo a su situación jurídica, quedando estrictamente prohibida la estancia de las mismas en lugares ajenos a los destinados para tal efecto;

XI. Comunicar a la representación diplomática o consular que corresponda, cuando se ponga a su disposición a un extranjero;

XII. Proporcionar alimentos y agua a los imputados y permitir que sus familiares, en su caso, se los proporcionen;

XIII. Proteger su integridad psicofísica durante el tiempo que permanezcan a su disposición, evitando en todo momento se les infrinjan actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o cualquier otro acto prohibido por las leyes y los instrumentos internacionales; y,

XIV. Las demás que determine la normatividad aplicable.

CAPÍTULO II
De las determinaciones ministeriales

Artículos 9 - 21

Artículo 9

En la investigación, el Ministerio Público, podrá emitir cualquiera de las determinaciones siguientes:

I. Ejercicio de la acción penal;

II. No ejercicio de la acción penal;

III. Reserva; y,

IV. Incompetencia.

Artículo 10

Cuando el Ministerio Público, reúna los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, y en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ejercerá la acción penal observando las reglas siguientes:

I. Formular el pliego de consignación respectivo con acuerdo del superior jerárquico, y solicitar la reparación del daño, las medidas cautelares y, de ser procedente, la prisión preventiva;

II. Poner a disposición de la autoridad judicial, a las personas detenidas;

III. Solicitar a la autoridad judicial el libramiento del mandamiento correspondiente; y,

IV. Poner a disposición del juez los bienes y valores asegurados ministerialmente, y solicitar en su caso, el aseguramiento judicial respectivo.

Artículo 11

El Ministerio Público determinará el no ejercicio de la acción penal, en los casos siguientes:

I. Cuando los hechos que motiven la denuncia o querella no sean constitutivos de delito;

II. Cuando se acredite plenamente alguna causa de exclusión del delito;

III. Cuando se haya extinguido la acción penal en términos de ley, sea por muerte del imputado, por amnistía, por perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, por prescripción o por disposición legal derogatoria o abrogatoria;

IV. Cuando se acredite que el imputado ya ha sido juzgado por los mismos hechos;

V. Cuando se hayan agotado todas las diligencias, y de los medios de prueba, no se acredite que el imputado haya cometido el delito o intervenido en su comisión;

VI. Cuando exista obstáculo insuperable respecto de las pruebas para acreditar la existencia de los hechos constitutivos de delito; y,

VII. En los demás casos que señalen las leyes penales.

En ningún caso, podrá proponerse el no ejercicio de la acción penal sin que se haya determinado el destino legal de los bienes y valores afectos a la averiguación previa, y se haya realizado la notificación respectiva a los propietarios, poseedores o a quienes tengan derecho sobre dichos bienes o valores, para los efectos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal.